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Full text of "Eduardo Acevedo - 1933 - Anales Históricos del Uruguay Tomo II"

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OBRAS  HISTÓRICAS 


Anales  Históricos 
del  Uruguay 

TOMO  II 


Abarca  los  Gobiernos  de  Rivera, 
Suárez,  Giró,  Flores  y Pereyra. 
Desde  1838  hasta  1860. 


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1933 

CASA  A.  BARREIRO  Y RAMOS"  S.  A. 
MONTEVIDEO 


ANALES  HISTÓRICOS 
DEL  URUGUAY 


EDUARDO  ACEVEDO 


OBRAS  HISTORICAS 


Anales  Históricos 
del  Uruguay 

TOMO  II 


Abarca  los  Gobiernos  de  Rivera, 
Suárez,  Giró,  Flores  y Pereyra. 
Desde  1838  hasta  1860. 


193,3 

CASA  A.  BARREIRO  Y RAMOS”  S.  A. 
MONTEVIDEO 


I 

GOBIERNO  DE  RIVERA 
(1838-1846) 


Rosas  desconoció  abiertamente  la  legitimidad  del  Gobierno  de  Rivera,-  porque 
Rivera  era  el  aliado  y protector  de  los  emigrados  y porqué  conven^  a los  fines 
imperialistas  de  la  política  argentina  que  la  guerra  civil  fuera  endémica  en  el 
territorio  uruguayo. 

Al  aplaudir  la  resolución,  que  atribuía  a los  orientales,  de  recurrir  a las  armas, 
anticipaba  el  propósito  de  «robustecer»  esa  resolución,  o lo  que  es  lo  mismo,  de 
ayudar  a Oribe  en  su  futura  campaña  militar. 

¿Pero  tenía  Rosas  la  idea  de  ir  al  rompimiento  efectivo  de  las  hostilidades, 
hasta  dar  a la  guerra  civil  que  él  estimulaba  el  carácter  de  una  guerra  interna- 
cional? ¿O  echaba  mano  de  Oribe  en  la  misma  forma  en  que  había  echado  mano 
de  Lavalleja,  sobre  la  base  de  ofrecimientos  militares  que  jamás  llegaba  el  caso 
de  hacer  efectivos  en  toda«su  integridad? 

Si  Rivera  hubiera  consultado  exclusivamente  los  intereses  uruguayos,  se 
habría  limitado  a ponerse  en  guardia,  a organizar  un  ejército  fuerte  para  asegurar 
la  estabilidad  de  la  -paz  y a fomentar  los  progresos  internos. 

Rosas  estaba  en  lucha  con  la  escuadra  francesa  y con  buena  parte»,  de  las 
provincias  argentinas  que  se  erguían  contra  su  dictadura.  No  le  convenía  absoluta- 
mente agrandar  su  teatro  de  guerra.  No  le  convenía  lanzar  sobre  el  territorio  uru- 
guayo ejércitos  que  necesitaba  para  consolidar  su  predominio,  ni  tampoco  dar 
nuevos  y poderosos  argumentos  de  intervención  a la  Francia,  que  ya  bloqueaba  sus 
puertos,  y al  Brasil  que  podía  intervenir  en  cualquier  momento  a título  de  parte 
en  la  Convención  de  Paz  de  1828,  pero  en  el  fondo  para  reanudar  la  política  de 
absorción  de  territorios  a que  esa  Convención  había  puesto  término. 

Era  absolutamente  improbable,  pues,  que  el  dictador  argentino  llevara  adelante 
su  declaración  de  guerra.  Y siendo  así,  el  formidable  progreso  económico  que  se 
iniciaba  en  el  Uruguay  bajo  la  triple  presión  de  las  ventajas  naturales  de  su  terri- 
torio, de  la  extrema  liberalidad  de  sus  instituciones  y de  las  violencias  de  Rosas, 
se  habría  encargado  de  arrancar  de  la  cabeza  de  Oribe  toda  esperanza  de  reivin- 
dicación aTmada. 

Desgraciadamente  Rivera  estaba  dominado  por  dos  influencias  interesadas  en 
sacarlo  de  esa  situación  de  absoluta  expectativa  que  le  imponían  los  verdaderos 
intereses  uruguayos:  la  de  los  emigrados  argentinos  y la  de  la  escuadra  francésa. 

Los  emigrados  argentinos  basaban  en  el  Gobierno  oriental  todos  sus  planes 
revolucionarios.  Sin  su  concurso  no  podían  organizar  expediciones  contra  Rosas, 
ni  tampoco  promover  el  levantamiento  de  las  provincias  del  litoral.  Tenían,  pues, 
un  interés  extraordinario  en  provocar  el  rompimiento.  Y para  conseguirlo  contaban 
con  loS  primeros  hombres  de  pensamiento  y de  acción  de  su  patria,  estadistas  de 
talento  como.  Rivadavia  y Florencio  Varela,  y generales  como  Lavalle,  todos 
ellos  del  círculo  íntimo  de  Rivera  y de  su  eminente  Ministro  don  -Santiago  Vázquez. 
Todas’  las  opiniones  de  la  época  están  contestes  en  que  la  influencia  argentina 
sobre  la  orientación  uruguaya  era  incontrastable  cuando  Rosas  lanzaba  su  anatema 
contra  Rivera. 

'Rara  los  agentes  franceses  no  era  menos  precioso  el  concurso  de  Rivera.  Ellos 
tenían  absoluta  necesidad  del  Gobierno  oriental  para  asegurar  la  efectividad  del 
bloqueo  de  las  costas  argentinas  y para  quitarle  a la  lucha  contra  Rosas  el  cariz 
de  tentativa  de  conquista  o de  manotón  internacional  que  habría  podido  atribuír- 
sele. Teniendo  a Rivera  de  su  lado,  agregaban  además  al  poderío  de  la  escuadra  el 
poderío  inmensamente  más  valioso  de  los  ejércitos  de  tierra.  Poco  o nada  les  signi- 
ficaba el  pleito  entre  Rivera  y Rosas,  que  sólo  se  proponían  explotar  en  provecho 
del  interés  francés.  Podían  ofrecer  a Rivera  una  escuadra,  algunos  millares  de 
fusiles  y algunas  decenas  de  miles  de  pesos,  y todo  eso  lo  ofrecieron  con  la  pro- 
mesa complementaria  de  nuevos  y poderosos  aportes  de  tropas  y recursos,  sin 
perjuicio  de  dejar  en  la  estacada  al. Uruguay  una  vez  que  juzgaran  más*  conve- 
niente transigir  con  Rosas. 

En  vez,  pqes,  de  limitarse  a dificultar  la  reanudación  de  la  guerra  civil,  resol- 
vió Rivera  .recoger  el  guante  que  le  arrojaba  Rosas  y declararle  la  guerra,  reali- 
zando antes  un  tratado  de  alianza  con  el  Gobierno  de  Corrientes  que  llenó  de 
alarma  al  dictador  argentino  y dió  lugar  a mediados  de  1839  a la  invasión  de 
Echagüe,  que  es  el  verdadero  comienzo  de  la  Guerra  Grande, 


Tal  fué  la  gravísijna  falta  política  de  Rivera:  haberse  dejado  transformar  de 
fuerza  directriz  que  realmente  era.  en  instrumento  de  la  política  francesa  a cargo 
de  la  escuadra  bloqueadora  de  Buenos  Aires,  y de  la  política  argentina  a cargo  de 
los  emigrados  radicados  en  Montevideo. 

Pero  esa  transformación  de  Rivera  no  resulta  tan  grave  como  la  de  su  anta- 
gonista Oribe,  al  abandonar  él  también  la  posición  que  ocupaba  como  fuerza  direc- 
triz para  asumir  la  jefatura  del  ejército  argentino  encargado  de  exterminar  a 
los  adversarios  de  Rosas  en*las  provincias  alzadas  contra  su  dictadura,  y lanzarse 
luego  sobre  el  territorio  uruguayo  con  el  programa  de  perpetuar  el  estado  de 
guerra  mientras  sus  soldados  permanecieran  bajo  banderas. 

El  paréntesis  que  media  entre  la  victoria  de  C'aganoha  a fines*. de  1839  y la 
invasión  de  Oribe  a principios  de  1843,  revela  con  sus  fuertes  oleadas  de  inmi- 
grantes europeos  que  en  pocos  años  más  de  paz  internacional  el  Uruguay  habría 
podido  conquistar  su  plena  y definitiva  estabilidad  política,  en  medio  del  profundo 
caos  que  reinaba  en  el  Brasil  y la  Argentina.  Y demuestra  algo  más.  Demuestra 
que  si  Oribe  hubiera  entrado  a Montevideo,  como  pudo  y debió  hacerlo  a raíz  de 
la  batalla  del  Arroyo  Grande,  la  inmensa  vitalidad  del  país  sé  habría  encargado 
de  operar  la  reconstitución  de  las  fuerzas  perdidas,  hasta  asegurarle  en  materia 
económica  el  rango  eminente  que  ya  le  habían  conquistado  en  la  América  del  Sur 
sus  instituciones  políticas  y sus  liberalísimas  leyes  orgánicas. 

Oribe,  desgraciadamente,  que  sólo  actuaba  como  lugarteniente  de  Rosas,  no 
tenía  instrucciones  para  entrar  a Montevideo:  las  tenía  solamente  para  sitiar  la 
plaza  y perpetuar  el  estado  de  guerra,  y a esas  instrucciones  resolvió  sujetarse  sin 
que  lo  asustara  la  perspectiva  de  la  ruina  de  su  patria,  bajo  forma  de  despobla- 
ción y de  exterminio  de  fuentes  de  riqueza. 


CAPITULO  I 


MOVIMIENTO  POLITICO 
Después  de  la  caída  de  Oribe. 

Una  vez  aceptada  la  renuncia  de  Oribe,  asumió  el  poder  don  Gabriel  An- 
tonio Pereyra  en  su  calidad  de  Presidente  del  Senado. 

Era  el  nuevo  mandatario  uno  de  los  firmantes  del  manifiesto  legislativo 
de  mayo  de  1837,  que  hablaba  así  de  Rivera: 

«Genio  maligno»...;  «caudillo  ambicioso,  que  juzga  que  el  pueblo  es 
su  patrimonio».  . . y «que  hollando’  la  Constitución  y’  las  leyes  y olvidado  de 
lo  que  debe  a su  patria  se  ha  atrevido  a levantar  el  pendón  de  la  anarquía, 
sin  más  causa  que  su  falta  de  respeto»  a la  voluntad  del  pueblo. 

Reaccionando  contra  esas  declaraciones  Pereyra  se  dirigió  en  el  acto  a 
Rivera  para  decirle  que  10  reconocía  «como  el  digno  representante  de  la  fuerza 
armada,  con  cuyos  votos  .se  uniformaba  la  nueva  administración»,  y pedirle 
que  sacaba  a la  Capital  «de  la  situación  lamentable  y peligrosa  en  que  la  había 
colocado  una  sacrilega  resistencia».  Dictó  al  mismo  tiempo  un  decreto  en  que 
se  declaraba  que  eran  «altamente  indignos  del  pueblo  oriental,  contrarios  a 
su  voluntad  bien  conocida  y'  ofensivos  a su  nombre  y a su  civilización»,  todos 
los  decretos,  acuerdos  y disposiciones  lanzados  contra  Rivera  desde  julio 
de  1836  y se  mandaba  testar  los  documentos  respectivos  como  testimonio  de 
que  la  República  «desconocía,  rechazaba  y detestaba  esos  actos  de  oprobio 
y de  ignominia». 

Rivera  asume  la  dictadura. 

Pocos'  días  después  entraba  Rivera  a la  plaza  y publicaba  un  manifiesto 
o declaración  de  los  principios  a que  ajustaría  su  conducta  de  gobernante. 

Según  ese  manifiesto,  que  corresponde  a los  primeros  días  de  noviembre 
de  1838,  la  República  «salía  de  una  época  de  calamidades,  de  retroceso  y de 
degradación,  para  empezar  otra  que  habría  de  ser  de  reparación,  de  prospe- 
ridad y de  gloria»;  y Oribe  había  sido  arrojado  «de  un  puesto  que  no  era 
suyo»,  por  «la  irresistible  fuerza  de  la  opinión  pública  y‘  por  las  lanzas  del 
ejército  constitucional,  ministro  de  la  voluntad  del  pueblo  uruguayo». 

Oribe,  sin  embargo,  había  subido  a la  Presidencia  por  el  voto  de  todos 
los  miembros  de  la  Asamblea  y mal  podía  presentársele  como  un  usurpador. 

El  propio  manifiesto  se  encargaba  luego  de  descubrir  el  verdadero  móvil 
de  la  revolución  triunfante. 

«No  es  de  aquí,  decía,  poner  en  duda  la  legalidad  de  su  elección;  pero 
la  República  entera  tiene  el  íntimo  convencimiento  de  que  la  debió  exclusiva- 
mente a.  mi  influjo.  . . Los  primeros  pasos  del  hombre  funesto  se  dirigieron 
a minarme  en  la  opinión,  a hacerme  desaparecer  de  la  escena  pública.» 

Está  ahí  encerrado  el  programa  de  la  revolución.  Oribe,  elegido  por  la 
influencia  de  Rivera,  había  querido  independizarse  de  su  tutor  y por  eso  se 
habían  erguido  contra  él  las  lanzas  del  «ministro  de  la  voluntad  popular». 

Comprendiendo  que  un  agravio  personal  no  era  suficiente  para  justificar 
la  guerra  que  acababa  de  asolar  al  país,  se  apresuraba  Rivera  a formular  en 
esta  forma  el  proceso  contra  Oribe: 

«Sofocada  la  imprenta;  atropellada  la  seguridad  individual;  dilapidada  la 
Hacienda  pública;  deportados  los  hombres  más  distinguidos;  organizada  la 


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ANALES  HISTÓRICOS  del  drugüay 


delación  y el  espionaje;  violada  la  correspondencia  particular;  convertido  el 
suelo  oriental  en  cárcel  de  un  Gobierno  extraño;  introducidas  las  huestes  de 
éste  clandestinamente  en  la  República;  prostituida  ante  el  extranjero  la  digni- 
dad nacional;  y el  asesinato  alevoso  empleado  como  resorte  político.» 

Todos  estos  capítulos  de  agravios  eran  posteriores  a la  revolución  y 
por  lo  tanto  no  podían  ser  invocados  como  causa  determinante  de  ella,  salvo 
en  lo  relativo  a las  vinculaciones  de  Oribe  con  Rosas,  vinculaciones  que  al 
tiempo  del  alzamiento  de  1836  no  daban  todavía  base  para  protestas  armadas. 
Sólo  la  necesidad  de  agregar  al  móvil  personal  del  ex  Presidente,  único  que  en 
realidad  actuaba,  razones  de  interés  general,  explica  las  referencias  del  mani- 
fiesto a medidas  emanadas  de  la  guerra  misma,  como  las  prisiones  y destierros 
y el  cargo  sobre  pretendida  dtfapidáción  de  la  Hacienda  pública. 

Debía  ser  saltante  la  flojedad  de  esa  parte  del  manifiesto,  cuando  su 
autor  tuvo  necesidad  de  alzar  el  punto  de  mira,  dando  su  verdadero  carácter 
a las  contiendas  en  que  había  intervenido,  contiendas  de  sello  netamente 
personal,  según  se  verá  por  el  párrafo  que  subsigue: 

«Ocho  años  contamos  de  existencia  política,  perdidos  lamentablemente  en 
ensayos,  o perniciosos  o estériles.  Los  errores  de  todos,  los  míos  también, 
expusieron  la  República  a vicisitudes  continuas;  agotaron  inútilmente  sus 
inmensas  fuerzas  de  producción  y de  vida;  dispersaron  los  elementos  de  la  ' 
civilización  e impidieron  hasta  hoy  que  el  orden  social  reposase  sobre  bases 
indestructibles.  E's  tiempo  de  aprovechar  las  lecciónes  de  la  experiencia;  de 
buscar  el  remedio  a tanto  mal;  y de  resolver  el  gran  problema  de  que"  depende 
la  tranquilidad  y entidad  de  los  Estados  americanos:  substituir  el  imperio  de 
las  cosO'S  a la  influencia  de  las  personas;  conquistar  la  estabilidad.  Y sólo  hay 
un  camino  para  resolver  ese  problema,  crear  instituciones  buenas  y propias; 
educar  y'  formar  sobre  ellas  la  conciencia  y la  moral  del  pueblo  y habituarle  a 
respetarlas  con  Religiosa  veneración.» 

¿Qué  proponía  Rivera  para  conseguir  estos  resultados?  He  aquí  su 
programa: 

«Convencido  por  los  hechos  de  la  confianza  que  merezco  a la  Nación,  de- 
claro ante  ella  con  la  franqueza  que  a esta  posición  corresponde,  que  me  juzgo 
con  los  medios,  con  la  capacidad  y con  la  voluntad  suficientes  para  remover 
todos  los  obstáculos  que  se  oponen  al  libre  ejercicio  de  la  Constitución;  para 
afianzar  de  un  modo  perdurable  el  orden  social;  y para  impedir  que  se  repitan 
en  la  República  conmociones  y trastornos  que  concluirán  por  proscribir  de 
la  civilización  el  nombre  oriental».  En  consecuencia  «declaro»: 

«Que  me  hago  garante  de  las  instituciones  constitucionales  de  la  Repú- 
blica, tales  como  se  encuentran  estáblecidas  en  nuestro  código  político.  Que 
para  hacer  efectiva  esta  solemne  garantía  suspendo  momentáneamente  el 
ejercicio  de  los  altos  poderes  constitucionales.  Que  esta  suspensión  durará  tan 
sólo  los  días  estrictamente  necesarios  para  restablecer  el  orden,  acallar  las 
pasiones  y preparar  el  libre  ejercicio  de  aquellos  poderes.» 

La  reforma  constitucional. 

Para  asegurar,  pues,  la  sustitución  del  imperio  de  la  ley  al  imperio  de 
las  personas,  propósito  ciertamente  muy  patriótico,  empezaba  Rivera  por 
echar  abajo  el  Cuerpo  Legislativo  y por  asumir  la  dictadura,  ofreciendo  a la 
vez  como  prenda  para  el  porvenir  su  garantía  personal,  es  decir,  una  garantía 
que  ya  tenía  acreditados  en  su  haber  nada  menos  que  cuatro  alzamientos  con- 
tra las  instituciones:  el  de  1826,  en  plena  guerra  de  la  independencia;  el  de 
1830,  en  la  víspera  de  la  jura  de  la  Constitución;  el  de  1836  y el  de  1837. 

El  mal  estaba,  pues,  realmente  en  las  personas  que  se  juzgaban  con  dere- 
cho propio  al  Gobierno  del  país.  Pero  era  más  cómodo  atribuirlo  a las  insti- 
tuciones y'  en  consecuencia  resolvió  Rivera  emprender  la  reforma  de  la  Carta 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


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Fundamental,  como  medio  de  evitar  la  reproducción  de  las  revoluciones  que 
estaban  arruinando  al  país. 

A raíz  de  su  manifiesto  o declaración  de  principios,  publicó  un  decreto 
llamando  a eleccitínes  para  constituir  una  nueva  Legislatura  encargada  de 
abordar  la  reforma  constitucional. 

En  ese  decreto  se  hacía  el'  proceso  de  las  Cámaras  derrocadas;  los  comi- 
cios de  1836,  de  que  emanaban,  habían  sido  viciados  por  la  violencia  oficial; 
y ellas  habían  tolerado  en  silencio  la  supresión  de  la  libertad  de  imprentá, 
el  arresto  y deportación  de  ciudadanos  y extranjeros,  la  supresión  de  la 
seguridad  individual,  las  alianzas  con  Rosas  y la  entrada  de  tropas  extran- 
jeras al  territorio  nacional. 

.No  eran  nuevos,  ciertamente,  algunos  de  esos  vicios,  ni  ajenos  a Rivera 
otros:  las  elecciones  anteriores  a 1836  se  habían  hecho  bajo  la  influencia 
abrumadora  del  mismo  Rivera,  y en  cuanto  a alianzas  con  los  gobiernos  extran- 
jeros y entrada  de  tropas  al  territorio  uruguayo,  podía  Oribe  reprochar  al 
acusador  sus  vinculaciones  con  la  escuadra  francesa. 

Próxima  ya  a instalarse  la  nueva  Legislatura  resolvió  Rivera  dirigirse 
al  país  para  explicar  la  necesidad  de  la  reforma  constitucional. 

La  Nación  — decía  en  su  manifiesto  de  febrero  de  183  9 — acaba  de 
pronunciarse  abiertamente  a favor  de  lá  reforma.  La  tiranía  del  régimen 
colonial  «en  que  no  se  veía  ni  se  imaginaba  otra  acción  que  la  del  Poder 
Ejecutivo,  formó  naturalmente  en  los  pueblos  que  sacudieron  su  y'ugo  un 
sentimiento  y una  conciencia  hostiles  a ese  Poder  y los  inclipó  a depositar 
exclusivamente  su  confianza  en  las  asambleas  representativas»."  Tal  fué  el 
primer  error.  El  Poder  Ejecutivo  necesita  desplegar  una  acción  vigorosa  y 
concentrada,  y estando  en  la  imposibilidad  de  hacerlo  cae  como  víctima  de 
la  ley  o salta  todas  las  barreras.  Otro  error  fué  el  de  no  promover  la  educa- 
ción municipal.  Las  Juntas  Económico  - Administrativas,  o no  desempeñan 
servicio  útil  alguno,  o entorpecen  la  acción  del  poder  central.  Hay  necesidad 
de  robustecer  la  parte  del  Poder  Ejecutivo,  pero  hay  que  dejar . también  al 
pueblo  la  parte  que  puede  atender  desde  ya  sin  perjuicio  de  futuros  ensan- 
ches. Un  tercer  error  ha  sido  el  de  apoyar  en  la  fuerza  material  todas  las 
garantías  constitucionales,  cuando  el  sostén  verdadero  ha  de  buscarse  en  las 
costumbres  y en  la  moral  del  pueblo,  mediante  el  desarrollo  de  la  educación 
pública  y’  el  ejercicio  habitual  de  todos  los  derechos. 

Terminaba  el  manifiesto  expresando  la  necesidad  de  multiplicar  y facilitar 
las  comunicaciones  aumentando  las  postas  y el  correo,  franqueando  los  cami- 
nos, allanando  los  obstáculos  que  nuestros  copiosos  ríos  oponen  al  tránsito  .de 
los  hombres  y'  de  las  riquezas. 

En  concepto  de  Rivera,  pues,  dentro  de  nuestro  régimen  constitucional  las 
Cámaras  lo  absorbían  todo  yvel  Poder-  Ejecutivo  carecía  de  fuerzas  propias. 
Y,  sin  embargo,  si  algo  habían  exagerado  los  constituyentes,  era  en  el  sentido 
contrario:  al  dar  al  Poder  Ejecutivo,  como  le  dieron,  la  parte  del  león  en  la 
distribución  de  las  funciones  públicas. 

Pero,  como  hemos  dicho,  era  más  cómodo  atribuir  a las  instituciones 
los  males  imputables  a la  ambición  de  los  hombres  bajo  forma  de  revueltas 
incesantes  para  la  conquista  del  Gobierno,  y entonces  lo  que  había  que  hacer 
no  era  pedir  a los  caudillos  que  refrenasen  sus  apetitos  de  mando  y que  pres- 
tasen acatamiento  a la  ley,  sino  pro'mover  la  reforma  de  la  ley  para  aumentar 
las  facultades  de  los  Presidentes! 

El  olvido  del  pasado. 

Algo  más  noble  se  propuso  realizar  Rivera,  y eso  sí  que  estaba  incor- 
porado a su  estructura  moral:  la  obra  de  aproximación  de  los  orientales. 

«El  pueblo  oriental  y yo,  como  su  representante,  — decía  en  un  decreto 
de  ijediados  de  noviembre  de  1838  — deseamos  y sancionamos  perpetuo  y 


12 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


absoluto  olvido  de  opiniones  anteriores  a esta  fecha.  La  libertad  y seguridad 
personal  de  todos  los  habitantes  de  la  República  son  reconocidas  sin  excep- 
ción, como  principios  fundamentales  de  mi  conducta  y quedan  desde  este  mo- 
mento bajo  mi  inmediata  y especial  garantía.» 

La  libertad  de  imprenta. 

Inspirado  en  sentimientos  igualmente  levantados,  expidió  un  segundo 
decreto  a favor  de  la  prensa  tan  duramente  atacada  por  Oribe. 

«La  libertad  absoluta  e ilimitada  de  la  imprenta,  decía  en  ese  decreto, 
es  también  uno  de  mis  principios  fundamentales.  Todo  individuo  puede  usar 
de  ella  sin  restricción  alguna.  Los  particulares  que  se  creyeran  ofendidos  por 
producciones  de  la  prensa,  tendrán  expeditos  los  medios  de  vindicación  que 
las  leyes  del  país  establecen.  Los  ataques  de  cualquier  género  que  se  dirijan 
contra  mi  persona,  las  de  mis  secretarios  o contra  los  actos  administrativos 
no  quedan  sujetos  a responsabilidad  alguna;  y para  asegurar  esta  declaración 
yo  y mis  secretarios  renunciamos,  mientras  yo  esté  en  el  mando,  la  protección 
de  la  ley  actual  y todo  otro  medio  de  vindicación.» 

En  cambio  de  este  decreto  eje  amplio  contralor  periodístico,  suprimió' 
Rivera  la  Comisión  de  Cuentas  del  Cuerpo  Legislativo,  a título  de  que  usur- 
paba facultades  privativas  de  las  Cámaras,  pero  en  el  fondo  como  medida  de 
represalia  contra  el  proceso  financiero  instruido  a la  administración  de  1834. 
Entendía  sin  duda  que  eliminado  ese  resorte  del  contralor  parlamentario  ya 
nadie  examinaría  las  cuentas  y podría  él,  como  dueño  y señor  del  país,  dis- 
poner del  patrimonio  nacional.  Por  lo  pronto,  a raíz  de  su  decreto  y antes 
de  concluir  el  año  1838,  mandaba  abonar  a cada  uno  de  sus  Ministros  16,000 
pesos  pagaderos  la  mitad  por  la  Nación  y la  otra  mitad  por  el  donante  con 
el  producto  de  sus  sueldos  atrasados,  y mandaba  adjudicar  a don  Juan  León 
de  las  Casas  la  propiedad  de  la  Escribanía  de  Gobierno  y Hacienda,  en  retri- 
bución de  servicios  prestados  durante  la  guerra  contra  Oribe. 

En' cuanto  al  decreto  sobre  libertad  absoluta  de  la  prensa,  ya  se  encar- 
garía Rivera  de  desautorizarlo  en  1840,  a raíz  de  la  publicación  del  diario 
«Eco  del  Pueblo»,  mediante  un  mensaje  a la  Comisión  Permánente  en  que 
expresaba  que  pronto  ya  a salir  a campaña,  había  resuelto  pedir  úna  decla- 
ración que  autorizara  al  Gobierno  y al  General  en  Jefe  del  Ejército  para  adop- 
tar cuantas  medidas  demandara  la  salvación  de  la  patria. 

«Todo  lo  que  de  cualquier  modo  tienda  a desconsiderar  al  Gobierno  y al 

General  en  Jefe  — decía  Rivera  en  su  Mensaje es  una  herida  que  se 

hace  al  corazón  de  la  patria ...  No  hay  garantía  ninguna  legal  que  proteja 
al  Gobierno:  está  a merced  del  primer  díscolo  atrevido  que  quiera  combatirlo 
y sucumbirá  infaliblemente  si,  neciamente  confiado  en  la.  protección  de  las 
leyes,  no  toma  otras  medidas  de  defensa.» 


De  la  dictadura  a la  presidencia. 

A fines  de  febrero  de  1839  se  reunió  la  Asamblea  Legislativa  y Constitu- 
yente llamada  a reemplazar  a la  que  había  sido  disuelta  en  noviembre  del 
año  anterior. 

Respondía  en  absoluto,  como  es,  natural,  a Rivera  y éste  fué  elegido 
Presidente  de  la  República  el  l.°  de  marzo  del  mismo  año  por  28  votos  con- 
tra 1 que  obtuvo  don  Gabriel  Antonio  Pereyra. 

Rivera  estaba  a la  sazón  en  el  Durazno,  organizando  fuerzas  para  la 
campaña  contra  Rosas  y la  Asamblea  designó  una  Comisión  compuesta  de  un 
senador  y dos  diputados  para  que  se  trasladara  al  cuartel  general  y recibiera 
el  juramento  del  Presidente  electo,  como  efectivamente  lo  hizo  a fines  del 
mismo  iftes  de  marzo.  . 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


13 


Resonaba  todavía  el  eco  de  los  festejos  cuando  ocurrió  un  accidente  que 
cambió  el  aspecto  del  cuartel  general:  el  arroyo  Maciel,  sobre  cuyas  márgenes 
estaban  acampadas  las  tropas,  creció  de  pronto  bajo  la  acción  de  una  tormenta 
y varios  oficiales  y soldados,  arrebatados  por  la  corriente,  perecieron  ahogados. 


Rivera  celebra  ira  tratado  de  alianza  con  el  Gobierno  de  Corrientes. 


Hemos  dicho  y'a  que  cuando  Oribe  envió  a Rosas  una  copia  de  la  protesta 
, formulada  a raíz  de  su  renuncia,  acusó  recibo  el  dictador  argentino  en  forma 
que  denunciaba  su  propósito  de  hostilizar  al  nuevo  Gobierno  uruguayo. 

Esa  actitud  de  Rosas  era  una  consecuencia  lógica  de  la  que  había  asu- 
mido durante  la  guerra  civil  que  recién  terminaba  y era  a la  vez  una  respuesta 
a la  protección  dispensada  por  Rivera  al  grupo  de  ilustres  argentinos  deste- 
rrados por  Oribe  a instancias  de  la  Cancillería  de  Buenos  Aires. 

Cuatro  días  después  de  la  caída  de  Oribe  se  había  dirigido  efectivamente 
Rivera  al  Presidente  del  Senado,  desde  su  cuartel  general  en  el  Miguelete, 
previniéndole  que  ese  grupo  de  argentinos  a cuya  cabeza  estaba  don  Bernar- 
dino  Rivadavia,  debía  regresar,  y que  era  necesario  que  el  Gobierno  le  pro- 
porcionara medios"  de  transporte  desde  Santa  Catalina  a Montevideo,  salvando 
así,  decía  el  Mensaje,  el  decoro  y la  dignidad  de  la  República  tan  torpemente 
vulnerados.  Y el  Presidente  del  Senado  había  dictado  en  el  acto  un  decreto 
que  establecía:  que  los  derechos,  las  consideraciones  y el  asilo  que  la  civili- 
zación y las  leyes  del  país  garantizaban  a la  desgracia,  habían  sido  cruelmente 
sacrificados  por  el  Gobierno  de  Oribe  a los  mandatos  de  un.  gobernante  extran- 
jero cuya  saña  inaudita  perseguía  sin  piedad  a sus  víctimas;  que  el  pueblo 
oriental  estaba  resuelto  a separar  de  sí  la  infamia  de  aquellos  actos  y'  a repa- 
rarla; y que  un  buque  costeado  por  el  Tesoro  público  zarparía  de  inmediato 
para  Santa  Catalina  en  busca  de  los  desterrados. 

El  ambiente  era,  pues,  de  lucha  y los  preparativos  para  la  guerra  empe- 
zaron de  inmediato. 

A fines  de  diciembre  de  18  38  tuvo  lugar  en  Montevideo  el  primer  acto 
de  importancia  -en  la  organización  de  la  campaña  contra  Rohas.  Don  Santiago 
Vázquez  como  Ministro  de  Rivera  y el  coronel  Olazábal  como  representante. 
* del  Gobernador  de  Corrientes  don  Genaro  Berón  de  Astrada,  suscribieron  un 
tratado  de  alianza  ofensiva  y defensiva,  por  el  cual  se  comprometía  el  Go- 
bierno oriental  a poner  en  campaña  un  ejército  de  2,000  hombres  y'  el  de 
Corrientes  otro  de  4,000  que  en  su  casi  totalidad  pasarían  a depender  directa- 
mente de  Rivera. 

En  cuanto  a los  argentinos  residentes  en  territorio  uruguayo,  su  alianza 
con  el  nuevo  mandatario  databa  de  largos  años  atrás  y cada  día  era  vigori-' 
zada  por  nuevos  e intensos  lazos  de  unión.  E’n  1841  Alberdi,  uno  de  sus 
más  ilustres  representantes,  publicó  un  opúsculo  en  el  que  hablaba  así  a los 
eseasos  compatriotas  que  aún  dudaban  de  las  promesas  de  Rivera: 

«¿Tenéis  por  poco  el  poseer  un  suelo  a pocas  leguas  de  Buenos  Aires, 
donde  todo  enemigo  de  Rosas  tiene  asilo  y aliados,  donde  se  puede  gritar  y 
escribir  sin  reserva  ¡muera  Rosas!,  de  donde  pueden  salir  todavía  diez  tenta- 
tivas de  reacción  contra  el  tirano  argentino  y"  de  donde  van  soldados  y apres- 
tos para  el  ejército  argentino  en  Corrientes?  Pues  esto  es  lo  que  nos  da  el 
general  Rivera  y lo  que  se  trata  de  conservar  peleando  a su  lado:  no  es, 
pues,  el  general  Rivera:  es  la  revolución  contra  Rosas  en  el  Estado  Oriental: 
es  un  campo  espléndido  que  pertenece  por  sus  armas  y bandera  a la  causa 
libertadora  de  la  República  Argentina:  es  una  gran  parte  de  la  Revolución 
argentina.» 


14 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


El  Uruguay  declara  la  guerra  a Rosas. 


La  ratificación  del  tratado  con  el  Gobierno  de  Corrientes  tuvo  lugar  en 
febrero  de  1839  y una  vez  llenado  este  requisito  se  apresuró  Rivera  a declarar 
la  guerra  al  dictador  argentino. 

«Entre  las  medidas  que  en  consecuencia  de  mi  Declaración  he  adoptado,  — 
decía  en  su  manifiesto,  — es  una  de  las  más  serias  la  resolución  de  aceptar  la 
guerra  que  declaró  de  hecho  a la  República  un  vecino  altanero  e intratable 
que  despedaza  a nuestros  hermanos  de  la  otra  orilla  del  Plata,  ataca  incesan- 
temente nuestra  independencia  y'  escandaliza  al  continente  con  unas  aspira- 
ciones sin  ejemplo.» 

Dos  decretos  importantes  subsiguieron  a este  manifiesto. 

Por  el  primero  de  ellos  suprimía  el  Gobierno  el  uso  de  la  divisa  colorada 
y declaraba  que  «la  escarapela  nacional»  sería  el  único  distintivo  que  en 
adelante  usarían  «todos  los  empleados  civiles  y militares  de  la  República». 
E'ra  una  tentativa  hábil  para  suprimir  los  antagonismos  internos  y agrupar 
todas  las  fuerzas  del.  país  en  la  víspera  de  la  gran  lucha  contra  Rosas. 

Por  el  segundo  se  declaraba  al  Uruguay  en  estado  de  guerra  con  el  Go- 
bierno de  Buenos  Aires,  pero  no  así,  agregaba  el  decreto,  contra  los  pueblos 
y'  ciudadanos  sustraídos  al  poder  del  tirano.  Fué  leído  este  decreto  en  la 
Plaza  Mayor,  hoy  Constitución,  ante  un  público  numeroso  que  recorrió  luego 
las  calles  de  la  ciudad  enarbolando  banderas  orientales,  argentinas  y fran- 
cesas, en  medio  de  manifestaciones  estruendosas  que  se  repitieron  a la  noche 
durante  una  función  teatral  que  el  Jefe  de  Policía  don  Luis  Lamas  matizó 
con  una  arenga  guerrera  desde  el  palco  oficial. 

Cuando  la  nueva  Legislatura  llegó  a enterarse,  de  las  comunicaciones 
relativas  a la  declaración  de  guerra  contra  Rosas,  al  tratado  de  alianza  con 
Corrientes  y'  a los  demás  actos  realizados  durante  la  dictadura  que  siguió  al 
derrumbe  de  Oribe,  votó  una  minuta  de  comunicación  al  Poder  Ejecutivo,  que 
empezaba  haciendo  el  elogio  de  Rivera,  «padre  de  la  Patria»;  autorizaba  la 
remonta  del  ejército  de  línea  hasta  6, (TOO  hombres;  facultaba  para  realizar 
operaciones  de  crédito  hasta  donde  lo  requiriesen  las  necesidades  d#e  la  guerra; 
ratificaba  los  decretos  de  la  dictadura;  y concluía  haciendo  ver  la  necesidad 
de  convocar  una  gran  Asamblea  de  doble  número  de  legisladores  para  regu- 
larizar la  situación.  * 

Al  autorizar  la  remonta  del  ejército  hasta  seis  mil  soldados  la  Asamblea 
facultó  al  Poder  Ejecutivo  para  enganchar  extranjeros  y asimismo  para  admi- 
tir el  desembarco  de  batallones  extranjeros  durante  la  guerra.  Los  americanos 
del  Norte,  dijo  en  esa  oportunidad  el”  Ministro  de  Hacienda  ante  la  Cámara 
de  Diputados,  obtuvieron  durante  la  guerra  de  su  independencia  el  auxilio  de 
Francia,  como  España  lo  obtuvo  de  Inglaterra  para  librarse  del  dominio 
de  Napoleón.  Y procurando  disipar  los  temores  que  despertaba  el  desembarco 
de  tropas  extranjeras,  agregó  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  estas  pala- 
bras que  no  podían  ciertamente  convencer  a nadie: 

«O  la  Nación  de  quien  podemos  recibir  auxilios  en  esta  crisis  es  fuerte 
y poderosa,  o no.  Si  lo  primero,  tanto  riesgo  correríamos  recibiendo  su  socorro 
como  rechazándolo,  p'orque  al  fin  si  tiene  poder  y pretende  dominarnos,  bus- 
caría pretextos  o sin  ellos  nos  invadiría.  Si  no  es  poderosa  y fuerte,  nada 
tenemos  que  temer  cuando  nuestras  solas  fuerzas  basten  para  combatirla. 
Hoy,  señores,  sería  el  mayor  error  creer  que  el  anticuario  espíritu  de  conquista 
pueda  dominar  en  los  consejos  de  los  gabinetes  sabios  e ilustrados.  Felizmente 
ese  tiempo  calamitoso  ya  pasó,  y son  otros  más  suaves,  más  dulces  y"  más 
benéficos  los  vínculos  con  que  hoy  se  ligan  las  diferentes  naciones  del  Globo. 
No  hay,  pues,  motivo  racional  de  temor  que  impida  la  aprobación  del  artículo 
que  se  discute.» 


GOBIERNO  Oí:  RIVERA 


15 


No  todos  los  estadistas  orientales  eran  partidarios  de  la  guerra.  En  sus 
«Recuerdos  de  la  Defensa  de  Montevideo»,  ha  dicho  don  Manuel  Herrera  y 
Obes  que  él  se  opuso  a que  esa  guerra  fuera  declarada,  porque  no  le  inspiraba 
fe  la  intervención  extranjera  y porque  eran  muy  desiguales  las  fuerzas  de  una 
y otra  margen  del  Plata.  Pero  prevalecieron,  agrega,  «los  agentes  franceses 
y los  emigrados  argentinos  que  gozaban  de  omnipotente  influencia  en  el  Go- 
bierno». 


Empieza  la  guerra  en  territorio  argentino. 

Fueron  los  correntinos  los  primeros  en  lanzarse  a la  lucha.  En  su  bando 
de  febrero  de  1839  decía  el  Gobernador  Berón  de  Astrada  que  el  pueblo  de 
Corrientes  quería  «la  forma  federal  con  buenas  leyes  fundamentales».  Era  el 
programa  de  Artigas  en  las  Instrucciones  de  1813,  opuesto  así  por  el  Gober- 
nador de  Corrientes  al  titulado  federalismo  de  Rosas  que  consistía  en  el 
sometimiento  incondicional  de  todas  las  provincias  a la  voluntad  de  un 
dictador  radicado  en  Buenos  Aires. 

La  provincia  de  Entre  Ríos,  que  era  el  centro  de  operaciones  de  Rosas, 
debía  ser  atacada  simültáneamente  por  el  ejército  correntino  al  mando  de 
Astrada  y por  el  ejército  oriental  al  mando  de  Rivera. 

A principios  de  abril  empezó  la  ejecución  de  ese  plan,  según  un  oficio 
de  Rivera  datado  en  el  Durazno  en  el  que  comunicaba  al  Ministerio  de  la 
Guerra  que  las  vanguardias  de  ambos  ejércitos  se  habían  puesto  en  marcha  y 
que  él  mismo  con  el  grueso  de  las  fuerzas  ultimaba  los  preparativos  para 
entrar  en  operaciones.  Pero  el  ejército  correntino  fué  destrozado  por  el 
general  Echagüe,  Gobernador  de  Entre  Ríos,  en  la  sangrienta  batalla  de 
Pago  Largo. 

Echagüe  recibió  entonces  instrucciones  para  transportar  el  teatro  de 
la  guerra  al  territorio  oriental,  donde  Rivera  y Lavalle  proseguían  la  organi- 
zación de  las  tropas  que  debían  lanzarse  sobre  las  provincias  de  Entre  Ríos  y 
Buenos  Aires.  Ambos  personajes  estaban  en  el  cuartel  general  del  Durazno 
cuando  llegó  la  noticia  del  descalabro  del  ejército  correntino.  Rivera  marchó 
con  rumbo  al  río  Uruguay'  para  organizar  la  defensa  contra  Echagüe,  y La- 
valle  se  dirigió  a Montevideo  para  organizar  una  expedición  militar  contra 
Rpsas. 

Invasión  y derrota  de  Echagüe. 

El  ejército  de  Echagüe  cruzó  el  río  Uruguay  a fines  de  julio  de  1839,  a 
la  altura  del  Salto.  Formaban  parte  de  su  cuadro  de  jefes  y oficiales  los  gene- 
ralés  Justo  José  de  Urquiza,  Juan  Antonio  Lavalleja,  Servando  Gómez,  Euge- 
nio Garzón  y el  coronel  Manuel  Lavalleja. 

«El  Nacional»,  invocando  datos  emanados  de  persona  veraz,  atribuía  al 
ejército  uruguayo  a fines  de  agosto  10,800  hombres,  de  los  que  cerca  de  la 
mitad  estaban  bajo  el  mando  directo  de  Rivera’  y el  resto  bajo  las  órdenes 
de  Aguiar,  Medina,  Núñez,  Calderón  y otros;  y al  ejército  entrerriano,  simple- 
mente 2,500  hombres.  A mediados  de  septiembre  el  misnio  diario  fijaba  las 
fuerzas  mandadas  personalmente  por  Rivera  en  4,000  y las  de  Echagüe  en 
3,000.  Y sus  cálculos  debían  emanar  de  fuentes  muy'  autorizadas,  pues 
pocos  días  después  se  publicaba  un  parte  de  Rivera  del  que  resultaba  que  su 
ejército  se  componía  de  8 divisiones  de  500  hombres  cada  una  y que  las  fuer- 
zas de  Echagüe  y Lavalleja  que  operaban  a su  frente  no  pasaban  de  2,500 
hombres.  , i 

Al  anunciar  la  invasión  decía  el  Gobierno  en  su  proclama  de  agosto: 

«La  independencia  nacional,  la  Constitución  y el  orden  público  se  ven  ya 
atacados  a fuerza  armada,  por  una  horda  de  extranjeros  imbéciles  y'  desmo- 


16 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY' 


ralizados,  y por  algunos  orientales  desnaturalizados  a quienes  es  preciso  opo- 
nej  una  resistencia  firme  y constante.» 

Echagüe,  a la  vez,  advertía  en  su  proclama,  para  quitarle  carácter 
internacional  a la  agresión,  que  la  vanguardia  de  su  ejército  iba  al  mando  de 
los  generales  orientales  Juaa  Antonio  Lavalleja  y Servando  Gómez,  y a la 
vez  hacía  circular  una  proclama  de  don  Manuel  Oribe,  en  su  carácter  de  «Pre- 
sidente legal»,  convocando  a siis  compatriotas  para  derrocar  a Rivera  y vencer 
«a  los  pérfidos  franceses  y a los  salvajes  asesinos  unitarios». 

«Tal  es  orientales,  decía  Oribe,  el  objeto  que  me  ‘trae  al  seno  de  la 
patria  y tal  la  misión  gloriosa  que  el  héroe  que  preside  la  Confederación  Ar- 
gentina, nuestro  grande  y buen  amigo  el  ilustre  Restaurador  de  las  leyes 
don  Juan  Manuel  de  Rosas,  ha  confiado  a los  libres  valientes  que  hoy  pisan 
triunfantes  el  suelo  de  la  República  bajo  la  sabia  dirección  del  ínclito  general 
argentino  esclarecido  don  Pascual  Echagüe.» 

También  Lavalleja  lanzó  una  proclama  para  asegurar  a sus  compatriotas 
que  traía  de  nuevo  la  guerra  como  «en  1825,  para  restituirles  el  orden,  la 
libertad,  las  leyes,  la  independencia,  el  comercio  y la  abundancia» . . . salvando 
«a  la  oprimida  patria  del  yugo  que  le  ha  impuesto  un  tirano  aborrecido, 
aliado  a los  piratas  franceses,  enemigos  de  la  libertad  americana». 

Eran  fundamentalmente  distintas,  sin  embargo,  las  dos  cruzadas  que  esa 
proclama  pretendía  asociar.  En  1825  pisaba  Lavalleja  el  suelo  de  la  patria 
como  General  en  Jefe,  mientras  que  ahora  desembarcaba  como  subalterno  de 
un  jefe  extranjero  y bajo  la  dependencia  de  un  Gobierno  extranjero. 

E’l  Gobierno  oriental  solicitó  y obtuvo  venia  de  -la  Comisión  Permanente 
para  declarar  suspendidas  las  garantías  individuales;  señaló  un  plazo  de 
quince  días  para  recabar  sus  pasaportes  a todos  los  amigos  de  los  invasores 
y,  pasado  ese  plazo,  desterró  a los  que  reputaba  más  sospechosos,  aunque  sin 
extremar  las  medidas;  impuso  a los  españoles  la  obligación  de  enrolarse  en 
la  milicia  bajo  peña  de  ser  destinados  los  remisos  a la  tropa  de  línea;  cerró 
las  comunicaciones  con  Buenos  Aires  bajo  apercibimiento  de  considerarse  a 
los  infractores  como  traidores  a la  patria;  concedió  a las  fuerzas  navales  fran- 
cesas la  facultad  extraordinaria  de  visitar  las  embarcaciones  que  encontraran 
en  los  ríos  y arroyos  nacionales  y de  arrestar  a las  personas  que  juzgaren 
sospechosas;  y decretó,  a pedido  de  los  señores  Juan  Bautista  Alberdi,  Miguel 
Cañé,  Florencio  Varela,  Valentín  Alsina,  Juan  Andrés  Gelly1  y Obes  y otros 
ilustres  emigrados,  la  formación  de  la  legión  argentina,  cuyo  mando  fué  con- 
fiado primeramente  al  general  Félix  Olazábal  y luego  al  general  Martín  Ro- 
dríguez. 

La  invasión  de  Echagüe  dió  origen  en  la  Capital  a un  movimiento  de 
adhesión  al  Gobierno  de  Rivera,  que  fué  iniciado  por  los  doctores  Julián  AI- 
varez,  Joaquín  Campana,  Antonino  Domingo  Costa,  Francisco  Áraúcho  y Joa- 
quín Sagra,  miembros  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  en  una  nota  que 
decía  así: 

«Durante  las  desavenencias  civiles,  los  magistrados  del  Poder  Judicial  en 
ese  carácter  y cualesquiera  que  hay’an  sido  sus  simpatías  privadas,  han  rehu- 
sado prestar  sus  servicios  a ninguna  de  las  causas  contrarias,  considerando 
que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  debían  la  justicia  a todos,  con  absoluta 
abstracción  de  las  opiniones  políticas  y que  para  conservar  la  confianza  del 
público  en  su  imparcialidad,  no  debían  tomar  una  parte  activa  como  magis- 
trados en  sus  discordias;  pero  hoy  que  una  agresión  extranjera  amenaza  nues- 
tra independencia  y nuestras  instituciones,  no  debiendo  a los  invasores  sino 
nuestra  indignación,  nos  honramos  en  manifestar  a V.  E.  que  estamos  decidi- 
dos a no  omitir  servicios  ni  sacrificios  de  ningún  género  para  concurrir  a salvar 
la  existencia  y'  la  dignidad  de  la  República.» 

Y dió  origen  en  la  campaña  a un  fuerte  movimiento  de  las  poblaciones 
rurales  en  dirección  a los  campamentos  de  las  fuerzas  nacionales,  especial- 
mente los  situados  en  Paysandú,  á los  que  afluyeron  millares  de  mujeres  y 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


17 


de  niños  de  las  familias  misioneras  que  estaban  en  los  alrededores  de  Mer- 
cedes. Doña  Bernardina  Fragoso  de  Rivera,  esposa  del  Presidente  de  la  Repú- 
blica, tomó  la  iniciativa  de  un  llamado  a la  caridad  pública  para  socorrer, 
decía  en  su  circular,  «a  más  de  tres  mil  mujeres  y niños  tirados  en  las  costas 
de  los  arroyos,  sufriendo  la  intemperie  y'  todo  género  de  penurias,  mientras 
sus  maridos,  hijos  y hermanos,  incorporados  a las  filas  de  nuestros  defensores, 
se  preparan  a dar  un  día  de  gloria  a la  patria». 

Volvieron  a resurgir  las  divisas  de  guerra:  los  orientales  que  acompa- 
ñaban a Echagüe  usaron  la  cinta  blanca,  y los  soldados  de  Rivera  la  cinta 
colorada. 


La  batalla  de  Cagancha. 

El  ejército  de  Echagüe',  luego  de  haber  acampado  en  las  inmediaciones 
del  Salto,  avanzó  al  interior  de  la  República,  llegando  a mediados  de  septiem- 
bre a la  altura  del  Durazno  y en  octubre  al  Paso  de  la  Arena  del  río  Santa 
Lucía,  donde  se  detuvo  a distancia  de  cuatro  a cinco  leguas  del  ejército  de 
Rivera  situado  en  el  Paso  de  la  Calera  del  mismo  río. 

Dos -meses  había  empleado  Echagüe  en  marchar  desde  la  costa  del  Uru- 
guay hasta  el  Santa  Lucía,  y otros  dos  meses  largos  se  mantuvo  inactivo  en 
su  campamento  del  Paso  de  la  Arena,  limitándose  a destacar  partidas  que 
correteaban  en  todas  direcciones.  Una  de  esas  partidas  llegó  a principios 
de  noviembre  hasta  la  cumbre  del  Cerrito,  promoviendo  intensa  alarma  en  la 
ciudad.  Se  tocó  generala  y se  llamó  a las  armas  en  la  creencia  de  que  el 
grueso  del  ejército  amagaba  un  asalto.  Pero  la  fuerza  enemiga,  que  no  pasaba 
de  doscientos  hombres,  desapareció  en  el  acto. 

Mientras  Echagüe  permanecía  inactivo  el  campamento  de  Rivera  era 
reforzado  por  soldados  procedentes  de  Montevideo,  destacándose  entre  l,os 
contingentes  un  batallón  de  patricios  al  mando  de  José  María  Artigas,  hijo 
del  Jefe  de  los  Orientales. 

A principios  de  diciembre  fué  revistado  el  ejército  oriental,  formando  con 
tal  motivo  4,500  hombres,  sin  contar  la  vanguardia  compuesta  de  1,000  hom- 
bres y otras  fuerzas  destacadas  en  distintos  puntos.  Y pocos  días  después 
Rivera  se  ponía  en  marcha  sobre  Echagüe. 

La  guarnición  de  Montevideo,  revistada  dos  meses  antes,  constaba  de 
2,000  hombres  de  línea,  aparte  de  varios  cuerpos  de  milicias  y de  500  soldados 
de  la  escuadra  francesa. 

Hasta  ese  momento  sólo  habían  tenido  lugar  encuentros  aislados  y sin 
importancia  militar,  entre  ellos  uno  en  las  proximidades  de  Soriano  en  que 
salieron  triunfantes  las  fuerzas  de  Rivera,  a órdenes  del  general  Anacleto 
Medina,  y otro  al  Norte  del  Río  Negro,  en  que  también  fueron  derrotados  los 
invasores. 

El  29  de  diciembre  de  1839  tuvo  lugar  la  batalla  decisiva  en  los  campos 
de  Caganchá. 

Según  el  parte  oficial  de  Rivera  cuando  el  ejército  oriental  se  tendió  en 
línea  fué  cargado  tres  veces  por  la  caballería  de  Echagüe  y en  las  tres  aco- 
metidas resultó  victorioso.  Al  iniciarse  la  última  Rivera  hizo  intervenir  a su 
infantería  con  una  carga  a la  bayoneta  que  produjo  la  huida  de  Echagüe 
y terminó  la  batalla. 

• «Las  pérdidas  del  enemigo,  entre  muertos  y prisioneros  — decía  Rivera 
en  su  parte  — las  calculo  en  más  de  1,000  hombres,  siendo  el  de  los  segundos 
pequeño  en  comparación  de  los  primeros.  . . Nuestras  pérdidas  alcanzan  a 200 
hombres  entre  muertos  y heridos ....  Los  infames  traidores  Juan  Antonio  La- 
valleja,  Servando  Gómez  y Andrés  Latorre,  abandonaron  el  campo  de  batalla 
sin  entrar  en  combate.» 

Agregaba  el  parte  que  Lavalleja  antes  de  huir  había  atacado  el  convoy 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


de  carretas  del  ejército  oriental  situado  a retaguardia,  matando  enfermos  ;y 
saqueando  cuanto  allí  había,  hecho  ratificado,  aunque  sin  la  referencia  a 
Lavalleja,  por  el  Cirujano  Mayor  del  ejército  doctor  Fermín  Ferreira. 

Las  bajas  aparecían,  pues,  englobadas  en  el  parte  de  Rivera,  con  la 
advertencia  de  que  el  número  de  los  prisioneros  era  pequeño  relativamente  al 
de  los  muertos,  prueba  inequívoca  de  que  la  victoria  había  sido  manchada  con 
actos  de  matanza. 

Hablando  del  ardor  de  los  orientales  decía  tres  días  después  de  la  batalla 
un  jefe  del  ejército  en  carta  que  publicó  «El  Constitucional»,  diario  muy  adicto 
a Rivera: 

«El  furor  de  nuestros  soldados  fué  tal  que  no  han  dado  cuartel  y los 
pocos  prisioneros  es  el  Presidente  quien  los  hizo.» 

La  notoriedad  del  desastre  no  fué  obstáculo  para  que  Echagüe  pasara  un 
parte  a Rosas,  en  el  que  luego  de  afirmar  que  la  caballería  de  Rivera  había 
quedado  destruida  y su  parque  capturado,  agregaba  para  explicar  su  huida 
del  campo  de  batalla: 

«Pero  en  el  momento  decisivo  todos  mis  esfuerzos  fueron  insuficientes 
para  restablecer  nuestras  columnas  dispersas  en  el  calor  de  la  persecución  a 
muerte  que  hacían  a la  caballería  enemiga,  y presentando  por  monumento  del 
ardor  y decisión  de  los  soldados  de  la  libertad  más  de  1,500  cadáverfes  enemi- 
gos tendidos  en  el  campo,  me  conservé  a su  frente  .hasta  que  oscureció  del 
todo,  y a media  legua  de  distancia  acampó  y'  durmió  el  ejército  con  el  designio 
dé  cargar  al  día  siguiente  sobre  las  trincheras  enemigas;  pero  advirtiendo 
haberse  consumido  las  municiones  en  aquella  jornada,  en  conformidad  a las 
anticipadas  órdenes  de  V.  E.  emprendí  mi  retirada  al  Uruguay,  después  de 
haber  dado  una  lección  terrible  al  tirano  que  osó  declarar  la  guerra  a la 
Gonfederación.  Nuestras  pérdidas  no  pasan  de  200  hombres.» 

Refieren  las  notas  periodísticas  contemporáneas  que  en  uno  de  los  inci- 
dentes de  la  batalla,  Rivera  se  encontró  con  Echagüe  y lo  cargó  personalmente. 
Los  dos  generales  iban  al  frente  de  sus  respectivas  escoltas  al  producirse  el 
encuentro,  y del  choque  salió  Echagüe  con  una  media  docena . de  hombres 
solamente,  y eso  gracias  a la  bondad  de  los  caballos  que  montaban. 

Un  duelo  más  emocionante  refieren:  el  de  dos  negros  esclavos  que  se 
habían  criado  juntos  por  pertenecer  al  servicio  de  dos  hermanos  que  vivían  en 
casas  contiguas.  Uno  de  los  morenos  estaba  en  el  ejército  de  Echagüe  y el 
otro  en  el  de  Rivera.  Al  enfrentarse  y sin  tiempo  para  reconocerse  descar- 
garon sus  fusiles  a la  vez,  cayendo  mortalmente  herido  el  que  venía  con  E'cha- 
güe.  Recién  al  caer  se  reconocieron  y entonces  fué  para  abrazarse  y para  morir 
el  herido  en  brazos  de  su  adversario  ocasional,  quien  pidió  permiso  para  ha- 
cerse cargo  del  cadáver  y enterraría  con  sus  propias  manos,  como  lo  hizo. 

Del  temple  de  los  hombres  de  la  época  puede  instruir  este  párrafo  de 
una  carta  de  don  Ambrosio  Mitre,  Tesorero  General  de  la  Nación  desde  18.29, 
a un  hijo  suyo  que  militaba  en  el  ejército  de  Rivera,  datada  en  la  víspera  de 
la  batalla  de  Cagancha: 

«Te  considero  en  los  momentos  de  una  próxima  batalla  que  va  a decidir 
de  la  suerte  de  la  patria.  Espero  que  sabrás  llenar  tu  deber;  si  mueres  ha- 
brás llenado  los  míos,  pero  cuida  de  que  no  te  hieran  por  la  espalda.  Después 
de  perderte  (ló  que  puede  suceder  y para  lo  que  estoy'  preparado)  consolará 
el  resto  de  mi  triste  vida  la  memoria  honrosa  que  espero  me  legues.  Adiós, 
mi  querido  hijo;  tú  eres  mi  última  esperanza.» 

Del  parte  de  Rivera  resulta  que  Lavalleja  abandonó  el  campo  sin  entrar 
en  combate.  ¿Cuál  podía  ser  la  causa  de  tan  extraña  actitud? 

Interpretando  una  carta  del  coronel  Lucas  Moreno  al  general  Lavalleja, 
decía  editorialmente  «El  Nacional»  de  la  época  que  Lavalleja  había  preparado 
un  movimiento  contra  Oribe  y que  por  efecto  de  ese  mismo  movimiento  se  ha- 
bía alejado  del  ejército  el  día  de  la  batalla,  llevándose  una  fuerte  división. 


GOBIERNO  DE  RIVER\ 


19 


•Quería  que  Echagüe  fuera  derrotado  para  obtener  él  los  honores  del  triunfo. 

«Sea  de  ello  lo  que  fuere  — agregaba  el  caracterizado  órgano  del  rive- 
r}smd,  — Lavalleja  se  portó  en  Cagancha  como  si  hubiera  sido  asalariado  por 
nosotros.  Contribuyó  a que  fuera  vencido  el  grueso  del  ejército  y después  se 
hizo  dispersar  la  división  que  mandaba.» 

Después  de  la  victoria  de  Cagancha  empezó  la  persecución,  una  persecu- 
ción incesante  y eficaz  que  obligó  ’a  los  vencidos  a dirigirse  unos  con  Echagüe 
y Urquiza  a la  costa  del  Uruguay,  para  regresar  a Entre  Ríos,  y otros  con 
Lavalleja  a la  frontera  del  Brasil.  Según  las  informaciones  de  la  prensa 
Lavalleja  al  frente  de  800  hombres  buscó  refugio  en  el  Yarao,  y Urquiza 
cruzó  el  Uruguay  a la  altura  del  Rincón  de  las  Gallinas  acompañado  de  un 
grupo  de  6 hombres.  Agregan  las  mismas  informaciones  que  Urquiza  estuvo 
a punto  de  perecer,  por  haberse  volcado  la  pelota  en  que  vadeaba  el  río  y 
que  sólo  escapó  al  desastre  por  . el  oportuno  auxilio  de  un  vecino  que  lo  alzó 
en  su  canoa. 

Así  concluyó  la  invasión  de  Echagüe.  Los  pocos  prisioneros  salvados  per- 
sonalmente por  Rivera  recobraron  en  el  acto  su  libertad  y'  la  situación  quedó 
normalizada  en  lo  fundamental,  aunque  todavía  se  produjeran  pequeños  dis- 
turbios reveladores  del  desasosiego  en  que  había  quedado  la  campaña.  A me- 
diados de  1840  el  jefe  de  la  división  de  operaciones  al  Sur  del  Río  Negro 
fusiló  en  la  plaza  del  Rosario,  a pedido  del  vecindario  y sin  juicio  alguno, 
a un  bandido.  Ya  había  ocurrido  otra  ejecución  en  la  misma  forma  y el 
Gobierno  se  apresuró  a poner  término  al  peligroso  sistema,  previniendo  a 
los  jefes  militares  que  les  estaba  vedado  ordenar  ejecuciones  que  no  fueran 
el  resultado  de  un  proceso  en  forma  legal.  En  los  departamentos  de  San  José 
y Maldonado  hubo  también  agitaciones  emanadas  de  montoneras  que  a veces 
llevaban  la  divisa  blanca  y otras  no. 

Honores  a Rivera. 

En  homenaje  al  triunfo  de  Rivera  el  Gobierno  dió  a la  plaza  de  la  nueva 
ciudad  la  denominación  de  Plaza  de  Cagancha  y'  una  Comisión  especial  de  la 
Cámara  de  Diputados,  de  la  que  formaban  parte  don  Manuel  Herrera  y Obes 
y don  Joaquín  Sagra,  propuso,  y su  plan  fué  aceptado,  la  acuñación  de  medallas 
de  honor  a los  vencedores  y que  Rivera  fuera  «perpetuamente  denominado 
con  los  títulos  de  padre  de  los  pueblos,  columna  de  la  Constitución  y’  bene- 
mérito de  la  patria»,  invocando  que  esos  mismos  títulos  ya  le  habían  sido 
acordados  a raíz  de  la  batalla  del  Palmar  por  muchos  pueblos  en  veintitantas 
actas  que  la  Comisión  había  tenido  a la  vista.  La  Cámara  de  Senadores  incor- 
poró al  proyecto  de  honores  la  creación  de  ún  pueblo,  el  pueblo  de  Cagancha, 
en  el  sitio  de  la  batalla,  y sustituyó  los  términos  del  tratamiento  que  habría 
de  recibir  Rivera  por  los  de  «defensor  heroico  de  la  Independencia  y Consti- 
tución de  la  República». 

«No  hay  expresión,  decía  la  Comisión  especial  en  su  informe,  que  baste, 
ni  demostraciones  que  indiquen  debidamente  la  deuda  inmensa  de  gratitud 
en  que  la  Nación  se  halla  para  con  la  Divina  Providencia,  que  la  ha,  favorecido 
con  unos  hijos  como  el  general  Rivera  y sus  dignos  compañeros  de  armas.» 

Anticipándose  a los  honores  oficiales  había  escrito  desde  el  campo  de 
batalla  el  doctor  Fermín  Ferreira,  Cirujano  Mayor  del  ejército  de  Rivera: 

«Nuestros  soldados  son  los  mejores  del  mundo;  su  valor  es  fierísimo  y 
sólo  a él  debemos  el  triunfo  que  nos  asegura  nuestra  independencia.» 

4 

Los  estragos  de  la  invasión. 

En  su  Mensaje  de  l.°  de  enero  de  1840  sintetizaba  así  el  Poder  Ejecutivo 
ante  la  Asamblea  los  efectos  de  la  invasión  que  acababa  de  ser  vencida  en  los 
campos  de  Cagancha: 


20 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


«El  orden  común  ha  sido  enteramente  desquiciado;  muchas  riquezas  han 
desaparecido;  muchas  familias  huy'eron  despavoridas  de  esos  salvajes,  horror 
de  la  civilización  y de  la  humanidad;  todo  movimiento  fué  paralizado;  la  for- 
tuna, la  industria,  el  comercio  yacieron  sin  acción;  disminuyeron  las  rentas 
y progresaron  las  necesidades  de  un  modo  enorme;  una  de  las  consecuencias 
de  semejantes  trastornos  ha  sido  impedir  las  elecciones  en  el  período  regular 
del  pasado  noviembre,  así  por  la  perturbación  general,  como  por  la  contrac- 
ción a las  armas  de  una  gran  parte  de  los  ciudadanos  votantes.» 

Advertía  el  Mensaje  que  el  mandato  de  todos  los  diputados  y de  una 
parte  de  los  senadores  estaba  ya  en  vísperas  de  caducar. 

Cuáles  eran  las  instrucciones  de  Echagüe  para  el  caso  de  triunfo. 

En  el  archivo  secuestrado  por  los  vencedores  de  Cagancha  figuraba  una 
nota  de  Rosas  a Echagüe,  datada  el  26  de  septiembre  de  1839,  con  instruc- 
ciones reveladoras  de  sus  planes  de  conquista.  Decía  en  ella  que  Oribe  se 
había  puesto  en  marcha  al  frente  de  una  columna  de  500  hombres  para  atacar 
a Lavalle,  y agregaba: 

«Al  marchar  el  Presidente  Oribe  hemos  conferenciado  respecto  de  lo 
que  sea  más  conforme  y convendrá  cuando  sea  en  esa  República  restablecido 
el  ejercicio  de  su  autoridad  legal.  Y con  la  satisfacción  consiguiente  comunico 
a usted  que  va  muy  resuelto  a reunir  el  Poder  Legislativo  y"  entregarle  como 
corresponde  el  bastón  sin  mancha  para  que  elijan  con  entera  libertad  la 
persona  que  haya  de  presidir  el  Estado.  Y como  quien  convenga  que  sea  la 
persona  en  quien  deban  fijarse,  usted  está  hoy  en  mejor  estado  de  conocerla 
o de  formar  un  juicio  más  correcto,  está  asimismo  muy  bien  dispuesto  a tra- 
bajar ya  desde  que  hable  con  usted,  o antes  si  fuera  necesario,  por  el  candidato 
que  usted  en  su  opinión  estime  más  acertado,  por  considerar  conveniente  su 
elección  y elevación  a la  Presidencia,  ya  sea  el  señor  general  don  Juan  Anto- 
nio Lavalleja,  si  en  él  se  fijase  la  opinión  pública,  o alguno  en  quien  con- 
curra este  preciso  requisito  que  es  lo  principal  a que  se  debe  atender  y con- 
siderar en  esta  clase  de  asuntos  delicados.» 

E’n  el  caso  de  triunfar  Echagüe,  sería,  pues,  convocada  la  Legislatura 
derrocada  por  Rivera  en  noviembre  de  18  3 8,  y ante  ella  comparecería  Oribe 
para  reiterar  la  presentación  de  su  renuncia  de  la  Presidencia  de  la  República. 
En  seguida  la  Asamblea  votaría  un  candidato  presidencial,  que  en  vez  de  ser 
indicada  por  Oribe  sería  indicado  por  Echagüe,  cuyo  candidato  podría  ser  el 
general  Lavalleja  u otro  que  oportunamente  designaría  la  opinión  pública,  de 
la  que  naturalmente  era  Rosas  el  único  órgano. 

Tal  era  el  plan  del  dictador- argentino.  La  Presidencia  legal  de  Oribe  era 
simplemente  un  pretexto  para  intervenir  en  la  marcha  política  interna  de  la 
República  Oriental  y nombrar  presidentes  en  la  misma  forma  en  que  nombraba 
gobernadores  de  Provincia.  Oribe  no  había  dado  todavía  pruebas  de  adhesión 
que  asegurasen  su  predominio  sobre  cualquier  otro  candidato  y Rosas  estaba, 
en  consecuencia,  resuelto  a posponerlo  a Lavalleja,  de  quien  ya  se  había  ser- 
vido contra  Rivera  y contra  el  mismo  Oribe  en  las  campañas  revolucionarias 
de  1832  a 1835,  o a otro  candidato  más  asequible. 

En  la  falta  de  precisión  de  las  instrucciones  acerca  de  ese  punto  funda- 
mental puede  estar  el  secreto  de  la  actitud  de  Lavalleja  el  día  de  la  batalla 
de  Cagancha.  Es  posible  que  Echagüe,  convertido  por  Rosas  en  árbitro  de  la 
elección  presidencial,  hubiera  ya  desahuciado  a Lavalleja  para  dar  la  prefe- 
rencia a otro  candidato  que  le  respondiera  más  ciegamente,  y que  ante  el 
desaire  adoptara  el  desahuciado  la  resolución  extrema  de  abandonar  al  jefe 
entrerriano  a sus  solas  fuerzas. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


21 


La  expedición  de  Lavalle  contra  Rosas. 

De  acuerdo  con  los  planes  que  Rivera  y Lavalle  habían  combinado  en  su 
cuartel  general  del  Durazno  a raíz  de  la  batalla  de  Pago  Largo,  el  primero 
debía  salir  al  encuentro  de  Echagüe  y el  segundo  debía  dirigirse  a Montevideo 
para  organizar  una  expedición  contra  Rosas. 

Rivera  cumplió  íntegramente  su  programa,  según  hemos  visto.  Salió  al 
encuentro  del  invasor  y después  de  algunos  meses  de  preparativos  le  presentó 
batalla  y lo  venció  en  los  campos  de  Cagancha.  Lavalle  comenzó  a su  vez  la 
organización  del  cuerpo  expedicionario  contra  la  provincia  de  Buenos  Aires, 
pero  cuando  todo  indicaba  la  próxima  ejecución  de  su  programa  se  embarcó 
en  julio  de  1839  con  destino  a Martín  García,  donde  a la  sombra  del  pabellón 
oriental  y del  pabellón  francés  habían  empezado  a reconcentrarse  muchos  de 
los  adversarios  de  Rosas.  Uno  de  los  diarios  adictos  a Rivera,  «El  Constitu- 
cional», dijo  que  había  emprendido  viaje  sin  autorización  y'  en  forma  «de  fuga». 
Dos  meses  después  se  reembarcaba  a bordo  de  la  escuadra  francesa  al  frente 
de  un  millar  de  soldados,  rumbo  a Entre  Ríos,  con  ánimo  de  promover  el 
levantamiento  de  esa  provincia  y el  de  la  de  Corrientes,  y una  vez  allí  ges- 
tionó y obtuvo  la  jefatura  del  ejército  correntino  aún  cuando  era  notoria  la 
existencia  del  tratado  de  alianza  que  desde  fines  de  1838  confería  a Rivera 
dicha  jefatura. 

Lavalle  lanzó  una  proclama  terrible,  obra  de  las  ideas  de  la  época,  que 
fué  publicada  por  «El  Constitucional»  en  enero  de  1840,  y reproducida  años 
después  por  otros  diarios,  lo  que  dió  oportunidad  a «El  Comercio  del  Plata» 
para  sostener  que  el  documento  debía  ser  apócrifo. 

«Correntinos,  decía,  la  hora  de  la  venganza  ha  sonado.  Los  bárbaros  van 
a perecer  en  un  día . . . Son  verdugos,  no  soldados.  Degüellan  al  anciano,  a 
la  mujer  indefensa,  pero  no  resistirán  el  primer  choque  del  ejército  liber- 
tador. . . Se  engañarán  los  bárbaros  si  en  su  desesperación  imploran  nuestra 
clemencia.  Es  preciso  sacrificarlos  a todos,  para  no  ser  degollados  por  ellos. 
Purguemos  a la  sociedad  de  estos  monstruos  inhumanos  y'  viles  sostenedores 
de  la  más  sangrienta  tiranía.  Muerte,  muerte  sin  piedad,  correntinos,  a los 
salvajes  que  intentan  borraros  de  la  lista  de  los  pueblos  libres.» 

Fueron  favorables  los  comienzos  de  la  campaña.  Lavalle  ganó  las  bata- 
llas de  Yeruá  y Don  Cristóbal  contra  las  fuerzas  de  Echagüe  Vuelto  a E'ntre 
Ríos  después  del  desastre  de  Cagancha.  Pero  a mediados  de  julio  de  1840 
perdió  la  batalla  del  Sauce  Grande  y entonces  resolvió  transportar  todo  su 
ejército  a la  provincia  de  Buenos  Aires,  como  lo  hizo,  utilizando  de  nuevo  el 
concurso  de  la  escuadra  francesa  y sin  preocuparse  absolutamente  de  la  suerte 
de  Corrientes. 

Ante  ese  suceso  tan  inesperado  el  Gobernador  de  Corrientes  pidió  a 
Rivera  la  ratificación  del  tratado  de  alianza  interrumpido  a consecuencia  de 
la  interposición  de  Lavalle  y dirigió  a sus  comprovincianos  una  proclama  en 
que  les  decía: 

«Cuando  el  que  os  habla  apuraba  sus  conatos  en  afianzar  la  paz,  tran- 
quilidad y libertad  de  la  provincia;  cuando  por  fin  sacrificaba  en  aras  de  la 
patria  los  justos  motivos  de  queja  y desconfianza  a que  daba  mérito  la  con- 
ducta irregular  del  general  Lavalle,  en  cuyas  manos  depositó  la  fuerza  armada, 
es  entonces  cuando  este  mismo,  faltando  a sus  juramentos  y a todo  lo  más 
sagrado  que  respetan  los  hombres,  os  ha  abandonado  desertando  con  el  ejér- 
cito de  esta  provincia  a quien  ha  sorprendido  y engañado.» 

El  ejército  correntino  desembarcó  en  las  proximidades  de  Buenos  Aires 
y luego  de  vencer  a las  fuerzas  que  le  salieron  al  encuentro,  avanzó  hasta  la 
chacra  de  Caseros.  Pero  Rosas  había  agrupado  allí  fuertes  masas  de  infan- 
tería y de  artillería,  que  las  caballerías  expedicionarias  no  podían  atacar. 

Obligado  entonces  a retroceder  se  dirigió  Lavalle  a Santa  Fe,  cuya  capi- 


22 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


tal  asaltó  y tomó,  emprendiendo  luego  una  precipitada  marcha  á través  de 
Córdoba,  Mendoza,  San  Luis,  Catamarca,  La  Rioja,  Santiago  del  Estero  y 
Tucumán  acosado  por  el  ejército  de  Oribe.  Vencido  en  todos  los  combates, 
especialmente  en  los  del  Quebracho  y'  San  - Calá  y ya  sin  otro  concurso  que  el 
de  una  pequeña  escolta,  llegó  a Jujuy,  donde  encontró  la  muerte,  terminando 
con  ello  la  larga  y desgraciada  expedición  iniciada  en  Martín  García. 

Una  insurrección  anterior  contra  Rosas. 

Varios  meses  antes  del  arribo  de  Lavalle  a las  proximidades  de  Caseros, 
había  estallado  en  la  campaña  Sur  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  una  vasta 
insurrección  encabezada  por  el  general  Chstelli. 

La  noticia  del  alzamiento  llegó  a Montevideo  en  los  primeros  días  de 
noviembre  de  1839  y dió  lugar  a grandes  manifestaciones  populares  y oficiales. 
Una  fuerte  columna  de  manifestantes  desfiló  por  las  calles  de  la  ciudad,  con 
las  banderas  uruguaya,  argentina,  correntina  y francesa,  la  última  conducida 
por.  Florencio  Varela.  El  Gobierno  dirigió  a su  turno  esta  proclama  a los 
argentinos: 

«Decían  que  vuestra  patria  estaba  envilecida,  que  sus  cadenas  no  las 
romperían  los  porteños;  vosotros  habéis  probado  que  esto  era  una  calumnia 
y que  los  hombres  de  hoy  son  de  la  misma  sangre,  palpitan  con  el  mismo 
entusiasmo  de  la  libertad  que  los  hombres  de  1810.  . . La  República  os  saluda 
y ofrece  su  cooperación,  a la  par  de  la  poderosa  Francia  y de  Corrientes 
puesta  en  armas  en  un  movimiento  tan  sagrado  y'  espontáneo  como  el  vuestro.» 

Pocos  días  después  cambiaba  fundamentalmente  el  escenario.  Castelli 
era  vencido  y degollado  por  las  fuerzas  de  Rosas,  y más  de  un  millar  de  sus 
soldados,  cortados  en  el  puerto  del  Tuyú,  eran  embarcados  por  la  escuadra 
francesa  con  rumbo  a Montevideo. 

Contiendas  sobre  jurisdicción  fluvial. 

Después  de  la  batalla  de  Cagancha,  en  diciembre?  de  1839,  la  guerra 
contra  Rosas  había  quedado  localizada  en  las  provincias  argentinas,  y el 
territorio  uruguay'o  había  recobrado  su  tranquilidad.  Y así  se  mantuvo  la 
contienda  hasta  fines  de  1840,  en  que,  exterminadas  las  fuerzas  de  Lavalle, 
volvió  a agitarse  nuestro  ambiente  bajo  la  amenaza  de  nuevas  y más  formi- 
dables invasiones. 

En  enero  de  1841  el  Gobierno  dispuso  que  todos  los  argentinos  resi- 
dentes en  Montevideo  se  enrolaran  en  la  Guardia  Nacional,  bajo  la  jefatura 
del  general  Martín  Rodríguez,  y adoptó  varias  medidas  preventivas  tendientes 
a asegurar  la  eficacia  de  la  defensa.  El  general  Ignacio  Oribe,  que  hasta  ese 
momento  había  permanecido  en  Montevideo,  fué  invitado  a salir  del  país  y 
obtuvo  pasaporte  con  destino  al  Brasil.  Pero  llegado  el  momento  del  embárco, 
se  dirigió  ocultamente  a Buenos  Aires,  dando  lugar  con  su  actitud  a que  el 
Gobierno  lo  borrara  del  escalafón,  militar  y lo  declarara  desertor. 

Rivera  Indarte  prestigiaba  desde  «El  Nacional»  un  plan  más  radical. 
En  su  concepto  había  que  aumentar  la  escuadrilla  que  comandaba  el  coronel 
Coe;  expulsar  a los  argentinos  que  no  concurrieran  a los  cuarteles;  emancipar 
a los  esclavos,  para  organizar  con  ellos  nuevos  batallones;  desterrar  a todos 
los  hombres  y mujeres  notoriamente  afectos  a Rosas;' organizar  un  euerpo  de 
voluntarios  franceses;  autorizar  al  Gobierno  para  disponer  con  destino  a las 
necesidades  públicas  de  todas  las  fortunas  y propiedades  particulares. 

Pero  no  había  llegado  todavía  la  hora  de  la  invasión  y el  país  volvió  a 
tranquilizarse  de  ese  punto  de  vista.  Por  el  momento  a Rosas  sólo  le  intere- 
saba la  guerra  fluvial  y a ella  resolvió  limitarse. 

Tomando  pie  en  una  ordenanza  del  Gobierno  oriental  que  obligaba  a 
los  barcos  mercantes  a>detenerse  en  el  puerto  de  Higueritas,  a efecto  de  sufrir 


GOBIERNO  DE  1UVEKA 


23 


una  visita  de  inspección  aduanera  encaminada  a dificultar  el  contrabando, 
dictó  un  decreto  por  el  que  pe  declaraba  que  los  buques  argentinos  no  tendrían 
que  someterse  a ese  vejamen  y que  serían  amparados  por  la  escuadrilla  de 
guerra.  1 

Los  argentinos,  decía  ese  decreto  del  mes  de  enero,  «tienen  un  perfecto 
derecho  a la  navegación  del  Uruguay,  cuya  margen  derecha  está  ocupada  por 
pueblos  de  la  República»  y no  deben  tolerar  la  menor  traba  a los  buques  de 
su  pabellón  de  parte  de  las  autoridades  orientales,  «a  excepción  de  las  medidas 
indispensables  para  asegurar  las  ordenanzas  fiscales  sobre  los  que  abordaren 
jt- costa  oriental». 

Como  lo  hacía  notar  la  prensa  de  la  época  era  exacto  él  principio  de  la 
comunidad  de  las  aguas,  pero  como  nó  existía  una  convención  internacional 
encaminada  a evitar  el  contrabando,  la  autoridad  uruguaya  recurría  a la 
única  medida  de  xiue  podía  echar  mano  para  impedir  que  los  barcos  despa- 
chados a la  costa  argentina  hicieran  contrabando  en  la  costa  oriental.  Pero 
lo  más  singular  de  todo  era  que  el  mismo  Rosas  había  dictado  una  ordenanza 
en  cuya  virtud  los  barcos  procedentes  de  puertos  orientales  con  destino  a 
puertos  orientales,  estaban  obligados  a detenerse  en  Martín  García  para  su- 
frir una  visita  análoga  a la  establecida  por  la  autoridad  uruguaya  en  Higueritas. 

No  satisfecho  con  su  protesta  resolvió  Rosas  cerrar  la  navegación  de  los 
ríos  Uruguay  y Paraná  a todo  barco  que  no  estuviera  patentado  por  la  auto- 
ridad argentina  y que  no  enarbolara  el  pabellón  argentino,  con  el  agregado 
de  que  los  buques  procedentes  de  puertos  orientales  que  fueran  encontrados 
en  esas  aguas  serían  apresados  y confiscados.  E’n  apoyo  de  su  decreto  invo- 
caba la  existencia  de  la  declaración  de  guerra  por  Rivera. 

El  Gobierno  oriental  se  apresuró  a recoger  el  guante.  Por  su  decreto 
de  mediados  de  febrero  autorizaba  el  corso  contra  los  barcos  argentinos, 
declaraba  buena  presa  todo  barco  con  pabellón  argentino  que  se  encontrara 
navegando  en  las  aguas  del  Plata,  del  Uruguay  y del  Paraná,  e instituía  un 
tribunal  especial  bajo  la  presidencia  de  don  Nicolás  de  Vedia,  para  el  juzga- 
miento de  las  presas. 


La  lucha  naval.  i 

La  escuadrilla  oriental  fué  puesta  bajo  el  mando  del  coronel  argentino 
Juan  H.  Coe,  y Rosas  confió  la  suya  al  almirante  Brown,  a quien  al  cómu- 
nicarle  su  nombramiento  decía  el  general  Mansilla,  Inspector  y Comandante 
General  de  Armas,  que  se  felicitaba  al  verle  ocupar  un  cargo  «que  debía 
contribuir  tan  eficazmente  al  exterminio  del  salvaje  bando  unitario  y del 
asqueroso  inmundo  pardejón  Frutos  Rivera». 

Pocos  días  después  se  presentaba  la  escuadrilla  de.  Brown  en  el  puerto 
de  Montevideo,  izaba  la  bandera  oriental  en  el  palo  mayor  y la  saludaba 
con  21  cañonazos,  saludo  que  contestaba  la  fortaleza  de  San  José,  izando 
también  la  bandera  oriental,  porque  no  podía  hacerlo  con  la  argentina,  dado 
el  estado  de  guerra.  El  saludo  de  Brown,  según  el  parte  oficial  a Rosas,  iba 
dirigido  «al  leal  pueblo  oriental»,  frase  alusiva  a los  partidarios  del  «Presi- 
dente legal»,  que  en  esos  momentos  actuaba  en  las  provincias  argentinas. 

A fines  dé  mayo  resolvió  Coe  levar  anclas  y atacar  a Brown.  El  combate 
se  desarrolló  a la  vista  de  Montevideo  y duró  8 horas.  Las  azoteas  de  los 
edificios  y toda  la  parte  de  la  ciudad  próxima  a la  bahía  «estaban  coronadas.  — 
escribe  un  diario  de  la  época,  — por  un  inmenso  pueblo,  que  miraba  con 
religioso  silencio  el  espectáculo  que  se  le  presentaba  a su  frente».  La  lito- 
grafía de  don  Manuel  Besnes  de  Irigoy'en,  preparó  varias  vistas  de  las  escenas 
más  notables  de  esa  lucha. 

La  escuadrilla  oriental  se  batió  con  mucho  denuedo  y sostuvo  sus  posi- 
ciones. Al  día  siguiente  volvió  a la  lucha  con  el  mismo  resultado.  Brown 


24 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


atacó  a uno  de  los  barcos  que  había  quedado  aislado,  pero  sin  lograr  ni  su 
captura,  ni  su  hundimiento. 

A bordo  de  esa  escuadrilla  había  muchos  paisanos  de  chiripá  embar- 
cados una  semana  antes  del  combate  y convertidos  ya  en  marinos  experimen- 
tados y bravos  combatientes  de  mar.  Más  de  uno  de  los  que  acudían  a vito- 
rearlos al  tiempo  del  desembarco,  oía  con  asombro  respuestas  como  estas: 
«Yo,  señor,  soy  de  Las  Víboras  y sólo  sirvo  desde  hace  6 días»;  «yo  soy  de 
Tacuarembó»;  «yo  vengo  del  Durazno». 

Durante  los  combates  no  hubo  ni  triunfos  ni  derrotas.  Pero  a raíz  de 
ellos  una  de  las  unidades  de  la  escuadrilla  de  Coe,  la  goleta  «Palmar»,  que 
había  quedado  con  escasa  tripulación  o con  elementos  sospechosos  a bordo, 
se  plegó  a Brown. 

Un  nuevo  encuentro  fluvial  tuvo  lugar  en  el  mes  de  julio  entre  un  bqrco 
mandado  por  el  coronel  Fourmantin,  segundo  jefe  de  la  escuadrilla  uruguaya, 
y dos  barcos  de  Rosas.  El  uruguayo  fué  abordado  por  los  argentinos  y según 
el  parte  oficial  del  coronel  Fourmantin,  sus  marinos  rechazaron  a los  abor- 
dantes primero  a lanza  y luego  a bala  y’  metralla.  Era  siempre  la  gente  de 
chiripá! 

A principios  de  agosto  hubo  un  tercer  combate  naval  frente  a Montevideo, 
iniciado  por  la  escuadra  de  Brown  compuesta  de  8 buques.  Después  de  un 
fuerte  cañoneo,  el  almirante  argentino  se  retiró  con  rumbo  a Punta  de  Indio, 
seguido  por  el  coronel  Coe. 

Un  cuarto  combate  tuvo  lugar  al  finalizar  el  mes  de  octubre  entre  la 
flotilla  de  Rosas  que  ocupaba  el  río  Uruguay  desde  Belén  hasta  el  Salto,  y 
la  flotilla  uruguaya.  Venció  esta  última  y'  después  de  su  victoria  entró  a 
maniobrar  la  caballería  del  coronel  Bernardino  Báez,  abordando  y capturando 
un  convoy  de  lanchones  y balleneras  armadas! 

Otra  acción  de  menor  cuantía  se  desarrolló  en  el  curso  de  1841,  termi- 
nando el  año  sin  que  el  estado  de  guerra  se  hiciera  propiamente  sentir  en  el 
territorio  uruguayo,  exceptuada  la  invasión  de  una  partida  al  mando  de 
Verdún  que  fué  en  el  acto  atacada  y disuelta,  muriendo  en  la  refriega  su 
caudillo. 


Amagos  de  invasión. 

Pero  la  guerra  proseguía  con  saña  en  territorio  argentino  y sólo  aguar- 
daba Rosas  el  triunfo  final  para  lanzar  sus  ejércitos  a través  del  Uruguay; 
y la  guerra  era  y tenía  que  ser,  en  consecuencia,  el  tema  obligado  de  todas 
las  preocupaciones  de  los  estadistas  orientales. 

«Después  de  tres  años  de  una  lucha  tan  encarnizada  y'  feroz,  decía  don 
Joaquín  Suárez  a la  Asamblea  en  octubre  de  1841,  es  imposible  ocuparse  de 
otra  cosa  que  de  la  guerra ...  La  paz  interior  y exterior  es  la  primera  nece- 
sidad de  este  país.  . . No  podemos  producir  ni  consumir  en  medio  de  discur- 
bios  y revueltas  que  arruinan  todo.  . . El  Gobierno  se  ha  puesto  en  acción, 
resuelto  a sostener  la  guerra  por  todos  los  medios,  aún  los  más  costosos,  si 
su  conservación  lo  exige:  si  fuera  necesario  como  medio  de  defensa  hacer  del 
país,  un  desierto,  lo  hará.» 

Y respondía  una  de  las  ramas  de  la  Asamblea  en  estos  términos  vibrantes: 

«La  Cámara  de  Representantes  comprende  perfectamente  toda  la  exten- 
sión de  sus  deberes  en  las  azarosas  circunstancias  en  que  se  encuentra  la 
República;  y dejaría  ella  de  representar  al  pueblo  oriental,  si  en  momentos 
semejantes  no  ofreciera  al  Poder  Ejecutivo  su  más  decidida  y firme  cooperación. 
No  es  la  primera  vez  que  él  se  pone  en  armas  para  defender  su  independencia 
y su  libertad,  ni  tampoco  la  primera  que,  llamado  a lidiar  con  enemigos  pode- 
rosos, ha  sabido  conquistar  su  nombre  entre  los  pueblos  heroicos  y virtuosos. 
Como  entonces  sabrá  hoy  despedazar  la  cadena  de  sus  infortunios  para  con^o- 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


25 


lidar  una  existencia  política  que  tanto  ha  ambicionado  y'  por  la  que  tantos  y 
tan  enormes  sacrificios  ha  hecho.  La  guerra  es  un  mal,  sin  duda;  pero  cuando 
la  agresión  no  ha  estado  de  nuestra  parte,  cuando  para  evitarla  se  han  ago- 
tado todos  los  medios  que  aconsejaban  la  moderación  y la  prudencia;  cuando 
esos  males  son  el  precio  forzoso  de  grandes  bienes,  la  guerra  es  necesaria  y 
ella  debe  hacerse  con  toda  energía  y decisión.  Los  pueblos  sólo  adquieren  verda- 
deras y sólidas  garantías  de  tranquilidad  y'  orden,  cuando  saben  hacer  un  uso 
conveniente  de  su  poder;  y el  pueblo  que  sabe  lo  que  vale  y tiene  la  convic- 
ción de  la  bondad  de  lo  que  defiende,  es  siempre  fuerte:  es  invencible.  La  Re- 
pública, en  su  lucha  con  el  Gobierno  de  Buenos  Aires,  no  sólo  defiende  sus 
intereses  políticos  y sociales,  los  individuales  de  cada  uno  de  sus  hijos,  sino 
los  de  la  civilización  y'  la  humanidad  toda,  amenazados  por  la  ambiciosa  y 
humillante  exigencia  de  su  encarnizado  enemigo.  Su  causa  no  puede  ser  más 
justa  ni  más  sana  y si  para  vencer  sólo  se  necesitan  sacrificios,  ella  vencerá, 
porque  el  pueblo  oriental  jamás  puso  precio  ni  a su  honor  ni  a su  patriotismo.» 

Ya  quedaba  trazado  en  esas  palabras  el  programa  de  la  defensa  de 
Montevideo. 

El  ambiente  internacional  volvió  a serenarse,  sin  embargo,  a raíz  de  la 
victoria  de  Caa-Guazú,  obtenida  por  el  ejército  correntino  al  mando  del  gene- 
ral Paz,  y de  la  ocupación  de  la  provincia  de  Entre  Ríos  por  el  ejército  de 
Rivera.  La  situación  mejora,  decía  el  Poder  Ejecutivo  a la  Asamblea  al  abrir 
las  sesiones  ordinarias  de  1842;  el  riesgo  de  invasión  está  alejado;  hay 
ahora  esperanzas  de  paz;  la  industria  se  ha  reanudado. 

Pero  las  alarmas  resurgieron  en  seguida  con  motivo  de  nuevos  triunfos 
de  los  ejércitos  de  Rosas  en  las  provincias  argentinas  y del  avance  subsiguiente 
de  Oribe  sobre  las  márgenes  del  Uruguay'. 

Medidas  de  defensa  que  adopta  el  Gobierno. 

Por  decreto  de  mediados  de  mayo  de  1842  se  declaró  a la  República 
«en  asamblea  y sobre  las  armas».  Todos  los  hombres  de  14  a 50  años  de  edad 
quedaban  obligados  a prestar  servicio  activo.  Sólo  exceptuaba  el  decreto  a los 
carniceros,  agúadores,  panaderos,  y a los  extranjeros  inscriptos  en  los  regis- 
tros consulares.  Los  que  no  concurrieran  al  llamado  debían  «salir  del  país 
dentro  de  tercero  día».  Los  hombres  de  50  a 65  años  y los  extranjeros 
sin  Cónsul  debían  enrolarse  en  la  Guardia  Nacional  pasiva. 

Los  ciudadanos  que  se  ausentaren  para  el  extranjero  quedaban  obliga- 
dos a afianzar  el  pago  mensual  de  uno  o varios  soldados  de  línea.  No  se 
debe  impedir  la  salida  de  nadie,  decía  el  Gobierno  a la  Asamblea  al  justificar 
esa  medida,  pero  debe  sí  exigirse  su  tributo  al  que  quiere  eludir  los  sinsa- 
bores del  servicio  militar. 

Fué  creada  a la  vez  «la  Caja  de  Auxilios  de  Guerra»,  para  recibir  dona- 
tivos voluntarios  con  destino  al  alistamiento  de  batallones  de  extranjeros  euro- 
peos, bajo  la  advertencia  de  que  la  suscripción  mínima  por  cada  soldado  debía 
ser  de  20  pesos  mensuales. 

El  Poder  Ejecutivo,  desempeñado  a la  sazón  por  el  Presidente  del  Se- 
nado don  Joaquín  Suárez,  dirigió  una  enérgica  proclama  al  país. 

«El  tirano  de  Buenos  Aires,  decía,  el  impío  que  hace  conducir  su  retrato 
a los  templos,  el  sanguinario  que  hace  derramar  la  sangre  en  las  calles  de 
su  pueblo,  el  bárbaro  que  sostiene  bandas  de  degolladores  a quienes  ceba 
con  la  fortuna  de  sus  víctimas,  el  tigre,  en  fin,  que  nos  acecha  para  devo- 
rarnos, pretende  nuevamente  lanzar  esas  mismas  bandas  sobre  nuestra  patria.» 

Terminaba  la  proclama  incitando  a los  extranjeros  a organizarse  para 
contribuir  a la  defensa,  e intimando  su  alejamiento  del  país  a los  orientales 
desafectos  al  Gobierno. 

Con  el  propósito  de  robustecer  los  resortes  gubernativos,*  dándoles  amplio 


26 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


movimiento,  sin  renunciar  del  todo  a la  acción  fiscalizadora,  resolvió  el  Cuerpo 
Legislativo  que  el  Presidente  actuara  con  un  solo  Ministro  y un  C’onsejo  de 
Estado  compuesto  de  5 a 9 miembros  elegidos  por  el  mismo  Presidente,  den- 
tro de  la  Asamblea  o fuera  de  ella,  con  la  misión  de  «examinar,  ilustrar  y 
aconsejar  sobre  las  proposiciones»  que  fueran  sometidas  a su  estudio. 

Se  adoptó  para  la  Guardia  Nacional  la  divisa  del  Ejército  de  línea,  que 
era  la  punzó. 

Todas  estas  medidas  fueron  comunicadas  a los  departamentos  de  cam- 
paña, como  «nedio  de  preparar  y levantar  el  espíritu  público. 

El  vecindario  de  Paysandú,  convocado  por  el  Alcalde  Ordinario  a una 
reunión  que  tuvo  lugar  en  el  atrio  de  la  iglesia,  luego  de  oir  la  lectura  de 
los  decretos  y una  alocución  patriótica  del  cura  párroco,  don  Solano  García, 
suscribió  un  acta  en  que  decía: 

«Paysandú  está  decidido  y'  resuelto  a morir  peleando;  que  se  le  reduzca 
a cenizas  si  necesario  fuere;  y que  los  invasores  triunfen  sobre  escombros  y 
cadáveres,  antes  que  ver  realizarse  los  males  que  amenazan  a la  patria  con 
ese  yugo  de  opresión,  de  ignominia,  de  proscripción  y de  muerte  que  el  cruel, 
el  sanguinario,  el  impío  Rosas  y sus  viles  satélites  quieren  imponerle.» 

Los  amagos  de  invasión  habían  encontrado  al  país  en  el  más  grande 
abandono  del  punto  de  vista  de  la  organización  militar.  Según  los  datos 
suministrados  a la  Asamblea  en  abril  de  1842  por  el  Ministro  de  Guerra 
general  Enrique  Martínez,  la  guarnición  de  Montevideo  estaba  reducida  en 
ese  momento  a 400  hombres  de  línea  y 4 batallones  de  guardias  nacionales. 

«La  parte  militar  de  la  Capital  y de  los  departamentos  decía  el  Ministro, 
está  impaga  en  un  período  de  tiempo  muy  largo,  lo  mismo  que  las  fuerzas 
navales.  En  el  Parque  y Comisaría,  no  se  encuentra  en  el  primero  más  que 
pólvora;  y en  la  otra  no  hay  un  fusil,  una  tercerola,  un  sable,  una  fornitura; 
tampoco  artículo  alguno  de  vestuario,  ni  otras  mercaderías  de  parque  y 
maestranza.» 

Agregaba  el  Ministro  que  para  la  compra  de  los  elementos  reclamados  por 
el  ejército  y la  escuadra  era  necesario  disponer  de  un  millón  de  pesos  al 
contado  y que  para  contrarrestar  a los  ejércitos  de  Rosas  en  campaña  y 
defender  a la  Capital  habría  que  tener  no  menos  de  cuatro  mil  soldados  de 
infantería,  el  arma  de  mayor  importancia  en  su  concepto. 

Parte  de  ese  programa  se  cumplió  mediante  el  llamamiento  de  la  Guardia 
Nacional  y la  formación  de  batallones  de  línea.  E'n  la  revista  militar  del  25 
de  mayo  formaron  en  las  calles  de  Montevideo  4,000  hombres  bajo  el 
mando  del  general  Anacleto  Medina. 

Dos  meses  después  se  decretaba  la  organización  de  un  cuerpo  de  ejér- 
cito de  1,000  soldados  de  línea,  con  destino  a las  fuerzas  que  operaban  en 
Entre  Ríos.  Debía  reclutarse  entre  los  negros  esclavos  de  15  a 40  años 
que  hubiera  en  el  departamento  de  Montevideo,  previa  indemnización  a los 
amos  de  $ 300  por  cabeza,  como  máximum,  pagaderos  en  vales  del  Tesoro 
con  1 y2  % de  interés  mensual  que  recibiría  la  Aduana  en  pago  de  derechos 
de  importación  y exportación. 


Se  reanuda  la  lucha  naval. 

Pero  tampoco  esta  vez  había  llegado  el  momento  de  la  invasión  y la 
calma  volvió  a restablecerse  después  de  algunas  semanas  de  viva  expectativa. 
Del  lado  del  Uruguay  quedaban  fuerzas  organizadas  para  obstaculizar  el 
avance  de  Oribe,  y en  cuanto  a la  frontera  terrestre  su  estado  no  parecía 
inquietante  a despecho  de  varias  incursiones  realizadas  en  mayo  y octubre 
por  las  caballerías  de  Dionisio  Coronel. 

Si  en  tierrjy  había  todavía  un  compás  de  espera  no  ocurría  lo  mismo 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


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etí  los  ríos,  donde  el  Gobierno  oriental  sufrió  un  rudo  golpe  con  la  destrucción 
de  la  escuadrilla  confiada  al  coronel  Garibaldi. 

Garibaldi  había  llegado  en  1841  de  Río  Grande,  en  una  pequeña  sumaca 
«La  Fárrupilla»,  enarbolando  bandera  uruguaya.*  Cañoneado  al  llegar  al 
puerto  de  Montevideo  por  los  buques  de  guerra  extranjeros  siguió  al  Paraná, 
donde  por  orden  de  Urquiza  fué  arrestado  y colgado  de  los  brazos  en  la 
cumbrera  de  un  galpón.  En  junio  del  año  siguiente,  ya  enrolado  en  las 
grandes  luchas  del  Río  de  la  Plata,  partía  de  Montevideo  otra  vez  con  rumbo 
al  Paraná,  forzaba  el  paso  de  Martín  García  después  de  un  violento  cañoneo 
con  las  baterías  de  la  isla,  y se  dirigía  en  auxilio  de  Corrientes.  Pero  su 
escuadrilla  tuvo  que  habérselas  entonces  contra  la  escuadra  de  Brown,  com- 
puesta de  triple  número  de  embarcaciones  y,  agotadas  las  municiones  resolvió 
volar  sus  barcos,  «para  que  el  enemigo  ni  de  las  astillas  se  pudiese  aprove- 
char», según  su  parte  al  Gobierno  oriental. 

Casi  en  los  mismos  momentos  una  escuadrilla  de  Rosas,  al  mando  del 
coronel  Mariano  Maza,  anclaba  frente  a Montevideo  y saludaba  a la  plaza, 
imitando  la  actitud  asumida  un  año  antes  por  Brown.  Pero  esta  vez  la  plaza 
contestó  arriando  la  bandera  que  flameaba  en  la  fortaleza,  en  son  de  menos- 
precio. De  Montevideo  salió  para  la  Colonia,  cuya  plaza  bombardeó. 

Cuando  el  coronel  Maza  oficiaba  así  de  almirante,  ya  el  Gobierno  de 
Montevideo  se  había  puesto  ál  habla  con  Brown,  obteniendo  promesas  muy 
serias  de  incorporación  a la  escuadrilla  que  luchaba  contra  Rosas.  Brown  exi- 
gía buques  y para  adquirirlos  hubo  que  recurrir  a uná  colecta  popular,  en 
virtud  de  estar  exhausto  el  Erario  público.  Eh  pocos  días  se  reunió  la  suma 
de  setenta  y cuatro  mil  pesos;  pero  cuando  se  iba  a formalizar  el  acuerdo, 
Brown  se  echó  atrás  y"  continuó  al  servicio  de  Rosas.  La  colecta  fué  invertida 
en  pago  de  sueldos  y en  compra  de  varias  partidas  de  plomo,  según  lo  declaró 
ante  la  Cámara  de  Diputados,  en  noviembre  de  1842,  el  Ministro  don  Fran- 
cisco Antoninó  Vidal,  al  dejar  constancia  «del  engaño»  de  que  Brown  había 
hecho  víctima  al  Gobierno. 


ha  liga  cuadrilátera  contra  Rosas. 

Proseguía  entretanto  la  lucha  en  territorio  argentino  a pesar  de  todos 
los  desastres,  gracias  al  pueblo  de  Corrientes  que  se  levantaba  con  nuevas 
energías  a raíz  de  cada  golpe  de  maza  que  le  asestaba  Rosas. 

El  primer  ejército  correntino  había  sido  destruido  por  Echagüe  en  la 
batalla  de  Pago  Largo.  E'l  segundo,  confiado  a la  pericia  de  Lavalle,  había 
sido  arrebatado  por  su  propio  jefe  y conducido  a Buenos  Aires  y de  allí  a 
una  larga  jira  en  que  había  desaparecido  totalmente.  El  tercero,  más  feliz 
que  los  anteriores,  obtuvo  bajo  el  mando  del  general  José  María  Paz  la 
victoria  de  Caa  - Guazú,  al  finalizar  el  año  1841,  contra  el  ejército  de  Echagüe, 
que  quedó  aniquilado,  perdiendo  su  parque,  su  artillería  y cerca  de  un  millar 
de  prisioneros  y asimismo  una  bandera  oriental,  la  bandera  que  enarbolaba 
la  división  del  general  Servando  Gómez,  que  en  el  acto  fué  remitida  por  Paz 
a Rivera. 

Al  mismo  tiempo  que  el  ejército  de  Echagüe  era  así  destruido  en  Co- 
rrientes las  fuerzás  de  Rivera  se  adueñaban  de  Entre  Ríos  y se  procedía  allí 
al  nombramiento  de  autoridades  provisorias  y luego  a la  elección  del  general 
Paz  como  Gobernador  de  la  Provincia. 

Otro  considerable  aporte  recibió  en  esas  circunstancias  la  liga  contra 
Rosas:  el  de  la  provincia  de  Santa  Fe  bajo  la  jefatura  del  general  Juan  Pablo 
López,  que  hasta  ese  momento  había  peleado  a favor  del  dictador  argentino. 

A raíz  de  ello  fué  firmada  en  Gualeguay'chú  el  12  de  abril  de  1842,  por 
los  comisionados  del  Gobierno  oriental  y de  las  provincias  de  Entre  Ríos  y 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Santa  Fe,  una  alianza  ofensiva  y defensiva  contra  Rosas,  sobre  las  siguientes 
bases: 

Las  fuerzas  aliadas  quedarían  bajo  el  mando  de  Rivera;  el  Tesoro 
oriental  acordaría  un  subsidio  mensual  en  dinero,  armamento  y material  de 
guerra  a las  provincias  de  Santa  Fe  y Entre  Ríos;  una  vez  derrocado  Rosas 
se  promovería  una  gran  Convención  Nacional  encargada  de  dar  a la  Repú- 
blica Argentina  la  organización  constitucional  que  libre  y espontáneamente 
quisiera  darse. 

No  había  llegado  todavía  el  comisionado  de  Corrientes  y se  resolvió  en- 
viar directamente  al  Gobernador  de  dicha  Provincia  una  copia  del  tratado 
para  que  adhiriera  a lo  resuelto,  como  efectivamente  lo  hizo. 

Esa  alianza  que  la  prensa  de  la  época  denominó  «Liga  cuadrilátera»,  fué 
ratificada  por  el  general  Rivera  como  Presidente  del  Uruguay1,  por  el  general 
Paz  como  Gobernador  de  Entre  Ríos,  por  el  general  López  como  Gobernador 
de  Santa  Fe  y por  el  señor  Ferró  como  Gobernador  de  Corrientes. 

Quedaba  así  reconstituida  frente  a Rosas  bajo  la  jefatura  uruguaya,  la 
antigua  liga  federal  de  Artigas,  y con  toda  seguridad  si  el  dictador  hubiera 
sido  derrumbado  habrían  vuelto  a la  orden  del  día  en  el  seno  del  Congreso 
Constituyente  las  admirables  Instrucciones  de  1813,  mediante  la  incorpora- 
ción de  la  República  Oriental  a las  tres  provincias  argentinas  que  Artigas 
había  acaudillado  como  Protector  de  los  Pueblos  Libres. 

Desgraciadamente  el  ejército  santafecino  fué  destruido  por  Rosas  pocos 
días  después  de  haberse  firmado  el  tratado,  y"  el  general  López  tuvo  que  pasar 
a la  provincia  de  Entre  Ríos,  donde  se  movían  los  ejércitos  de  Rivera  y de 
Paz,  lanzando  desde  allí  una  proclama  en  la  que  luego  de  referir  que  uno  de 
sus  soldados  había  sido  brutalmente  mutilado  por  las  tropas  de  Rosas,  decía: 

«Compatriotas:  basta  de  generosidad. . Soldados:  os  invito  a tomar  la 
más  justa  de  las  venganzas.  . . Os  mando  que  no  deis  cuartel  a ningún  salvaje 
de  los  que  componen  las  hordas  de  esos  vándalos  que  sostienen  al  malvado 
Rosas.  . . Guerra  a muerte,  compatriotas,  que  estáis  justificados  ante  las 
naciones  civilizadas  del  Universo...  Soldados:  púrguese  la  tierra  de  mons- 
truos, perezcan  esos  infieles  dignos  agentes  del  tirano  Rosas,  y con  su  impura 
sangre  riégúese  el  hermoso  árbol  de  la  libertad  a cuya  sombra  deleitosa  repo- 
saréis tranquilos  de  las  fatigas  y penalidades.» 

Para  que  se  comprenda  hasta  dónde  llegaban  las  exaltaciones  del  mo- 
mento, véase  lo  que  escribía  «El  Nacional»,  la  tribuna  más  alta  del  periodismo 
del  Río  de  la  Plata,  al  reproducir  en  sus  columnas  la  terrible  proclama  que 
antecede: 

«Así  es  cómo  se  debe  hablar  a los  pueblos...  El  lenguaje  republicano 
federal  del  señor  López  es  el  único  en  que  se  debe  hablar  a los  patriotas 
en  armas  y'  a los  pueblos  oprimidos.» 

Quedaban  todavía  muchas  fuerzas  que  oponer  a los  ejércitos  de  Rosas 
que  se  movían  bajo  el  mando  del  general  Justo  José  de  Urquiza  y del  general 
Manuel  Oribe;  y los  jefes  de  la  Liga  cuadrilátera  resolvieron  reunirse  en 
Paysandú  para  combinar  el  plan  de  la  campaña. 

El  12  de  octubre  de  1842,  aniversario  de  la  batalla  del  Sarandí,  hubo 
grandes  festejos  en  el  cuartel  general  de  Rivera,  instalado  sobre  la  barra  del 
arroyo  San  Francisco,  con  asistencia  de  los  gobernadores  de  Entre  Ríos,  Santa 
Fe  y Corrientes.  Hubo  una  misa  campal  y después  de  ella  el  cura  de  Pay1- 
sandú,  don  Solano  García,  pronunció  una  alocución  patriótica  en  la  que  sos- 
tenía que  era  preferible  perecer  antes  que  ser  testigo  de  la  esclavitud  de 
la  patria. 

Se  pasó  revista  a las  fuerzas  orientales  prontas  para  dirigirse  a Entre 
Ríos,  en  número  de  2,000  soldados. 

Llegado  el  momento  de  los  brindis,  el  general  Paz  alzó  la  copa  y dijo: 


&ÓBIÉRNÓ  t)E  RIVERA 


29 


«Por  el  primer  guerrero  de  la  República  Oriental:  por  el  insigne  gene- 
ral Rivera,  que  sabe  vencer  a sus  enemigos  perdonándolos.» 

Mal,  deplorablemente  mal,  terminó,  sin  embargo,  la  serie  de  conferen- 
cias de  los  jefes  aliados.  El  general  Paz,  que  no  había  podido  entenderse 
con  Rivera,  según  él  mismo  lo  declara  en  sus  Memorias,  entregó  su  ejército 
al  General  en  Jefe  y se  puso  en  viaje  para  Montevideo,  donde  llegó  con  un 
grupo  de  jefes  y oficiales  a mediados  de  noviembre.  El  Gobernador  Ferré 
puso  también  su  ejército  a disposición  de  Rivera,  y1  se  retiró  para  Corrientes. 

Con  el  general  Paz  se  perdía  el  concurso  importantísimo  del  primero 
de  los'  militares  de  la  época,  y eso  en  los  precisos  momentos  en  que  se  iba 
a librar  una  batalla  final  y decisiva  para  la  suerte  del  Río  de  la  Plata  entre 
todas  las  fuerzas  de  Rosas  y todas  las  fuerzas  aliadas  contra  ellas. 

Rivera  cruza  el  Uruguay. 

Rivera  vadeó  el  río  Uruguay'  a principios  de  noviembre  y se  instaló  en 
Gualeguaychú.  Una  semana  después  se  puso  en  marcha  al  frente  de  4,500 
hombres  de  caballería,  100  de  infantería  y 6 piezas  de  artillería,  en  busca  de 
las  fuerzas  de  Urquiza. 

Su  vanguardia,  bajo  el  mando  del  Gobernador  de  Santa  Fe,  obtuvo  un 
primer  triunfo  sobre  Urquiza,  entre  el  Villaguay  y el  Gualeguay'.  Rivera 
avanzó  en  seguida  con  el  grueso  del  ejército  y al  llegar  a las  márgenes  del 
Gualeguay,  se  sacó  la  ropa  y se  arrojó  al  agua,  dando  un  ejemplo  que  todos 
sus  soldados  imitaron,  y en  esa  forma  cruzó  el  río,  seguido  «por  dos  mil  hom- 
bres desnudos  y sólo  con  las  espadas  y las  lanzas»,  según  el  parte  oficial, 
completando  la  derrota  y'  el  desbande  del  ejército  atacado  que  se  componía 
de  tres  mil  hombres. 

«Nuestros  cuerpos,  escribía  Rivera  al  general  Aguiar,  han  marchado  en 
pelo  y desnudos;  ya  puede  hacerse  cargo  del  estado  de  esa  pobre  tropa,  pero 
no  puedo  menos  de  decirle  que  estos  hombres  son  admirables;  en  ninguna 
parte  del  mundo  hay  soldados  mejores  que  estos  que  tenemos  el  honor  de 
mandar.» 

A raíz  de  la  victoria  del  Gualeguay  se  incorporó  a Rivera  el  general 
Vicente  Ramírez  al  frente  de  la  división  correntona  compuesta,  según  las 
noticias  oficiales,  de  2,000  hombres  de  caballería,  900  infantes  y'  10  piezas 
«le  artillería  con  200  artilleros,  alcanzando  entonces  el  ejército  un  efectivo 
de  7,500  hombres,  según  las  comunicaciones  de  Rivera  a su  Jefe  de  Estado 
Mayor,  general  Aguiar.  Mostrábase  satisfecho  el  jefe  del  ejército  aliado. 
En  su  campamento  había  más  de  dos  mil  infantes  y veintitantas  piezas  de 
artillería. 

Oribe  había  seguido  avanzando  a su  turno  en  busca  de  la  batalla  deci- 
siva, y el  choque,  que  ya  era  inevitable,  se  produjo  en  los  campos  del  Arroyo 
Grande,  con  resultado  terriblemente  adverso  para  las  fuerzas  aliadas.  Rivera 
perdió  totalmente  su  ejército  y Oribe  quedó  habilitado  para  vadear  el  Uru- 
guay sin  lucha. 

Pero  antes  de  ocuparnos  de  ese  enorme  desastre  militar  es  necesario 
que  volvamos  atrás  para  describir  la  marcha  de  la  República  Oriental  desde 
que  empieza  el  Gobierno  de  Rivera  hasta  que  Rosas  lanza  sus  tropas  victo- 
riosas sobre  los  muros  de  Montevideo. 


★ ★ 


CAPITULO  II 


MOVIMIENTO  ECONÓMICO 


La  población  en  pleno  crecimiento. 

Ya  estaba  fuertemente  prestigiado  el  Uruguay'  como  país  de  inmigra- 
ción desde  la  primera  Presidencia  de  Riveía  y desde  la  Presidencia  de  Oribe, 
a despecho  de  todas  las  revueltas  que  ensangrientan  esas  dos  administraciones 
iniciales  de  nuestra  vida  nacional;  y la  corriente  de  brazos  europeos  continuó 
aumentando  bajo  la  segunda  Administración  de  Rivera,  más  intensamente 
agitada  todavía  que  las  anteriores  por  la  intervención  directa  de  los  ejér- 
citos de  Rosas  en  las  contiendas  civiles. 

«El  Gobierno  ni  encarcela,  ni  proscribe,  ni  deja  degollar  a los  hombres», 
decía  don  Joaquín  Suárez  al  inaugurar  las  sesiones  ordinarias  de  1842,  mar- 
cando la  diferencia  fundamental  entre  el  régimen  uruguayo  y el  régimen 
argentino. 

«E'sta  apreciable  seguridad,  agregaba,  es  la  que  ha  traído  de  Europa  al 
país  14,600  y'  más  inmigrados  en  tres  años  y la  que  ha  h-echo  levantar  tres 
mil  sólidos,  cómodos  y elegantes  edificios  en  el  mismo  período  en  la  Capital.» 

Computando  el  movimiento  de  los  seis  años  corridos  desde  noviembre 
de  1S35  hasta  septiembre  de  1841,  fijaba  así  «El  Nacional»  el  monto  de  los 
inmigrantes  desembarcados  en  Montevideo  con  procedencia  de  ultramar: 


Vascos  franceses  y españoles  . . . 8,389 

Canarios,  gallegos  y catalanes  . . 7,781 

Genoveses . . 4,058 

Brasileños  ....  . . • 1,011 

Otras  nacionalidades  ...  - 772 


En  conjunto  22,011  inmigrantes,  a los  que  el  mismo  diario  agregaba 
5,000  llegados  con  posterioridad  a la  formación  del  cuadro,  elevándose 
entonces  a 2 7,000  los  elementos  incorporados  al  país  en  seis  y medio  años, 
sin  contar  la  inmigración  argentina,  que  «El  Nacional»  estimaba  en  6,000 
almas  y «E'l  Constitucional»  en  10,000,  incluidos  4,000  -radicados  en  el 
Departamento  de  Paysandú. 

Una  estadística  de  la  Policía  que  el  señor  Arsene  Isabelle  reprodujo  en 
«Le  Patrióte  Frangais»  fijaba  en  28,248  el  número  de  pasajeros  desembar- 
cados en  Montevideo  de  1836  a 1841,  con  procedencia  de  ultramar  exclusiva- 
mente, y'  distribuía  así,  esa  entrada  por  nacionalidades:  españoles,  9,079; 
canarios,  4,527;  franceses,  8,717;  sardos,  5,598;  alemanes,  327. 

Un  cuadro  estadístico  má^  completo  de  don  Juan  Nepomuceno  Madero, 
reproducido  por  Wright  en  sus  «Apuntes  Históricos  de  la  Defensa»,  hace  subir 
a 33,000  el  número  de  inmigrantes  desembarcados  en  Montevideo  de  1835  a 
1842,  no  incluidas  las  procedencias  de  puertos  argentinos,  y clasifica  así  a los 
inmigrantes  por  nacionalidades: 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


31 


AÑOS 

| Franceses 

i 

Españoles 

Sardos 

Otras 

nacionalidades 

1 S35  . . .... 

43 

4 81 

. 

' 

34 

55 

1836  

998 

1,209 

512 

427 

1837  

. 442 

1,027 

522 

391 

1S3S 

2,071, 

2,359 

450 

543 

1839  ....... 

342. 

280 

377 

164 

1840  

835 

370- 

749 

521 

1841  . 

3,816 

9 48 

2,735 

359 

1842.  

,5,218 

1,607 

2,515 

534 

Otra  estadística  de  la  Sala  de  Comercio,  reproducida  por  Baines  en 
su  obra  «Los  negocios  del  Río  de  la  Plata»,  fijaba  en  33,607  el  número  de 
pasajeros  desembarcados  en  el  puerto  de  Montevideo  de  1836  a 1842,  con  la 
advertencia  de  que  13,676  eran  vascos  de  los  Pirineos,  5,152  canarios,  6,789 
genoveses  y los  restantes  de  varias  procedencias.  He  aquí  las  cifras  anuales 
de  esa  estadística: 


Año  1836  . 

3,600 

» 1837  . . . 

3,117 

» 1838  . . . 

6,079 

» 1839  . . . 

1,033 

» 1840  . . . 

2,623 

» 1841  . . . 

7,819 

» 1842  . . . 

9,336 

La  inmigración  casi  nula  en  el  primer  año  del  Gobierno  de  Oribe  crece 
fuertemente,  como  se  ve,  en  1836.  Al  año  siguiente  se  contrae  por  efecto 
de  la  primera  revolución  de  Rivera.  Pero  repunta  con  energía  en  1838,  bajo 
la  influencia  de  la  terminación  de  la  campaña  y antes  de  la  llegada  a Europa 
de  cartas  denunciadoras  de  nuevos  trastornos  políticos.  La  segunda  revolución 
de  Rivera  recién  se  hace  sentir  en  1839.  Pero  a raíz  del  retroceso  vuelve  a 
crecer  la  corrientq  en  forma  reveladora  de  los  enormes  prestigios  del  Uruguay'. 
El  número  de  franceses  salta  de  998  en  1836,  el  año  de  mayor  prosperidad* 
del  Gobierno  de  Oribe,  a 5,218  en  1842,  y el  de  los  italianos  de  512  a 2,515! 

A mayores  guarismos  llega  todavía  don  Andrés  Lamas  sobre  la  base, 
sin  duda,  de  más  amplias  fuentes  de  información.  Según  sus  datos  la  inmi- 
gración desembarcada  en  el  puerto  de  Montevideo  en  los  siete  años  corridos 
de  1836  a 1842  fué  de  48,000  almas,  cifra  equivalente,  decía,  a las  dos  ter- 
ceras partes  de  la  población  total  de  la  República  en  18  2 9 y sólo  comparable 
a la  de  los  Estados  Unidos,  cuy'a  población  se  había  quintuplicado,  subiendo 
de  3.300,000  a 18.000,000  de  habitantes  de  1790  a 1845. 

La  población  del  Uruguay,  advertía  el  mismo  publicista,  estaba  reducida 
en  1829  a 74,000  almas,  correspondiendo  14,000  a todo  el  Departamento  de 
la  Capital  y de  esta  última  cifra,  9,000  a la  ciudad  de  Montevideo.  La  cifra 
total  subió  en  183  5 a 128,371  habitantes,  figurando  el  Departamento  de  Mon- 
tevideo con  23,000.  Habíase  operado,  en  consecuencia,  un  crecimiento  del 
80  % en  los  seis  años  corridos.  Eli  censo  de  1843,  levantado  ocho  meses 
después  del  sitio,  cuando  ya  faltaba  mucha  gente,  arrojó  31,000  habitantes 
dentro  de  trincheras,  el  cuádruple  casi  de  la  población  de  1829.  La  ciudad 
de  Buenos  Aires,  concluía  el  doctor  Lamas,  que  en  1830  tenía  80,000  habi- 
tantes, bajó  a la  mitad  en  el  mismo  períodcp  en  que  la  ciudad  de  Montevideo 
ascendía  así  de  9.000  a 31,000  almas. 


32 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


El  movimiento  edificador  en  Montevideo. 


El 

número 

de 

licencias 

para  edificar 

en 

los  ocho  años  corridos  de 

1835 

a 1842, 

fué  de 

771 

según 

1?.  estadística 

que 

subsigue: 

Afio  1835 

4 

• • • 

25  1 

Año 

1839  

. 103 

» 1836 

. 

. • 

• 

. 74 

» 

1840  

. 123 

» 1837 

. 

. 

* . 

83  I 

7> 

1841 

. 135 

» 1838 

. , 

. . 

. . 

87 

1842  

. 141 

Pero  aparte  de  que  la  estadística  municipal  de  la  época  era  muy  incom- 
pleta, es  necesario  advertir  que  con  frecuencia  una  sola  licencia  comprendía 
varias  casas  que  se  englobaban  a efecto  de  reducir  el  desembolso  por  concepto 
de  derechos. 

Al  acampar  el  ejército  de  Oribe  frente  a las  trincheras  de  Montevideo, 
el  pueblo  Victoria,  fundado  en  la  margen  opuesta  de  la  bahía,  estaba  en  plena 
actividad.  Contaba  y'a  con  283  compradores  de  685,000  varas  cuadradas,  que 
habían  desembolsado  por  la  tierra  297,000  pesos  y que  estaban  edificando 
o acopiando  materiales  de  construcción. 

Los  terrenos  de  la  ciudad,  que  en  1835  se  habían  cotizado  al  precio  de 
dos  reales  la  vara  cuadrada,  vendíanse  en  1839  a tres  pesos  y en  1840  a 
cuatro  pesos,  según  los  datos  comparativos  que  «El  Comercio  del  Plata»  publicó 
algunos  meses  antes  del  levantamiento  del  sitio. 

Y en  cuanto  a los  alquileres,  era  de  tal  manera  rápido  el  ensanche  de 
la  población,  según  los  mismos  datos,  que  la  generalidad  de  las  casas  daba 
el  18  % de  interés  y muchas  hasta  el  24  %,  no  existiendo  un  solo  edificio  eD 
que  el  porcentaje  bajara  del  12  % anual. 

Cómo  se  enriquecían  los  inmigrantes  franceses. 

El  señor  Bellamare,  investido  con  la  delegación  de  los  residentes  fran- 
ceses al  estallar  la  Guerra  Grande,  fijaba  así  el  monto  de  los  capitales  gana- 
deros de  sus  compatriotas  en  1841: 


Leguas  . 


Cabezas 


cuadradas 


de  ganado 


Provincia  de  Buenos  Aires 
» de  Entre  Ríos 
República  Oriental  . 


117 

55 

86 


141,700 

101,000 

151,000 


Véase  ahora,  según  el  mismo  delegado,  cuál  era  el  número  de  franceses 
y de  ingleses  dedicados  al  comercio  en  ambas  márgenes  del  Plata: 


Franceses  . 
Ingleses 


Total 


En  la  Argentina 

En 

el  Uruguay 

4,500 

6,400 

3,800 

2,500 

8,300 

8,900 

GOT5TERNO  DE  RIVERA 


33 


«Le  Patrióte  Frangais»  estimaba  «el  monto  total  de  la  población  francesa 
radicada  en  Montevideo,  Maldonado,  Colonia,  Mercedes.  Pay'sandú,  Salto,  Mi- 
ñas, Cerro  Largo,  Tacuarembó  y Durazno  en  18,000  almas.  Y el  cálculo  no 
debía  ser  exagerado.,  si  se  considera  que  la  legión  francesa  organizada  desde 
los  comienzos  de  la  Defensa  llegó  a contar  3,000  combatientes. 

Son  cifras  reveladoras  de  un  fuerte  movimiento  europeo  que  habría 
dado  al  Uruguay  el  puesto  más  alto  de  la  América  del  Sur,  si  la  invasión 
de  1843  no  lo  hubiera  impedido  con  su  obra  de  destrucción  -de  la  riqueza 
pública  y de  exterminio  de  las  poblaciones. 


Alarmas  a que  daba  origen  el  movimiento  migratorio. 

Gracias  al  incesante  arribo  de  europeos  la  industria  nacional  llegó  a 
adquirir  durante  la  segunda  Presidencia  de  Rivera  un  grado  de  intensifica- 
ción que  no  había  podido  obtenerse  hasta  entonces  por  falta  de  brazos. 

Los  solos  inmigrantes  vascos,  decía  en  1841  «El  Compás»,  han  extraído 
más  piedra  de  las  canteras  en  los  últimos  seis  años  que  toda  la  arrancada  en 
un  siglo,  y eso  sin  perjudicar  a los  demás  ramos  del  trabajo,  puesto  que 
abundan  las  herrerías,  las  platerías,  las  boticas,  las  carpinterías,  las  sastrerías, 
las  zapaterías  y'  hasta  los  astilleros  en  que  se  construyen  goletas  y otras  embar- 
caciones menores  para  el  servicio  de  cabotaje  en  constante  aumento. 

El  general  Juan  O’Bnen,  irlandés,  que  había  empezado  su  carrera  en  el 
escuadrón  de  granaderos  a caballo  de  San  Martín  y ganado  sus  galones  suce- 
sivamente en  el  sitio  de  Montevideo  durante  el  coloniaje  y en  las  campañas 
de  Chile  y el  Perú,  resolvió  en  1841  radicarse  en  Montevideo  y escribió  con 
tal  motivo  una  carta  a Rivera  que  puede  citarse  como  explicativa  de  la  prefe- 
rencia que  los  extranjeros  daban  al  Uruguay'. 

«Es  indisputable,  decía,  la  superioridad  del  Estado  Oriental,  por  estar 
dotado  de  ríos  y'  puertos,  de  campos  fértiles,  de  un  clima  sano  y templado.  . . 
Sus  habitantes  son  laboriosos,  esforzados  y hospitalarios».  Y a esas  ventajas 
hay  que  agregar  «su  proximidad  a Europa,  la  excelencia  de  sus  producciones 
materiales  y'  la  seguridad  con  que  cuentan  los  extranjeros  en  sus  personas  y 
propiedades  al  amparo  de  leyes  benéficas  y liberales.» 

El  incesante  arribo  de  extranjeros  acabó  por  alarmar  a la  prensa  de 
Montevideo  y a la  de  España. 

Decía  la  primera  que  los  elementos  nacionales,  corridos  por  la  compe- 
tencia, se  iban  quedando  sin  ocupación;  que  había  que  estimular  por  medio 
del  impuesto  el  ingreso  de  aprendices  criollos  en  los  ramos  de  la  industria 
y del  comercio  explotados  por  extranjeros,  recargando  o aliviando  la  cuota  de 
las  patentes  de  giro  y'  de  los  derechos  de  Aduana,  según  la  nacionalidad  de 
los  obreros  y dependientes;  que  mientras  los  extranjeros  se  enriquecían  rápi- 
damente, los  nacionales,  no  prosperaban.  Los  diarios  más  sensatos  se  limi- 
taban a señalar  la  conveniencia  de  que  el  Gobierno  nombrara  una  Comisión 
de  Inmigración  encargada  de  dirigir  a los  departamentos  una  parte  de  los 
recién  llegados,  tal  como  lo  había  hecho  Rivadavia  en  la  Argentina  inspirado 
en  el  doble  propósito  de  evitar  la  aglomeración  de  brazos  en  la  Capital  y su 
escasez  en  la  campaña. 

La  maravillosa  transformación  económica  que  iniciaba  la  inmigración 
europea  sólo  era  encarada,  como  se  ve,  del  punto  de  vista  del  perjuicio  mo- 
mentáneo que  sufría  el  obrero  criollo  dueño  exclusivo  del  mercado  hasta  ese 
momento.  Si  la  paz  no  hubiera  sido  bruscamente  interrumpida  por  la  inva- 
sión de  Oribe  los  mismos  que  alzaban  la  voz  en  la  prensa  habrían  tenido  que 
rendirse  ante  el  espectáculo  del  ensanche  de  todos  los  ramos  del  trabajo  y 
de  la  creciente  incorporación  del  elemento  nacional  a las  nuevas  industrias 
forzosamente  monopolizadas  al  principio  por  el  obrero  extranjero,  único  en 
condiciones  de  impulsarlas  en  razón  de  su  aprendizaje  anterior. 


34 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Por  lo  pronto,  como  el  crecimiento  de  la  población  coincidía  con  el 
crecimiento  no  menos  rápido  de  las  fuentes  de  la  riqueza  pública,  los  salarios 
en  vez  de  descender  subían  a niveles  jamás  conocidos  en  Montevideo,  llegán- 
dose a pagar,  según  los  datos  que  publicó  «El  Comercio  del  Plata»  en  un 
estudio  retrospectivo  al  final  de  la  guerra,  de  uno  a dos  patacones  diarios  a 
los  peones  de  cualquier  ramo  industrial,  y doce  mensuales,  alojamiento  y 
comida,  a los  sirvientes. 

Mientras  que  las  barcadas  de  inmigrantes  infundían  aquí  tales  temores, 
en  España  trataban  las  corporaciones  y los  diarios  de  arrancar  de  la  cabeza 
de  sus  connacionales  la  idea  de  emigrar  al  Uruguay. 

El  presidente  del  Tribunal  de  Comercio  de  Bayona,  en  una  exposición 
o proclama  publicada  en  1841,  contra  ciertos  empresarios  que  reclutaban 
obreros  mediante  el  doble  halago  del  anticipo  de  los  pasajes  y de  la  colo- 
cación del  inmigrante,  decía  que  Montevideo,  era  «un  suelo  ardiente  y homi- 
cida»; que  tenía  que  «importar  los  cereales  extranjeros»;  que  estaba  expuesto 
«al  vandalaje  de  gauchos  feroces,  habituados  a saquear  las  cosechas,  matar 
a los  hombres  y robarse  las  mujeres»! 

Era  una  propaganda  de  discutible  eficacia,  porque  si  las  familias  se 
embarcaban  en  España  con  rumbo  a Montevideo,  era  respondiendo  al  llamado 
de  parientes  y amigos  ya  radicados  en  el  país  y'  en  ejercicio  de  ocupaciones 
lucrativas  que  tenían  que  halagar  y halagaban  en  forma  imposible  de  contra- 
rrestar. 

Cambiando  entonces  de  táctica,  un  diario  de  Madrid,  a tiempo  que  se 
preparaba  una  expedición  de  tres  barcos  con  600  colonos,  anunciaba  en  1842 
que  los  supuestos  obreros  «eran  ladrones  de  provincia»,  en  la,  esperanza,  sin 
duda  alguna,  de  que  el  Gobierno  del  Uruguay  adoptara  medidas  tendientes  a 
desalentar  la  corriente  inmigratoria. 


El  mal  del  país. 

«Allá  en  la  República  Oriental,  había  dicho  poco  antes  Alfonso  de 
Lamartine,  ’as  revoluciones  se  suceden  como  los  millones  de  insectos  que  cría 
su  suelo  y que  nacen  y mueren  en  un  día.» 

Tal  era  efectivamente  el  mal  del  país,  pero  es  lo  cierto  que  las  revo- 
luciones de  Oribe,  de  Lavalleja  y de  Rosas,  por  frecuentes  que  fueran,  podían 
menos  en  el  ánimo  de  las  poblaciones  obreras  de  Francia,  de  España,  de  Ingla- 
terra y de  Italia,  que  la  prosperidad  cada  día  más  creciente  y halagadora  de 
los  colonos  ya  incorporados  a nuestro  desenvolvimiento  económico;  y'  los  arri- 
bos de  inmigrantes  continuaron  sin  interrupción  hasta  febrero  de  1843,  en 
que  el  sitio  grande  levantó  una  barrera  aisladora  con  el  resto  del  mundo  y 
detuvo  por  largos  años  el  progreso  verdaderamente  estupendo  del  Uruguay. 

Estaba  ya  el  país  en  la  víspera  de  la  invasión'  de  Oribe  y'  todavía  ha- 
blaba la  prensa  «del  incremento  prodigioso  de  la  ciudad  de  Montevideo»;  de 
la  edificación  del  Cordón  y de  la  Aguada,  asiento  de  una  nueva  y hermosa 
ciudad,  ya  casi  unida  a la  planta  vieja  de  la  época  colonial;  del  fomento  de 
la  villa  del  Cerro;  de  la  fundación  del  pueblo  Victoria  sobre  las  márgenes  del 
Pantanoso  y Miguelete;  y del  notable  progreso  de  la  campaña,  obras  todas 
ellas  de  los  brazos  europeos  que  día  a día  se  multiplicaban  con  pasmosa 
actividad. 


La  esclavitud  abolida  al  fin.  " 

Prosiguió  el  tráfico  de  esclavos  durante  toda  la  Administración  Rivera,  a 
despecho  de  las  prohibiciones  dictadas  por  la  Asamblea  Constituyente  y las 
legislaturas  ordinarias  posteriores.  Raro  era  el  barco  del  Brasil  que  no 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


35 


trajera  una  remesa  de  negros  a título  de  peones  de  servicio,  que  en  el  acto 
eran  bajados  a tierra  y vendidos  clandestinamente  por  400  o 500  pesos  cada  uno. 

Según  los  cálculos  publicados  en  1841  por  «El  Compás»,  el  número  de 
esclavos  importados  a partir  de  la  ley  prohibitiva  de  18  3 2 era  de  4,0001 

La  venta  de  negros  continuaba  siendo  tan  regular  y'  corriente  como  la 
venta  de  mercaderías,  a las  que  en  realidad  estaban  asimilados,  según  lo 
revelan  estos  dos  avisos  que  reproducimos  de  «El  Constitucional»  de  1839 
y 1842: 

«Se  vende  una  corta  partida  de  lana  merina;  también  un  negro  joven, 
sano  y de  campo  y matadero;  el  que  guste  alguna  de  estas  dos  cosas  ocurra 
a la  calle  San  Gabriel  N.°  46.» 

«Se  vende  un  negro  robusto  y saludable,  por  la  cantidad  de  300  pesos; 
es  propio  para  ejercitarlo  en  un  saladero,  de  lo  que  ya  tiene  algún  conocimiento. 
También  una  casita  chica  de  precio  2,000  pesos.  El  que  se  interese  por  cual- 
quiera de  estos  dos  objetos,  ocurra  a la  acera  frente  al  Juzgado  de  Paz  de  la 
3.a  sección.» 

A mediados  de  1841  se  anunció  la  venta  en  remate  y al  mejor  postor  de 
los  bienes  del  intestado  Mujías,  entre  los  que  figuraba  un  negro.  Fué  necesario 
que  la  prensa  protestara  contra  esa  forma  de  venta,  que  excluía  el  derecho 
consagrado  por  la  ley  y la  costumbre  de  que  el  esclavo  pudiera  elegir  amo  y' 
no  ser  vendido  por  más  de  un  precio  determinado,  para  que  el  Juzgado  man- 
dara eliminar  esa  partida  del  inventario! 

En  cuanto  al  tratamiento  tampoco  habían  ganado  gran  cosa  los  esclavos, 
a pesar  del  progreso  de  la  ciudad.  A fines  de  1839  áb  ofrecía  por  la  prensa 
una  gratificación  al  que  entregara  una  negra  que  había  huido,  «de  edad  de 
14  a 15  años,  sarnosa  y algo  bozal,  con  los  dos  labios  agujereados». 

Pocas  semanas  después  se  denunciaba  públicamente  el  caso  de  un  amo 
que  apaleaba  a su  esclavo,  «hasta  romperle  la  cara  y'  echarlo  luego,  atado  a 
una  soga,  hasta  el  fondo  del  aljibe  para  atormentarlo  más».  Y lanzaba  la 
prensa  la  idea  humanitaria  de  allegar  fondos,  por  suscripción,  con  destino 
al  rescate  de  ese  desgraciado. 

Tocaba  ya  a su  término,  felizmente,  la  esclavitud. 

A mediados  de  1839  la  Cancillería  oriental,  a cargo  de  don  José  Ellauri, 
concluía  con  el  Ministro  inglés  Mandeville  un  tratado  para  la  abolición  del 
tráfico  de  esclavos,  que  era  como  el  primer  paso  en  el  camino  de  la  liberación. 
Fué  morosa  la  incubación  parlamentaria  de  ese  acuerdo  internacional,  que 
recién  quedó  aprobado  a fines  de  1841,  y explicando  las  causas  invocaba  el 
propio  doctor  Ellauri  ante  el  Ministro  inglés  lord  Palmerston,  los  contratos 
sobre  importación  «de  colonos»  celebrados  durante  la  primera  Presidencia  de 
Rivera  y la  captura  y juzgamiento  del  bergantín  negrero  «Río  de  la  Plata». 

Dió  la  señal  del  movimiento  emancipador  el  Presidente  Rivera  en  los 
comienzos  de  1841,  acordando  la  libertad  a sus  propios  esclavos  para  que  el 
Ministerio  de  la  Guerra  los  utilizara  como  soldados.  En  el  curso  del  mismo 
año,  el  Gobierno,  que  ya  se  había  trazado  un  plan  militar  sobre  la  base  de  la 
transformación  del  esclavo  en  soldado  de  línea,  mandó  formar  padrones  depar- 
tamentales para  la  determinación  exacta  del  número  de  hombres  de  color  que 
existían  en  el  país  como  esclavos,  colonos  o libertos,  y sin  aguardar  el  resul- 
tado del  recuento  impuso  a los  negros  y pardos  libres  la  obligación  de 
enrolarse. 

Pero  fué  recién  al  año  siguiente  que  la  medida  tuvo  amplia  ejecución. 
Ahte  los  amagos  de  la  invasión  de  Oribe,  a mediados  de  1842,  se  practicó  un 
sorteo  de  esclavos  para  la  formación  de  los  . primeros  batallones  de  línea,  y 
en  diciembre  del  mismo  año  a raíz  de  la  batalla  del  Arroyo  Grande,  se  declaró 
que  ya  no  había  esclavos  en  la  República  y que  todos  los  varones  útiles,  así 
liberados,  serían  destinados  al  servicio  militar. 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


¿i  c 


Comercio  exterior. 

*• 

De  la  prensa  de  la  época  reproducimos  el  siguiente  resumen  del  movi- 
* miento  de  exportación  por  el  puerto  de  Montevideo  durante  el  Quinquenio 
1838  - 1842: 


ANOS 

de  las 

Valor 

exportaciones 

1838  . . 

* 

5.611,582 

1839  . . 

• • • • • * . 

8.471,926 

1840  . . 

• • . , . . , 

7.821,720 

1841  . . 

* • • , « , c 

6.886,898 

1842  . . 

. 

7.321,066 

En  los  cinco  años,  $ 36.113,192,  de  cuya  suma  había  absorbido  el  mer- 
cado inglés  $ 10.580,000  y el  mercado  francés  $ 4.659,000. 

Ampliando  los  términos  de  la  comparación,  destacaba  así  don  Andrés 
Lamas  el  progreso  notable  del  comercio  uruguayo: 


AÑOS* 

Importaciones 

Exportaciones 

1827  ' .... 

? 2.651,067 

$ 2.077,275 

1S36  . . . 

» 3.597,437 

» 3.444,958 

1842  . . . 

» 9.234,696 

» 7.321,066 

Don  Juan  Nepomuceno  Madero,  el  más  prolijo  y autorizado  de  los  cro- 
nistas comerciales  de  entonces,  fijaba  a su  turno  el  valor  corriente  de  los 


frutos  y'  productos  uruguayos  exportados  de  1840  a 1842 
que  siguen: 

en  las  cantidades 

AÑOS 

En  pesos 

En  esterlinas 

Al  cambio 
de  43  peniques 

1840.  . . • 

8.229,488 

1.474,449 

1841.  . . . 

7.548,465 

1.352,433 

1842.  . . . 

6 .625,722 

1.187,108 

Provienen  las  diferencias,  sin  duda  aíguna,  de  que  el  primer  cuadro 
establece  el  valor  oficial  de  Aduana,  mientras  que  el  segundo  adopta  el  precio 
efectivo  de  la  mercadería. 


Prineipr.lcs  frutos  exportados. 


De  los  mismos  cuadros  estadísticos  del  señor  Madero  extraemos  en  se- 
guida todos  los  frutos  y productos  de  la  exportación  uruguaya,  representativos 
de  más  de  cien  mil  pesos  en  alguno  de  los  tres  años  (valor  de  la  mercadería 
puesta  a bordo) : 


GOBIERNO  DF.  RIVERA 


37 


1840 

1841 

1842 

Cantidad 

Valor 

Cantidad 

Valor 

Cantidad 

Valor 

Cueros  sala- 
dos. .... 

502,533 

$ 2.135,765 

545,128 

$ 2.316,794 

552,222 

$ 2.346,943 

Idem  secos  . 

755,812 

» 2.834,895 

646,769 

» 2.425,383 

588,823 

» 2.208,086 

Grasa,  arro- 
bas  

259,284 

» 486,157 

209,103 

» 392,0,67 

118,965 

» 223,059 

Sebo.  ídem.  . 

78,503 

» 157,006 

44,630 

» 89,260 

18,173 

» 36,316 

Crin,  ídem.  . 

56,051 

» 224,204 

33,076 

» 132,304 

26,814 

» 107,256 

Lana,  ídem  . 

86,724 

» 260,172 

79,740 

» 239,220 

92,068 

» 276,204 

Cueros  de  ca- 
ballo. . . . 

45,177 

» 101,648 

52,800 

» 118,800 

65,824 

» 148,104 

Idem  de  be- 
cerro. . . . 

9,929 

» 9,929 

28,138 

» 28,138 

103,549 

» 103,54'j 

Carne,  quin- 
tales. . . . 

673,362 

» 1.851,745 

603,052 

» 1.658,393 

367,715 

» 1.011,216 

Sorprenden  verdaderamente  algunos  de  los  rubros,  el  de  los  cueros  vacu- 
nos sobre  todo:  alrededor  de  un  millón  doscientas  mil  piezas  cada  año!  Es  una 
cifra  que  denuncia  el  notable  enriquecimiento  ganadero  de  la  campaña  a des- 
pecho de  la  obra  destructora  de  la  guerra  civil.  Pero  que  traduce  segura- 
mente también  el  propósito  de  liquidar  con  rapidez  bajo  la.  presión  de  la 
constante  alarma  -en  que  debían  vivir  los  estancieros. 

Corrobora  la  importancia  del  movimiento  comercial  de  Montevideo  este 
nuevo  cuadro  de  las  exportaciones  de  carnes  saladas  del  Río  de  la  Plata  con 
destino  al  mercado  de  Cuba,  publicado  por  «British  Packet»  de  Buenos  Aires: 


1841 

1842 

1843 

De  Montevideo,  quintales  . 

319,981 

244,784 

78,800 

De  Buenos  Aires,  idem. 

123,074 

59,106 

94,971 

Totales  . . 

443,055 

303,890 

173,771 

A 

El  movimiento  portuario  de  Montevideo. 


Ese  fuerte  desarrollo  del  comercio  uruguayo  debía  traducirse  y se  tra- 


ducía  naturalmente  en  un  constante  arribo  de  barcos  al  puerto  de  Montevideo. 
Véase  el  tren  de  progreso  que  demuestra  una  estadística  de  la  época: 

Buques 

AÑOS 

mercantes 

de 

Tonelaje 

ultramar 

1836.  

335 

61,148 

1837.  

374 

68,516 

1838.  ' 

495 

92,982 

1839.  

512 

89,662 

1840.  

700 

127,000 

1841.  

789 

145,696 

1842.  

824 

158,652 

38 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Comparados  los  dos  años  extremos  resultan  casi  triplicados  el  número 
de  buques  y la  capacidad  de  sus  bodegas. 

Entre  los  4,029  buques  con  743,656  toneladas,  comprendidos  en  el  resu- 
men que  antecede,  se  destacan  las  siguientes  banderas: 


Buqu'es 

Tonelaje 

Ingleses  ...  

804 

171,282 

Brasileños  . . 

712 

104,717 

Sardos  ....  

' 564 

82,410 

Norteamericanos  

501 

113,696 

Españoles  . . ' . ....  . 

476 

71,111 

Franceses  . . 

402 

83,708 

Superioridad  del  puerto  de  Montevideo  sobre  el  de  Buenos  Aires. 

Don  Pedro  de  Angelis,  escritor  oficial  de  Rosas,  ocupándose  en  1834 
del  incremento  que  ya  en  esa  época  babía  tomado  el  puerto  de  Montevideo, 
escribía  en  su  «Memoria  de  la  Hacienda  Pública»: 

«Los  buques  de  ultramar  que  en  años  anteriores  pasaban  de  largo  por 
Montevideo,  comienzan  a mirar  hoy  día  ese  puerto  como  el  término  natural 
de  su  viaje.  Allí  descargan  sus  mercaderías  vendidas,  y sólo  cuando  no  en- 
cuentran ni  compradores  ni  frutos  de  retorno,  vienen  en  busca  de  ellos  a 
nuestra  rada.  El  Gobierno  de  Montevideo  nada  omite  para  hacer  de  su  puerto 
un  foco  de  actividad  comercial  y de  comercio  lucrativo».  Debemos  nosotros 
contrabalancear  las  ventajas  Resultantes  de  un  puerto  más  abrigado  «y  de  una 
legislación  más  liberal  que  comienza  a transformar  en  puerto  franco  la  rada 
de  Montevideo». 

Parish,  en  su  obra  «Buenos  Aires  y las  Provincias  del  Río  de  la  Plata», 
publicada  en  1838,  hacía  constar  también  que  Montevideo  se  había  convertido 
en  un  verdadero  depósito  para  el  aprovisionamiento  de  las  provincias  argen- 
tinas. I i 

Una  explicación  más  amplia  y comprensiva  se  encargó  de  dar  la  prensa 
de  Montevideo  al  recapitular  en  esta  forma  las-  razones  de  la  preferencia 
acordada  a nuestro  puerto: 

La  excelente  posición  geográfica  de  Montevideo,  la  salubridad  de  su  clima, 
la  liberalidad  de  sus  instituciones  políticas,  la  seguridad  y comodidad  de  sus 
embarcaderos,  la  existencia  de  depósitos  de  Aduana  donde  pueden  quedar  las 
mercaderías  extranjeras  por  tiempo  indefinido  mediante  un  pequeño  gasto 
de  almacenaje  y una  tasa  del  2 % en  caso  de  reexportación,  la  estabilidad  de 
su  régimen  monetario  a base  de  onzas  de  oro  y de  patacones  o pesos  fuertes, 
y'  la  considerable  corriente  inmigratoria  que  impulsaba  sus  progresos. 

Para  destacar  más  aún  la  importancia  del  puerto  de  Montevideo  vamos 
a reproducir  las  cifras  correspondientes  al  número  de  buques  mercantes  de 
ultramar  fondeados  en  un  día  cualquiera,  tomado  al  acaso  eñ  los  cuadros 
de  la  prensa  de  la  época: 

1838.  Día  15  de  diciembre.  151  buques  fondeados,  siendo  26  nacionales, 
25  ingleses,  13  norteamericanos,  14  franceses,  19  sardos,  21  españoles,  12  .bra- 
sileños y 21  de  otras  nacionalidades. 

1840.  Día  l.°  de  octubre.  191  buques  fondeados,  siendo  15  nacionales, 
21  norteamericanos,  18  brasileños,  30  españoles,  49  ingleses,  15  franceses, 
18  sardos  y 25  de  otras  banderas. 

1842.  Día  5 de  agosto.  122  barcos  fondeados,  siendo  8 nacionales,  9 espa- 
ñoles, 19  brasileños,  31  sardos,  2 portugueses,  9 franceses,  21  ingleses,  11  nor- 
teamericanos y 12  de  otras  banderas. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


39 


Durante  el  primer  trimestre  de  1840  entraron  al  puerto  de  Montevideo 
152  buques  procedentes  de  ultramar  con  27,541  toneladas  y 1,876  tripu- 
lantes, y'  267  barcos  de  cabotaje  con  6,820  toneladas  y 1,362  tripulantes;  y 
salieron  para  ultramar  146  buques  y para  el  litoral  uruguayo  234. 

Durante  el  primer  semestre  de  1842  entraron  al  puerto  de  Montevideo 
475  buques  de  ultramar,  sobresaliendo  la  bandera  inglesa  con  115  buques, 
la  sarda  con  76,  la  brasileña  con  54,  la  francesa  con  51,  la  norteamericana 
con  48  y la  española  con  44;  y al  puerto  de  Buenos  Aires,  simplemente  157 
buques  de  ultramar,  la  may'oría  de ‘ellos  (114)  después  de  haber  anclado  en 
Montevideo! 

No  podía  ya  atribuirse  la  pobreza  del  puerto  de  Buenos  Aires  al  bloqueo 
de  la  escuadra  francesa  decretado  a fines  de  1838  y levantado  a fines  de  1840. 
Precisamente  por  eso  es  que  entre  los  motivos  inspiradores  de  la  Guerra 
Grande  hacían  figurar  los  contemporáneos  el  propósito  de  pegarle  al  puerto 
de  Montevideo  un  marronazo  que  permitiera  al  de  Buenos  Aires  recuperar  su 
viejo  poderío  en  el  Río  de  la  Plata. 


Tratados  de  comercio. 

Las  gestiones  emprendidas  durante  el  Gobierno  de  Oribe  por  intermedio 
de  don  Juan  Francisco  Giró  para  ajustar  un  tratado  con  España,  fueron  conti- 
nuadas y llevadas  a buen  término  bajo  el  Gobierno  de  Rivera  por  intermedio 
de  don  José  Ellauri. 

Mediante  el  tratado  ajustado  en  1841  y'  ratificado  al  año  siguiente,  el 
Gobierno  español  reconocía  la  independencia  del  Uruguay  y a su  turno  el 
Uruguay  reconocía  la  deuda  contraída  con  las  autoridades  españolas  hasta,  la 
terminación  efectiva  del  coloniaje  en  julio  de  1814.  Los  dos  países  estable- 
cían, además,  que  los  buques  de  cada  uno  de  ellos  serían  recibidos  en  los 
puertos  del  otrfl  con  iguales  franquicias  que  los  nacionales;  y asimismo  que 
los  frutos  y productos  españoles  embarcados  en  buques  españoles,  y los  fru- 
tos y productos  uruguayos  embarcados  en  buques  uruguayos,  no  tendrían 
que  pagar  otros  derechos  de  Aduana  que  aquellos  a que  estarían  sujetos 
en  el  caso  de  haber  sido  transportados  por  barcos  de  la  propia  nacionalidad 
del  país  importador. 

También  se  obtuvo  por  intermedio  del  doctor  Ellauri  un  tratado  con  el 
Rey  de  Cerdeña,  sobre  la  base  de  la  más  perfecta  reciprocidad  en  materia 
de  comercio  y navegación.  Los  comerciantes  de  cada  país  gozarían  en  el.  otro 
de  las  mismas  seguridades  y ventajas  que  los  nacionales;  las  mercaderías  ita- 
lianas introducidas  en  el  Uruguay  y'  las  mercaderías  uruguayas  introducidas 
en  Italia,  no  estarían  sujetas  a derechos  aduaneros  más  altos  que  los  que 
tuvieran  que  pagar  las  mercaderías  de  cualquiera  otra  procedencia;  las  franqui- 
cias concedidas  por  uno  de  los  países  contratantes  a una  tercera  potencia  se 
acordarían  también  al  otro  contratante  en  forma  gratuita  u onerosa,  según 
se  hubiere  concedido  a esa  tercera  potencia. 

Pocas  semanas  antes  de  la  ratificación  de  este  último  tratado,  a fines 
de  1842,  había  sido  teatro  el  puerto  de  Montevideo  de  una  escena  que  ponía 
de  manifiesto  la  imposibilidad  de  seguir  manteniendo  buenas  relaciones  den- 
tro de  las  prácticas  abusivas  de  la  época.  Un  súbdito  italiano  insultó  al  Cónsul 
de  su  país  y en  el  acto  fué  llevado  a bordo  de  un  buque  sardo  fondeado  en 
el  puerto,  y allí  se  le  puso  un  cinturón  de  hierro  y se  le  colgó  en  un  palo, 
aflojándose  de  vez  en  cuando  las  cuerdas  para  que  el  cuerpo  se  sumergiese 
en  el  agua  de  la  bahía,  todo  eso  a la  vista  del  pueblo  aglomerado  en  los 
muelles  y'  en  la  costa! 

Tampoco  descuidó  el  Gobierno  la  defensa  de  los  intereses  del  comercia 
uruguayo  en  el  extranjero. 

«En  los  diferentes  puntos  del  globo,  decía  el  Ministro  de  Relaciones  Exte- 


40  ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


riores  a la  Asamblea  en  1839,  adonde  alcanza  nuestro  comercio  marítimo,  se 
ha  establecido  para  su  protección  los  Cónsules  que  se  ha  considerado  necesario; 
asimismo,  como  hemos  recibido  y se  continúa  recibiendo  los  que  las  naciones 
amigas  nos  envían  con  el  mismo  objeto.» 

Con  igual  celo  se  preocupó  de  reanimar  la  vida  mercantil  de  Maldonado 
y Colonia,  otorgando  al  comercio  de  dichas  plazas  rebajas  del  5 % en  los 
derechos  de  importación  y del  50  % en  los  derechos  de  exportación,  en  la 
esperanza  de  promover  una  reacción  económica  que  no  habían  alcanzado  a 
producir  los  resortes  de  progreso  que  actuaban  en  las  demás  zonas  del  país. 

La  navegación  a vapor  en  aguas  uruguayas. 

A principios  de  18  42  se  presentó  don  Juán  Halton  Buigland  a la  Cá- 
mara de  Diputados  solicitando  privilegio  exclusivo  durante  quince  años  a favor 
de  una  empresa  de  navegación  a vapor  en  los  ríos  y puertos  de  la  República. 
La  empresa  iniciaría  su  servicio  con  dos  barcos  de  300  toneladas  y una  ma- 
quinaria con  fuerza  de  100  caballos.  Pedía  exención  de  derechos  de  puerto, 
autorización  para  enarbolar  la  bandera  inglesa  y un  respeto  absoluto  a la 
propiedad  de  los  barcos,  aún  en  caso  de  guerra  entre  el  Uruguay'  y la  Ingla- 
terra. Ofrecía  en  compensación  el  transponte  gratuito  de  la  correspondencia 
y la  recepción  en  cada  barco  de  dos  aprendices  orientales. 

La  Cámara  dfe  Diputados  sancionó  el  proyecto.  «Mejorar  las  comunica- 
ciones, decía  uno  de  los  oradores,  el  doctor  Manuel  Herrera  y Obes,  es  tra- 
bajar por  el  orden  y la  estabilidad  de  nuestra  sociedad;  por  la  mejora  y 
consolidación  de  nuestras  instituciones;  por  la  realización  de  los  grandes  des- 
tinos que  están  reservados  a nuestra  naciente  República.  Sin  poner  en  con- 
tacto a los  hombres,  cualquiera  que  sea  su  origen;  sin  aumentar  sus  relaciones 
y uniformar  sus  intereses,  aproximando  a todos  los  pueblos,  cualquiera  que 
sea  la  distancia  a que  se  encuentren,  es  imposible  obtener  esa  «-evolución  inte- 
lectual y moral  de  que  tanto  necesitamos  y sin  la  cual  no  hay'  para  las  naciones 
una  sólida  organización  social,  ni  verdadera  existencia  política».  La  muerte 
del  dictador  Francia  — agregaba  — abre  el  rico  mercado  del  Paraguay;  la 
libre  navegación  del  Paraná  franqueará  las  comunicaciones  con  Bolivia  y las 
provincias  interiores  de  la  Argentina;  y’  una  vez  que  vengan  los  vapores  al 
Río  de  la  Plata  «¿quién  podrá  negar  que  explotarán  nuestros  lujosos  terri- 
torios como  una  de  sus  más  pingües  especulaciones?» 

Pero  la  sanción  de  la  Cámara  de  Diputados  dió  lugar  a una  protesta  de 
los  elementos  más  representativos  de  Montevideo  «contra  el  privilegio  y contra 
el  uso  de  la  bandera  inglesa». 

El  privilegio  exclusivo,  empezaba  diciendo  la  representación  dirigida  a 
la  Cámara  de  Senadores,  a raíz  de  una  asamblea  popular  en  el  teatro,  ataca 
uno  de  los  derechos  más  importantes  del  hombre,  especialmente  consagrado 
por  la  Constitución  de  la  República;  la  libertad  de  industria.  Hay  quien 
afirma  que  es  el  único  medio  de  que  tengamos  vapores;  pero  es  un  error. 
«Si  diez  años  ha  se  nos  hubiera  hablado  de  la  introducción  de  colonos  en 
nuestro  país,  del  establecimiento  de  graserias  a vapor,  del  inmenso  desarrollo 
de  la  cría  de  merinos,  de  la  manera  sorprendente  cómo  se  han  allanado  los 
obstáculos  que  se  oponían  al  prodigioso  aumento  que  ha  tomado  nuestra 
ciudad,  ¿habría  alguno  que  hubiera  imaginado  el  punto  en  que  nos  vemos  hoy? 
Si  en  aquella  época  un  particular  hubiera  solicitado  privilegio  exclusivo  sobre 
cualquiera  de  esos  ramos,  para  la  introducción,  por  ejemplo,  de  dos  o tres 
mil  colonos,  ¿no  se  hubiera  creído  que  era  una  ventaja  inmensa  para  el  país 
la  adquisición  de  esos  brazos  y no  se  habría  sostenido  con  más  razón  que  ahora 
que  la  importancia  del  objeto  justificaba  los  medios?  Y,  sin  embargo,  véase 
la  pérdida  real  que  hubiera  sufrido  la  República.  Con  privilegio  habríamos 
tenido  dos  o tres  mil  colonos;  sin  él  ha  conseguido  el  país  8,  10,  15,000  quizá.  . . 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


41 


Orden  y'  paz  pública,  fueron  y han  de  ser  más  adelante  el  verdadero  aliciente 
que  atraiga  a la  República  los  capitales  y la  industria  de  la  Europa.» 

Entrando  luego  a ocuparse  de  la  insignia  de  los  barcos  protestaba  enér- 
gicamente la  representación  «contra  el  irritante  e ignominioso  concepto  que  se 
atribuía  a una  bandera  extranjera  sobre  la  bandera  nacional». 

Los  vecinos  de  Cerro  Largo  resolvieron  asociarse  a los  de  Montevideo  en 
esa  doble  protesta  contra  el  privilegio  y contra  la  bandera  extranjera  y lo 
hicieron  también  en  una  representación  ante  el  Senado. 

«Ya  que  es  hoy  la  primera  vez  — decían  en  su  escrito  — que  este 
departamento  levanta  su  voz  desde  un  rincón  de  la  República,  esperamos 
que  sea  atendida  por  los  representantes  del  pueblo,  vista  la  justicia  que  la 
acompaña...  Vuestra  Honorabilidad  debe  reconocer  en  la  presente  petición 
el  anuncio  feliz  de  las  prácticas  representativas,  que  poco  a poco  irán  pene- 
trando en  las  costumbres;  prácticas  constitucionales  adoptadas  por  los  pue- 
blos libres  que  traerán  un  resultado  tanto  más  importante  cuanto  que  serán 
el  más  eficaz  remedio  para  desterrar  el  uso  de  otros  medios  feroces,  insanos 
e incompatibles  con  la  verdadera  libertad.  Vuestra  Honorabilidad  sabe  que 
según  nuestras  actuales  instituciones  la  suma  del  poder  público  reside  en  la 
comunidad.  No  siendo  posible  que  el  pueblo  se  reúna  mancomunadamente 
para  hacer  uso  de  sus  derechos  en  todos  los  casos  en  que  la  necesidad  lo 
exija,  ha  transmitido  a sus  representantes  gran  parte  de  aquel  poder,  reser- 
vándose ciertos  derechos  de  que  sus  apoderados  no  pueden  hacer  uso  sin  una 
autorización  especial.» 

Había  - en  el  ambiente  de  la  época  muy  poca  simpatía  a favor  de  las 
concesiones  a las  banderas  extranjeras.  Un  año  antes  de  aparecer  la  empresa 
Buigland  iniciaron  varios  comerciantes  extranjeros  de  Montevideo  gestiones 
a favor  de  una  concesión  que*  abriera  la  navegación  de  los  ríos  Uruguay'  y i 
Paraná  a las  banderas  de  sus  respectivos  países,  mientras  durara  la  guerra 
contra  Rosas,  y entonces  «El  Nacional»  publicó  un  ardoroso  editorial  contra 
el  otorgamiento  de  ese  derecho  transitorio  que  los  países  fuertes  se  encar- 
garían de  hacer  definitivo. 

«Guardémonos,  decía,  de  dar  el  menor  pretexto  a la  ambición  de  los 
europeos.  No  seamos  tan  incautos  que  los  introduzcamos  al  interior  de  nues- 
tro hogar.  Se  sentarán  a nuestra  mesa,  nos  echarán  de  ella  y-  después  preten- 
derán que  les  sirvamos  de  esclavos.  Cada  buque  de  guerra  europeo  que  se 
acerque  a nuestras  costas,  es  un  castillo  que  viene  a sostener  en  nuestro  daño 
una  pretensión  inicua  y un  despojo  violento.» 

La  Comisión  de  Hacienda  del  Senado,  luego  de  estudiar  todas  las  obje- 
ciones, aconsejó,  sin  embargo,  la  sanción  del  proyecto  votado  por  la  Cámara 
de  Diputados. 

El  Estado,  dijo  su  miembro  informante  don  Santiago  Vázquez,  debe 
estimular  mediante  privilegios  estas  iniciativas  que  no  surgirían  de  otro  modo, 
porque  se  requiere  un  millón  de  pesos  sin  esperanzas  de  recoger  utilidades 
durante  los  primeros  años,  para  comprar  buques  de  3 50  toneladas  y'  12  0 ca- 
ballos de  fuerza,  a razón  de  75  a 80,000  pesos  cada  uno,  y cubrir  gastos  de 
funcionamiento  no  inferiores  a 50,000  pesos  al  año.  Hasta  ahora,  agregó, 
sólo  se  conoce  el  caso  de  la  sociedad  denominada  «Sutton»,  que  obtuvo  privi- 
legio en  Buenos  Aires  por  diez  años  a favor  de  un  solo  vapor,  y esa  empresa 
antes  del  primer  año  de  funcionamiento  había  perdido  el  valor  del  buque  y 
90,000  pesos  más  y caía  en  estado  de  quiebra. 

Cuando  la  Comisión  de  Hacienda  entregaba  su  informe  a la  prensa  ya 
la  atmósfera  política  empezaba  a agitarse  con  la  marcha  victoriosa  del  ejér- 
cito de  Oribe  en  las  provincias  argentinas  y la  empresa  Buigland,  como  tantas 
otras  emanadas  de  103  progresos  económicos  del  Uruguay  y del  optimismo  que 
ellos  promovían  en  todos  los  espíritus,  quedó  abandonada  por  tiempo  indefinido. 


42 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


La  riqueza  ganadera. 

Al  hablar  del' comercio  exterior  hemos  dado  datos  reveladores  del  grueso 
stock  ganadero  existente  en  el  país  al  tiempo  de  estallar  la  Guerra  Grande. 
La  misma  impresión  de  exuberancia  producen  las  cifras  que  subsiguen,  ex- 
traídas de  las  estadísticas  de  las  dos  Tabladas,  la  del  Norte  y la  del  Sur,  con 
que  contaba  entonces  el  Departamento  de  Montevideo: 

Año  1830  — Entrada  a la  Tablada  del  Norte,  221,177  animales  vacunos: 
30,3  45  para  el  abasto  de  la  población  y el  resto  con  destino  a los  21  saladeros 
de  Montevideo. 

Año  1841  — En  los  meses  de  junio  y julio  ingresaron  respectivamente 
65,582  y 45,719  animales  vacunos. 

Año  1843 — Seis  meses  de  entradas: 


MESES 

Novillos 

Vacas 

Terneros 

Yeguas 

Junio  . 

21,198 

11,999 

7,809 

741 

Julio  . 

/ 

./ 

23,580 

20,706 

4,514 

3,491 

Agosto 

1.  . 

20.291 

22,759 

8,985 

5,785 

Septiembre 

23,131 

36,473 

17,133 

6,211 

Noviembre 

22,603 

32,921 

23,649 

16,943 

Diciembre 

19,736 

14,036 

14,780 

9,252 

La  matanza  de  vacas,  terneros  y yeguas  dió  lugar  más  de  una  vez,  du- 
rante la  Presidencia  de  Rivera,  a enérgicas'  gestiones  tendientes  a evitar  el 
exterminio  de  la  riqueza  ganadera. 

En  1840  se  dirigió  el  Poder  Ejecutivo  a la  Comisión  Permanente  en  demanda 
de  una  autorización  para  prohibir  la  matanza  de  yeguas.  El  caballo,  decía 
el  Mensaje,  es  necesario  a la  vez  para  el  soldado  y para  el  estanciero  y enton- 
ces hay  que  salvar  las  crías. 

Al  año  siguiente  prestigiaba  un  diario  la  misma  medida  al  llamar  la 
atención  acerca  del  número  creciente  de  yeguas  faenadas:  más  de  once  mil 
en  un  solo  mes,  por  las  curtidurías  de  Montevideo,  sin  contar  la  fuerte  faena 
de  los  departamentos. 


Precios  del  ganado. 


He  aquí  el  precio  a que  se  cotizaban  los  ganados  en  las  Tabladas  de 
Montevideo  a fines  de  1841  y'  mediados  de  1842: 


Noviembre  de  1841 

Agosto  de  1842 

Bueyes  

$ 12 

$ 8 a 14 

Novillos 

» 8 

» 3 » 6 

Vacas 

Terneros  de  dos  años 

Ganado  de  corte 

Vacas  flacas 

Yeguas  . „ . ..... 

i » 6 

» 3 

» 2 a 2.75 

» 2 

» la  1.Í5 

» 2 » 6 
» 1 
» 3 

» 1 

Cada  res  beneficiada  producía  simplemente  un  quintal  y medio  de  carne 
tasajo,  según  el  cálculo  de  «El  Constitucional». 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


43 


Aprovechamiento  de  los  residuos. 

Hasta  1832  los  saladeros  sólo  explotaban  el  cuero  y'  la  carne,  vendiendo 
todo  el  resto  del  animal  faenado  a los  hornos  de  ladrillos,  como  combustible, 
a razón  de  catorce  pesos  el  centenar  de  osamentas  frescas. 

En  ese  año  se  presentó  don  Francisco  Martínez  Nieto,  en  demanda  de 
privilegio  a favor  de  un  procedimiento  para  la  extracción  de  las  grasas  conte- 
nidas en  esos  residuos  saladeriles  que  se  empleaban  como  combustible.  Su  ex- 
pediente quedó  paralizado  por  efecto  de  la  guerra  civil.  Pero  el  invento  se 
divulgó  en  el  acto  y mientras  que  Martínez  Nieto  gastaba  dinero  en  ensayos, 
sus  competidores  lo  utilizaban  en  gran  escala,  según  lo  acredita  esta  estadística 
de  las  exportaciones  de  grasa: 


AÑOS 

Arrobas 

exportadas 

AÑOS 

i 

| Arrobas 

1 exportadas 

1S30  . ... 

1,279 

1835  . ..  . 

8,497 

1S31  . ..... 

1,343 

1836  . . . 

23,568 

1832  . 

5,650 

1837  . . . 

38,304 

1833  . 

6,565 

1838  . . . 

83,674 

1S34  . 

12,877 

1839  . . . 

89,480 

Durante  la  Presidencia  de  Oribe  se  presentó  Martínez  Nieto  pidiendo 
indemnización  por  los  perjuicios  sufridos  a causa  de  la  paralización  de  su 
expediente  y a la  vez  privilegio  para  una  fábrica  de-  jabón  blanco  que  aten- 
dería la  demanda  interna  por  la  mitad  del  precio  a que  se  cotizaba  el  ar- 
tículo extranjero.  Una  nueva  guerra  civil  empantanó  también  este  expediente, 
hasta  la  segunda  Presidencia  de  Rivera  en  que  fué  pasado  a estudio  de  una 
. Comisión  especial. 

De  los  datos  publicados  con  tal  motivo  resultaba  que  én  1839  la  pobla- 
ción de  la  República  había  consumido  13,454  arrobas  de  jabón  extranjero, 
que  al  precio  mínimo  de  dos  reales  la  libra  representaban  un  desembolso  de 
84,08  7 pesos.  Y tal  era  el  grueso  tributo  al  extranjero  que  Martínez  Nieto 
prometía  suprimir  en  el  curso  de  los  tres  primeros  años  de  funcionamiento 
de  su  fábrica.  ¡ 

Los  establecimientos  de  giro. 

Si  la  afluencia  de  inmigrantes  no  nos  hubiera  demostrado  ya  con  cifras 
elocuentísimas  el  fuerte  poder  de  crecimiento  de  la  población  de  Montevideo, 
bastaría  para  dar  idea  de  ese  poder  el  número  de  los  establecimientos  de  giro 
del  Departamento  de  la  Capital.  Helo  aquí: 


AÑOS 

Número  de 
patentes  expedi- 
das 

Producto 

de 

esas  patentes 

1836  

962 

$ 34,871 

1837  ...... 

1,253 

» 42,528 

1838  

— 

— 

1839  

1,637 

» 49,112 

1840  

1,695 

» 50,828 

1841 

2,860 

» 86,045 

1842  

3,281 

* 

» 9S.45S 

44 


ANALES  HISTÓRJCOS  UEL  URUGUAY 


Se  trata  de  un  progreso  constante,  que  daba  por  resultado  la  triplicación 
del  número  de  los  establecimientos  de  giro  en  el  curso  de  los  siete  años. 

Al  finalizar  el  año  1842  funcionaban  en  Montevideo,  según  los  datos 
que  años  después  publicó  «El  Comercio  del  Plata»,  2 4 saladeros  en  las  cerca- 
nías de  la  ciudad,  16  barracas  de  cueros  y'  frutos,  casi  todas  ellas  provistas 
de  prensas  de  enfardar,  17  barracas  de  madera  y artículos  de  construcción  y 
2 6 casas  importadoras  de  mercaderías  europeas. 

Una  gran  fábrica  de  estearina. 

En  la  víspera  de  la  iniciación  del  Sitio  Grande  empezó  a funcionar,  al 
amparo  de  la  concesión  de  un  privilegio  exclusivo  por  seis  años,  una  impor- 
tante fábrica  de  estearina  y velas  de  la  misma  substancia. 

Esa  fábrica,  de  propiedad  de  don  Hipólito  Doinnel,  estaba  ubicada  en 
el  Cerro,  sobre  la  margen  derecha  del  arroyo  Pantanoso.  Constaba  de  dos 
edificios  principales  para  la  elaboración  de  la  estearina  y del  ácido  sulfúrico 
y fabricación  de  jabones  amarillos  y negros,  con  grandes  instalaciones  ligadas 
al  río  mediante  una  pequeña  línea  férrea.  Su  costo  fué  calculado  en  $ 200,000 
por  la  Comisión  de  Hacienda  del  Senado. 

La  guerra  civil  se  encargó  de  destruir,  a raíz  de  sus  primeros  ensayos, 
esa  magnífica  fábrica  que  habría  servido  de  aliciente  a otras  de  igual  o de 
mayor  importancia. 

Reglamentación  de  montes. 

Otra  iniciativa  interesante  quedó  sofocada  por  la  guerra  civil:  la  regla- 
mentación de  los  montes  y selvas,  reanudada  a mediados  de  1842  sobre  la 
base  de  un  informe  de  la  Policía  de  Montevideo. 

Las  leyes  españolas  vigentes,  decía  el  informe,  prohíben  el  corte,  aún 
tratándose  de  montes  particulares,  sin  previa  licencia  y sin  llenar  ciertas* 
formalidades,  tftia  real  cédula  de  1728  declaró  comunes  los  montes  y aguas 
de  la  jurisdicción  de  Montevideo,  quedando  lo  demás  del  territorio  bajo  los 
usos  y prácticas  de  la  jurisdicción  de  Buenos  Aires.  Desde  entonces  los  pro- 
pietarios han  venido  ejerciendo  su  patronato  sobre  los  montes  y selvas  ubi- 
cados en  las  partes  bajas  y contiguas  a los  ríos  y arroyos  y de  ordinario  fuera 
de  las  líneas  de  mensura.  Pero  esos  montes,  que  son  auxiliares  del  ganadero, 
sirviendo  en  el  invierno  de  abrigo  y'  en  el  verano  de  descanso  a los  ganados, 
deberían  estar  sujetos  además  al  pagó  de  un  canon,  sin  perjuicio  del  derecho 
del  vecindario  a proveerse  de  la  madera  necesaria  para  sus  casas,  corrales 
y cercos. 

El  daguerrotipo. 

A principios  de  18  40,  al  mismo  tiempo  que  París,  Londres  y Viena  aplau- 
dían maravillados  los  experimentos  iniciales  de  Daguerre,  llegó  a Montevideo 
una  de  las  máquinas,  juntamente  con  un  pliego  de  instrucciones  que  el  inven- 
tor enviaba  al  abate  Compte,  agregado  a la  expedición  científica  de  la  fragata 
«Oriental». 

El  daguerrotipo  fué  ensayado  en  la  sala  de  sesiones  del  Cuerpo  Legisla- 
tivo, sacándose  reproducciones  de  la  iglesia  Matriz,  del  Puerto  y de  la  Casa 
de  Representantes. 

«Mediante  el  invento  de  Daguerre,  escribía  el  doctor  Vilardebó  al  dar 
cuenta  de  esas  experiencias,  bastará  detenerse  algunos  instantes  delante  del 
monumento  más  grandioso  y'  complicado,  del  paisaje  más  variado,  del  modelo 
más  perfecto  de  escultura,  para  obtener  una  reproducción  exactísima  de  es- 
tos objetos,  con  sus  más  diminutos  detalles  y proporciones.  . . Es  sensible  que 


GOI5TERNO  DE  RIVERA 


45 


no  se  pueda  aplicar  a sacar  retratos,  pero  a ello  se  opone  la  dificultad  casi 
insuperable  de  la  completa  inmovilidad  del  rostro,  principalmente  de  los  ojos 
expuestos  a los  rayos  del  sol.» 

Eran  los  primeros  aleteos  del  gran  invento,  que  pronto  habría  de  per- 
feccionarse hasta  llenar  el  vacío  que  indicaba  el  doctor  Yilardebó. 

Acuñación  de  cobre. 

A mediados  de  1839  fué  autorizado  el  Poder  Ejecutivo  para  acuñar 
$ 20,000  en  monedas  de  cobre,  con  la  prevención  de  que  el  recibo  de  la  nueva 
moneda  sólo  sería  obligatorio  dentro  de  las  fracciones  de  un  real. 

Ese  cobre  fué  acuñado  en  Montevideo  por  don  Agustín  Joive  «ensay'ador 
y armero».  Cüando  llegó  el  momento  de  ponerlo  en  circulación  surgió  el  temor 
de  que  los  especuladores  lo  exportaran  a la  Argentina  y al  Brasil,  y entonces 
el  Poder  Ejecutivo,  previa  consulta  a la  Comisión  Permanente,  prohibió  su 
salida  por  decreto  de  fines  de  1840. 

Una  tentativa  de  empapelamiento. 

Al  finalizar  el  año  1842,  en  medio  de  los  apremios  a que  daba  lugar  la 
guerra  contra  Rosas,  se  publicó  en  uno  de  los  diarios  adictos  al  Gobierno  un 
proyecto  de  emisión  de  papel  moneda,  que  garantizaría  una  sociedad  de  comer- 
ciantes y propietarios  mediante  la  comisión  de  medio  por  ciento  sobre  los 
papeles  circulantes.  Se  emitirían  $ 60,000  cada  mes,  y para  su  amortización 
se  destinaría  una  cuota  mensual  de  $ 15,000,  extraída  de  rentas  generales. 

La  publicación  del  proyecto  dió  lugar  a comentarios  alarmantes  y el 
diario  que  lo  había  acogido  se  apresuró  á dar  una  nota  tranquilizadora  a la 
plaza,  asegurando  que  ni  el  Gobierpo  ni  el  diario  encontraban  aceptable  el 
arbitrio  propuesto. 

Ya  veremos  más  adelante  que  a su  turno  la  Legislatura,  al  sancionar  el 
plan  de  medidas  que  demandaba  la  invasión  de  Oribe,  autorizó  al  Gobierno 
para  proveerse  de  dinero  por  todos  los  medios  que  conceptuase  asequibles, 
«menos  la  emisión  de  papel  moneda». 


★ ★ 


CAPITULO  III 


MOVIMIENTO  ADMINISTRATIVO 


La  situación  financiera  en  los  comienzos  del  Gobierno  de  Rivera. 

Rivera  había  revelado,  desde  su  primera  Presidencia,  fallas  fundamentales 
como  administrador  de  los  caudales  públicos.  Es  que  carecía  de  la  noción  del 
dinero.  El  Erario  público  era  para  los  soldados  de  su  ejército  y para  todos 
los  que  recurrían  a su  inagotable  generosidad  administrativa.  Tal  había  sido 
la  causa  generadora  de  sus  grandes  apremios  en  18  34  y'  contra  ella  no  resol- 
vió reaccionar  durante  su  segunda  Presidencia. 

Nada  lo  demuestra  tan  concluyentemente  como  un  decreto  inicial  de 
enero  de  1839.  Prevenía  en  él  que  sus  soldados  habían  gastado  cuando  emi- 
graron al  Brasil  y en  las  campañas  posteriores  hasta  el  derrumbe  de  Oribe, 
un  millón  seiscientos  n.41  peses;  y agregaba  que  con  ayuda  del  producto  de  los 
impuestos  de  octubre,  noviembre  y'  diciembre  del  año  anterior,  había  cancelado 
cuatrocientos  mil  pesos..  ¿Pero  cómo  se  descomponía  tan  gruesa  partida? 
¿Dónde  estaban  los  comprobantes?  Rivera  no  se  ocupaba  absolutamente  de 
decirlo.  Anotaba  una  cifra,  como  habría  podido  anotar  otra  cualquiera. 
Lo  esencial  era  crear  un  rubro  al  cual  imputar  las  órdenes  que  en  seguida 
habrían  de  tirarse,  y el  decreto  lo  creaba  mediante  la  declaración  de  que  el 
supuesto  gasto  de  1.600,000  pesos  constituía  «un  crédito  nacional  preferente». 


Se  votan  recursos  para  cancelar  el  déficit. 

Normalizada  la  situación  mediante  el  restablecimiento  de  los  resortes 
constitucionales,  se  dirigió  el  Gobierno  a la  Asamblea  en  demanda  de  auto- 
rización para  levantar  fondos  sobre  las  rentas  y propiedades  públicas.  Según 
los  cálculos  del  Ministro  de  Hacienda  la  Tesorería  adeudaba  en  fpbrero  de  1839 
tres  n; ilíones  de  pesos,  de  cuya  suma  correspondía  1.700,000  a giros  u órdenes 
de  pago  de  la  Administración  Oribe. 

La  Asamblea  se  apresuró  a votar  varios  arbitrios  con  destino  a la  cance- 
lación del  déficit  y prosecución  de  la  guerra  contra  Rosas:  un  derecho  adi- 
cional de  Aduana  del  8 % sobre  la  importación  y'  del  5 % sobre  la  exportación; 
una  segunda  patente  de  giro  a cargo  de  todos  los  establecimientos  industriales 
y comerciales  gravados  con  ese  impuesto;  el  equivalente  de  un  mes  de  alquiler 
a cargo  de  los  propietarios  de  fincas  situadas  en  la  ciudad  de  Montevideo. 


Queda  suspendido  el  servicio  de  las  deudas  públicas. 

Pero  a despecho  de  los  nuevos  ingresos  la  situación  financiera  siguió 
empeorando  y en  forma  tal  que  hubo  que  suspender  el  servicio  de  las  dos 
únicas  deudas  consolidadas  que  existían  a la  sazón:  las  pólizas  y la  reforma 
militar. 

Los  damnificados  protestaron  ante  la  Gomisión  Permanente,  mediante 
una  representación  en  que  decían  que  del  pago  regular  de  los  intereses  de  las 
pólizas  y de  la  reforma  militar,  cuy'os  capitales  ascendían  respectivamente 
a $ 521,500  y $ 1.154,053,  dependía  la  subsistencia  de  centenares  de  familias 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


47 


y a la  vez  el  crédito  de  las  casas  de  comercio  que  operaban  bajo  la  garantía 
de  las  deudas.  , 

Llamado  el  Ministro  de  Hacienda  a dar  explicaciones  contestó  que  ha- 
bía habido  necesidad  de  ir  a la  suspensión  del  servicio  por  falta  absoluta 
de  recursos.  Pocas  semanas  después  resolvía  el  Gobierno,  como  medio  de 
aliviar  la  condición  de  los  tenedores  de  deuda,  que  la  Aduana  admitiera  en 
pago  de  derechos  de  importación  y exportación  documentos  representativos 
de  una  parte  de  los  intereses  vencidos. 

El  peligro  del  curso  forzoso. 

De  cómo  se  deprimía  el  crédito  público  en  esos  momentos  instruyen 
varios  contratos  de  anticipo  de  fondos  que  fueron  extendidos  a raíz  de  la 
sanción  de  los  derechos  adicionales  de  Aduana  y patentes  extraordinarias 
sobre  los  comerciantes  y'  propietarios  de  fincas.  Algunos  de  ellos  que  fueron 
presentados  a la  Comisión  Permanente  imponían  al  Estado  el  interés  men- 
sual del  1 y ¿4  %,  y eso  que  gozaban  de  la  garantía  de  valiosas  rentas. 

Eran  tan  grandes  los  apremios  que  el  mercado  empezó  a temer  que 
se  recurriera  al  papel  moneda,  y el  Ministro  de  Hacienda,  que  no  era  adver- 
sario de  la  idea,  tuvo  que  ir  a la  Cámara  de  Diputados  para  dar  una  nota 
tranquilizadora. 

«El  caso  afligente,  dijo,  de  echar  mano  del  recurso  del  papel  moneda 
todavía  no  ha  llegado,  señores,  en  mi  opinión.  Si  él  llegase,  y yo  me  encon- 
trare en  el  puesto  que  hoy  ocupo,  yo  me  presentaría  a los  representantes  del 
pueblo,  ante  el  pueblo  mismo,  n.o  ciertamente  con  un  proyecto  enmascarado, 
sino  anunciando  que  había  llegado  el  caso  en  que  era  preciso  que  el  pueblo 
para  asegurar  su  independencia  hiciera  el  último  sacrificio.  Los  pueblos  que 
se  han.  visto  en  ciertos  conflictos,  han  tenido  que  salvarse  por  resolucines  gran- 
des, entre  ellas  la  de  crear  el  papel  moneda.  Ninguno  ha  adoptado  esa  reso- 
lución sino  en  la  desesperación.  La  Francia  con  la  guillotina  y su  papel, 
conjuró  las  coaliciones  de  los  soberanos  del  Continente.  Los  americanos  del 
Norte  con  el  papel  moneda  sostuvieron  la  guerra  de  su  independencia.  La  Re- 
pública Argentina,  nuestra  hermana,  llevó  con  su  papel  un  ejército  hasta  el 
Brasil  y nos  ayudó  poderosamente  a darnos  una  existencia  política  que  hoy 
con  gran  desacierto  ella  misma  quiere  comprometer.  Rosas  con  ese  papel 
lanza  sus  caudillos  adondequiera  que  en  la  llamada  Confederación  Argentina 
le  aparece  un  síntoma  de  oposición;  y en  fin,  con  ese  papel  prepara  una  fuerza 
con  que  quiere  amagar  nuestra  independencia.  Si  ese  caso  desesperado  lle- 
gare, repito,  señores,  que  he  de  tener  resolución  bastante  para  no  ocultarlo 
al  pueblo.» 

Felizmente  para  el  país  las  resistencias  que  encontraba  el  papel  moneda 
eran  invencibles,  y ni  en  ese  momento  ni  después  halló  ambiente  la  idea. 
Llegado  el  día  de  la  mayor  desesperación,  cuando  el  ejército  de  Rosas  avan- 
zaba triunfante  sobre  Montevideo,  la  Asamblea,  como  hemos  dicho  ya,  dió 
carta  blanca  al  Poder  Ejecutivo  para  qye  se  proveyera  de  fondos  de  cualquier 
modo  y a cualquier  precio,  pero  con  la  precisa  e ineludible  condición  de  que 
en  todos  sus  planes  y combinaciones  habría  de  excluir  el  papel  moneda. 

En  la  Cámara  de  Diputados  se  inicia  el  proceso  contra  el  régimen  financiero 

imperante.  » 

A raíz  de  la  victoria  de  Cagancha  volvió  el  Gobierno  a pedir  recursos 
a la  Asamblea  para  la  prosecución  de  la  guerra  contra  Rosas,  y'  ese  pedido 
dió  base  para  iniciar  el  proceso  de  la  deplorable  gestión  financiera  desarrollada 
durante  el  año  transcurrido.  Véase  cómo  se  expresaba  la  Comisión  dictami- 
nante de  la  Cámara  de  Diputados  a principios  de  febrero  de  1840: 


48 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


«El  acordar  los  recursos  que  el  Poder  Ejecutivo  pide  y no  puede  menos 
de  necesitar  para  continuar  su  marcha  por  sobre  el  abismo  que  ha  socavado 
el  poder  irresistible  de  los  sucesos,  será  indudablemente  una  atención  a que 
la  Honorable  Cámara  prestará  todos  sus  conatos;  mas  el  previo  conocimiento 
de  la  extensión  de  nuestras  necesidades,  del  estado  y monto  de  las  últimas 
rentas  y de  nuestra  deuda,  es  indispensable  para  entrar  en  una  materia  tan  vital 
como  espinoso.  Él  debe  pedirse  al  Poder  Ejecutivo  y satisfacerse  a la  Nación 
con  la  publicidad,  que  se  ha  echado  de  menos;  de  los  estados  de  entradas 
y'  salidas;  aplicación  que  se  ha  dado  a los  ingresos  ordinarios  y subsidios 
extraordinarios,  desde  que  los  poderes  constitucionales  han  recobrado  el  vigor 
de  sus  respectivas  atribuciones;  y trazarse  con  tales  antecedentes  un  plan 
general  de  hacienda,  en  que  al  paso  que  el  Poder  Ejecutivo  halle  para  sobre- 
llevar la  carga  que  le  ha  cabido  los  medios  que  más  concilien  los  intereses 
públicos  con  los  individuales,  sientan  todos  suavizar  lo  repugnante  de  la 
erogación  y de  los  sacrificios  por  el  convencimiento  de  que  lo  reclaman  indis- 
pensables necesidades  y se  hace  de  ellos  un  uso  justo,  equitativo  y sobre 
todo  público.» 


La  situación  tic  la  Hacienda  pública  en  1839. 


Obligado  a salir  de  las  tinieblas  trazó  entonces  el  Ministro  de  Hacienda 
ante  la  Cámara  de  Diputados  el  cuadro  afligente  de  las  finanzas  nacionales. 

Los  ingresos  de  enero  a diciembre  de  1839  habían  subido  a $ 5.014,140 
y'  los  egresos  a 6.064,620,  resultando  un  déficit  de  más  de  un  millón  de  pesos 
que  acumulado  a las  deudas  anteriores  ya  reconocidas  elevaban  el  atraso  a 
$ 3.734,000. 

El  Gobierno  había  hipotecado  las  rentas  más  valiosas:  los  derechos  de 
exportación  e importación,  el  papel  sellado,  el  derecho  de  tablada,  el  derecho 
de  mercados.  Sólo  quedaban  libres  algunos  ingresos  de  carácter  eventual. 

Absorbidas  todas  las  rentas,  hubo  que  llamar  a los  acreedores  para 
decirles  que  era  imposible  seguir  cumpliendo  y obtener  finalmente  un  arreglo 
tolerable.  Hubo  también  que  suspender  el  servicio  de  intereses  de  las  pólizas 
y de  la  reforjna  militar,  a fin  de  tener  la  disponibilidad  de  $ 22,000  que 
insumían. 

El  rubro  de  intereses  de  las  deudas  reconocidas  absorbía  $ 38,000  men- 
suales. Las  listas  civil  y'  militar  excedían  de  36,000.  Los  demás  pagos  ordina- 
rios absorbían  otros  36,000.  Los  créditos  preferentes  exigían  25,000.  Los 
gastos  del  ejército  y de  la  fuerza  naval  no  bajaban  de  40,000.  En  conjunto' 
$ 175,000  mensuales,  sin  contar  el  mantenimiento  y el  equipo  de  un  ejército 
de  5,000  hombres. 

«Habéis  prometido,  concluía  el  Ministro,  proveer  al  Gobierno  de  recursos 
tan  luego  como  se  os  diese  un  previo  conocimiento  de  la  extensión  de  nuestras 
necesidades,  del  monto  de  nuestras  rentas  y de  nuestras  deudas:  ya  lo  tenéis; 
cumplid  vuestra  palabra:  la  situación* en  que  se  halla  la  República  a conse- 
cuencia de  la  en  que  se  encuentran  los  Estados  limítrofes  os  presenta  la  oca- 
sión más  favorable:  aprovechadla;  esa  es  vuestra  misión;  este  es  el  objeto 
principal  para  que  se  os  ha  reunido:  llenadlo,  no  sea  que  después  de  haber 
triunfado  tan  gloriosamente  de  nuestros  enemigos  externos,  perezcamos  ago- 
biados con  el  peso  de  nuestras  propias  miserias.» 

Frente  a este  cuadro  la  Asamblea  dictó  en  abril  de  18  40  una  ley  que 
suprimía  el  derecho  de  tabladas  y creaba  un  derecho  de  exportación  sobre 
las  carnes,  un  adicional  al  impuesto  de  patentes  igual  al  tercio  de  las  cuotas 
vigentes,  un  adicional  de  25  % al  impuesto  de  papel  sellado  y un  adicional 
de  importación  del  8 % sobre  varios  productos  extranjeros  de  gran  consumo. 

Tan  premioso  era  el  estado  de  la  Hacienda  que  en  los  precisos  momentos 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


49 


en  que  las  C'ámaras  estudiarán  el  plan  de  recursos,  el  Gobierno  gestionaba  y 
obtenía  en  plaza  un  anticipo  de  i£  120,000  con  destino  al  ejército  al  2 % de 
interés  mensual,  englobados  intereses  (1  34  %)  y'  comisiones  (J4  %). 


Signe  agravándose  la  situación  financiera. 

Volvió  a quedar  en  la  penumbra  la  gestión  financiera, . publicándose 
apenas  estados  parciales  y muy  incompletos  para  que  no  se  divulgaran  las 
angustias  del  Tesoro,  ni  los  medios  a que  había  necesidad  de  recurrir  ante 
las  crecientes  demandas  de  dinero  formuladas  desde  el  cuartel  general  de 
Rivera. 

Véase  el  contenido  ds  uno  de  esos  estados,  relativo  a los  ingresos  y egre- 
sos durante  el  primer  semestre  de  1840: 

La  Caja  Colectora  había  percibido  $ 1 .$96,000,  destacándose  los  derechos 
de  Aduana  por  1.102,000,  el  remate  del  derecho  de  tablada  por  56,000,  la 
venta  de  propiedades  públicas  por  42,000  y el  remate  del  impuesto  de  papel 
sellado  por  30,000. 

La  Tesorería  había  percibido  además  $ 432,000  por  concepto  de  prés- 
tamos particulares  y'  354,000  por  letras  de  Tesorería  o billetes  ministeriales. 

Los  egresos  subían  a $ 2.627,000,  sobresaliendo  los  siguientes  rubros: 
gastos  ordinarios  de  guerra,  105,000;  gastos  extraordinarios  de  guerra,  853,000; 
servicios  de  la  deuda,  660,000,  incluidos  480,000  de  letras  de  Tesorería  o bi- 
lletes ministeriales;  empréstitos,  293,000;  y por  concepto  de  déficit  de  Caja 
procedente  del  año  anterior,  443,000. 

Como  resulta  de  estas  cifras  el  Gobierno  vivía  del  crédito  y dejaba  im- 
pagos los  presupuestos. 

Aún  cuando  no  había  ley  que  autorizara  a emitir  letras  de  Tesorería  el 
Ministerio  las  lanzaba  a diario  sin  que  lo  detuviera  la  imposibilidad  de  reunir 
fondos  para  cubrirlas  a su  vencimiento.  Como  cnsecuencia  de  ello  se  depre- 
ciaban de  tal  manera  que  a mediados  de  1840  eran  cotizadas  al  50  % de  su 
valor,  según  las  informaciones  de  la  prensa.  Llegado  su  vencimiento  salía 
el  Gobierno  de  apuros  mediante  un  decreto  que  les  daba  carácter  cancelatorio 
y entonces  las  oficinas  receptoras  las  recibían  en  pago  de  impuestos  por  su 
valor  escrito,  con  lo  cual  realizaban  enormes  ganancias  los  compradores  de 
papeles  contra  el  Estado. 

Ese  privilegio  de  que  gozaban  las  letras  de  Tesorería  fué  extendido  a finen 
de  1840  a los  títulos  de  deuda,  pero  con  la  advertencia  de  que  sólo  serían  reci- 
bidos por  la  mitad  de  su  valor  escrito.  Todavía  no  se  había  restablecido  el 
servicio  de  intereses  de  las  pólizas  y'  de  la  reforma  militar  y su  depreciación 
debía  ser  muy  grande  cuando  el  propio  Gobierno  los  abatía  en  forma  tan 
despiadada. 

Más  angustiosa  era  la  situación  de  los  empleados  públicos,  obligados  por 
el  atraso  de  los  presupuestos  a vender  sus  sueldos  a vil  precio.  Valgan  las 
informaciones  de  la  prensa  adicta  a Rivera,  en  febrero  de  1840  adquirían 
corrientemente  los  agiotistas  por  200  o 300  pesos  liquidaciones  de  sueldos 
representativas  de  1,000  a 2,000  pesos! 

Los  pagos  adquirieron  luego  alguna  regularidad,  pero  de  lo  adeudado 
no  volvió  a preocuparse  el  Gobierno,  a la  espera  de  un  plan  que  permitiera  la 
consolidación  del  déficit. 

Recurre  el  Gobierno  a la  coacción  liara  obtener  dinero. 

Dentro  de  esta  situación  de  apremios  no  siempre  se  respetaba  la  libertad 
de  los  capitalistas.  A veces  eran  conminados  los  recalcitrantes  u omisos  con 
la  amenaza  de  fuertes  penas.  Por  ejemplo,  en  noviembre  de  1840  el  Gobierno, 
que  había  resuelto  obtener  un  préstamo  importante,  dirigió  una  circular  a 


4 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGl’AY 


los  principales  capitalistas  invitándolos  a una  reunión  en  el  Ministerio  de 
Hacienda.  Una  vez  congregados  esbozó  el  Ministro  el  plan  del  préstamo. 
Cada  uno  de  los  presentes  debía  entregar  al  Tesoro  dos  mil  pesos  al  interés 
del  1 % mensual,  con  la  garantía  de  algunas  de  las  rentas  que  en  breve  que- 
darían libres  de  los  empeños  que  las  gravaban.  Casi  todos  se  suscribieron, 
pero  uno  de  los  invitados,  don  Juan  Correa,  se  negó  y'  el  Gobierno  lo  mandó 
salir  del  país  dentro  del  tercero  día;  y otro,  el  señor  Artagaveytia,  expresó 
que  no  tenía  fondos  disponibles  y también  se  le  previno  que  si  no  entregaba 
su  cuota  se  preparara  a salir  del  pais  en  el  mismo  lapso  de  tiempo! 

El  estado  de  la  Hacienda  pública  en  1840. 

Terminado  el  año  18  40  sintetizó  parcialmente  así  el  Ministro  de  Hacien- 
da ante  la  Cámara  de  Diputados  la  situación  del  Tesoro  público: 

Las  rentas  han  producido  $ 3M9,385.  El  Gobierno  ha  obtenido  además, 
mediante  préstamos  y letras  miriisteriales,  1.649,336.  En  conjunto,  $ 4.678,721. 

La  Caja  ha  cerrado  con  un  déficit  de  $ 738,000  y'  con  una  deuda  de 
$ 4.106,000,  englobados  los  créditos  exigibles  ($  3.656,000)  y los  no  exigibles 
($  450,000). 

Agregando  la  reforma  militar  y el  reembolso  de  los  impuestos  decretados 
en  183  5 sobre  las  fincas  y sobre  los  sueldos  de  los  empleados  públicos,  que 
representan  en  conjunto  $ 1.021,000,  sube  el  nivel  de  la  deuda  a $ 5.138,000! 

Agotado  el  crédito,  el  Gobierno  recurre  de  nuevo  a los  empréstitos  forzosos. 

La  crisis  financiera  tenía  que  agravarse  y se  agravó  considerablemente 
en  el  transcurso  del  año  1841,  bajo  la  presión  del  tratado  Mackau,  que  a la 
vez  que  abandonaba  el  Uruguay'  a las  fuerzas  de  Oribe,  abatía  fuertemente  los 
ingresos  de  la  Aduana  de  Montevideo  con  la  apertura  de  los  puertos  argen- 
tinos al  comercio  de  ultramar. 

Es  necesario  «crear  rentas  revolucionarias»,  escribía  «El  Nacional».  «El 
náufrago  empuja  sin  remordimientos  a lo  hondo  del  mar  al  desgraciado  que 
sin  salvarse  va  a sumergirlo,  y la  casa  se  derrumba  para  que  no  sea  cenizas 
un  barrio  de  casas...  Es  preciso  salvarnos  de  Rosas!  Es  preciso  vivir! 
Y son  recursos  legítimos  de  la  autoridad  los  bienes  de  sus  enemigos  y los 
bienes  de  sus  amigos». 

Sólo  excluía  de  su  plan  de  hacienda  el  ardoroso  articulista  el  papel  mo- 
neda, sin  duda  alguna  porque  era  un  recurso  que  repugnaba  al  comercio  de 
Montevideo  y también  porque  era  el  arma  financiera  de  Rosas. 

Del  desesperante  estado  que  siguió  a la  celebración  del  tratado  Mackau, 
dan  testimonio  el  atraso  de  los  presupuestos  y la  depreciación  creciente  de 
las  letras  de  Tesorería  y'  billetes  ministeriales. 

A mediados  de  1841  los  billetes  ministeriales  se  cotizaban  al  30  %,  a 
despecho  del  decreto  que  autorizaba  a recibirlos  en  pago  de  la  tercera  parte 
de  los  impuestos  de  Aduana.  Invocando-  «la  depreciación  considerable»  de 
esos  billetes  el  Gobierno  dejó  sin  efecto  la  autorización  concedida  a las  ofi- 
cinas receptoras  y en  su  lugar  arbitró  recursos  para  que  la  Caja  de  Amorti- 
zación procediera  a su  rescate  mediante  remates  o llamados  a propuestas. 

Los  empleados  recurrieron  a la  prensa  en  son  de  protesta  contra  esa 
preferencia.  Hay  agiotistas,  decían,  que  han  adquirido  las  letras  y títulos 
de  la  deuda  exigible  hasta  por  el  20  % de  su  valor.  Para  ellos  los  favores, 
en  tanto  que  a nosotros  se  nos  deja  en  el  más  absoluto  abandono  durante  siete 
meses  seguidos,  sin  que  todavía  hoy  se  hable  de  reanudar  los  pagos! 

Recién  a fines  de  agosto  trascendió  el  rumor  de  que  el  Gobierno  abo- 
naría un  mes  de  sueldo  a los  empleados  públicos  y'  comentando  la  noticia  ha- 
cían constar  los  diarios  que  las  planillas  estaban  impagas  desde  noviembre  y 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


51 


diciembre  de  1840.  ¡Diez  meses!  No  era  mucho  sin  embargo  comparado  con 
el  atraso  que  sufrían  los  funcionarios  que  trabajaban  en  el  exterior.  A prin- 
cipios de  1842  recordaba  el  doctor  Ellauri  al  Gobierno  que  al  personal  de  la 
Legación  encargada  de  gestionar  el  concurso  de  la  Inglaterra  y de  la  Francia 
en  la  contienda  contra  Rosas,  se  le  adeudaba  dos  años  de  sueldos! 

Cerradas  las  puertas  del  crédito,  hubo  que  recurrir  de  nuevo  a los  em- 
préstitos forzosos.  El  Tesoro  público  necesitaba  un  ingreso  extraordinario 
de  $ 60,000  mensuales  durante  un  semestre  y para  obtenerlo  propuso  el  Go- 
bierno a las  Cámaras,  a principios  de  18  41,  la  formación  de  listas  de  comer- 
ciantes, propietarios,  hacendados,  artesanos  y fabricantes,  entre  los  cuales 
distribuiría  esa  suma  una  Comisión  especial,  sobre  la  base  de  la  fortuna  de 
cada  contribuyente.  El  Departamento  de  Montevideo  suministraría  $ 50,000 
y los  departamentos  de  campaña  los  10,000  restantes. 

Al  discutirse  este  proyecto  en  la  Cámara  de  Diputados  declaró  el  Mi- 
nistro de  Hacienda  que  los  $ 60,000  pedidos  constituían  apenas  la  tercera 
parte  de  las  sumas  que  necesitaba  el  Tesoro  público.  Habría  que  votar,  pues, 
según  eso,  $ 180,000  mensuales  para  regularizar  la  situación.  Hizo  constar 
a su  vez  uno  de  los  diputados  que  la  Asamblea  ignoraba  la  forma  en  que 
eran  invertidos  los  dineros  públicos. 

La  Cámara  sancionó  el  proyecto.  Pero  la  idea  del  subsidio  mensual  quedó 
luego  abandonada  y en  su  lugar  pidió  y'  obtuvo  el  Gobierno  que  se  fijara  una 
suma  redonda  de  $ 300,000  a cargo  de  los  propietarios  y comerciantes  nacio- 
nales del  Departamento  de  Montevideo,  cuya  suma  distribuiría  una  Comisión 
compuesta  de  legisladores,  propietarios  y comerciantes,  debiendo  darse  a lo'3 
contribuyentes  documentos  representativos  de  sus  créditos  con  el  interés  del 
1 % mensual. 

i 

La  deuda  en  marcha. 

Véase  cómo  cerró  el  ejercicio  financiero  de  1841,  según  los  datos  sumi- 
nistrados Ror  el  Ministerio  de  Hacienda  a la  Cámara  de  Diputados  en  abril 
del  año  siguiente: 

La  deuda  pública  reconocida  subía  a $ 5.807,000.  El  balance  del  primer 
semestre  arrojaba  un  déficit  de  760,000  y el  del  segundo  otro  de  851,000. 
Redondeando  cifras,  un  millón  seiscientos  mil  pesos  en  los  doce  meses. 
A mediados  de  año  ya  estaba  consumido,  anticipadamente,  el  producto  del 
papel  sellado,  patentes  de  giro,  corrales  y’  mercados  hasta  fines  de  1842. 
De  las  rentas  generales  de  Aduana,  calculadas  en  $ 90,000  mensuales,  una 
tercera  parte  se  recibía  en  letras  ministeriales,  otra  tercera  parte  en  docu- 
mentos comerciales  y sólo  el  saldo  en  metálico. 

Con  dos  notas  complementarias  igualmente  llamativas  cerraba  su  cuadro 
el  Ministro:  la  deuda  circulante,  con  servicio  de  intereses,  absorbía  alrededor 
de  $ 40,000  mensuales,  y a los  empleados  civiles  y militares  sólo  se  les  había 
abonado  durante  el  año  dos  meses  de  sueldo! 

En  la  víspera  de  la  invasión. 

Estaba  verdaderamente  en  ruinas  la  Hacienda  pública  y',  sin  embargo, 
había  que  extraer  de  ella  nuevos  recursos  para  hacer  frente  a los  gastos  de  la 
guerra,  cada  día  más  considerables. 

En  mayo  de  1842  presentó  el  Gobierno  a la  Asamblea  un  proyecto  de 
reformas  a la  ley  de  Aduana,  que  permitía  efectuar  el  pago  de  los  derechos 
una  tercera  parte  en  billetes  ministeriales  y’  las  dos  terceras  partes  restantes 
en  letras  comerciales  a 6 meses  de  plazo  y al  1 *4  % de  interés  mensual, 
como  medio  de  estimular  los  despachos;  y otro  proyecto  de  lev'  de  patentes 
de  giro,  según  el  cual  los  extranjeros  exentos  de  servicios  públicos  pagarían 


52 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


el  duplo  de  las  cuotas  correspondientes  a su  giro,  salvo  que  incorporaran  a 
sus  talleres  o establecimientos  «dos  o más  hijos  del  país  como  aprendices  o 
dependientes». 

Poco  después  pidió  y obtuvo  el  Gobierno  autorización  para  levantar 
$ 700,000  con  la  garantía  de  las  rentas  de  Aduana,  y'  ampliando  en  seguida 
su  programa  de  recursos  presentó  varios  proyectos  encaminados  a establecer 
una  contribución  equivalente  a un  mes  de  alquiler  sobre  todas  las  finca*, 
solares  y tierras  situados  en  el  Departamento  de  Montevideo;  a exigir  una 
patente  extraordinaria  a todos  los  establecimientos  comerciales  e industriales 
ya  gravados  con  ese  impuesto;  a arbitrar  fondos  para  amortizar  el  empréstito 
forzoso  de  $ 300,000  decretado  el  año  anterior;  a enajenar  la  mitad  de  los 
derechos  de  Aduana.  Con  excepción  de  la  venta  de  los  derechos  de  Aduana  que 
el  Senado  aplazó,  por  juzgar  que  no  habría  licitadores  o que  sólo  se  presentarían 
propuestas  ruinosas,  fueron  sancionados  los  demás  proy'ectos. 

Al  fundarlos  dijo  el  Ministro  don  Francisco  Antonino  Vidal  que  el  Go- 
bierno había  obtenido  del  comercio  $ 550,000,  con  destino  al  ejército,  al  pago 
de  tres  meses  de  sueldos  a los  empleados  civiles  y militares  y a la  formación 
de  la  escuadrilla  del  coronel  Garibaldi,  destruida  casi  en  seguida  en  aguas 
argentinas  por  la  escuadra  de  Rosas. 

«Hace  muchos  días,  agregó,  que  el  Erario  está  sin  un  peso».  Y hay1  que 
gastar  de  inmediato  fuertes  cantidades  para  el  mantenimiento  de  un  ejército 
que  consta  de  ocho  a nueve  mil  soldados.  «El  tener  patria  cuesta  muy  caro». 
Para  marchar  regularmente  necesitaríamos  no  menos  de  $ 300,000  mensuales. 
Pero  «ningún  sacrificio,  por  grande  que  sea,  debemos  omitir,  y si  es  preciso, 
señores,  vendernos  como  los  negros  de  Africa,  nos  venderemos  porque  sería 
peor  vender  nuestra  libertad  y nuestra  sangre  a nuestro  enemigo». 

«El  hecho  dominante,  decía  a su  turno  don  Santiago  Vázquez  en  el 
Senado,  es  que  nuestra  posición  es  tan  apurada  y'  premiosa  que  no  deja  lugar 
a consideraciones  generales,  ni  a preparar  o establecer  operaciones  sistemá- 
ticas propias  de  un  estado  normal.  Es  forzoso  reconocer  que  el  nuestro  es 
hoy  excepcional  y de  transición:  las  incertidumbres  e inquietudes  de  la 
guerra,  y guerra  bárbara  que  sufrimos,  el  sacudimiento  que  ha  experimentado 
además  el  comercio  en  nuestro  mercado  durante  el  último  período,  el  estado 
vacilante  de  los  créditos  mejor  fundados,  la  desconfianza,  en  fin,  que  crece 
rápidamente,  produce  el  encogimiento  y'  dislocación  de  capitales  y apaga  el 
espíritu  dé  empresa;  provocarlo  en  tales  momentos  para  operaciones  de  crédito, 
sólo  daría  por  resultado  operaciones  ruinosas  para  el  Erario,  una  especie  de 
lotería  en  que  la  inminencia  del  riesgo  autorizaría  toda  pretensión,  y a la 
verdad  sin  que  el  espíritu  de  crítica  pudiera  sublevarse  con  justicia  contra  ella. 
Tal  vez  a este  sistema  funesto  de  anticipaciones  aventuradas  y por  consecuenr 
cia  de  contratos  onerosos,  es  debida  en  mucha  parte  nuestra  enorme  deuda 
que  hoy  redobla  su  peso  por  las  circunstancias  indicadas.» 

Más  de  una  vez  se  presentó  como  fórmula  salvadora,  en  medio  de  este 
desbarajuste  de  la  Hacienda  pública,  la  idea  de  hacer  tabla  rasa  de  todos  los 
contratos  hipotecarios  realizados  para  obtener  el  producto  anticipado  de  las 
rentas,  es  decir,  la  bancarrota.  Inició  la  campaña  «El  Compás»  a principios 
de  1841.  En  concepto  del  articulista  había  llegado  el  caso  de  consolidar 
todos  los  préstamos  contratados,  sobre  la  base  de  la  absoluta  liberación  de 
las  rentas.  Al  año  siguiente  se  levantó  una  yoz  en  la  Cámara  de  Diputados, 
la  del  doctor  Estanislao  Vega,  a favor  de  la  suspensión  transitoria  de  todos 
los  contratos  con  afectación  de  impuestos.  Pero  la  Comisión  de  Hacienda 
combatió  severamente  la  medida.  El  Gobierno,  decía  en  su  informe,  necesita 
seguir  apelando  al  crédito  y’  el  crédito  quedaría  destruido,  aparte  de  que  sería 
una  inmoralidad  que  por  la  sola  voluntad  de  uno  de  Jos  contratantes  quedara 


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53 


suspendido  el  contrato.  «Por  honor,  pues,  del  país  y para  establecer  un  ante- 
cedente solemne  y proporcionar  recursos  al  Gobierno»,  debe  ser  desechado  el 
proyecto,  concluía  la  Comisión.  Y la  Cámara  aprobó  su  dictamen. 


El  crecimiento  de  las  rentas  públicas. 

♦ 

No  es  que  las  rentas  estuvieran  estacionarias.  Crecían  de  una  manera 
vigorosa. 

Hacía  notar  don  Andrés  Lamas,  en  las  postrimerías  de  la  Guerra  Grande, 
que  mientras  que  las  rentas  de  los  Estados  Unidos  habían  experimentado  un 
aumento  del  200  % en  el  período  de  doce  años  que  media  de  1821  a 1832', 
pasando  de  $ 14.200,000  a 34,500,000;  las  rentas  del  Uruguay  habían  tenido 
un  crecimiento  de  300  % en  el  intervalo  de  siete  años  que  media  de  1836 
a 1842,  pasando  de  $ 1.075,000  a 3.500,000. 

Verdad  es  que  tan  enorme  crecimiento  no  emanaba  sólo  ni  siquiera  prin- 
cipalmente del  progreso  económico  del  país,  sino  de  la  creación  de  nuevos 
impuestos  y de  la  agravación  de  los  existentes. 

Crecían,  pues,  las  rentas  de  una  manera  vigorosa.  Pero  más  vigorosa- 
mente crecían  los  gastos  por  efecto  de  la  guerra  y del  incurable  desorden 
financiero  de  la  Administración  Rivera. 


La  enseñanza  primaria. 

Tuvo  un  excelente  estreno  la  dictadura  de  Rivera:  el  decreto  de  enero 
de  1839,  confiando  a don  Alejandro  Chucarro  la  vigilancia  de  las  escuelas 
de  primeras  letras  «para  que  se  instruya  de  su  estado,  observe  sus  necesidades 
y proponga  al  Gobierno  las  mejoras  y’  reformas  que  reclame  el  alto  objeto  a 
que  están  destinadas». 

«La  educación  popular,  decía  el  encabezamiento  del  decreto,  es  la  base 
del  porvenir  nacional»,  y ha  llegado  el  momento  «de  empezar  a fecundar  las 
nuevas  generaciones,  para  que  en  su  día  sepan  llenar  debidamente  el  pro- 
grama de  Mayo». 

Casi  todas  las  escuelas  habían  quedado  cerradas  por  efecto  del  sitio  de 
Montevideo  y del  derrumbe  del  Gobierno  de  Oribe.  Don  Alejandro  Chucarro 
reabrió  en  el  acto  la  Escuela  Normal,  que  era  la  más  importante  de  todas  ellas, 
y en  la  alocución  que  pronunció  con  tal  motivo,  quiso  dejar  constancia  de  las 
causas  de  la  funesta  crisis  de  la  enseñanza. 

«El  estado  lamentable,  dijo,  a que  ha  llegado  la  educación  pública  es 
uno  de  los  graves  males  ocasionados  por  la  guerra  civil  desgraciadamente 
encendida  entre  nosotros.  A sus  funestos  efectos  han  sucumbido  todas  las 
escuelas  públicas,  incluso  la  Normal;  ni  una  sola  ha  podido  conservarse  en 
el  orden  y regularidad  que  corresponden,  y por  el  contrario  muchas  han 
llegado  al  extremo  de  cerrarse  por  falta  de  cuidados  y de  recursos:  entre 
ellas  la  de  niñas  de  esta  Capital.» 

El  fuerte  impulso  dado  por  el  Gobierno  de  Rondeau  y continuado  bajo 
la  primera  Presidencia  de  Rivera,  que  alcanzó  a dotar  al  país  de  34  escuelas 
primarias,  siguió  detenido  por  la  guerra  civil  y'  en  forma  tal  que  en  1842  no 
funcionaba  una  sola  escuela  en  toda  la  zona  urbana  y suburbana  comprendida 
desde  el  Cordón  hasta  el  Cardal  y desde  la  Aguada  hasta  el  Migtíelete,  según 
lo  hacía  constar  «El  Constitucional»,  y tampoco  existía  en  todo  el  Departa- 
mento de  Montevideo  una  sola  escuela  pública  de  niñas,  por  haberse  suprimido 
la  única  que  funcionaba. 

Debía  ser  y era  naturalmente  más  deplorable  la  situación  de  la  campaña. 
A fines  de  1840  pedía  la  prensa  una  escuela  para  la  Florida,  alegando  que 
allí  no  funcionaba  ninguna,  y ese  abandono  de  que  también  se  quejaban  otros 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


departamentos,  dió  lugar  a una  interesante  controversia  periodística  en  torno 
del  articulo  constitucional  que  prescribía  que  desde  aquel  año  en  adelante 
se  suspendería  la  ciudadanía  a todos  los  que  no  supieran  leer  y escribir. 
¿Habría  que  cumplir  el  precepto  constitucional?  En  opinión  de  «El  Correo», 
era  evidente  que  si.  En  opinión  de  «El  Nacional»  era  evidente  que  no. 
Los  constituyentes,  argumentaba  este  último,  al  formular  su  precepto,  par- 
tieron de  la  base  de  que  habría  paz  y'  de  que  el  pueblo  se  instruiría.  Pero 
las  guerras  civiles,  agregaba,  han  impedido  la  realización  de  ese  propósito  y 
en  consecuencia  debe  aplazarse  el  cumplimiento  del  precepto  constitucional. 

En  1841  renunció  don  Gabriel  Lezaeta  el  empleo  de  maestro  de  la 
escuela  pública  de  varones  de  Canelones,  invocando  que  durante  los  dos  años 
anteriores  no  había  podido  conseguir  que  se  le  enviaran  desde  la  Capital 
útiles  de  enseñanza;  que  sus  sueldos  estaban  impagos  desde  largos  meses 
atrás;  que  para  sostener  el  funcionamiento  de  su  escuela  había  tenido  que 
realizar  operaciones  de  crédito,  y que  para  colmo  de  males,  había  sido  ata- 
cado por  el  presidente  de  la  Junta  Económico  - Administrativa.  Las  dificul- 
tades que  oponen  los  hombres,  decía  en  su  renuncia,  son  más  graves  que  las 
que  resultan  de  la  lidia  con  los  niños,  y por  eso  he  resuelto  pedir  al  Presi- 
dente Rivera  que  me  saque  de  la  escuela  y'  me  dé  una  plaza  de  soldado  en 
las  filas  de  su  ejército! 

Entre  las  escuelas  de  campaña  se  destacaba  la  de  Mercedes,  dirigida  por 
el  Cura  Rector  de  la  iglesia  de  esa  ciudad  don  Luis  José  de  la  Peña,  antiguo 
profesor  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  donde  había  dictado  uno  de 
los  cursos  de  Filosofía.  Esa  escuela,  abierta  en  1839,  alcanzó  a tener  al  año 
siguiente  5 5 alumnos,  lo  que  no  era  mucho  para  una  población  de  seis  mil 
habitantes,  como  la  de  la  ciudad  en  qué  estaba  ubicada.  Su  programa  bas- 
tante amplio,  abarcaba  lectura,  escritura,  aritmética,  gramática  castellana, 
religión  y moral,  en  la  sección  de  primeras  letras;  y geografía  histórica  y 
política,  dibujo,  francés,  aritmética  aplicada  al  comercio,  álgebra,  geometría 
aplicada  a la  agrimensura,  trigonometría,  y'  física  de  uso  general  en  la  sec- 
ción de  segunda  enseñanza. 

Entre  las  escuelas  particulares  de  Montevideo  se  destacaban  la  de  niñas, 
que  dirigía  doña  Juaná  Manso,  distinguida  educácionista  que  tuvo  más  tarde 
brillante  actuación  en  la  Argentina,  y la  de  varones,  que  dirigía  don  Juan 
Manuel  Bonifaz,  con  mucha  competencia  y notable  dedicación. 

Y entre  los  establecimientos  de  fundación  anterior  el  Colegio  de  los 
Padres  Escolapios,  en  donde  se  enseñaba  desde  las  primeras  letras  hasta  el 
cálculo  mercantil,  la  gramática  castellana,  la  teneduría  de  libros,  las  mate- 
máticas, el  latín,  la  retórica,  la  filosofía,  el  francés,  el  inglés,  el  italiano,  el 
griego,  el  dibujo,  la  geografía,  la  historia,  la  música,  la  taquigrafía,  bajo  la 
dirección  de  un  competentísimo  cuerpo  de  profesores,  del  que  formaban  parte 
don  Pedro  Giralt,  don  Joaquín  Riba,  don  Antonio  Masramón  y don  Marcelino 
Noriega;  y'  el  Colegio  de  Humanidades  con  un  plan  de  estudios  que  abarcaba 
la  enseñanza  primaria  y la  filosofía,  la  física,  la  economía  política,  las  mate- 
máticas, la  geografía  universal,  el  latín,  la  gramática  castellana,  la  aritmética, 
la  lectura,  la  escritura,  el  dibujo,  el  francés,  el  piano  y la  esgrima,  bajo  la 
dirección  del  doctor  Antonio  R.  de  Vargas  y don  José  M.  Vidal,  de  cuyas 
aptitudes  dejó  constancia  la  Comisión  examinadora  de  1839,  presidida  por 
el  doctor  Cándido  Joanicó,  al  -declarar  «que  allí  se  prefería  el  desarrollo  del 
entendimiento  al  ejercicio  de  la  memoria». 

El  doctor  Juan  Bautista  Alberdi  dictó  en  1840  el  curso  de  Filosofía  del 
Colegio  de  Humanidades,  y uno  de  "los  discípulos  del  mismo  establecimiento, 
don  Alejandro  Magariños  Cervantes,  redactó  desde  su  banca  escolar  una 
obra  de  Retórica  que,  según  dijo  el  doctor  Vargas  al  tiempo  de  los  exámenes 
de  1842,  sería  adoptada  en  adelante  «como  texto  de  enseñanza,  porque  era 
superior  a las  de  Hornero  y Urcullú»,  usadas  hasta  entonces. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


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I¿»  enseñanza  secundaria  y profesional. 

Los  cursos  oficiales  de  enseñanza  secundaria  y superior,  impulsados  fuer- 
temente por  el  Gobierno  anterior,  siguieron  desenvolviéndose  en  forma  satis- 
factoria. 

A mediados  de  1839  anunció  al  Gobierno  el  presidente  del  Tribunal  de 
Justicia  doctor  Julián  Alvarez  que  habían  terminado  sus  estudios  de  Juris- 
prudencia doce  alumnos  de  derecho,  entre  los  que  figuraban  don  José  María 
Muñoz,  don  Joaquín  Requena,  don  Ambrosio  Velazco,  don  Jaime  Estrázulas, 
don  Cándido  Joanicó  y don  Manuel  Herrera  y Obes.  El  doctor  Alvarez  decía 
en  su  nota  que  algunos  de  los  alumnos  estaban  dotados  «de  una  rara  capa- 
cidad»; que  atros  habían  alcanzado  «resultados  sorprendentes»;  y concluía 
felicitando  a.1  Gobierno  y al  pais  «porque  a despecho  de  nuestras  desgraciadas 
disensiones  no  se  ha  entibiado  el  celo  que  prep'ara,  por  trabajos  lentos  pero 
sólidos,  un  porvenir  durable  de  orden  y prosperidad  a nuestra  patria». 

En  ese  mismo  año  quedó  inaugurada  la  «Academia  de  Jurisprudencia 
Teórico  - Práctica»,  creada  en  las  postrimerías  del  Gobierno  de  Oribe.  El  Re- 
glamento redactado  por  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  declaraba  socios  y 
a la  vez  .maestros  a todos  los  abogados  recibidos;  prescribía  que  nadie  podría 
ejercer  la  abogacía  sin  tener  titulo  y'  tres  años  de  práctica  en  los  cursos  de 
la  Academia;  y colocaba  a esta  institución  bajo  la  autoridad  de  un  miembro 
del  Tribunal  y de  una  Comisión  elegida  por  los  abogados  recibidos.  La  pri- 
mera autoridad  quedó  constituida  así:  director  el  doctor  Joaquín  Campana, 
presidente  el  doctor  Gabriel  Ocampo,  vicepresidente  el  doctor  Francisco  Solano 
de  Antuña,  censores  los  doctores  Estanislao  Vega  y Miguel  Cañé,  secretario 
el  doctor  Cándido  Joanicó,  prosecretario  el  doctor  José  María  Muñoz,  fiscal 
el  doctor  Florentino  Castellanos,  tesorero  el  doctor  Joaquín  Requena. 

No  se  contentó  el  Gobierno  de  Rivera  con  el  resultado  lento  de  los  cursos 
de  Jurisprudencia  y'  de  la  Academia.  Por  un  primer  decreto,  de  diciembre 
de  1838,  en  plena  dictadura,  confirió  el  título  de  abogado  a don  Joaquín  Sa- 
gra, invocando  la  escasez  de  letrados  en  el  pais  y el  antecedente  de  haberse 
recurrido  en  épocas  anteriores  a personas  sabedoras  del  derecho,  pero  sin 
grado  académico,  para  ocupar  cargos  en  la  Administración  de  Justicia.  Y por 
un  segundo  decreto,  de  enero  de  1839,  correspondiente  también  a la  dictadura, 
estableció  que  todos  los  que  hubieran  ganado  el  bachillerato  en  cualquiera 
de  las  repúblicas  americanas  serían  admitidos  como  alumnos  de  la  Acade- 
mia, y que  todos  los  que  hubieran  obtenido  el  título  de  abogado  en  esas 
repúblicas  serían  reconocidos  y matriculados  como  tales  sin  más  formalidad 
que  la  exhibición  de  sus  títulos.  Sólo  los  abogados  de  ultramar  tendrían  que 
rendir  examen  general  ante  el  Tribunal.  En  apoyo  de  sus  exenciones  invocaba 
el  decreto:  la  carencia  de  abogados  nacionales;  el  mayor  brillo  que  alcan- 
zaría el  foro  con  la  concurrencia  de  nuevos  abogados;  la  conveniencia  «de 
establecer  la  unidad  americana»;  y finalmente,  «que  toda  restricción  sobre 
el  ejercicio  de  la  inteligencia»,  constituye  «una  violación  de  los  principios  de 
la  sociedad  y fraternidad  de  todos  los  pueblos». 

Entre  los  emigrados  había  abogados  argentinos  como  Florencio  Varela, 
Juan  Bautista  Alberdi,  Miguel  Cañé,  Juan  José  Alsina,  y'  chilenos  como  Ga- 
briel Ocampo,  que  el  Gobierno  deseaba  incorporar  e incorporó,  por  ese  de- 
creto, al  foro  nacional. 

Al  tiempo  de  la  invasión  de  Oribe  figuraban  en  los  avisos  de  la  prensa 
de  Montevideo  17  abogados  con  estudio  abierto  .y  28  médicos  diplomados,  ci- 
fras notables  que  demuestran  el  fuerte  grado  de  cultura  del  pueblo  de  que  eran 
exponentes. 

Fuera  de  esa  protección  a los  profesionales  extranjeros  poco  le  fué  dado 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


hacer  a Rivera  en  materia  universitaria  durante  su  segunda  Presidencia, 
absorbida  toda  ella  por  las  atenciones  apremiantes  de  la  guerra  civil. 

Merece  destacarse,  como  honrosa  excepción,  un  decreto  de  fines  de  1838 
que  destinó  el  Convento  de  San  Francisco  a asiento  de  la  futura  Universidad 
y declaró  extinguida  la  congregación  de  religiosos  que  ocupaba  ese  edificio, 
alegando  que  ella  carecía  del  número  preciso  de  conventuales  y que  empeñarse 
en  restablecer  el  Convento  «sería  contrariar  la  manifiesta  tendencia  de  las 
sociedades  modernas,  oponerse  al  progreso  de  la  civilización,  multiplicar  los 
establecimientos  improductivos». 

Un  año  más  tarde,  durante  los  preparativos  militares  a que  dió  origen 
la  invasión  de  Echagüe,  se  presentaban  los  alumnos  de  filosofía  y matemá- 
ticas denunciando  que  los  salones  de  esas  dos  aulas  habían  sido  ocupados  por 
el  batallón  de  guardias  nacionales  «Voluntarios  de  la  Libertad»,  hecho  tanto 
más  lamentable,  agregaban,  cuanto  que  el  mobiliario  del  establecimiento,  de- 
teriorado por  efecto  de  los  desórdenes  anteriores,  acababa  de  ser  compuesto 
a costa  de  los  propios  alumnos  y'  sin  exigirse  nada  al  Tesoro  público. 

Cuando  ni  los  locales  de  clase  escapaban  a la  bomba  aspirante  de  la 
guerra,  mal  podía  pensarse  en  la  creación  de  nuevos  cursos  universitarios. 
Apenas  le  era  dado  al  Gobierno  sacar  partido  de  alguna  que  otra  iniciativa 
particular  para  completar  lo  existente.  A mediados  de  1841,  por, ejemplo, 
empezó  a dictarse  en  el  Colegio  de  Humanidades  del  doctor  Vargas  un  curso 
de  Economía  Política  a cargo  del  señor  Parejas,  y entonces  se  resolvió  que 
mientras  la  cátedra  similar  no  fuera  establecida  en  la  Universidad  valdría 
la  asistencia  de  los  alumnos  de  Jurisprudencia  a dicho  establecimiento  privado. 

Hasta  1841  la  Junta  de  Higiene  admitía  a examen  de  reválida  de  medi- 
cina y cirugía  a todo  médico  extranjero  que  presentara  un  certificado  de 
otro  profesor  haciendo  constar  que  había  cursado  los  estudios  correspondientes. 
A mediados  de  ese  año  quedó  resuelto,  de  acuerdo  con  úna  indicación  del 
doctor  Vilardebó,  que  en  adelante  se  exigiría  un  diploma  de  Universidad  o de 
Escuela  oficialmente  reconocida.  Entre  los  exámenes  de  reválida  de  ese  año 
figura  el  del  doctor  Martín  De  Moussy,  médico  de  la  Facultad  de  París  que 
permaneció  en  Montevideo  durante  diez  años  ejerciendo  su  profesión  y reali- 
zando a la  vez  estudios  notables  de  climatología  que  la  prensa  de  la  época 
se  encargaba  de  recoger  y'  divulgar. 


Estimulando  la  cultura  artística. 

A mediados  de  1839  don  Juan  Manuel  Besnes  Irigoyen  donó  al  Estado 
una  colección  de  sus  cuadros  caligráficos.  El  país  estaba  en  guerra  y pró- 
ximo a ser  invadido  por  el  ejército  de  Echagüe.  Pero  la  Asamblea,  dando  un 
hermoso  ejemplo,  mandó  adjudicar  al  donante  una  casa  que  pudiera  servirle 
de  habitación  y en  la  que  el  propio  artista  custodiaría  sus  cuadros.  Besnes 
Irigoyen,  como  lo  bacía  notar  la  Comisión  informante  de  la  Cámara  de  Dipu- 
tados, tenía  obras  que  podrían  figurar  con  honor  en  los  primeros  museos  de 
Europa,  obras  admiradas  por  todos  los  extranjeros  competentes  que  habían 
desfilado  por  sus  talleres. 

Pocos  años  después  un  grupo  de  hombres  importantes  allegaba  fondos 
para  costear  la  educación  de  Dalmiro  Costa,  un  niño  que  a los  tres  años  tocaba 
asombrosamente  el  piano  y a los  cinco  era  ya  compositor;  y la  prensa,  aplau- 
diendo el  generoso  esfuerzo,  lanzaba  la  idea  de  crear  una  beca  en  Italia  a 
favor  del  artista  nacional  en  ciernes. 

Dentro  de  ese  ambiente  grandemente  intelectual  en  que  se  movía  el  pue- 
blo de  Montevideo,  encontraba  simpática  acogida  toda  idea  tendiente  a honrar 
el  talento.  A fines  de  1841  murió  Adolfo  Berro,  notable  estudiante  de  dere- 
cho y distinguidísimo  poeta,  y'  en  el  acto  se  levantó  una  suscripción  pública 
que  permitió  erigir  en  el  Cementerio  un  monumento  a su  memoria. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


57 


La  Policía  de  Montevideo,  que  no  limitaba  entonces  sus  actividades  a 
las  funciones  de  seguridad  y que  con  frecuencia  arrimaba  el  hombro  a favor 
de  la  cultura  artística,  festejó  el  25  de  mayo  de  1841  con  un  torneo  literario, 
en  que  actuaron  como  jurados  Francisco  Araucho,  Florencio  Varela,  Juan 
Andrés  Gelly,  Cándido  Joanicó  y'  Manuel  Herrera  y Obes,  y como  poetas 
premiados  Juan  María  Gutiérrez,  Luis  Domínguez  y José  Mármol,  tres  de  los 
ilustres  argentinos  radicados  entre  nosotros. 

Nadie  habría  creído,  en  presencia  de  esa  gran  fiesta  que  tuvo  lugar  en 
el  teatro,  que  la  guerra  contra  Rosas  proseguía  con  hondo  encarnizamiento 
en  territorio  argentino  y que  el  ejército  de  Oribe,  victorioso,  se  preparaba 
para  las  últimas  batallas  que  habrían  4e  franquearle  la  entrada  al  territorio 
uruguayo. 

El  teatro  y su  acción  en  la  enseñanza. 

Desde  los  comienzos  de  su  Gobierno  trató  Rivera  de  reanudar  la  acción 
directriz  sobre  el  teatro  nacional  que  ya  había  intentado  ejercer,  aunque  sin 
éxito,  en  su  primera  Presidencia. 

Nombró,  pues,  en  diciembre  de  1839,  una  «Comisión  de  Censura  y Di- 
rección del  Teatro»,  de  la  que  formaban  parte  Florencio  Varela,  Andrés  La- 
mas, Cándido  Joanicó,  Manuel  Herrera  y Obes  y Miguel  Cañé,  encargada  de 
examinar,  aprobar,  reprobar  o reformar  las  composiciones  que  hubieran  de 
exhibirse;  vigilar  su  ejecución;  censurar  y'  reprimir  los  abusos  contra  el  decoro 
y la  moral  públicos;  y presentar  las  bases  para  la  organización  del  teatro 
nacional. 

El  teatro,  según  el  decreto,  no  había  llenado  todavía  la  misión  que  le 
correspondía,  de  «contribuir  por  todos  los  medios  posible^  a la  mejor  edu- 
cación pública,  de  los  que  el  teatro  es  uno  de  los  principales»;  y'  era  para 
subsanar  ese  vacío  «y  con  el  objeto  de  cortar  abusos,  dirigir  y fomentar  los 
sentimientos  que  poderosamente  se  prestan  a la  realización  de  las  esperanzas 
y destinos  nacionales»,  que  se  instituía  la  nueva  Comisión. 

Todavía  estaba  reducida  la  población  de  Montevideo  a su  viejo  y estrecho 
teatro  de  la  época  colonial.  Pero  a mediados  de  1840  se  reunieron  varios 
hombres  progresistas  y resolvieron  allegar  recursos  para  la  construcción  de 
un  gran  teatro.  En  pocas  semanas  quedó  constituida  una  sociedad  por  accio- 
nes, presidida  por  don  Juan  Miguel  Martínez,  don  Juan  Benito  Blanco,  don 
Francisco  Solano  de  Antuña,  don  Juan  Francisco  Giró,  don  Ramón  Artaga- 
veytia,  don  Vicente  Vázquez  y don  Luis  Lamas,  y esa  sociedad  compró  el 
terreno  y aceptó  los  planos  del  edificio  formulados  por  el  arquitecto  don 
Francisco  Javier  de  Garmendia  y'  dió  comienzo  a la  ejecución  de  las  obras 
del  actual  teatro  Solís. 

El  Gobierno  se  dirigió  a la  Asamblea  en  demanda  de  exención  de  dere- 
chos de  Aduana  a favor  de  los  materiales  que  hubiera  necesidad  de  traer  del 
extranjero,  iniciativa  que  acogió  con  entusiasmo  la  Comisión  de  Hacienda  de 
la  Cámara  de  Diputados,  por  tratarse,  decía  en  su  informe,  de  la  primera  em- 
presa que  se  establece  en  el  país  para  la  construcción  de  una  obra  pública 
con  probabilidades  de  éxito.  Por  otra  parte,  agregaba,  no  puede  desconocerse 
la  urgencia  del  nuevo  edificio;  «como  agente  moralizador  el  teatro  es  de 
grande  importancia;  porque  atrayendo  a los  hombres  por  el  incentivo  irre- 
sistible del  placer  hacia  un  punto  de  reunión  lícita,  los  pone  en  contacto, 
estrecha  sus  relaciones  y los  arrebata  a un  ocio  maléfico,  dulcificando  sus 
hábitos  y mejorando  sus  costumbres». 

Al  terminar  el  año  18  42  presentó  la  Comisión  Directiva  del  teatro  su 
primer  informe  a la  asamblea  de  accionistas:  estaban  contratadas  la  cons- 
trucción de  las  paredes  hasta  una  altura  do  tres  varas  y no  más  por  falta 
en  plaza  de  los  tirantes  de  ñandubay  que  requería  el  edificio;  la  madera  de 
pino  y la  pizarra  para  el  techo,  y las  ocho  columnas  de  mármol  para  el  inte- 


58  ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


rior  del  vestíbulo;  y se  había  pedido  precios  para  la  construcción  de  las  colum- 
nas de  mármol  de  la  parte  exterior,  llevándose  gastado  ya  en  terreno  y obras 
alrededor  de  $ 81,000. 

Pocos  días  después  llegaba  la  noticia  del  desastre  del  Arroyo  Grande 
y del  avance  del  ejército  de  Oribe,  y las  obras  del  teatro  que  habría  sido  el 
primero  de  la  América  del  Sur  en  esa  época,  quedaron  absolutamente  para- 
lizadas durante  diez  años,  hasta  después  de  la  Guerra  Grande,  en  que  la 
misma  empresa  las  reanudó. 


Reorganización  de  la  Biblioteca.  Nacional. 

La  Biblioteca  y el  Museo,  reorganizados  por  el  Gobierno  de  Oribe,  habían 
vuelto  a cerrar  sus  puertas  bajo  la  presión  de  la  guerra  civil,  deteriorándose 
a causa  de  ello  buena  parte  de  los  ricos  materiales  acopiados  por  Larrañaga 
y Vilardebó. 

A principios  de  1839  se  dirigió  Rivera  a su  delegado  en  el  Gobierno 
para  pedirle  la  reapertura  de  ambos  establecimientos  y'  hacerle  saber  que 
había  donado  $ 1,200  de  sus  sueldos  atrasados  para  la  compra  de  libros  con 
destino  a la  Biblioteca. 

Pero  recién  a mediados  de  1840  quedó  regularizado  el  servicio  público, 
bajo  la  dirección  del  nuevo  bibliotecario,  don  Francisco  Acuña  de  Figueroa, 
«honra  de  su  patria»,  decía  la  prensa  de  la  época  al  dar  cuenta  del  nom- 
bramiento. 


Administración  dé  Justicia. 


Resultaban  extremadamente  lentos  y complicados  los  trámites  judiciales 
bajo  el  imperio  de  la  legislación  colonial  en  vigencia,  todavía,  y Rivera  se 
apresuró  durante  su  dictadura  a dictar  un  nuevo  reglamento  de  la  adminis- 
tración de  justicia  y de  los  procedimientos  judiciales.  Pero  el  remedio  debió 
reputarse  peor  que  la  enfermedad.  El  hecho  es  que  el  Gobierno  decidió  aban- 
donarlo a pedido  de  la  prensa,  y eso  que  «El  Nacional»  se  encargaba  a la  vez 
de  exagerar  en  esta  forma  los  males  del  régimen  a que  se  volvía: 

«No  hay'  quien  no  tiemble  o se  mofe  al  oir  hablar  de  nuestras  fórmulas 
judiciales;  no  hay  quien  no  prefiera  correr  a un  campo  de  batalla  más  bien 
que  a un  Juzgado  de  Paz;  no  hay  quien  no  prefiera  dar  su  bolsa  a trueque 
de  no  ir  a reclamarla  ante  los  Tribunales.» 

En  18  42  se  dirigió  el  Gobierno  a la  Asamblea  pidiendo  la  creación  de 
un  nuevo  Juzgado  del  Crimen  para  la  piás  rápida  sustanciación  de  las  causas, 
y entonces  el  presidente  de  la  Cámara  de  Diputados  doctor  Julián  Alvarez, 
invocando  su  larga  experiencia  de  magistrado  judicial,  bajó  de  su  asiento 
para  demostrar  la  ineficacia  del  proyecto.  Varias  veces,  dijo,  han  quedado 
despobladas  nuestras  cárceles  antes  de  la  terminación  efectiva  de  las  causas. 
El  nuevo  Juzgado  no  corregirá  el  mal,  porque  el  mal  está  en  la  vicm^a  orga- 
nización del  jurado,  que  en  vez  de  reunirse  en  el  propio  departamento  donde 
se. comete  el  crimen,  donde  se  conoce  al  criminal,  donde  se  conoce  a los  tes- 
tigos y,  sobre  todo,  donde  se  puede  interrogar  y oir  las  pruebas,  se  reúne  en 
Montevideo,  para  escuchar  la  lectura  de  los  sumarios.  Mientras  no  se  aborde, 
pues,  la  reforma,  concluía  el  orador,  lo  que  debe  hacerse  es  que  los  jueces 
del  Crimen  y los  tribunales  fallen  sin  jurados. 

La  Comisión  de  Legislación  acogió  favorablemente  la  idea,  convencida, 
decía  en  su  informe,  «de  lo  inútil,  embarazoso  y perjudicial»  del  jurado  orga- 
nizado en  esa  forma,  que  es  la  misma  que  todavía  hoy  sigue  imperando. 

Eran  lentos  los  sumarios.  Pero  cuando  concluían,  y sobre  todo  cuando 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


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concluían  con  una  sentencia  de  muerte,  estaba  obligada  la  población  de  Mon- 
tevideo, por  efecto  de  la  subsistencia  de  las  leyes  coloniales,  a presenciar 
espectáculos  bárbaros. 

En  el  curso  del  año  1842  fueron  fusilados- en  la  actual  plaza  Constitución 
el  autor  de  un  asesinato  cometido  en  Paysandú,  y en  la  Plaza  de  Toros  tres 
asesinos  que  habían  degollado  a un  vecino  de  dicho  paraje.  Pues  bien:  de 
acuerdo  con  las  respectivas  sentencias  los  cadáveres  de  los  cuatro  reos  «fue- 
ron arrastrados  cien  varas  en  un  cuero  y luego  colgados  durante  seis  horas 
a la  espectación  pública». 

También  en  materia  comercial  se  hizo  sentir  el  espíritu  de  reforma. 
A principios  de  1838  pidió  el  Gobierno  de  Oribe  a la  Asamblea  la  supresión 
del  Tribunal  del  Consulado  y Juzgado  de  Alzadas,  invocando  «los  emba- 
razos que  ofrecía  a la  administración  económica  de  la  Hacienda  y'  a la  marcha 
de  otras  instituciones  la  falta  de  armonía  con  que  se  presentaba  ese  cuerpo 
emanado  del  sistema  colonial».  De  acuerdo  con  las  ideas  del  Poder  Ejecutivo 
las  obligaciones  y deberes  del  Consulado  debían  pasar  a las  Juntas  Económico- 
Administrativas,  y la  administración  de  justicia  a un  Juez  de  primera  instan- 
cia y al  Tribunal  de  Apelaciones. 

No  pudo  la  Asamblea  oouparse  del  proyecto  a causa  de  los  trastornos 
políticos  que  terminaron  con  la  renuncia  de  Oribe;  pero  Rivera  se  encargó 
durante  su  breve  dictadura  de  darle  fuerza  de  ley,  suprimiendo  el  Tribunal 
Consular  y entregando  al  Juzgado  de  Hacienda  el  conocimiento  de  las  causas 
comerciales  que  hasta  entonces  había  estado  a cargo  de  los  mismos  comer- 
ciantes. 

Un  incidente  de  resonancia,  ocurrido  a mediados  de  1839,  sirvió  para  dar 
estabilidad  e independencia  a la  magistratura  judicial.  El  Gobierno  dirigió 
al  Tribunal  una  nota  en  la  que  decía  que  el  Juez  Letrado  de  lo  Civil  se  había 
instalado  fuera  de  la  planta  urbana  de  la  ciudad;  que  eso  constituía  un  aban- 
dono del  cargo;  y que  el  Juez  debía  ser  destituido  de  acuerdo  con  la  Cons- 
titución. El  Tribunal  fijó  al  Juez  un  plazo  para  trasladar  su  despacho  a la 
ciudad  y vencido  el  plazo  sin  que  la  orden  hubiera  sido  cumplida  dictó  el  Poder 
Ejecutivo  un  decreto  suspendiendo  al  Juez  y mandando  dar  cuenta  del  hecho 
al  Senado.  La  Asamblea  aprovechó  la  oportunidad  para  dictar  una  ley  aclara- 
toria, por  la  que  se  establecía  que  la  destitución  de  los  jueces  y el  conoci- 
miento de  sus  causas  correspondía  privativamente  a los  tribunales. 

Servicio  de  correos. 

Desde  principios  de  183  9 fueron  restablecidas  las  cuatro  carreras  de  pos- 
tas que  ponían  en  comunicación  a la  Capital  con  los  departamentos  de  campaña, 
suprimidas  por  el  Gobierno  de  Oribe  bajo  la  presión  de  las  estrecheces  del 
Erario. 

Rivera  derogó  también,  invocando  la  inviolabilidad  de  la  corresondencia, 
un  decreto  dictado  a raíz  de  la  revolución  de  18  36,  por  el  cual  se  mandaba  pasar 
a las  oficinas  del  Ministerio  de  Gobierno  toda  la  correspondencia  particular. 

Obras  de  vialidad. 

A mediados  de  1840  nombró  el  Gobierno  una  Comisión  popular  con  el 
encargo  de  propender  al  mejoramiento  de  los  caminos  de  Montevideo.  Se  le 
asignaba  como  único  recurso  el  impuesto  sobre  las  carretas.  Todo  lo  demás 
debía  obtenerlo  mediante  una  suscripción  voluntaria  a cargo  de  los  vecinos 
favorecidos  por  la  obra.  Pero  la  Comisión,  luego  de  estudiar  el  vasto  plan 
confiado  a su  celo,  resolvió  renunciar  en  masa,  convencida,  decía,  de  la  abso- 
luta imposibilidad  de  la  obra. 

Era  la  segunda  vez  que  Rivera  tomaba  esa  iniciativa.  Bajo  el  ministerio 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


de  don  Lucas  José  Obes,  durante  su  primera  Presidencia,  habían  sido  proyec- 
tados varios  puentes  y hasta  se  había  acopiado  piedras  para  ejecutar  las  obras 
en  el  Paso  del  Molino  y en  el  Paso  del  Soldado  en  el  río  Santa  Lucía. 

Como  prueba  de  la  importancia  del  proyectado  puente  del  Santa  Lucía, 
recordaba  la  prensa  que  una  prolija  estadística  del  movimiento  del  Paso  del. 
Soldado  en  el  año  1835  arrojaba  el  elevado  promedio  diario  de  cien  carretas  y de  diez 
carruajes. 

Higiene  pública. 

Dejaba  grandemente  que  desear  el  estado  de  la  ciudad  de  Montevideo 
del  punto  de  vista  de  la  higiene  pública. 

Hasta  1842  los  carros  de  basuras  descargaban  al  costado  del  Mercado 
Central,  ubicado  en  la  antigua  Ciudadela,  hoy  plaza  Independencia,  y los  resi- 
duos domiciliarios  allí  amontonados  eran  utilizados  luego  para  rellenar  los 
pantanos  de  las  calles  más  transitadas  de  la  ciudad. 

Una  piara  de  cerdos  y un  enjambre  de  pordioseros  se  encargaban  de  ex- 
traer diariamente  toda  la  materia  orgánica  de  esos  residuos  antes  que  la 
Policía  aplicara  el  remanente  a obras  de  pavimentación. 

En  la  relación  de  trabajos  presentada  por  la  Policía  a mediados  de  1840 
figura  una  partida  de  700.  carradas  de  basura  y tierra  con  destino  «al  primer 
zanjón  sobre  la  plaza  Cagancha». 

Ya  en  la  víspera  de  la  invasión  de  Oribe  se  presentó  al  Gobierno  una 
empresa  encabezada  por  don  Alejandro  Barreré  que  ofrecía  encargarse  de  la 
recolección  de  las  basuras  domiciliarias  y'  del  riego  de  las  calles,  mediante  la 
exención  de  patente  de  rodados  a sus  16  carros  y las  cuotas  mensuales  con 
que  voluntariamente  se  suscribiera  el  vecindario.  La  propuesta  fué  aceptada 
en  el  acto,  pero  no  alcanzó  a tener  ejecución  por  efecto  de  la  guerra  civil. 

Las  casas  carecían  en  general  de  letrinas.  Todavía  en  1839  seguía  de- 
nunciando la  prensa  que  llegada  la  noche  las  inmundicias  eran  arrojadas  a 
la  calle  por  los  que  no  podían  pagar  su  transporte  al  mar,  o entregadas  por 
los  pudientes  a conductores  especiales  que  iban  de  puerta  en  puerta  provistos 
de  barriles  que  apestaban  a los  transeúntes.  La  Policía  se  decidió  al  fin  a 
reglamentar  el  servicio.  De  acuerdo  con  una  ordenanza  de  ese  mismo  año 
la  limpieza  de  las  letrinas  y la  extracción  de  inmundicias  sólo  podrían  reali- 
zarse previa  licencia  y en  horas  determinadas  de  la  noche.  Los  barriles,  ade- 
más, no  deberían  llevarse  muy  llenos,  tendrían  tapa  y sus  conductores  mar- 
charían por  el  centro  de  la  calle  hasta  el  mar. 

El  abastecimiento  de  agua  seguía  a cargo  de  los  «aguateros»,  que  lle- 
naban sus  pipas  en  los  manantiales  de.  la  Aguada  y vendían  su  contenido  por 
baldes  a la  generalidad  de  los  habitantes,  porque  todavía  no  se  había  vulgari- 
zado la  construcción  de  aljibes. 

A mediados  de  1842  la  Junta  de  Higiene  encomendó  al  químico  Lenoble 
el  análisis  de  las  aguas  de  los  manantiales  de  la  Aguada  y de  su  estudio  re- 
sultó que  muchas  de  las  fuentes  utilizadas  para  el  consumo  de  la  población 
contenían  sales  calizas  en  fuerte  cantidad  y que  a ellas  debía  atribuirse  las 
afecciones  gastro-intestinales  que  diezmaban  a las  clases  pobres. 

Como  remedio  al  mal  insinuaba  la  prensa  la  construcción  de  un  pozo 
artesiano  «obra  magnífica,  pero  superior  a nuestros  recursos»;  la  construcción 
obligatoria  de  aljibes  en  todas  las  casas;  y'  la  conducción  «por  medio  de  caños 
subterráneos  de  las  puras  y saludables  aguas  del  río  ¡¡Santa  Lucía». 

Algunos  establecimientos  industriales  contribuían  a agravar  la  situación 
antihigiénica  de  la  ciudad.  En  1839  la  Policía  de  Montevideo  pidió  y obtuvo 
que  los  saladeros  situados  en  las  márgenes  del  Miguelete  fueran  trasladados 
a las  proximidades  del  mar,  invocando  que  infectaban  las  aguas  del  arroyo  y 
destruían  las  arboledas  y sementeras  de  los  alrededores.  Era  un  mal  de  que 
también  se  quejaba  el  vecindario  de  Mercedes,  atribuyendo  a la  contaminación 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


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de  las  aguas  por  los  saladeros  y graserias  que  allí  funcionaban  con  intensa 
actividad,  el  hecho  de  que  la  mortalidad  excediera  a la  natalidad  y de  que 
la  población  hubiera  empezado  a decrecer  rápidamente. 

Dentro  de  este  régimen  de  atraso  y de  abandono  no  podía  brillar  por 
su  higiene  el  Hospital  de  Caridad.  En  1840  la  prensa  denunciaba  el  caso  de 
una  mujer  loca  que  estaba  allí  alojada  en  un  cuarto  inmundo,  sin  luz  y'  casi 
sin  aire.  Y un  año  después  agregaba  que  en  las  salas  generales  sólo  eran 
cambiados  los  colchones  cuando  el  enfermo  era  dado  de  alta  o llevado  al 
cementerio  y que  los  cadáveres  permanecían  en  el  depósito  por  espacio  de 
dos  y'  hasta  de  tres  días. 

En  esa  misma  época  llegó  al  puerto  un  barco  cargado  de  inmigrantes 
vascos.  La  viruela  había  producido  varias  bajas  durante  el  viaje.  Llegado  al 
fondeadero  se  ahogaron  por  efecto  de  un  accidente  el  piloto  y el  contra- 
maestre, y entonces  la  Junta  de  Higiene  ordenó  que  los  cadáveres  fueran  echa- 
dos inmediatamente  al  agua  «con  un  peso  suficiente  para  que  bajasen  hasta 
el  fondo»  y resolvió  el  Gobierno  que  el  buque  fuera  a Maldonado  y que  sus 
pasajeros  desembarcaran  en  la  isla  de  Gorriti  y'  quedaran  allí  por  espacio  de 
veinte  días. 

Ya  la  Junta  de  Higiene,  preparándose  para  la  lucha  contra  la  viruela, 
que  era  lucha  de  casi  todos  los  años,  había  obtenido  de  la  Sociedad  Jenneriana 
de  Londres  dos  docenas  de  pares  de  vidrios  con  pus  y algunas  costras  pro- 
vistas de  vacuna,  y sobre  la  base  de  esa  primera  remesa  dió  principio  a la 
campaña  que  estaba  a su  cargo. 

Servicios  municipales. 

A fines  de  1842  el  Gobierno  contrató  con  una  empresa  encabezada  por 
don  Samuel  Lafone  la  demolición  de  la  antigua  Ciudadela,  donde  estaba  ins- 
talado el  Mercado  Central,  y la  construcción  en  ese  mismo  paraje  de  un  mer- 
cado más  amplio  cuyas  obras  deberían  efectuarse  por  secciones  en  un  período 
de  cinco  años.  Con  los  materiales  de  la  demolición  se  construiría  una  rambla 
delante  de  las  bóvedas  hasta  la  altura  del  fuerte  .de  San  José,  provista  de 
caminos  de  hierro  y'  pescantes  para  la  carga  y descarga  de  buques.  La  em- 
presa concesionaria  obtendría  los  terrenos  que  ganara  al  mar,  la  explotación 
temporaria  de  las  obras  y una  parte  de  los  excedentes  que  produjera  el  al- 
quiler del  mercado. 

La  ciudad  iba  creciendo  por  la  afluencia  de  inmigrantes;  los  viejos  ser- 
vicios municipales  resultaban  estrechos;  y a diario  se  lanzaban  ideas  que 
como  la  de  reemplazar  los  postes  de  las  calles  por  álamos  o paraísos  habrían 
contribuido  a hermosear  la  población  y a mejorar  sus  condiciones  higiénicas. 

Desgraciadamente  cuando  estas  iniciativas  surgían  y empezaban  a rea- 
lizarse marchaba  con  rumbo  a Montevideo  el  ejército  que  habría  de  contener 
los  progresos  edilicios  durante  ocho  años  de  sitio  riguroso,  de  despoblación 
y"  de  miseria. 

Reorganización  de  la  Policía. 

Rivera  suprimió  las  policías  departamentales  y confió  el  servicio  de  segu- 
ridad de  la  campaña  al  ejército  de  línea,  bajo  la  influencia  directriz  de  la 
Policía  de  Montevideo,  como  oficina  central. 

Reorganizó  también  el  servicio  de  la  Capital.  De  acuerdo  con  una  orde- 
nanza de  mediados  de  183  9 habría  un  soldado  de  policía  «en  cada  una  de  las 
calles  rectas»  de  Montevideo,  encargado  de  recorrer  constantemente  esa  calle 
y de  vigilar  la  transversal  de  su  derecha,  para  acudir  en  auxilio  del  vecindario, 
evitar  el  arroje  de  basuras  y'  aguas  inmundas,  regularizar  el  tránsito  de  ca- 
rruajes, prohibir  el  galope,  impedir  el  amontonamiento  de  mercaderías  en 
las  calles  y disolver  las  reuniones  de  muchachos.  El  servicio  nocturno,  orga- 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


nizado  al  año  siguiente  estaba  a cargo  de  60  serenos  armados  «de  fusil  y’ 
bayoneta»,  en  vez  de  «lanza  y pistola»,  mientras  duraran  «las  circunstancias 
de  la  guerra»,  decía  el  decreto  que  extractamos. 

Los  changadores  estaban  obligados  a enrolarse  en  cuadrillas  numeradas, 
bajo  el  mando  de  capataces  responsables  en  los  casos  de  extravíos  de  cargas. 

La  Policía  estimulaba  también  coercitivamente  al  trabajo.  En  18  39, 
invocando  que  todo  hombre  debía  ocupar  útilmente  su  tiempo,  resolvió  que 
los  peones  contratados  que  faltaran  a su  servicio,  sin  causa  justificada,  sufri- 
n'an  ocho  días  de  arresto  e igual  pena  los  que  en  los  días  de  trabajo  fueran 
sorprendidos  bebiendo  o jugando  en  las  pulperías. 

Por  otra  ordenanza  de  1841,  que  invocaba  «los  respetos  al  culto»,  se  pres- 
cribía que  en  los  días  festivos  de  ambos  preceptos  debía  cesar  «el  trabajo 
mecánico»  y que  las  casas  de  comercio  sólo  podrían  estar  abiertas  hasta  las 
10  de  la  mamana  y'  por  la  tarde  desde  las  4 hasta  las  9. 

Con  el  propósito  de  evitar  la  multiplicación  de  pordioseros  de  profesión 
resolvió  finalmente  la  Policía  «que  nadie  podría  pedir  limosna  sin  una  tablilla 
que  expediría  la  Jefatura  previo  informe  del  Juez  respectivo». 

Un  gran  incendio,  que  estalló  en  1841,  dió  lugar  a que  se  promoviera  una 
suscripción  pública  con  cuyo  producto  la  Policía  encargó  a Inglaterra  dos 
bombas  potentes  que  la  habilitaron  para  llenar  uno  de  los  más  sensibles  va- 
cíos de  su  organización. 


Los  extranjeros  en  la  Guardia  Nacional. 

Al  producirse  la  invasión  de  Echagüe  en  1839  ordenó  el  Gobierno  el 
enrolamiento  general  de  todos  los  llamados  a prestar  servicio  en  la  milicia 
activa  y pasiva,  para  impedir,  decía  el  decreto,  «el  sometimiento  del  país  a la 
dominación  del  opresor  de  Buenos  Aires,  la  conquista  definitiva  de  su  suelo 
y el  aniquilamiento  de  sus  libertades». 

La  Policía  de  Montevideo  publicó  en  seguida  un  bando,  por  el  que  com- 
pelía «a  todos  los  vascos,  catalanes  y'  demás  españoles  europeos»,  a enrolarse 
en  la  Guardia  Nacional,  bajo  apercibimiento  de  ser  aprehendidos  y puestos  a 
disposición  del  Jefe  del  cuerpo  para  su  castigo.  En  un  segundo  edicto  se 
advertía  a los  españoles  que  en  caso  de  omisión  serían  destinados  a la  tropa 
de  línea. 

Todavía  no  se  había  ajustado  el  tratado  con  España  y se  aplicaba  la 
tesis  vigente  de  que  el  «extranjero  sin  Cónsul»  estaba  obligado  a enrolarse 
en  la  milicia  y a prestar  servicio  a la  par  de  los  nacionales. 


Trabajos  para  repatriar  a Artigas. 

A la  muerte  del  dictador  Francia,  en  septiembre  de  1840,  surgieron  va- 
rias tentativas  para  repatriar  a Artigas. 

Dió  origen  a los  trabajos  una  correspondencia  de  la  Asunción,  en  la  que 
se  decía  que  pocas  horas  antes  de  su  muerte  había  prevenido  Francia  a los 
comandantes  militares  que  si  querían  vivir  en  paz  era  menester  «que  prendie- 
sen a su  sobrino  José  Artigas»,  recomendación  que  fué  ejecutada  de  inmediato. 

Al  año  siguiente  Rivera  se  dirigid  a los  mismos  mandatarios  del  Para- 
guay, los  cónsules  López  y Alonso,  recabando  su  mediación  para  que  pudieran 
regresar  a Montevideo  todos  los  orientales  que  quisieran  hacerlo,  sin  hab.lar 
determinadamente  de  Artigas.  Contestaron  los  cónsules  que  ya  se  habían  anti- 
cipado a los  deseos  del  Gobierno  oriental  y que  habían  expedido  las  órdenes 
necesarias. 

Uno  de  los  primeros  orientales  que  hizo  uso  de  esa  autorización  fué  el 
señor  Méndez  C'aldeira.  Había  pasado  veinte  años  en  el  Paraguay  y catorce  de 
ellos  en  las  prisiones  del  dictador  Francia.  Por  su  intermedio  se  supo  que 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


63 


Artigas  estaba  vivo  y que  había  sido  transportado  de  las  fronteras  del  Para- 
guay a los  suburbios  de  la  Asunción. 

Un  diario  lanzó  entonces  la  idea  de  enviar  un  barco  en  busca  del  ilustre 
proscripto,  como  se  había  hecho  en  183  8 con  Rivadavia  y sus  compañeros 
desterrados  por  Oribe  a Santa  Catalina.  «Todos  los  pueblos,  decía  ese  diario, 
honran  a sus  héroes»,  y como  tendiendo  un  puente  entre  colorados  y blancos, 
agregaba:  «Artigas  está  exento  de  las  prevenciones  de  los  partidos».  La  idea 
de  la  repatriación  fué  acogida. 

Se  preparaba  a salir  una  Comisión  oficial  a cargo  del  ayudante  mayor 
don  Federico  Albín,  encargada  por  el  Presidente  Rivera  .de  gestionar  el  re- 
greso del  prócer  y de  acompañarlo  hasta  Montevideo,  cuando  se  publicó  en 
«El  Nacional  Correntino»  una  correspondencia,  que  luego  reprodujo  la  prensa 
del  Plata,  de  la  que  resultaba  que  ya  el  Gobierno  paraguayo  se  había  dirigido 
espontáneamente  al  Jefe  de  la  villa  de  San  Isidro  en  agosto  de  1841,  para  que 
le  hiciera  saber  que  podía  salir  del  Paraguay,  pero  que  Artigas  había  expre- 
pado  el  deseo  de  que  le  permitieran  pasar  allí  el  resto  de  sus  días,  recayendo 
al  pie  de  su  representación  un  decreto  por  el  que  se  ordenaba  que  fuera  aten- 
dido en  vida  y que  una  vez  que  falleciera  se  le  hicieran  los  honores  fúnebres 
correspondientes. 

La  Comisión  presidida  por  Albín  marchó  asimismo  a su  destino  y pro- 
movió sus  gestiones  sin  resultado,  como  que  Artigas  hasta  se  negó  a abrir 
los  oficios  de  Rivera,  limitándose  a reiterar  a las  autoridades  paraguayas  su 
deseo  de  morir  en  el  destierro,  heroica  decisión  de  cuyo  alcance  hemos  hablado 
ya  en  otro  capítulo  de  esta  obra. 

Un  soldado  fiel  a la  tradición  artiguista. 

En  1841  murió  el  coronel  Tomás  Burgueño.  Había  actuado  en  la  lucha 
CDntra  los  ingleses,  en  las  campañas  de  la  Independencia  contra  los  españoles 
y contra  los  portugueses,  al  lado  de  Artigas  y de  los  Treinta  y Tres.  Indepen- 
dizado el  país  por  efecto  de  la  Convención  de  1828,  se  retiró  a su  hogar. 
Cuando  lo  llamaron  para  entregarle  el  sueldo  correspondiente  a su  jerarquía 
militar,  se  negó  a recibirlo,  alegando  que  le  bastaba  su  calidad  de  simple 
c udadano  en  la  época  de  paz.  Al  estallar  la  revolución  de  Lavalleja  contra 
el  Gobierno  de  Rivera  en  183  2 y la  revolución  de  Rivera  contra  el  Gobierno 
de  Oribe  en  1836,  pidió  autorización,  aunque  sin  conseguirla,  para  mantenerse 
alejado  del  teatro  de  la  guerra  civil,  invocando  «que  su  lanza  sólo  se  había 
manchado  con  la  sangre  de  los  enemigos  de  la  patria». 


¥ ¥ 


CAPITULO  IV 


LA  INTERVENCION  FRANCOINGLESA  DURANTE  EL  GOBIERNO 

DE  RIVERA 


Se  acentúa  la  acción  francesa  en  el  Río  de  la  Plata. 

Con  ocasión  de  la  caída  de  Oribe,  hemos  hablado  del  entredicho  entre 
el  Gobierno  de  Francia  y el  Gobierno  de  la  provincia  de  Buenos  Aires;  del 
bloqueo  subsiguiente  de  los  puertos  dominados  por  Rosas,  y de  la  alianza  de 
Rivera  con  la  escuadra  francesa. 

Dando  cuenta  a la  Asamblea  del  estado  de  las  secretarías  a su  cargo, 
decía  en  abril  de  1839  el  Ministro  de  Gobierno  y Relaciones  Exteriores: 

«Si  desgraciadamente  nos  hemos  visto  forzados  a aceptar  la  guerra  a 
que  el  Gobernador  de  Buenos  Aires  nos  ha  provocado,  atacando  de  todos 
modos  nuestra  nacionalidad,  hemos  ganado  en  cambio  la  alianza  de  hecho  de-  Francia. 
Eca  Nación  poderosa  que  marcha  al  frente  de  la  civilización  europea,  se  ha- 
llaba empeñada  en  una  cuestión  política  con  aquel  Gobierno  cuando  el  exce- 
lentísimo general  fué  puesto  al  frente  de  la  Administración  de  nuestro  país. 
La  coincidencia  de  su  causa  con  la  nuestra  ha  hecho  que  marchásemos  hasta 
aquí  de  acuerdo  en  cuanto  al  objeto  principal  y ha  contribuido  eficazmente  a 
fortificar  nuestras  relaciones  de  buena  inteligencia». 

La  alianza,  así  confesada  en  forma  oficial  por  el  Poder  Ejecutivo  a la 
Asamblea,  era  poco  después  robustecida  por  hechos  de  la  may'or  significación. 

En  el  curso  del  mismo  mes  de  abril  de  18  39  la  Cancillería  uruguaya  y 
el  Consulado  de  Francia  firmaban  un  reglamento  del  comercio  de  cabotaje, 
aplicable  al  Plata,  al  Uruguay  y al  Paraná,  según  el  cual  los  propietarios  de 
barcos  prestarían  fianza  al  Gobierno  oriental  y los  cargadores  al  Consulado 
y se  establecerían  estaciones  de  servicio  en  Montevideo,  en  la  Barranca  de  San 
Gregorio,  en  la  Colonia,  en  Martín  García  y en  la  Boca  del  Guazú.  El  objeto 
era  obtener  la  efectividad  del  bloqueo  de*la  escuadra  francesa  sobre  los  puer- 
tos dominados  por  Rosas,  poniendo  término  al  comercio  clandestino  que 
venía  realizándose  a la  sombra  del  cabotaje  uruguayo  y en  provecho  del  co- 
mercio uruguayo.  Esa  concesión,  verdaderamente  extraordinaria,  como  lo 
observaba  «Le  Patrióte  Franjáis»  en  1844,  ponía  de  manifiesto  la  existeucia 
de  un  pacto  de  alianza. 

Cuatro  meses  después,  al  producirse  la  invasión  de  Echagüe,  la  Cancillería 
uruguaya  se  dirigía  al  Cónsul  Baradere  para  anunciarle  que  el  territorio  na- 
cional había  sido  invadido  y pedirle  el  concurso  de  la  escuadra.  Ninguna  ges- 
tión habría  hecho  el  Gobierno,  decía  la  Cancillería  en  su  nota,  si  se  tratara 
de  una  simple  guerra  civil;  pero  tratándose  de  una  guerra  extranjera  el 
Uruguay  se  considera  habilitado  para  recabar  el  concurso  de  otro  país  que 
como  la  Francia  también  se  encuentra  en  hostilidades  con  el  invasor.  A esa 
comunicación  contestó  el  Cónsul  que  estaba  dispuesto  a prestar  la  ayuda  que 
se  le  pedía,  dados  los  términos  de  las  comunicaciones  oficiales  cambiadas  entre 
Rosas  y'  Echagüe,  de  los  que  resultaba  que  el  ejército  invasor  marchaba  contra 
Rivera  y a la  vez  «contra  los  inmundos  franceses». 

Al  enfrentarse  en  septiembre  los  ejércitos  de  Echagüe  y de  Rivera,  y'  en 
la  creencia  'de  que  se  produciría  de  inmediato  una  batalla,  volvió  a dirigirse 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


65 


la  Cancillería  al  Cónsul  Baradere  para  decirle  ¿íue  Rivera  tenía  un  ejército 
de  cuatro  mil  hombres  que  bastaba  para  destruir  a Ech*agüe,  pero  que  era 
prudente  prever  un  golpe  de  mano  en  Montevideo  y que  por  lo  tanto  había 
llegado  la  oportunidad  de  que  desembarcara  «toda  la  fuerza  de  que  pudiera 
disponer  para  cooperar  a la  defensa». 

Bajaron  en  el  acto  quinientos  soldados  de  la  escuadra.  Era  la  segupda 
vez  que  tal  acontecimiento  se  producía.  Ya  en  18  32,  durante  la  revolución 
de  Lavalleja,  habían  desembarcado  fuerzas  inglesas,  francesas  y norteameri- 
canas. Pero  entonces  al  solo  efecto  de  garantizar  el  orden.  Ahora  el  desem- 
barco tenía  por  objeto  cooperar  a la  defensa  de  Montevideo  contra  Rosas. 

El  almirante  y el  Cónsul,  juzgando  insuficiente  ese  concurso  militar, 
publicáron  un  bando  concebido  en  estos  términos  de  franca  alianza: 

«Habiendo  desembarcado  Iqs  marinos  de  la  escuadra  francesa  a pedido  del 
Gobierno  oriental  para  defender  la  ciudad  de  Montevideo  en  caso  necesario  contra 
las  fuerzas  del  enemigo  común  el  Gobierno  de  Buenos  Aires,  se  invita  a los  franceses 
que  se  hay'an  presentado  y a los  que  quieran  presentarse  para  tomar  las 
armas,  a que  comparezcan  mañana  domingo  a la  plaza  principal  o en  los 
días  siguientes  a casa  del  Cónsul  de  Francia.  — Montevideo,  12  de  octubre 
de  1839.  — Leblanc.  — Buchet.  — Martigni.  — Baradere.» 

Pocas  horas  después  de  publicada  esa  invitación  estaban  ya  formadas 
cinco  compañías  de  cívicos  franceses,  según  el  cómputo  de  «El  Constitucional» 
de  la  época,  o sea  un  batallón  de  mil  plazas,  según  los  datos  que  en  1S44 
publicó  «Le  Patrióte  Franqais». 

Algo  más  hicieron  los  agentes» franceses  a favor  de  sus  aliados:  designa- 
ron un  oficial  de  artillería,  el  capitán  D’Hastral,  para  trazar  y dirigir  las 
fortificaciones  de  Montevideo  y entregaron  a Ri/era  un  subsidio  de  cien  mil 
pesos  fuertes  para  la  reorganización  de  su  ejército,  según  se  encargó  de  ha- 
cerlo constar  el  doctor  Florencio  Yarela  al  historiar  los  antecedentes  de  la 
alianza  desconocida  algunos  meses  después  por  el  almirante  Mackau. 

La  alianza  de  hecho  reconocida  por  el  Gobierno  de  Francia. 

i 

En  esos  mismos  momentos  llegaban  a Montevideo  comunicaciones  del 
Comandante  de  la  escuadrilla  francesa  en  el  Río  Uruguay  Mr.  Lalande  de 
Calain,  anunciando  que  varios  lanchones  uruguayos  al  mando  del  comandante 
Read  habían  desalojado  a las  fuerzas  de  Echagüe  de  la  plaza  del  Salto  y 
que  a la  efectividad  de  ese  desalojo  habían  cooperado  los  buques  fránceses 
con  tropas  de  desembarco. 

Dando  cuenta  del  auxilio  decía  luego  el  Poder  Ejecutivo  a la  Asamblea 
en  su  Mensaje  de  enero  de  1840: 

«Era  preciso  ó multiplicar  las  medidas  severas  u ostentar  un  poder 
irresistible:  el  Gobierno  prefirió  la  cooperación  de  las  fuerzas  francesas,  nues- 
tras aliadas  naturales  en  la  cooperación  contra  el  tirano,  cuya  presencia  en  la 
Capital  alejaba  todo  recelo.» 

Ante  la  noticia  de  la  victoria  de  Cagancha  se  reunieron  los  cívicos  fran- 
ceses para  honrar  a los  vencedores  y en  tul  oportunidad  pronunció  el  almi- 
rante Leblanc  un  discurso  que  empezaba  con  estas  palabras:  «La  República 
Oriental,  nuestra  aliada,  ha  triunfado». 

Tampoco  se  ocultaba  en  Francia  el  hecho  de  la  alianza.  Al  contrario: 
su  existencia  era  reconocida  categóricamente  desde  la  tribuna  del  Parlamento 
en  1840. 

En  la  Cámara  de  Diputados  declaró  sin  ambages  el  Ministro  de  Ma- 
rina que  la  escuadra  francesa  había  desembarcado  400  soldados  en  defensa 
de  la  plaza  de  Montevideo;  que  se  había  organizado  un  batallón  de  cívicos  fran- 
ceses para  reforzar  el  ejército  de  Rivera;  que  bajo  la  protección  de  la  escua- 
dra se  había  organizado  la  expedición  de  Lavalle  contra  Rosas. 


66  ANALES  HISTÓRICOS  DEL  'URUGUAY 


Más  explícito  fyé  Thiers,  en  su  carácter  de  presidente  del  Consejo  de  Mi- 
nistros, al  tiempo  de  discutirse  ante  la  misma  Cámara  el  proyecto  de  ley 
que  acordaba  un  millón  y medio  de  francos  con  destino  a la  continua- 
ción del  bloqueo  contra  Rosas. 

En  casi  todos  los  estados  americanos,  empezó  el  orador,  se  pretende 
nacionalizar  a los  extranjeros  que  cuentan  con  más  de  tres  años  de  residencia. 
Tal  es  especialmente  la  tesis  de  Rosas.  A cada  reclamación  del  Cónsul  con- 
testa: ese  hombre  vive  en  el  país  desde  hace  más  de  tres  años;  luego,  no  es 
francés.  Y a la  sombra  de  esa  tesis  impone  a los  franceses  torturas  cuyo 
conocimiento  horrorizaría  a la  Cámara.  Los  ingleses  y norteamericanos  han 
obtenido  que  no  se  extienda  a ellos  una  doctrina  tan  contraria  al  derecho 
de  gentes.  Debemos  mostrarnos  condescendientes  en  materia  de  indemniza- 
ción, pero  inflexibles  en  el  mantenimiento  del  principio  de  la  nacionalidad. 
Nuestro  Cónsul  ha  manifestado  que  aceptaría  el  levantamiento  del  bloqueo  a 
condición  de  que  los  franceses  obtuvieran  el  tratamiento  de  la  Nación  más 
favorecida. 

Cuando  se  decretó  el  bloqueo,  continuó  diciendo  Thiers,  era  necesario 
anclar  en  alguna  parte  y se  buscó  el  apoyo  de  Montevideo.  Pero  el  Presidente 
Oribe  que  era  aliado  de  Rosas  nos  trató  muy"  mal  y además  permitió  que  se 
hiciera  fuego  sobre  una  embarcación  francesa  y armó  una  flotilla  que  tenía 
por  objeto  atacarla.  El  almirante  Leblanc  exigió  reparaciones  por  el  atro- 
pello y previno  que  si  la  flotilla  salía  la  echaría  a pique. 

«Era  bien  claro  desde  ese  momento  que  la  Francia  no  protegía  ya  a 
Oribe  y que  le  era  hostil.  Eso  dió  gran  fuerza  a Rivera,  que  trabajaba  por 
voltear  a Oribe.  Rivera  triunfó  y1  un  Gobierno  amigo  sucedió  a un  Gobierno, 
enemigo  en  Montevideo.  Naturalmente  nosotros  hemos  venido  a ser  aliados 
de  Rivera.  . . Quiero  que  se  sepa  del  otro  lado  de  los  mares  que  el  Gobierno 
francés  no  está  fatigado  y que  él  no  abandonará  esta  guerra  por  cansancio; 
no  habrá  nunca  guerra  cansada  para  el  Gobierno,  mientras  se  trate  de  los 
intereses  y del  honor  del  país.» 

Ante  una  interrupción  tendiente  a dar  más  eficacia  al  concurso  francés, 
agregó  Thiers: 

* Tenemos  tres  categorías  de  recursos  coercitivos:  el  bloqueo  que  mantene- 
mos desde  hace  dos  años,  aunque  no  tan  rigurosamente  como  sería  de  desear; 
la  utilización  de  las  fuerzas  militares  y de  los  partidos  locales  contra  Rosas; 
y el  envío  de  una  expedición  militar  al  Plata.  Cada  uno  de  los  tres  medios 
tiene  su  objeto.  El  Gobierno  francés  se  encuentra  en  el  segundo:  socorre  a 
Rivera  y'  a Lavalle. 

«Yo  no  condeno  ninguno:  ni  una  expedición,  si  fuera  necesaria,  ni  las 
alianzas  que  han  sido  contraídas  sin  mi  intervención,  y que  yo  no  he  podido 
hacer  otra  cosa  que  aprobar  y mantener.  No  condeno  ninguno  de  esos  recursos: 
los  emplearé  todos;  pero  no  ocurriré  a medios  extremos  sino  cuando  no  haya 
más  recurso.» 

El  diputado  Lagrange  reconoció  en  las  sesiones  de  junio  que  para  man- 
tener el  bloqueo  de  Buenos  Aires  había  sido  «necesario  asegurarse»  el  puerto 
de  Montevideo. 

«El  Presidente  Oribe,  agregó,  iba  contra  nosotros  sirviendo  los  intereses 
de  Rosas.  Una  'demostración  enérgica  del  almirante  Leblanc  le  hizo  caer  del 
poder.  Fué  reemplazado  por  Rivera,  uno  de  los  fundadores  de  la  República 
del  Uruguay',  que  ya  había  sido  mucho  tiempo  Presidente  de  ella.  Rivera  era 
el  enemigo  de  Rosas  y había  que  sostenerlo  contra  los  ataques  de  los  adver- 
sarios. Este  fin  ha  sido  gloriosamente  alcanzado  por  nuestra  marina.» 

El  orador  protestó  en  cambio  contra  los  auxilios  prestados  por  la  escua- 
dra francesa  a Lavalle.  No  se  trata  en  este  caso,  dijo,  de  ayudar  a un  Estado 
como  es  el  Uruguay,  sino  de  intervenir  en  las  luchas  de  partido  y ay'udar  a 
uno  de  los  que  se  disputan  el  triunfo  en  la  Argentina.  Eso  no  está  autorizado 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


67 


por  el  derecho  de  gentes.  Y protestó  también  contra  la  enormidad  de  los 
créditos  pedidos  para  proseguir  el  bloqueo  de  Buenos  Aires,  que  ya  subían, 
según  sus  cálculos,  a 2.340,000  francos. 

Thiers  se  limitó  a contestar  que  al  asumir  la  presidencia  del  Consejo  de 
Ministros  ya  estaba  en  marcha  el  sistema  que  convertía  «en  aliados»  de  Fran- 
cia al  Gobierno  del  Uruguay'  y a las  provincias  de  Entre  Ríos  y Corrientes 
representadas  por  Lavalle. 

Expresando  la  verdad  de  las  cosas,  decía  editorialmente  «El  Nacional»  en 
septiembre  de  1840,  al  comentar  los  rumores  de  arreglo  de  Francia  con  Rosas: 

«Todos  los  que  hacen  la  guerra  a Rosas  en  el  Rio  de  la  Plata  han  tomado 
las  armas  a inspiración  de  Francia  y'  bajo  la  base  de  una  mutua  prestación  de 
servicios  para  derrumbar  a Rosa'S.  Casi  todos  ellos  han  sido  armados,  equi- 
pados y transportados  por  los  agentes  de  Francia  y.  con  la  autorización  de  la 
Francia.  No  hay  un  pacto  escrito  y'  rubricado  en  que  se  señalen  las  obliga- 
ciones de  esta  alianza,  pero  no  por  eso  es  ella  menos  solemne,  menos  forzosa, 
menos  sagrada.» 

Una  aclaración  pedida  por  los  emigrados  argentinos. 

En  febrero  de  1839  se  dirigió  el  doctor  Juan  Bautista  Alberdi  al  Cónsul 
Baradere  diciéndole  que  había  quienes  abrigaban  sospechas  acerca  de  las  ver- 
daderas intenciones  del  Gobierno  francés  y que  era  conveniente  que  aclarara 
los  siguientes  puntos: 

Si  la  Francia  tenía  algún  motivo  de  resentimiento  contra  el  pueblo  argen- 
tino; si  el  Gobierno*  francés  estaba  dispuesto  a respetar  el  principio  de  la 
nacionalidad  argentina;’ cuáles  eran  sus  pretensiones;  si  se  inclinaba  a favor 
de  alguno  de  los  partidos;  sí  pensaba  ingerirse  en  el  régimen  interno  del  país; 
si  retiraría  sus  pretensiones  con  relación  a las  provincias  que  se  alzaran  contra 
Rosas. 

Contestó  el  Cónsul  Baradere: 

Que  no  existía  resentimiento  alguno  con  respecto  al  pueblo  argentino; 
que  el  Gobierno  francés  respetaba  la  nacionalidad  argentina  y sólo  exigía  una 
indemnización  a favor  de  sus  connacionales  perjudicados  y una  garantía  de 
futuro  que  debería  consistir  en  la  declaración  de  que  los  franceses  serían 
tratados  en  sus  personas  y'  en  sus  bienes  como  los  súbditos  de  la  Nación  más 
favorecida;  que  el  Gobierno  francés  no  establecía  diferencias  entre  unitarios 
y federales;  que  no  se  ingeriría  en  los  negocios  internos;  que  levantaría  el 
bloqueo  en  favor  de  toda  provincia  que  se  separara  de  Rosas;  que  la  Francia 
rechazaba  toda  idea  de  conquista  o dependencia  y que  no  ambicionaba  una 
sola  pulgada  de  territorio  argentino. 

Estas  declaraciones  fueron  complementadas  en  junio  de  1840  mediante 
un  protocolo  firmado  por  Mr.  Buchet  Martigni,  Cónsul  General  y Encargado 
de  Negocios  deí  Gobierno  francés,  y una  Comisión  delegada  de  los  argentinos 
emigrados  compuesta  de  los  doctores  Florencio  Varela,  Julián  Segundo  de 
Agüero,  Valentín  Alsina,  Ireneo  Pórtela,  Juan  José  Cernadas  y don  Gregorio 
Gómez. 

Se  trataba  4le  fijar  rumbos  y reglas  de  conducta  para  el  caso  de  que  los 
unitarios  voltearan  a Rosas  y establecieran  un  Gobierno  popular. 

En  el  preámbulo  del  protocolo  se  reconocía  que,  como  consecuencia  del 
establecimiento  del  bloqueo  en  1838,  se  había  producido  una  alianza  de  hecho 
entre  las  fuerzas  bloqueadoras  y las  fuerzas  argentinas  que  luchaban  contra 
Rosas;  y que  esa  alianza  se  había  estrechado  a mediados  de  1839  con  ocasión 
de  la  expedición  de  Lavalle  a Martín  García  y'  a Corrientes,  siendo  lógico 
entonces  Que  Thiers  reconociera  ante  la  Cámara  de  Diputados  como  aliados 
de  su  patria  a las  provincias  armadas  contra  Rósas. 


68 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Con  el  fin  de  dar  a la  alianza,  decía  luego  el  protocolo,  la  regularidad 
posible,  habían  acordado  ambas  partea  lo  siguiente: 

Que  una  vez  desaparecido  Rosas  cesarían  todas  las  desavenencias  que 
habían  dado  lugar  al  bloqueo  por  la  escuadra  francesa,  y el  Gobierno  francés 
restituiría  la  isla  de  Martín  García,  obligándose  a su  vez  el  nuevo  Gobierno 
argentino  a reconocer  la  procedencia  de  las  indemnizaciones  reclamadas  y a 
conceder  a los  franceses  el  tratamiento  de  la  Nación  más  favorecida  hasta 
que  se  formalizara  un  tratado  de  amistad,  comercio  y navegación,  entre  las 
respectivas  cancillerías. 

Una  misión  uruguaya  ante  el  Gobierno  de  Francia. 

Desde  mediados  de  1839  resolvió  el  Gobierno  de  Rivera  regularizar  y 
ampliar  la  alianza  de  hecho  que  ya  existía  con  Francia  y'  hacer  entrar  a la 
Inglaterra  en  la  guerra  contra  Rosas.  Era  una  gestión  tanto  más  urgente, 
cuanto  que  ya  habían  empezado  a correr  rumores  de  levantamiento  del  blo- 
queo sin  la  intervención  .uruguaya. 

Fué  encargado  de  tan  importantísima  gestión  el  Ministro  de  Gobierno  y 
Relaciones  Exteriores  doctor  José  Ellauri,  quien  se  embarcó  para  Europa  en 
agosto  de  ese  mismo  año,  llegando  a su  destino  después  de  un  viaje  de  ochenta 
y siete  días. 

De  acuerdo  con  sus  instrucciones  propuso  al  Gobierno  de  Francia,  en 
enero  de  1840,  la  celebración  de  tres  tratados;  el  primero  de  alianza  ofensiva 
y defensiva,  para  llevar  adelante  la  guerra  contra  Rosas;  el  segundo  de 
comercio  y navegación  sobre  la  base  del  tratado  preliminar  ya  ratificado; 
y el  tercero  de  garantía  de  la  independencia  de  la  República  Oriental,  du- 
rante un  plazo  determinado,  por  la  Francia  y'  por  la  Inglaterra. 

Con  el. propósito  de  ilustrar  ampliamente  a la  Cancillería  francesa  acerca 
de  las  cuestiones  que  se  debatían  en  el  Río  de  la  Plata,  formuló  el  doctor 
Ellauri  una  memoria  histórica  en  la  que  se  destacaba  la  incesante  interven- 
ción de  la  Argentina  y del  Brasil  en  las  guerras  civiles  del  Uruguay.  Los  dos 
países  signatarios  de  la  Convención  de  1828  habían  estimulado  y ayudado 
en  toda  forma  las  revoluciones  de  1832,  1833  y'  1834  durante  el  Gobierno 
de  Rivera.  Cuando  Rosas  tuvo  necesidad  de  ir  en  ayuda  de  su  aliado  Oribe 
se  limitó  a enviar  a Pay'sandú  una  división  de  400  hombres,  y dos  buques  de 
guerra,  porque  lo  que  el  dictador  argentino  deseaba  era  que  la  guerra  se 
generalizara  y agravara.  Juntamente  con  ese  acto  de  intervención  hizo  crisis 
el  conflicto  franco  - argentino  surgido  en  1830  por  efecto  de  la  tesis  de  Rosas 
sobre  enrolamiento  obligatorio  de  los  franceses  en  la  Guardia  Nacional,  com- 
plicado después  con  otros  incidentes  que  remataron  en  el  rompimiento  de 
las  relaciones. 

No  hay'  tratado  de  alianza  entre  Francia  y el  Uruguay,  concluía  la  Me- 
moria. Pero  es  lo  cierto  que  las  fuerzas  orientales  y francesas  están  unidas 
en  la  campaña  contra  Rosas.  La  Francia  sólo  pide  que  las  personas  y los 
bienes lde  sus  nacionales  sean  respetados;  que  no  se  obligue  a los  franceses 
a servir  en  la  Guardia  Nacional.  Y la  República  Oriental  sólo  pide  que  sea 
respetada  su  independencia.  t 

Durante  el  curso  de  estas  gestiones  corrieron  rumores  de  paz  con  Rosas 
y entonces  se  dirigió  el  doctor  Ellauri  a la  Cancillería  francesa  preguntando 
si  el  Uruguay  podría  contar  con  la  protección  de  Francia  para  asegurar  su 
independencia  y'  su  orden  interno.  Ya  había  pedido  con  anterioridad  que  se 
le  diera  intervención  en  el  tratáclo  a celebrarse  con  Rosas. 

F¿ié  muy  tranquilizadora  la  respuesta  de  Thiers: 

«En  cuanto  a la  alianza  que  vuestro  Gobierno  desea  concluir  para  llevar 
adelante  la  guerra  actual  contra  el  general  Rosas,  decía  en  su  nota  de  31  de 
julio  de  1840,  no  tengo  necesidad  de  recordar  que  esa  alianza  existe  de  hecho 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


69 


y que  las  pruebas  de  amistad  que  la  República  Oriental  del  Uruguay  ha  reci- 
bido ya  de  Francia  garantizan  suficientemente  que  en  cualquier  circunstancia, 
ya,  en  la  guerra,  como  en  la  paz,  las  mismas  simpatías  y los  mismos  testi- 
monios de  interés  le  serán  acordados.» 

Pocas  semanas  después  la  Cancillería  francesa  despachaba  una  misión 
al  Río  de  la  Plata,  que  se  entendía  directamente  con  Rosas  y dejaba  al  Go- 
bierno de.  Rivera  en  el  más  absoluto  aislamiento.  Y ante  la  protesta  de  la 
Legación  uruguaya  contra  ese  tratado,  respondía  Guizot,  sucesor  de  Thiers 
en  la  presidencia  del  Consejo  de  Ministros:  que  el  Gobierno  francés  «había 
obrado  en  la  plenitud  de  su  derecho»;  que  jamás  había  «ligado  su  causa  a la 
de  la  República  en  forma  de  no  poder  tratar  sino  de  acuerdo  y conjuntamente 
con  ella»;  que  «ni  siquiera  se  había  obligado  a ocuparse  de  la  República  del 
Uruguay  en  el  tratado  con  Buenos  Aires»;  que  a pedido  asimismo  del  Ministro 
negociador  se  había  insertado  en  el  tratado  una  cláusula  que  garantizaba  la 
independencia  de  la  Banda  Oriental , «cláusula  que  el  gobierno  del  Rey  juzgaba 
irrevocable  y esencialmente  obligatoria  para  la  República  Argentina  y'  llegado 
el  caso  no  vacilaría  en  proteger,  en  cuanto  dependiera  de  él,  los  derechos  que 
esa  cláusula  tenía  por  objeto  preservar». 

En  enero  de  1842  contestando  el  mismo  Ministro  Guizot  una  nota  del 
doctor  Éllauri  acerca  de  la  ineficacia  de  las  gestiones  de  la  diplomacia  franco- 
inglesa  a favor  de  la  paz  en  el  Río  de  la  Plata,  decía  que  el  Gobierno  francés 
no  conceptuaba  que  estuviera  amenazada  la  República  Oriental,  pero  que  si 
así  no  fuera  «estaría  pronto  a concertarse  con  los  demás  aliados  de  la  Repú- 
blica para  asegurarle  el  apoyo  y la  protección  necesaria  al  mantenimiento  de 
su  independencia». 

Con  esa  y'  otras  manifestaciones  análogas  terminó  la  gestión  encomen- 
dada al  doctor  Ellauri.  La  Francia,  que  se  había  declarado  aliada  del  Uruguay, 
pactaba  directamente  con  Rosas,  sin  dar  a su  aliada  la  participación  que  le 
correspondía  en  el  tratado.  Pero  la  tranquilizaba  asegurándole  que  su  inde- 
pendencia no  sería  atacada  por  Rosas  y que  si  lo  fuera  el  Gobierno  francés 
intervendría.  ¿Alcanzaría  esta  declaración  más  eficacia  que  la  otra?  Ya  vere- 
mos que  los  ejércitos  de  Rosas  vadearon  el  Uruguay'  y pusieron  sitio  a Monte- 
video, sin  que  la  acción  militar  de  Francia  se  hiciera  sentir! 

El  doctor  Ellauri  ante  el  Gobierno  inglés. 


* No  fué  más  feliz  el  doctor  Ellauri  ante  la  Cancillería  inglesa.  Sus  ges- 
tiones debieron  entablarse  con  menos  optimismo  que  en  Francia.  Tenía  efec- 
tivamente que  recordar  el  plenipotenciario  oriental  que  en  el  archivo  de 
Echagüe,  capturado  en  el  campo  de  Cagancha,  figuraban  dos  documentos 
reveladores  de  la  estrecha  vinculación  de  los  agentes  británicos  con  Rosas: 
una  carta  de  don  Antonino  de  los  Reyes  a don  José  Agustín  Iturriaga,  de 
mayo  de  1839,  diciéndole  con  referencia  al  Cónsul  Hood,  radicado  en  Monte- 
video desde  1830:  «Puede  usted  escribir  con  toda  franqueza,  pues  por  medio 
del  señor  Presidente  (así  era  llamado  Oribe)  las  remito  con  rótulo  al  Cónsul 
inglés  y así  no  hay  el  menor  temor»;  y un  oficio  de  Rosas  a Echagüe  con 
esta  referencia  al  mismo  Hood  y'  al  Ministro  Mandeville,  radicado  en  Buenos 
Aires:  «Nos  están  sirviendo  de  modo  que  reconocemos  una  inmensa  deuda 
de  gratitud  y cordial  benevolencia». 

A mediados  de  1840  se  dirigió  el  dóbtor  Ellauri  a lord  Palmerston 
abriendo  negociaciones  para  concluir  dos  tratados.  El  primero  de  amistad 
y comercio  a base  «de  una  perfecta  reciprocidad  6 igualdad  con  todas  las 
demás  naciones  con  quienes  podamos  en  lo  sucesivo  celebrar  otros  de  la 
misma  naturaleza».  El  segundo,  de  garantía,  era  fundamentado  así  por  el 


doctor  Ellauri: 

«La  República  del  Uruguay  encierra  en  su 


seno  tantos  elementos  de 


70 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


prosperidad  y'  ofrece  un  campo  tan  vasto  a las  especulaciones  del  comercio 
europeo  y muy  especialmente  de  Inglaterra,  que  no  se  necesita  más  que  ase- 
gurarle por  algunos  años  su  paz  exterior  y'  su  tranquilidad  interior,  para  que 
aquéllos  se  desarrollen  con  rapidez,  se  multipliquen  el  trabajo,  la  población 
y por  consiguiente  los  consumos.  Estamos  convencidos  que  muy'  difícilmente 
lograremos  tan  grandes  bienes,  sin  la  garantía  y el  apoyo  al  menos  moral  de 
una  o más  de  las  grandes  potencias  europeas  interesadas  en  los  mismos  objetos. 
Nada  aventura  el  Gobierno  que  declare  esa  protección  y las  ventajás  que  su 
Nación  reportará  con  el  tiempo  serán  inmensas.  He  ahí,  milord,  un  extracto 
oel  tratado  de  garantías.  Me  consideraré  muy'  feliz  si  contribuyo  a que  él 
se  celebre  entre  la  Gran  Bretaña  y la  República  que  represento.  Esta  podrá 
ratificarlo  sin  mengua  de  su  nacionalidad  e independencia.» 

En  mayo  y en  agosto  de  18  42  volvía  el  doctor  Ellauri  a,  dirigirse  a la 
Cancillería  inglesa  en  demanda  de  una  mediación  eficaz  en  el  Río  de  la  Plata 
sobre  la  base  de  los  tratados  de  comercio  y de  garantía  y'a  propuestos  «ofre- 
ciendo en  compensación  las  ventajas  comerciales  o de  otro  orden  que  se  le 
exigiera  y pudiera  conceder».  Hacía  constar  a la  vez  que  el  Gobierno  de 
Montevideo  se  había  dirigido  en  el  mismo  Sentido  al  Ministro  británico  en 
el  Plata,  con  el  agregado  de  que  «para  la  República  Oriental  era  urgentísimo 
procurarse  un  protector  poderoso  que  la  pusiera  a cubierto  de  la  injusta 
invasión». 

Contestó  la  Cancillería  inglesa,  en  cuanto  a las  ventajas  prometidas,  que 
por  sus  principios  internacionales  la  Inglaterra  era  opuesta  a todo  privilegio, 
y,  en  cuanto  a los  asuntos  de  la  guerra,  que  iniciaría  mediación  amistosa  entre 
los  Estados  beligerantes  del  Plata  tendiente  a obtener  un  armisticio  y sub- 
siguientemente un  arreglo,  a fin  de  ahorrarse  los  gobiernos  de  la  Gran  Bre- 
taña y'  de  la  Francia  «la  desagradable  alternativa  de  ocurrir  a las  medidas 
ulteriores  que  pudieran  creerse  necesarias».  Concluía  su  nota  el  conde  de 
Aberdeen  expiesando  al  doctor  Ellauri:  «que  la  conveniencia  de  adoptar  tales 
medidas  se  hallaba  aún  bajo  la  consideración  de  ambos  gobiernos». 

Esas  palabras  escritas  a mediados  de  diciembre  de  1842,  cuando  el 
ejército  de  Oribe,  triunfante  de  Rivera  en  la  batalla  del  Arroyo  Grande,  se 
preparaba  para  vadear  el  Uruguay,  dejaron  en  el  ánimo  del  plenipotenciario 
oriental  una  impresión  de  optimismo  que  los  sucesos  se  encargaron  inmediata- 
mente de  desvanecer. 

A mediados  de  1843,  ya  instalado  Oribe  con  su  ejército  frente  a los  mu- 
ros de  Montevideo,  decía  lord  Aberdeen  al  doctor  Ellauri:  , 

Que  la  resolución  del  Gobierno  de  Su  Majestad  Británica  jamás  había  sido 
ni  sería  la  de  tomar  intervención  en  las  cuestiones  del  Río  de  la  Plata  y sí  la 
de  conservar  la  más  estricta  neutralidad;  que  había  estado  y estaría  siempre 
dispuesto  a emplear  sus  buenos  oficios  para  restablecer  la  paz  entre  las  partes 
beligerantes;  pero  que  si  desgraciadamente  fracasara,  no  pasaría  más  ade- 
lante, consecuente  con  sus  principios. 

El  almirante  Mackau  desconoce  al  Gobierno  oriental  su  calidad  de  aliado 

del  Gobierno  francés. 

Hemos  dicho  que  durante  el  curso  de  las  gestiones  que  seguía  el  doctor 
Ellauri  el  Gobierno  francés  envió  al  Río  de  la  Plata  un  comisionado  que  se 
entendió  directamente  con  Rosas  y dejó  al  Gobierno  de  Rivera  en  el  más 
absoluto  aislamiento. 

Ese  comisionado  era  el  almirante  Mackau,  quien  llegó  al  puerto  de  Mon- 
tevideo a fines  de  septiembre  de  1840  al  frente  de  una  fuerza  naval  respetable. 

Durante  su  breve  permanencia  en  Montevideo  celebró  una  conferencia 
con  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  don  Francisco  Antonino  Vidal,  cuyas 
conclusiones  se  hicieron  constar  en  un  protocolo  que  puede  resumirse  así: 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


71 


El  Ministro  doctor  Vidal  sostuvo  el  derecho  del  Uruguay  a intervenir  en 
el  tratado,  invocándo  su  alianza  con  Francia,  alianza  que  apoyaba  en  los 
siguientes  hechos:  el  desembarco  de  400  marinos  y el  armamento  de  1,000 
franceses  en  septiembre  de  1830,  cuando  las  fuerzas  de  Rosas  amenazaban 
igualmente  a la  República  y a la  escuadra  francesa;  los  acuerdos  y convenios 
entre  los  agentes  franceses  y el  Presidente  Rivera;  el  subsidio  de  cien  mil 
patacones  entregado  por  los  agentes  franceses  al  Presidente  Rivera  para  llevar 
adelante  la  guerra  contra  Rosas;  la  toma  de  Martín  García  por  la^  fuerzas 
francesas  y orientales  y'  su  ocupación  subsiguiente  bajo  los  dos  pabellones:  la 
convención  de  abril  de  1839,  mediante  la  cual  el  Gobierno  oriental  había  renun- 
ciado derechos  y sacrificado  intereses  como  medio  de  dar  eficacia  al  bloqueo, 
que  de  otro  modo  habría  sido  ilusorio. 

Contestó  el  almirante  «que  no  ignoraba  ninguno  de  esos  hechos:  que  sabía 
que  las  armas  de  los  dos  gobiernos  habían  concurrido  muchas  veces  por  es- 
fuerzos comunes  a obtener  tal  o cual  resultado;  pero  que  no  estaba  dispuesto 
a sacar  de  esa  reunión  accidental  las  consecuencias  que  deducía  el  señor. 
Ministro». 

Quedaba  negado,  pues,  lo  que  Thiers,  como  presidente  del  Consejo  de 
Ministros  de  Francia,  había  confesado  y declarado  desde  la  tribuna  de  la 
Cámara  de  Diputados  de  su  país:  la  alianza  de  hecho  entre  el  Uruguay  y la 
Francia,  surgida  en  octubre  de  1838  por  obra  del  interés  francés  de  ganarse 
el  puerto  de  Montevideo,  como  base  de  operaciones  para  el  bloqueo  contra 
la  Argentina  y para  la  venta  de  las  presas  que  hiciera  su  escuadra. 

Mackau  quería  concluir  cuanto  antes  la  paz  con  Rosas,  para  llevarse  a 
Francia  la  fuerte  escuadra  que  estaba  en  el  Plata.  Todo  lo  demás  le  era  secun- 
dario y no  había  para  qué  tomarlo  en  cuenta,  aún  cuando  saltara  a los  ojos 
la  enormidad  de  entregar  a Rosas,  como  precio  de  la  paz,  al  aliado  de  la 
víspera.  Tal  era  lo  que  resultaba  de  su  nerviosidad  diplomática  y lo  que  efec- 
tivamente se  encargaron  de  demostrar  los  sucesos. 

El  doctor  Florencio  Varela  “terció  en  esta  contienda  con  un  contundente 
alegato  a favor  de  la  efectividad  de  la  alianza. 

El  cabotaje  uruguayo,  decíá  el  doctor  Varela,  se  encargaba  de  hacer  ilu- 
sorio el  bloqueo  contra  la  costa  argentina.  Pero  «el  mal  era  irremediable», 
dada  la  proximidad  de  las  costas  y de  ese  mal  no  era  posible  responsabilizar  al 
Gobierno  de  Oribe.  Surgió  luego  el  incidente  de  las  presas.  Ante  la  negativa 
de  Oribe  a permitir  en  el  puerto  de  Montevideo  la  venta,  resolvieron  los  blo- 
queadores  «quemar  los  buques  y cargamentos  apresados».  Rivera  en  cambio 
dió  a los  franceses  en  el  puerto  de  la  Colonia  la  autorización  que  su  anta- 
gonista les  había  negado  en  el  de  Montevideo.  El  campamento  de  Rivera 
«se  «hallaba  desde  el  mes  de  septiembre  de  1838  bajo  los  muros  de  Monte- 
video: los  agentes  diplomáticos  y militares  de  Francia  pasaron  a él  repetidas 
veces  y concertaron  medidas  de  interés  común,  que  suponían  conferencias, 
consentimiento  mutuo,  mutüas  concesiones  y ventajas» . . . «La  primera  fué 
el  ataque  y la  toma  a viva  fuerza  de  la  isla  de  Martín  García,  el  11  de  octubre, 
por  una  división  naval  oriental  unida  a otra  fraúcesa».  . . «El  suceso  de  Mar- 
tín García  fué  la  base  de  una  alianza  que  debería  muy  pronto  adquirir  más 
fuerza  y regularidad.  Un  mes  después  ocupó  el  general  Rivera  el  Gobierno 
de  Montevideo  y'  desde  ese  momento  no  hubo  franquicias,  no  hubo  auxilios 
de  que  pudiera  disponer  el  Estado  Oriental,  que  no  fueran  concedidos  a Fran- 
cia, aún  a costa  de  sus  más  vitales  intereses».  El  comercio  oriental,  concluía 
el  doctor  Varela,  fué  destruido  para  impedir  que  a su  sombra  pudiera  violarse 
el  bloqueo  de  la  costa  argentina. 

Por  el  tratado  Mackau  queda  el  Uruguay  abandonado  a Rosas. 

Poco  tiempo  antes  del  arribo  de  Mackau  se  habían  iniciado  gestiones  de 
paz  entre  la  Argentina  y Francia,  por  intermedio  del  Ministro  británico  Man- 


72 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


deville.  El  Cónsul  francés  en  Montevideo  había  propuesto  que  sus  connacio- 
nales recibieran  el  tratamiento  de  los  súbditos  de  la  Nación  más  favorecida; 
que  un  jurado  arbitral  fijara  la  indemnización  debida  a las  familias  de  Backle 
y otros  franceses  atropellados.  Y Rosas  había  propuesto,  a su  turno:  el  envío 
a Francia  de  un  Ministro  Diplomático  para  el  arreglo  de  los  asuntos  pendien- 
tes; el  levantamiento  del  bloqueo;  la  restitución  de  la  isla  de  Martín  García; 
el  retiro  de  las  armas  y elementos  navales  suministrados  por  la  escuadra  a 
los  sublevados;  y'  la  concesión  a los  franceses  de  idénticas  franquicias  a las 
que  la  Francia  dispensara  a los  extranjeros  en  su  territorio.  P&ro  no  habían 
tenido  éxito. 

He  aquí  ahora  las  cláusulas  del  tratado  que  Rosas  y Mackau  suscribieron 
a fines  de  octubre  de  1840: 

El  Gobierno  de  Buenos  Aires  reconoce  que  deben  ser  indemnizados  los 
franceses  que  han  experimentado  pérdidas  o sufrido  perjuicios  en  la  Argentina. 
El  monto  de  las  indemnizaciones  será  fijado  por  árbitros.  La  escuadra  fran- 
cesa levantará  el  bloqueo,  evacuará  la  isla  de  Martín  García  y restituirá  los 
barcos  de  guerra  argentinos  capturados  durante  el  bloqueo.  Lds  emigrados 
podrán  regresar  a Buenos  Aires,  excepto  aquellos  cuya  permanencia  en  el 
país  fuera  incompatible  con  el  . orden  público.  Los  franceses  en  territorio 
argentino  y los  argentinos  en  territorio  francés,  serán  tratados  en  sus  per- 
sonas y'  en  sus  bienes  como  los  de  la  Nación  más  favorecida,  quedando  excep- 
tuados de  esa  reciprocidad  los  favores  que  la  Argentina  acuerde  a otros  países 
de  la  América  del  Sur. 

En  cuanto  al  Uruguay,  el  aliado  de  hecho  de  Francia,  véase  lo  que  decía 
el  tratado  en  su  artículo  4.<>: 

«Es  entendido  que  el  Gobierno  de  Buenos  Aires  seguirá  considerando 
en  estado  de  perfecta  y'  absoluta  independencia  a la  República  Oriental  del 
Uruguay,  en  la  forma  que  lo  ha  estipulado  en  la  Convención  Preliminar  de 
Paz  de  27  de  agosto  de  18  28  con  el  Imperio  del  Brasil,  sin  perjuicio  de  sus 
derechos  naturales  siempre  que  lo  demandaren  la  justicia,  el  honor  y la  segu- 
ridad de  la  Confederación  Argentina.» 

Todo  en  ese  convenio  era  favorable  a Rosas.  Se  levantaba  el  bloqueo, 
se  restituía  la  escuadra,  se  abandonaba  Martín  García,  es  decir,  se  le  con- 
cedía lo  esencial.  En  cambio  de  la  cesación  del  estado  de  guerra  Rosas  reco- 
nocía en  principio  que  debía  indemnizaciones  por  sus  atentados,  pero  se  reser- 
vaba dificultar  las  decisiones  de  los  árbitros  a fin  de  no  pagar  nada;  concedía 
a los  franceses  el  derecho  que  ya  tenían  los  ingleses  de  no  prestar  servicio 
militar;  autorizaba  la  repatriación  de  los  emigrados  argentinos,  pero  sólo  de 
aquellos  a quienes  él  diera  permiso  en  cada  caso;  y reconocía  la  indepen- 
dencia uruguaya,  sin  perjuicio  de  atacarla  cada  vez  que  quisiera  hacerlo.* 

El  triunfo  de  Rosas  era  considerable  y sus  amigos  y1  admiradores  de 
la  Sala  de  Representantes  resolvieron  festejarlo  de  una  manera  excepcional, 
tan  excepcional  como  el  triunfo  mismo:  el  mes  de  octubre  en  que  se  había 
suscrito  el  tratado,  ya  no  se  llamaría  octubre,  sino  «el  mes  de  Rosas». 

Pide  aclaraciones  el  Gobierno  uruguayo,  pero  sin  'resultado. 

Terminada  la  negociación  el  almirante  francés  envió  a Montevideo  una 
copia  del  tratado  y el  Gobierno  oriental,  en  el  interés  de  fijar  el  alcance  de 
la  cláusula  cuarta  que  le  era  relativa,  despachó  a la  rada  de  Buenos  Aires  a 
don  Andrés  Lamas  con  un  pliego  de  instrucciones  encaminadas  a obtener  va- 
rias aclaraciones:  si  quedaba  o no  reconocido  el  Gobierno  de  Rivera;  si  la 
independencia  de  que  se  hablaba  era  o no  la  misma  de  que  el  país  venía  go- 
zando desde  diez  años  atrás;  qué  es  lo  que  Rosas  había  querido  reservarse 
para  desconocer  la  independencia  oriental  bajo  el  manto  «de  los  derechos 
naturales  de  la  Argentina». 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


73 


El  doctor  Lamas  celebró  una  conferencia  con  Mackau,  cuyas  conclusiones 
fueron  consignadas  en  un  memorándum  o protocolo  que  el  almirante  se 
negó  a firmar,  aunque  declarando  que  su  contenido  era  la  versión  exacta  de 
la  entrevista. 

Cuando  en  1839,  decía  en  ese  documento  el  doctor  Lamas,  el  Gobierno 
oriental  adoptó  la  política  que  fea  seguido  después,  abandonó  la  ventajosa 
posición  de  neutral  entre  Francia  y Rosas.  Los  agentes  franceses  exigían 
compromisos 7 muy  serios,  sin  ofrecer  ninguna  compensación  en  cambio:  que- 
rían un  puerto  seguro,  un  país  amigoi  y además  una  declaración  formal  de 
guerra  al  enemigo  de  Francia,  y a todo  eso  se  prestó  el  Gobierno  contando 
con  la  lealtad  de  la  Francia.  Declaró,  pues.  Rivera  la  guerra  a Rosas;  unió 
sus  fuerzas  a las  francesas  para  la  toma  de  Martín  García;'  y'  acordó  a los 
franceses,  por  la  convención  de  23  de  abril  de  1839,  privilegios  sin  ejemplo 
en  ios  anales  internacionales,  como  medio  de  asegurar  el  bloqueo  de  su  escua- 
dra insuficiente.  Rosas  entonces  lanzó  el  ejército  de  Echagüe  sobre  el  terri- 
torio uruguayo  y los  agentes  de  Francia  a su  turno  prestaron  ayuda  a Lavalle 
en  Martín  García  y en  Entre  Ríos  dándole  armas,  municiones  y'  medios  de 
transporte,  y'  además  bajaron  400  soldados  para  la  defensa  de  Montevideo. 
Por  todo  lo  cual,  concluía  el  doctor  Lamas,  es  bien  explicable  que  Thiers  haya 
proclamado  al  Uruguay  como  aliado  de  Francia  desde  la  tribuna  parlamen- 
taria de  su  país. 

Mackau  insistió  en  su  tesis,  de  que  el  Gobierno  oriental  y'  el  general  La- 
valle  no  habían  sido  aliados,  sino  puramente  «auxiliares  de  Francia»,  y refi- 
riéndose luego  al  alcance  de  la  cláusula  4.a  dijo  que  era  innecesaria  la  acla- 
ración que  se  pedía,  puesto  que  esa  cláusula  reconocía  la  soberanía  de  la 
República  Oriental  y que  una  de  las  consecuencias  de  la  soberanía  consistía 
precisamente  en  establecer  el  gobierno  y el  régimen  interior  que  el  país 
conceptuase  más  convenientes. 

Fué  inútil  que  el  doctor  Lamas  recordara  que  Rosas  seguía  dando  en 
esos  precisos  momentos  a Oribe  el  tratamiento  de  «Presidente  legal».  A sus 
objeciones  ilevantables  contestaba  Mackau  que  bastaba  el  reconocimiento 
de  la  independencia  y que  todo  lo  demás  debía  mirarse  como  consecuencia 
de  ese  reconocimiento! 

Protesta  el  Gobierno  uruguayo  contra  otras  cláusulas  del  tratado. 

Publicó  también  el  Gobierno  oriental  una  protesta  contra  la  devolución 
de  Martín  García  y de  los  barcos  capturados. 

«La  isla  de  Martín  García,  decía,  fué  atacada  y tomada  por  las  fuerzas 
combinadas  de  Frahcia  y de  la  República.  Esta  ha  conservado  allí  una  pe- 
queña guarnición  y su  pabellón  flamea  al  lado  del  pabellón  francés.  El  pleni- 
potenciario francés  ha  podido  desposeer  a sus  representantes,  pero  no  ha 
podido,  sin  violar  derechos  que  todas  las  naciones  respetan,  despojar  a la 
República  de  la  posesión  en  que  se  halla  de  la  isla  y'  de  la  parte  que  le 
corresponde  en  el  armamento  apresado  en  ella.  La  República,  a solicitud  del 
señor  contraalmirante  Leblanc  y fiada  en  la  lealtad  francesa,  disminuyó  la 
guarnición  de  la  isla  y descuidó  fortificarla» ...  Si  el  almirante  evacúa  así 
la  isla  sin  dar  al  Gobierno  el  tiempo  necesario  para  ponerla  en  estado  de 
defensa  y entrega  además  a Rosas  los  barcos  en  estado  de  servicio,  cometerá 
«contra  la  República  dos  actos  de  hostilidad  no  sólo  gratuitos  sino  inmere- 
cidos, pues  la  República  no  ha  hecho  sino  repetidos  e importantes  servicios 
a la  Francia.» 

«El  Gobierno,  concluía  el  documento,  por  su  honor  y por  el  respeto  que 
se  debe  a toda  Nación  independiente,  sea  grande  o pequeña,  fuerte  o débil, 
no  puede  envolver  este  acto  en  el  silencio  que  se  ha  propuesto  guardar  sobre 
todos  los  del  plenipotenciario  francés,  sin  oponer  la  más  formal  protesta,  como 


74  ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


por  el  presente  documento  lo  hace  a los  fines  qua  el  derecho,  la  razón  y la 
justicia  den  lugar.» 

Martín  García  fué  evacuada  por  la  guarnición  francesa  a los  cuatro  días 
de  haberse  notificado  al  Gobierno  uruguayo  el  tratado,  y'  no  habiendo 
sido  posible  en  ese  brevísimo  lapso  de  tiempo  ni  organizar  defensas  ni  enviar 
tropas  allí,  la  isla  fué  ocupada  por  las  armas  del  dictador  argentino. 

Protesta  de  los  residentes  franceses. 

A la  protesta  del  Gobierno  uruguayo  se  agregó  la  de  los  residentes  fran- 
ceses. En  una  numerosa  asamblea  que  tuvo  lugar  en  el  teatro  resolvieron 
enviar  a París,  en  calidad  de  delegado,  a don  Alfredo  Bellemare,  con  el  en- 
cargo de  gestionar  el  rechazo  del  tratado  Mackau  por  el  Parlamento  de  su 
patria. 

Se  retira  Mackau  del  Río  de  la  Plata. 

Pocos  días  después  arribaba  a Montevideo  el  almirante  Mackau,  de  paso 
para  Europa,  con  el  propósito  de  despedirse  del  Gobierno.  Solicitó  una  casa 
para  alojarse  y todas  le  fueron  cerradas.  Quiso  buscar  una  fonda  y en  todas 
le  fué  negado  el  alojamiento.  Al  desembarcar  fué  rodeado  por  agentes  de  Poli- 
cía, como  medio  de  impedir  incidentes  dentro  de  ese  caldeado  ambiente,  y así 
custodiado  se  dirigió  a la  Casa  de  Gobierno.  El  Presidente  Rivera  lo  recibió 
de  gran  gala  y al  despedirlo  le  dijo  que  difícilmente  podría  retribuirle  ¡su 
visita,  porque  se  lo  dificultaban  atenciones  muy  urgentes  y además  porque  no 
quería  obligarlo  a demorar  su  estada  en  Montevideo.  Y el  visitante  se  retiró  en  la 
misma  forma  en  que  había  llegado. 

Tal  fué  el  resultado  de  la  misión  Mackau,  a la  que  el  Gobierno  francés 
había  atribuido  decisiva  importancia  según  se  desprende  de  estas  palabras 
del  Rey'  al  Parlamento: 

«No  habiendo  obtenido  la  satisfacción  que  se  pidió  a la  República  Argen- 
tina, di  orden  para  que  nuevas  fuerzas  se  fueran  a reunir  a la  escuadra  que 
está  encargada  de  mantener  ep  aquellos  mares  el  respeto  debido  a nuestros 
derechos  y para  proteger  nuestros  intereses.» 

De  los  datos  que  registra  la  pbensa  de  la  época  resulta  que  era  efectiva- 
mente muy  fuerte  la  expedición  militar  a cuyo  frente  se  encontraba  Mackau 
cuando  negociaba  con  Rosas  el  tratado  que  tan  deplorable  impresión  había 
producido  en  Montevideo.  Véase  cómo  se  descomponía: 

36  buques  grandes  provistos  de  561  cañones;  15  buques  menores;  23  cha- 
lupas: con  seis  mil  hombres  entre  dotación  y'  tropas  de  desembarco. 

Cuando  Mackau  estaba  con  ese  enorme  aparato  militar  en  la  rada  de 
Buenos  Aires,  Lavalle  se  aproximaba  a las  trincheras  de  Palermo  sin  atre- 
verse a atacarlas  con  sus  débiles. caballerías,  e invitaba  al  almirante  a realizar 
un  desembarco  que  habría  determinado,  sin  derramamiento  de  sangre,  el 
derrumbe  de  Rosas. 

No  habiendo  tenido  éxito  esas  gestiones  Lavalle  se  retiró  y'  Mackau  se 
entregó  a Rosas  en  la  forma  que  hemos  visto. 

Polvareda  que  levanta  en  el  Parlamento  de  Francia  el  tratado  Mackau. 

La  protesta  uruguaya  encontró  eco  simpático  en  Francia. 

El  marqués  Dreux-Brezé,  miembro  de  la  Cámara  de  los  Pares,  interpeló 
en  febrero  de  18  41  a Guizot  que  había  sucedido  a Thiers  en  la  presidencia 
del  Consejo  de  Ministros. 

«En  la  convicción  profunda  en  que  estoy,  empezó  diciendo,  convicción  de 
que  participan,  me  atrevo  a manifestarlo,  una  gran  parte  de  mis  colegas,  de 
que  este  tratado  es  contrario  a los  intereses  y a la  dignidad  de  la  Francia, 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


75 


urge  antes  de  su  ratificación  obtener  del  Gabinete  actual  las.  explicaciones  que 
tenemos  derecho  á pedir  y exigir.» 

En  1838,  continuó  el  orador,  el  Vicecónsul  Roy'er  inició  su  reclamo  con- 
tra Rosas,  y no  habiendo  alcanzado  éxito  hubo  que  decretar  el  bloqueo  a 
fines  del  mismo  año.  En  Montevideo,  gobernaba  Oribe,  dominado  por  Rosas, 
y contra  Oribe  luchaba  Rivera  en  la  campaña.  Aprovechando  el  bloqueo  Ri- 
vera se  aproximó  a Montevideo  y se  puso  en  contacto  con  el  almirante  Leblanc, 
de  ouien  recibió  municiones  y ay'uda  para  la  toma  de  la  isla  de  Martín  Gar- 
cía. Con  el  concurso  de  Erancia  Rivera  forzó  a Oribe  a -salir  del  país.  El  nuevo 
Gobierno  nos  debía,  pues,  su  existencia,  y teníamos  interés  en  protegerlo. 
A inspiración  nuestra  Montevideo  declaró  la  guerra  a Rosas  en  1839,  y con  el 
concurso  de  Francia  marchó  Lavalle  contra  Echagüe  y contra  Rosas.  Cuando 
Lavalle  avanzaba  sobre  Buenos  Aires  Rosas  trasladó  su  campo  a Santos 
Lugares,  dejando  desguarnecida  la  plaza,  a pesar  de  que  allí  estaba  la  es- 
cuadra francesa,  dando  lugar  con  ello  a que  Lavalle,  que  carecía  de  infan- 
tería, pidiera  inútilmente  un  desembarco. 

Después  de  esa  síntesis  histórica  entró  el  orador  al  examen  del  tratado 
del  punto  de  vista  francés.  Rosas  se  reconocía  obligado  a1  pago  de  indemni- 
zaciones, pero  sin  fijar  monto  alguno  como  se  le  había  exigido  por  el  pri- 
mer ultimátum.  Concedía  a Francia  el  tratamiento  de  la  Nación  más  favore- 
cida, pero  con  la  salvedad  de  aue  esa  Nación  no  fuera  americana,  salvedad 
que  no  existía  en  el  tratado  de  Buenos  Aires  con  la  Gran  Bretaña.  En  cuanto 
a «nuestra  alianza  con  Montevideo,  alianza  firmada  con  sangre,  ya  que  no  con 
tinta,  era  un  hecho  inmenso  que  rompía  aqueja  liga  americana  y colocaba 
una  República  de  nuestro  lado». 

Se  limitó  a contestar  Guizot  que  Mackau  se  había  aiustado  a sus  instruc- 
ciones y aue  el  tratado  tenía  la  plena  aprobación  del  Rey  y del  Ministerio 

Concluidos  los  debates  en  la  Cámara  de  los  Pares  interpeló  el  diputado 
Mermilliod  en  lal  otra  rama  del  Parlamento  francés,  invocando  una  protesta 
que  llevaba  la  firma  de  1,780  franceses  domiciliados  en  Montevideo. 

Guizot  dijo  entonces  que  el  bloqueo  de  las  costas  de  Buenos  Aires  había 
impulsado  considerablemente  el  comercio  uruguay'o  y que  era  explicable  ene 
los  habitantes  de  Montevideo  se  mostraran  adversos  al  levantamiento  deí  blo- 
queo. Y agregó  en  apoyo  del  tratado  que  desde  la  iniciación  del  conflicto,  en 
octubre  de!  1838,  se  habían  sucedido  tres  gabinetes  en  Francia  y que  los 
tres  habían  pensado  del  mismo  modo,  dando  instrucciones  reiteradas  a los 
agentes  en  el  Río  de  la  Plata  para  aue  apresuraran  la  negociación  sobre  la 
doble  base  del  tratamiento  de  la  Nación  más  favorecida  y del  reconocimiento 
en  principio  de  las  indemnizaciones.  Leyó  luego  un  oficio  de  su  antecesor 
Thiers  a los  agentes  de  Francia,  en  que  les  decía  que  sostuvieran  a Rivera  y' 
a Lavalle  «en  caso  de  triunfar»,  caso  que  no  se  había  producido,  pues  Rivera  y' 
Lavalle  no  habían  triunfado.  Y concluyó  proclamando  el  principio  de  la 
no  intervención  como  el  único  legítimo.  El  tratado  Mackau  evitaba  que  la 
Francia  tuviera  que  seguir  interviniendo  en  las  discordias  civiles  del  Plata, 
«a  las  que  se  había  mezclado  en  un  mal  momento». 

Tenía  razón  Guizot  al  correlacionar  la  incorporación  de  algunas  de  las 
firmas  de  la  protesta  a 'a  prosperidad  comercial  del  puerto  de  Montevideo 
emanada  del  bloqueo.  Pero  en  lo  que  no  tenía  excusas  su  actitud  era  en 
cuanto  condenaba  al  sacrificio  al  aliado  de  Francia,  después  de  haberlo  em- 
pujado a la  guerra  contra  Rosas,  cuando  necesitaba  de  su  ayuda  para  hacer 
factible  el  bloqueo! 

Alfonso  de  Lamartine,  que  en  otra  sesión  de  la  Cámara  de  Diputados  de 
Francia  había  expresado  su  voto  a favor  de  la  ratificación  del  tratado,  al 
enterarse  más  tarde  de  todo  lo  que  había  ocurrido  en  el  Río  de  la  Plata 
dijo  al  delegado  de  los  franceses  de  Montevideo  Mr.  John  Le  Long,  sucesor 


76 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


de  Bellemare,  que  le  parecía  indudable,  dada  la  forma  en  que  habían  pasado 
los  hechos,  que  el  Gobierno  francés  debía  colocar  al  Estado  Oriental  al  abrigo 
de  los  ataques  de  Rosas. 

Era  esa,  efectivamente,  la  fórmula  del  momento.  Puesto  que  existía  una 
alianza  de  hecho;  puesto  que  el  Uruguay'  se  había  lanzado  a los  últimos  ex- 
tremos contra  Rosas  contando  con  la  efectividad  de  esa  alianza;  puesto  que 
todos  reconocían  que  la  escuadra  francesa  había  sacado  un  partido  impor- 
tante del  puerto  de  Montevideo  para  establecer  y mantener  el  bloqueo  argen- 
tino, lo  menos  que  podía  y*  debía  hacer  el  Gobierno  francés  era  asegurar  la 
independencia  del  Uruguay,  impedir  que  Rosas  a la  sombra  del  tratado  Mackau 
lanzara  sus  ejércitos  contra  el  territorio  uruguayo,  como  el  dictador  argentino 
estaba  resuelto  a hacerlo. 

Para  explicar  la  precipitación  del  tratado  dijeron  a principios  de  1841 
algunos  diarios  y corresponsales  de  París  que  al  partir  Mackau  con  destino 
al  Río  de  la  Plata  existían^  temores  de  conflagración  europea  y que  entonces 
el  principal  cuidado  del  almirante  debía  consistir  en  regresar  pronto  a Europa 
con  toda  la  escuadra  allí  inmovilizada.  Pero  en  tal  caso,  ¿por  qué  no  se  aclaró 
la  cláusula  cuarta  antes  de  ratificar  el  tratado  o por  lo  menos  por  qué  no  se 
expresó  al  tiempo  de  la  ratificación  que  la  Francia  garantizaría  la  efectividad 
de  la  independencia  uruguay'a  contra  Rosas?  Sencillamente  porque  hecha  la 
paz,  ya  no  había  necesidad  de  utilizar  al  Uruguay  y el  Gobierno  francés  resol- 
vía dejar  a Rosas  en  plena  libertad  de  acción! 


La  mediación  franco  - inglesa. 

Abandonado  cruelmente  por  la  Francia  resolvió  el  Gobierno  de  Rivera 
apelar  a la  Inglaterra  para  obtener  la  pacificación  del  Río  de  la  Plata. 

A mediádos  de  18  41  declaraba  lord  Palmerston  ante  el  Parlamento  inglés 
que  el  Gobierno  uruguayo  le  había  pedido  su  mediación  y que  él  consideraba 
factible  un,  arreglo  entre  Buenos  Aires  y Montevideo,  porque  la  disputa  «era 
más  personal  que  política»,  y porque  el  Gobierno  de  Buenos  Aires  había  acor- 
dado anteriormente  a Inglaterra  su  confianza  para  el  arreglo  de  las  diferen- 
cias cors  Francia» 

Explicando  su  iniciativa  decía  el  Gobierno  de  Rivera  a la  Asamblea 
en  octubre  del  mismo  año: 

«ha.  paz  interior  y exterior  es  la  primera  necesidad  de  este  país...  No 
podemos  producir  ni  consumir  en  medio  de  disturbios  y'  revueltas  que  arrui- 
nan todo . . . Esta  convicción  y el  deseo  de  dar  al  mundo  una  prueba  inequí- 
voca de  moderación  y de  que  no  era  la  República  del  Uruguay  la  que  había 
provocado  y mantenido  esta  guerra  impolítica,  decidieron  al  Gobierno  a soli- 
citar la  mediación  y buenos  oficios  de  una  Nación  poderosa  como  la  Inglaterra 
y que  tiene  además  muchos  títulos  a la  consideración  del  Gobernador  de  Bue- 
nos Aires.» 

Nada  pudo  conseguirse,  sin  embargo,  por  la  resistencia  de  Rosas: 

Un  año  después  volvió  a reanudarse  la  gestión  por  iniciativa  de  la  Can- 
cillería inglesa  asociada  a la  francesa,  inclinada,  al  parecer,  a reaccionar 
contra  su  conducta  anterior.  Precisamente  en  esos  momentos  «El  Nacional» 
publicaba  un  violento  editorial  contra  el  tratado  Mackau  y el  Gobierno  de 
Rivera  se  apresuraba  a desagraviar  a los  representantes  de  Francia  mediante 
un  decreto  por  el  que  eliminaba  su  suscripción  al  diario  y le  retiraba  la  publi- 
cación de  los  documentos  oficiales  con  que  venía  favoreciéndolo. 

Rosas  pasó  los  antecedentes  de  la  nueva  mediación  a su  Sala  de  Repre- 
sentantes y ésta  votó  la  repulsa  en  la  forma  que  subsigue,  propuesta  por  don 
Roque  Sáenz  Peña,  don  Manuel  de  Irigoyen  y don  Juan  Antonio  Argerich, 
miembros  de  la  Comisión  de  Negocios  Constitucionales: 


GOBIERNO  DE  RIVERA  77 


«Catorce  años  de  duras  pruebas  nos  dicen  con  firme  acento  que  la  paz 
es  imposible  para  la  Confederación  Argentina  mientras  el  usurpador  Rivera 
y los  traidores  salvajes  unitarios  influyan  en  los  destinos  de  la  República 
Oriental  del  Uruguay:  tal  es  el  juicio  de  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Que 
nuestras  armas  y sólo  ellas  den  pronto  a esta  fatigada  tierra  una  verdadera 
paz:  tal  es  su  resolución.  Al  proclamarla  los  representantes  del  pueblo  sien- 
ten bullir  la  sangre  con  insólita  fuerza  y llenos  del  santo  ardor  de  la  justicia, 
aceptan  toda  la  responsabilidad  de  tan  solemne  determinación.» 

Habían  fracasado  las  intervenciones  amistosas  porque  Rosas  exigía  el 
restablecimiento  de  Oribe  en  la  Presidencia  y esa  condición,  como  lo  decla- 
raban los  plenipotenciarios  británico  y francés  en  nota  de  fines  de  agosto 
de  1842,  no  podía  proponerse  a un  Estado  independiente  como  el  Uruguay. 

6 

El  tratado  de  comercio  con  Inglaterra. 

El  intervalo  que  media  entre' las  dos  repulsas  de  Rosas  fué  aprovechado 
por  la  Legación  británica  para  obtener  la  ratificación  del  tratado  de  comercio 
ajustado  durante  el  interinato  de  don  Carlos  Anaya.  tratado  que  establecía 
la  libertad  de  comercio  entre  el  Uruguay  y la  Gran  Bretaña;  que  prescribía  que 
las  mercaderías  de  cada  uno  de  ellos  no  pagarían  en  las  aduanas  del  otro 
derechos  más  altos  que  los  que  tuviesen  que  pagar  los  demás  países  extran- 
jeros; y que  obligaba  a cooperar  a la  abolición  del  tráfico  de  esclavos. 

Según  el  dictamen  presentado  a la  Cámara  de  Diputados  por  los  doctores 
Estanislao  Vega,  Joaquín  Sagra  y Salvador  Tort  habían  ya  desaparecido  los 
tres  fnotivos  determinantes  del  largo  y deliberado  aplazamiento  del  tratado 
durante  todo  el  Gobierno  de.  Oribe:  la  concesión  de  ventajas  especiales  y 
extraordinarias  a España,  porque  ya  se  había  formalizado  el  tratado  con  la 
madre  patria  sin  otorgarle  ninguna  concesión  extraordinaria;  la  exención  de 
la  Guardia  Nacional  a favor  de  los  súbditos  ingleses,  porque  las  leyes  y de- 
cretos vigentes  se  habían  encargado  de  eximir  de  todo  servicio  a los  extran- 
jeros que  tuvieran  Cónsul;  y el  derecho  de  practicar  el  culto  protestante  en 
casas  o capillas  privadas,  porque  ya  se  había  concedido  a la  colectividad  bri- 
tánica autorización  para  construir  un  templo  en  la  ciudad  de  Montevideo. 

El  famoso  ultimátum  de  1842. 

Hasta  el  último  momento  estuvieron  los  Ministros  mediadores  mante- 
niendo el  op-timismo  del  . Gobierno  oriental  acerca  de  una  enérgica  actitud  de 
la  Inglaterra  y de  la  Francia  en  el  caso  de  que  los  ejércitos  de  Rosas  se 
resolvieran,  a invadir. 

Diez  días  después  de  la  batalla  del  Arroyo  Grande,  el  16  de  diciembre 
de  1842,  cuando  ya  el  ejército  dei  Oribe  se  disponía  a vadear  el  Uruguay  para 
lanzarse  sobre  Montevideo,  el  Miñistro  Mandeville  dirigía  a Rosas  este  ulti- 
mátum: i 

«De  conformidad  con  las  instrucciones  recibidas  de  su  Gobierno:  siendo 
la  intención  de  los  Gobiernos  de  la  Gran  Bretaña  y de  la  Francia  adoptar  las 
medidas  que  se  crean  necesarias  para  traer  a su  término  las  hostilidades  entre 
las  Repúblicas  de  Buenos  Aires  y de  Montevideo:  el  que'  suscribe,  Ministro 
Plenipotenciario  de  Su  Majestad  británica  en  la  Confederación  Argentina, 
tiene  el  honor  de  expresar  a S.  E.  el  señor  Arana,  Ministro  de  Relaciones 
Exteriores  del  Gobierno  de  Buenos  Aires,  que  la  sangrienta  guerra  hoy  exis- 
tente entre  el  Gobierno  de  Buenos*  Aires  y Montevideo  debe  cesar:  y en  interés 
de  la  humanidad  como  en  el  de  los  Súbditos  británicos  y franceses  estable- 
cidos en  el  país  que  eS  ahora  teatro  de  la  guerra,  él  exige  del  Gobierno  de 
Buenos  Aires:  l.o  el  inmediato  cese  de  las  hostilidades  entre  las  tropas  argen- 
tinas y las  de  la  República  del  Uruguay;  2.a  que  las  tropas  de  la  Confedera- 


78 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


ción  Argentina  — entendiéndose  que  harán  lo  mismo  las  de  la  República 
del  Uruguay  - — permanecerán  dentro  de  sus)  respectivos  territorios  y regre- 
sarán a él  en  caso  de  haber  pasado  su  frontera.» 

Una  comunicación  análoga  fué  suscrita  y dirigida  a Rosas  por  el  Ministro 
de  Francia  conde  Delurde. 

El  mismo  día  16  el  Ministro  Mandeville  se  dirigía  a la  Cancillería  uru- 
guaya, anunciándole  que  había  llegado  el  correo  de  Europa,  y que  en  conse- 
cuencia se  encontraba  habilitado  para  responder  a su  pregunta  respecto  de 
las  medidas  que  podría  adoptar  la  mediación  para  impedir  la  caída  de  la 
plaza  de  Montevideo. 

«El  Gobierno  de  Su  Majestad,  juntamente  con  el  de  Francia,  le  decía, 
han  resucito  poner  término  a la  guerra,  y habiéndosenos  hecho  conocer  las  intenciones 

de  nuestros  respective Gobiernos,  y'o  y el  conde  Delurde  hemos  dirigido  una 

nota  al  Gobierno  de  Buenos  Aires,  pidiéndole  una  suspensión  de  hostilidades 
y el  regreso  de  las  tropas  argentinas  a su  territorio.  . . Tengo  motivos  para 
creer  que  una  fuerza  naval  francesa  de  consideración  estará  muy  pronto  en 
el  Río  de  la  Plata  para  obligar  a la  cesación  de  las  hostilidades  en  el  caso  de 
que  ésta  no  se  consiga  como  lo  he  solicitado  hoy  con  el  Ministro  de  Francia.» 

Meses  después  declaró  la  Cancillería  inglesa  que  no  se  habían  dado 

tales  instrucciones  al  Ministro  Mandeville;  pero,  las  terminantes  declaraciones 
de  las  notas,  por  una  parte,  y la  continuación  de  Mandeville  al  frente  de  la 
Legación,  por  otra,  prueban  que  sólo  trataba  la  Cancillería  de  explicar  una 
contradicción  flagrante  entre  la  intimación  a Rosas  y la  absoluta  inactividad 
subsiguiente  de  los  buques  franco  - ingleses  surtos  en  el  Río  de  la  Plata. 

Lo  que  había  ocurrido  es  fácil  de  presumir.  Las  cancillerías  europeas 
habían  creído  que  con  una  nota  amenazadora  Rosas  se  detendría.  Pero  Rosas, 
que  sabía  cuáles  eran  las!  inténciones  verdaderas  de  la  Inglaterra  y de  la  Fran- 
cia, ayudado  posiblemente  en  sus  indagaciones  por  el  mismo  Ministro  Mande- 
ville, su  íntimo  amigo,  procedió  como  si  el  ultimátum, no  existiera,  y el  ejér- 
cito de  Oribe  continuó  tranquilamente  sus  preparativos  para  cruzar  el  Uru- 
guay y'  dirigirse  a Montevideo. 

Una  nota  recapitulativa  de  la  Cancillería  uruguaya. 

En  los  primeros  días  de  marzo  de  1843,  ya  iniciado  el  sitio  por  el  ejer- 
cito de  Oribe,  llegó  el  Ministro  Mandeville  a Montevideo.  Don  Santiago  Váz- 
quez, que  ocupaba  entonces  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  celebró 
varias  entrevistas  con  él,  a fin  de  obtener  la  mediación  armada  de  la  Ingla- 
terra, y no  habiendo  tenido  éxito  la  gestión  verbal,  dirigió  una  nota  al  diplo- 
mático inglés  en  la  que  historiaba  los  antecedentes  de  la  mediación  en  esta 
forma: 

a)  En  julio  de  1841  la  Inglaterra  ofreció  su  mediación  a los  dos  Go- 
biernos del  Río  de  la  Plata,  mediación  que  fué  aceptada  por  la  Cancillería 
uruguaya  y rechazada  por  la  argentina.  Comentando  lord  Aberdeen  la  nega- 
tiva de  Rosas  decía  en  diciembre  a la  primera:  «El  Gobierno  de  Su  Majestad' 
lamenta  las  manifestaciones  de  hostilidad  y rencor  personal  que  dictaron 
aquella  resolución  y que  si  se  tolera  puede  alejar  mucho  la  conclusión  de 
la  paz». 

b)  Un  ano  después,  en  junio  de  1842,  el  Ministro  Mandeville  comunicaba 
a la  Cancillería  oriental  que  estaba  autorizado  «para  asegurar  que  el  Gobierno 
de  Su  Majestad  no  era  indiferente  al  bienestar  y prosperidad  de  la  República 
del  Uruguay,  como  lo  probarían  dentro  de  poco  las  medidas  que  se  tomarían 
para  conservarla». 

Agregaba  que  nada  robustecería  tanto  la  buena  disposición  del  Gobierno 
inglés  como  la  aceptación  del  tratado  de  amistad,  comercio  y navegación 
propuesto  en  183  5. 

Contestó  la  Cancillería  oriental  que  el  Gobierno  había  resuelto  aplazar 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


79 


la  aceptación  del  tratado  de  comercio  hasta  que  «el  de  Su  Majestad  prometiese 
a la  República  del  Uruguay  la  protección  que  le  pedía»;  pero  que  en  presencia 
de  las  manifestaciones  recibidas  estaba  resuelto  a acceder  a su  solicitud. 

Una' vez  firmado  el  tratado  tenía,  pues,  el  Gobierno  oriental  «el  derecho 
de  exigir»  el  cumplimiento  de  la  condición  con  que  se  había  anticipado  el 
consentimiento. 

c)  Rosas  rechazó  la  mediación  franco  - inglesa  en  septiembre  de  1842. 
Pero  el  Gobierno  oriental  podía  estar  tranquilo,  porque  en  todas  sus  notas 
le  anunciaba  Mandeville  el  propósito  de  adoptar  «otras  medidas». 

«Tantas  y positivas  seguridades  no  podían  menos  de  crear  en  el  Go- 
bierno oriental  una  convicción  arraigada  de  que  cualquiera  que  fuese  el 
curso  que  tomaran,  las  operaciones  militares,  las  armas  de  la  Inglaterra  y 
de  la  Francia  alejarían  combinadas  los  estragos  de  la  guerra  del  suelo  de 
la  República  y que  su  quietud  y'  su  prosperidad  tan  importantes  para  el 
comercio  de  aquellas  naciones  no  se  verían  expuestas  a desaparecer  en  la 
conflagración  de  las  armas».  Tan  confiado  estaba  el  Gobierno,  «que  no  pre- 
paró por  eso  los  elementos  de  resistencia  y de  defensa  dentro  del  Estado  para 
el  caso  de  un  revés». 

d)  En  esas  circunstancias  se  libró  la  batalla  del  Arroyo  Grande  que 
abría  al  vencedor  el  territorio  de  la  República.  El  Gobierno  oriental  se 
apresuró  a preguntar  qué  era  lo  que  podrían  hacer  los  plenipotenciarios  de 
Francia  y de  Inglaterra,  y'  fué  como  respuesta  a su  pregunta  que  los  dos 
ministros  dirigieron  a Rosas  el  ultimátum  del  16  de  diciembre,  invocando 
expresas  instrucciones  de  sus  respectivos  gobiernos.  El  ultimátum  fué  también 
comunicado  a la  Cancillería  oriental  y entró  naturalmente  como  principal 
elemento  en  la  organización  de  la  defensa  nacional. 

e)  Rosas  hizo  caso  omiso  de  la  intimación  y entonces  el  Ministro  Man- 
deville, urgido  por  la  Cancillería  oriental,  declaró  que  no  tenía  instrucciones 
y que  aún  cuando  las  tuviera  carecía  de  tropas  de  desembarco. 

En  el  ultimátum  del  16  de  diciembre  se  invocaban  sin  embargo  instruc- 
ciones y en  cuanto  a tropas,  según  la  declaración  del  comodoro  Purvis,  jefe  de  la 
escuadra,  eran  suficientes  las  que  existían  en  el  puerto  de  Montevideo  para 
asegurar  el  cumplimiento  pleno  de  la  intimación. 

E¿  Gobierno  oriental  no  puede  renunciar  «a  la  intervención  armada  so- 
lemnemente prometida»  y aceptada  a su  debido  tiempo. 

«Por  lo  tanto  el  infrascrito  concluye  pidiendo  a Vuestra  Excelencia  que 
de  acuerdo  con  el  señor  comodoro  Purvis  adopte  aquellas  medidas  que  hagan 
efectiva  la  intimación  anunciada  en  16  de  diciembre:  bien  sea  abriendo  nuevas 
proposiciones  fundadas  en  el  hecho  de  haber  constitucionalmente  cesado  en 
el  mando  el  general  Rivera  y que  den  por  resultado  un  armisticio  inmediato 
y la  pronta  retirada  de  las  fuerzas  a distancia  de  esta  plaza;  o bien  si  el 
Gobernador  Rosas  y su  teniente  Oribe  se  obstinan,  como  el  infrascrito  lo  cree, 
apoyando  V.  E.  y el  comodoro  por  todos  sus  medios  las  fuerzas  y recursos 
de  que  el  Gobierno  dispone  para  terminar  la  lucha  lo  más  brevemente  posible.» 

Esta  nota,  que  con  tanta  fidelidad  recapitulaba  los  principales  inciden- 
tes de  la  larga  negociación,  no  tenía  réplica  posible,  y el  Ministro  Mandeville, 
en  la  imposibilidad  de  desautorizar  sus  fundamentos,  se  limitó  a decir  que 
él  carecía  de  instrucciones  para  hacer  lo  que  se  le  pedía  y'  en  cuanto  a la 
nota  del  16  de  diciembre,  que  no  era  una  intimación,  «sino  una  declaración», 
dos  pobres  defensas  de  antemano  pulverizadas  por  don  Santiago  Vázquez  en  la 
forma  que  acabamos  de  extractar. 

Rosas  gestiona  y obtiene  la  alianza  del  Brasil  y luego  la  rechaza. 

Mientras  que  el  Gobierno  oriental  gestionaba  así  tan  infructuosamente 
la  intervención  armada  de  la  Inglaterra  y de  la  Francia,  Rosas  resolvió  bus- 
carse un  aliado  más  eficaz. 


80 


ANALES  HISTORICOS  DEL  URUGUAY 


Proseguía  en  el  Brasil,  con  todo  su  viejo  ardor,  la  contienda  entre  impe- 
riales y republicanos.  De  los  extremos  a que  recurrían  los  combatientes  da 
idea  un  decreto  de  la  autoridad  republicana  de  Río  Grande  que  presidía  Bentos 
Gongalvez  da  Silva,  correspondiente  a febrero  de  1839.  Luego  de  referirse  a 
crueldades  de  las  autoridades  imperiales  contra  los  soldados  republicanos;  a 
centenares  de  asesinatos  cometidos  por  sus  agentes;  a sufrimientos  inauditos 
a que  estaban  sometidos  los  prisioneros  en  los  pontones;  al  exterminio  lan- 
zado contra  los  que  no  se  doblegaran  a la  política  de  Río  de  Janeiro,  concluía 
declarando  que  «cada  asesinato  jurídico»  que  cometiere  el  Gobierno  imperial 
daría  lugar  al  fusilamiento  inmediato  de  un  prisionero  del  Imperio,  «uno  por 
uno,  cabeza  por  cabeza»,  eligiéndose  siempre  a los  oficiales  y funcionarios 
superiores. 

Era  una  lucha  que,  como  lo  hemos  visto  en  capítulos  anteriores,  reper- 
cutía frecuentemente  en  nuestra  frontera  bajo  forma  de  verdaderos  conflictos 
internacionales. 

A mediados  de  mayo  de  1841  una  fuerza  del  ejército  imperial  a cargo 
del  teniente  coronel  Abreu  penetró  en  territorio  uruguayo  y cometió  varios 
atropellos  contra  personas'  adictas  al  partido  republicano.  Rivera,  que  estaba 
en  el  Durazno,  se  dirigió  en  el  acto  al  General  en  Jefe  del  ejército  imperial, 
Santos  Barreto,  y exigió  la  devolución  de  las  caballadas  arrebatadas  y el 
castigo  severo  de  los  jefes  causantes  del  atropello. 

«V.  E.  comprenderá  bien,  le  decía,  que  la  irregularidad  de  una  tal  con- 
ducta de  parté  de  sus  subalternos  es  altamente  reprensible  y que  puede  traer 
consecuencias  muy  funestas  para  ambos  países,  alterando  el  perfecto  estado 
de  amistad  y buena  inteligencia  en  que  se  hallan  y complicando  seriamente 
la  situación  del  ejército  de  V.  E. . . . He  dado  órdenes  competentes  a las 
fuerzas  situadas  sobre  la  frontera  para  prevenir  y castigar  severamente  con 
el  poder  armado  a las  partidas  del  mando  de  V.  E.  y a cualquiera  otra  fuerza 
armada  que  int.entare  cometer  nuevas  agresiones  contra  aquel  territorio  y 
tomar  las  represalias  justas  y debidas  sobre  las  fuerzas  del  mando  de  V.  E. 
en  el  caso  inesperado  de  que  se  negare  a dar  a este  Gobierno  las  satisfacciones 
que  solicita.» 

La  nota  era  terminante  y el  general  Barreto  la  contestó  en  el  acto 
diciendo  que  había  arrestado  al  jefe  causante  de  los  atropellos  denunciados 
por  Rivera. 

Tenía,  pues,  que  haber  ambiente  favorable  en  Río  de  Janeiro  para  una 
gestión  contra  Rivera;  y Rosas  la  inició  a principios  de  febrero  de  1843  por 
intermedio  de  su  Ministro  acreditado  ante  aquella  Corte. 

Pocas  semanas  después,  a fines  de  marzo,  el  Ministro  argentino  general 
Guido  y el  Ministro  brasileño  Carneiro  Leao,  suscribían  un  tratado  de  alianza 
ofensiva  y'  defensiva,  cuyo  preámbulo  decía  así: 

«Para  restablecer  la  paz  en  la  República  Oriental  y en  la  Provincia  de 
Río  Grande  de  San  Pedro  del  Sur  y convencidas  (las  partes  contratantes)  de 
que  el  Gobierno  de  don  Fructuoso  Rivera  es  incompatible  con  la  paz  interna 
de  dicha  República  y con  la  paz  y'  seguridad  del  Imperio  y de  los  Estados 
limítrofes:  convencidos  de.  que  la  perpetuación  de  su  poder  mantenido  por 
una  política  dolosa  y sin  fe  no  sólo  pone  en  peligro  la  existencia  política  de 
la  misma  República,  que  por  el  artículo  3.»  de  la  Convención  Preliminar  de 
agosto  de  1828  ambos  Gobiernos  se  obligaron  a defender,  sino  que  fomenta  la 
rebelión  de  la  provincia  de  Río  Grande  del  Sur  contra  el  trono  constitucional 
del  Brasil;  y Considerando  que  los  rebeldes  de  dicha  provincia  se  han  aliado 
y unido  a Fructuoso  Rivera  para  hacer  la  guerra  al  Imperio  y a la  Confede- 
ración Argentina...» 

Consecuentes  con  esta  declaración  las  partes  contratantes  se  obligaban  a 
emplear  sus  fuerzas  de  mar  y tierra  para  expulsar  a Rivera  del  territorio 
uruguayo;  autorizaban  la  entrada  de  tropas  argentinas  en  la  provincia  de 
Río  Grande  y de  tropas  brasileñas  en  territorio  oriental;  establecían  que  la 


GOBIERNO-  DE  RIVERA 


81 


escuadra  brasileña  se  encargaría  de  hacer  efectivo  el  bloqueo  del  puerto  de 
Montevideo;  y'  disponían  que  una  vez  concluida  la  guerra  no  se  daría  asilo 
ni  en  territorio  argentino  ni  en  territorio  oriental  a Bentos  Gongalvez  y a 
los  demás  jefes  republicanos,  ni  a Rivera  y sus  jefes  en  territorio  brasileño; 
y que  los  ejércitos  aliados  se  retirarían  a sus  fronteras,  salvo  que  el  Gobierno 
Oriental  solicitare  la  continuación  del  auxilio  militar,  en  cuy'o  casó  las 
partes  contratantes  acordarían  lo  que  fuere  conveniente. 

Ese  tratado  fué  ratificado  por  el  Gobierno  imperial  en  el  curso  del 
mismo  mes  de  marzo.  En  cambio  Rosas  le  negó  su  firma,  invocando  que  se 
había  prescindido  de  Oribe,  «Presidente  legal»  de  la  República  Oriental. 

Es  que  las  circunstancias  se  habían  modificado.  Los  ejércitos  de  Oribe 
sitiaban  a Montevideo  y el  peligro  de  la  intervención  franco  - inglesa  había 
desaparecido.  Ya  Rosas  no  temía  complicaciones  y en  consecuencia  resolvió 
quedarse  solo  en  territorio  orieptal,  y no  en  condominio  con  un  aliado  fuerte 
que  habría  de  querer  restaurar  el  dominio  cisplatino  perdido  en  Sarandí, 
Rincón  e Ituzaingó,  o por  lo  menos  exigir  una  porción  congrua  que  el  dictador 
argentino  no  deseaba  absolutamente  conceder. 

* 


.★  ★ 


CAPITULO  V 


ROSAS  Y SU  MEDIO 


Rivera  mantiene  limpia  su  foja  militar.  Oribe  sombrea  la  suya. 

La  batalla  del  Arroyo  Grande  había  destruido  el  ejército  de  Rivera, 
pero  no  el  prestigio  del  caudillo.  Y eso,  fundamentalmente,  porque  Rivera 
no  se  había  mostrado  sanguinark»  y había  ido  ampliando  su  criterio  político  y 
curándose  de  rencores,  a medida  que  la  lucha  se  intensificaba. 

Fuera  de  los  pocos  fusilamientos  militares  que  hemos  señalado,  su  larga 
foja  de  servicios  estaba  libre  de  sangre  de  prisioneros,  como  frecuentemente 
lo  declaraban  con  orgullo  sus  admiradores  en  la  prensa,  sin  que  nadie  pudiera 
rectificarlos. 

«Si  el  general  Lavalle,  decía  editorialmente  «El  Nacional»  en  1841,  hu- 
biera fusilado  a cuanto  rocín  cayó  en  su  poder  desde  que  se  movió  de  la  isla 
Martín  García  hasta  que  llegó  a las  puertas  de  Buenos  Aires;  si  hubiera 
arrastrado  a su  ejército  todos  los  hombres  que  encontró  a su  paso;  si  hubiera 
declarado  propiedad  del  ejército  cuanto  estuvo  en  su  poder,  habría  derrum- 
bado a Rosas;  estaríamos  ya  en  paz;  la  República  Argentina  sería  feliz  y 
no  se  encontraría  como  hoy  se  encuentra.» 

No!  — contestaba  «El  Constitucional»:  otras  son  las  causas  de  los 
desastres  de  Lavalle;  el  general  Rivera,  por  ejemplo,  ha  triunfado  siempre 
sin  matar  a los  prisioneros  y sin  despojar  a los  propietarios  de  lo  suyo! 

En  cuanto  a amplitud  de  criterio  y olvido  de  rencores,  vayan  estos  dos 
rasgos  correspondientes  al  período  álgido  de  la  lucha  que  tuvo  su  desenlace 
en  el  Arroyo  Grande: 

El  25  de  mayo  de  18  41  fué  solemnizado  con  grandes  festejos  populares 
en  el  Durazno,  donde  Rivera  tenía  instalado  su  cuartel  general.  Se  organizó 
una  columna  cuyos  elementos  componentes  llevaban  un  gorro  adornado  con 
cintas  celestes  y'  blancas.  Cuando  la  columna  llegó  al  alojamiento  presidencial, 
los  manifestantes  entregaron  uno  de  los  gorros  a Rivera  y éste  se  lo  puso 
en  la  cabeza  y pronunció  una  patriótica  alocución  en  la  que  concluía  haciendo 
votos  «por  que  sacudiéndonos  de  las  pasiones  populares  formemos  un  todo 
nacional  y compacto,  donde  se  estrellen  y despedacen  el  poder  extranjero  y la 
demagogia  de  los  partidos». 

Un  año  después,  en  el  aniversario  de  la  victoria  de  Yucutujá,  su  jefe 
de  Estado  Mayor  general  Aguiar  mandó  publicar  una  proclama  tendiente  a 
entonar  las  fibras  partidarias  durante  los  preparativos  piara  la  batalla  del 
Arroyo  Grande.  Al  enterarse  de  la  proclama  Rivera  escribió  a Aguiar,  según 
una  correspondencia  de  Paysandú  inserta  en  «El  Nacional»: 

«Sin  embargo  de  ser  un  hecho  muy  glorioso,  yo  desearía  que  se  solem- 
nizase en  secreto  y que  se  fuera  olvidando  para  siempre,  porque  al  fin  la 
sangre  con  que  se  regaron  los  campos  en  Yucutujá  fué  la  de  orientales  contra 
orientales.» 

Ni  aún  los  términos  procaces  que  le  dirigía  Rosas  en  sus  comunicaciones 
oficiales  conseguían  arrancarlo  de  esa  situación  de  ánimo.  A fines  de  octubre 
de  18  42,  a tiempo  de  ultimar  sus  preparativos  para  vadear  el  Uruguay  en 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


83 


busca  de  los  ejércitos  de  Oribe,  al  enterarse  de  la  virulenta  nota  e^  que  Rosas 
rechazaba  la  mediación  franco  - inglesa,  dijo  a los  que  lo  rodeaban  que  poco 
le  importaban  esos  dicterios  estampados  por  el  dictador  en  un  papel,  «que  como 
el  de  su  moneda  se  vuela  con  el  viento». 

Oribe  también,  hasta  octubre  de  1838  en  que  se  resignó  el  mando  presi- 
dencial, se  había  mostrado  respetuoso  de  todos  los  derechos.  Sólo  habían  po- 
dido reprocharle  sus  adversarios  el  fusilamiento  de  dos  soldados  tomados  a 
Rivera  al  tiempo  de  iniciarse  la  campaña  de  Misiones,  fusilamiento  ordenado 
por  el  Gobierno- argentino,  de  quien  dependía  en  la  guerra  contra  el  Brasil. 
De  las  revoluciones  de  Lavalleja  en  1833  y 1834  y de  las  de  Rivera  en  183  6 
y 1838,  había  salido  libre  de  sangre  y'  sin  otros  atropellos  a la  libertad  indi- 
vidual que  aquellos  que  podía  justificar  o atenuar  grandemente  la  presión  de 
los  sucesos  adversos  de  la  guerra. 

Pero  sus  ideas  y'  su  conducta  sufrieron  un  cambio  radical  durante  los 
cuatro  años  en  que  actuó  como  general  de  Rosas  en  las  provincias  argentinas, 
y a tal  extremo  que  al  vadear  el  Uruguay  a raíz  de  la  batalla  del  Arroyo  Gran- 
de, la  prensa  de  Montevideo,  bajo  la  pluma  apasionada  de  Rivera  Indarte, 
llegó  a tildarlo  con  el  mote  de  «cortacabezas». 

Es  necesario,  pues,  que  digamos  cuál  era  el  medio  ambiente  en  que  se 
movía  Rosas  y hasta  qué  punto  se  identificó  Oribe  con  este  medio,  según  la 
documentación  oficial  de  la  época,  única  de  que  vamos  a echar  mano. 

Rosas  y su  medio.  El  exterminio  de  prisioneros. 

En  su  parte  oficial  acerca  de  la  victoria  de  Pago  Largo,  librada  a prin- 
cipios de  1839  entre  las  fuerzas  entrerrianas  a cargo  de  Echagüe  y'  las 
correntinas  a cargo  de  Berón  de  Astrada.  declaraba  el  primero  a Rosas  que 
el  ejército  correntino  compuesto  de  5,000  hombres,  había  dejado  en  el  campo 
de  batalla  1,960  cadáveres  y 450  prisioneros,  contra  6 3 muertos  y 96  heridos 
que  habían  tenido  los  vencedores.  • , 

Son  cifras  reveladoras  de  la  matanza  horrorosa  que  siguió  a la  derrota 
de  los  correntinos.  Al  cadáver  de  Berón  de  Astrada,  según  declaración  pres- 
tada por  uno  de  los  soldados  victimarios  ante  la  Comisión  instituida  por  el 
Gobierno  de  la  Defensa  en  18  45,  le  fué  arrancada  la  piel  de  la  espalda  para 
ser  remitida  a Rosas. 

En  noviembre  del  mismo  año  el  general  Prudencio  Rosas, ‘hermano  del 
dictador,  se  dirigía  al  Comandante  Militar  de  Dolores, , don  Mariano  Ramírez, 
dándole  cuenta  de  la  derrota  del  general  Castelli,  hijo  del  prócer  de  la 
Junta  de  Mayo:  ¡ 

«Con  la  más  grata  satisfacción  acompaño  a usted  la  cabeza  del  traidor 
forajido  unitario  salvaje  Pedro  Castelli,  genefal  en  jefe  titulado  de  los  des- 
naturalizados sin  patria,  sin  honor  y leyes,  sublevados,  que  ha  sido  muerto 
hoy  por  nuestras  partidas  descubridoras,  para  que  usted  la  coloque  en  el 
medio  de  la  plaza  a la  espectación  pública,  para  que  sus  colegas  vean  el 
condigno»  castigo  que  reciben  del  cielo  los  autores  de  planes  tan  feroces. 
La  colocación  de  la  cabeza  debe  ser  en  un  palo  bien  alto,  debiendo  estar  bien 
asegurada  para  que  no  se  caiga  y permanecer  así  mientras  el  Superior  Go- 
bierno disponga  otra  cosa,  debiendo  usted  transcribir  esta  misma  nota  a S.  E. 
nuestro  Ilustre  Restaurador  de  las  Leyes,  para  su  satisfacción.» 

A mediados  de  julio  de  18  40  comunicó  Echagüe  a Rosas  que  había 
derrotado  a Lavalle  en  las  puntas  del  Sauce  Grande,  produciéndole  626  bajas, 
que  se  distribuían  así:  muertos  600,  prisioneros  S6\ 

En  octubre  siguiente  escribía  desde  Adurralde  el  coronel  Mariano  Maza 
a don  Juan  Ortiz  de  Rosas:  1 

«Yo  voy  en  marcha  para  Catamarca  a darle  también  en  la  cabeza,  en 
la  misma  nuca,  al  cabecilla  salvaje  unitario  Cubas.  Habrá  violín  y habrá  violón.» 


84 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Desde  C'atamarca  anunciaba  así  el  resultado  de  su  victoria  sobre  el 
Gobernador  'Cubas: 

«En  fin,  mi  amigo:  la  fuerza  de  este  salvaje  unitario  pasaba  de  seis- 
cientos hombres  y todos  han  concluido,  pues  así  prometí  pasarlos  a cuchillo.» 

En  otros  partes  complementarios  remitía  el  coronel  Maza  la  relación 
nominal  de  los  jefes  y oficiales  «ejecutados  después  de  la  acción»;  prevenía 
que  había  colocado  en  la  plaza  las  cabezas  del  Gobernador  Cubas  y de  sus 
Ministros  González  y Dulce;  y'  terminaba  diciendo: 

«El  triunfo  ha  sido  tan  completo,  que  uno  no  ha  escapado .» 

En  diciembre  del  mismo  año  escribía  el  Gobernador  de  Tucumán  a Rosas, 
al  adjuntarle  una  lista  de  prófugos: 

« Habiendo  sufrido  ya  la  última  pena  los  infames  salvajes  que  no  sáliefon  del 
territorio  de  esta  Provincia,  los  comprendidos  en  la  lista  son  los  que  por  des- 
gracia lograron  evadirse  del  justo  castigo  que  la  Confederación  Argentina  tenía 
decretado.» 

La  guerra  era,  pues,  de  exterminio  y así  lo  proclamaba  Rosas  en  enero 
de  1841,  al  dirigirse  al  Gobernador  de  Córdoba  con  motivo  de  la  batalla  de 
San  Calá,  en  que  habían  sido  derrotadas  las  tropas  de  Lavalle: 

«Preciso  es  que  la  República  sea  depurada  de  tan  inmundos  traidores. 
Ninguna  consideración  merecen.  Sería  un  crimen  acordársela  con  inmenso 
perjuicio  del  país.  . . En  sus  personas  y en  sus  fortunas  deben  sentir  las 
terribles  consecuencias  de  su  iniquidad,  su  alevosía,  su  salvajismo  asqueroso 
y feroz.  Los  firmes  y redoblados  golpes  de  la  justicia  triunfante,  con  la 
mayor  protección  del  cielo,  son  los  que  deben  exterminar  para  siempre  a 
los  salvajes  unitarios  y consolidar  la  independencia  y gloria  de  la  Confede- 
ración.» 

El  Gobernador  de  Catamarca,  don  Gregorio  Segura,  exteriorizaba  así  las 
mismas  ideas  en  su  decreto  de  julio  de  1842: 

«Considerando  que  es  un  crimen  el  mirar  a los  malvados  facinerosos 
con  clemencia...  Deseando  arrancar  de  raíz  males  trascendentales  a toda  la 
República  Argentina  confederada...  Y que  los  que  no  hubieran  expiado  sus 
crímenes  en  las  lanzas  del  ejército  de  la  Confederación  no  queden  impunes 
de  los  aleves  crímenes  que  han  cometido . . . Quedan  proscriptos  para  siempre 
y fuera  de  la  ley  todos  los  individuos  de  uno  y'  otro  sexo  que  se  hayan  alis- 
tado en  las  tituladas  divisiones  de  bandidos  y'  malvados  inmundos  unitarios, 
y asimismo  todas  las  personas  de  uno  y otro  sexo  que  hubieran  cooperado  y 
prestado  su  influencia  a los  perversos  atentadores  del  orden  público.» 

El  Gobernador  dé  Entre  Ríos,  general  Justo  José  de  Urquiza,  escribía 
en  la  misma  época  al  coronel  Villagra,  cuyo  hermano  había  caído  en  manos 
de  los  unitarios: 

«Los  salvajes  unitarios  deben  ser  perseguidos  a muerte,  según  antes  dé 
ahora  lo  he  dispuesto;  pero  si  sacrifican  a su  inocente  hermano,  le  prometo 
que  hasta  los  más  insignificantes  los  he  de  hacer  pasar  a cuchillo.» 

El  lema  rosista. 

No  era,  pues,  el  lema  rosista  «¡Mueran  los  salvajes  unitarios!»  una 
simple  frase  de  efecto.  Constituía  una  sentencia  de  ejecución  inmediata,  que 
no  en  vano  el  dictador  procuraba  incorporar  al  lenguaje  nacional  por  toda 
clase  de  medios  y'  en  todas  las  oportunidades  aun  las  más  ajenas  a las  luchas 
de  la  política  militante. 

A mediados  de  1847  falleció  en  Buenos  Aires  el  doctor  Tomás  Manuel 
de  Anchorena,  uno  de  los  próceres  de  Mayo,  y al  sepultarse  sus  restos  pro- 
nunció la  oración  fúnebre  don  Vicente  López,  el  inspirado  autor  del  himno 
nacional  argentino.  Pues  bien:  ese  discurso  fué  publicado  al  día  siguiente 
con  el  lema  inicial  de  «¡Mueran  los  salvajes  unitarios!»,  que  ni  aún  en  el 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


85 


cementerio  podía  prescindirse  de  ese  grito  feroz,  según  lo  observaba  «El  Cons- 
titucional» al  transcribir  la  crónica  de  la  prensa  argentina. 

Pocas  semanas  después  el  comandante  Del  Corte,  que  estaba  gravemente 
enfermo,  llamó  un  escribano  para  dictarle  su  testamento.  El  escribano,  según 
la  relación  circunstanciada  de  «El  Comercio  del  Plata»,  extendió  el  documento 
precedido  del  obligado  lema  «¡Mueran  los  salvajes  unitarios!».  «Eso  no, 
contestó  el  moribundo:  yo  no  firmo  un  testamento  así».  Fueron  llamados 
entonces  varios  amigos  íntimos,  entre  ellos  el  doctor  Sagardía,  quienes  tra- 
taron de  convencerlo  con  el  argumento  de  los  peligros  a que  quedaría  expuesta 
su  familia.  Pero  inútilmente.  El  comandante  Del  Corte  reiteraba  su  reso- 
lución de  no  poner  su  firma  al  pie  de  ese  lema.  La  familia  llamó  'entonces 
al  confesor  y éste  consiguió  que  el  moribundo  firmara  la  maldición  contra 
sus  hermanos. 

*La  frecuencia  con  que  la  sentencia  de  muerte  era  aplicada  obligó  más 
de  una  vez  al  Gobierno  de  Rosas  a tomar  medidas  para  impedir  que  la  gente 
anduviera  vestida  de  negro.  He  aóuí  uno  de  sus  decretos,  el  de  18  de  mayo 
de  1844: 

«Queda  abolida  la  costumbre  del  luto  eñ  la  forma  que  hasta  hoy  se  ha 
usado.  El  signo  del  luto  será  desde  la  publicación  de  este  documento  en 
los  hombres  de  una  lazada  de  gasilla,  crespón  o cinta  negra  de  dos  pulgadas 
de  ancho  en  el  brazo  izquierdo  y en  las  mujeres  una  pulsera  negra  de  igual 
ancho  en  el  mismo  brazo.» 

La  Mazorca  en  Buenos  Aires. 

. De  las  hecatombes  de  prisioneros  en  los  campos  de  batalla  pasemos  a 
las  matanzas  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  t por  una  agrupación  que 
al  principio  se  llamó  Mazorca  y después  Sociedad  Popular  Restauradora 
Según  uno  de  los  órganos  más  caracterizados  de  la  prensa  uruguaya,  «El  Na- 
cional» de  1841,  al  adoptar  el  primero  de  esos  nombres  quiso  Rosas  significar 
que  sus  armas  eran  la  vela  y'  la  mazorca  de  maíz  encebada  para  introducirla 
por  los  intestinos  de  sus  desgraciadas  víctimas. 

A mediados  de  18  39  fueron  asesinados  en  Buenos  Aires  el  presidente  de 
la  Sala  de  Representantes  y del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctor  Maza, 
y su  hijo.  Véase  en  qué  forma  explicaba  la  acción  de  la  Mazorca  el  dictador 
Rosas  al  Gobernador  de  Santa  Fe  en  carta  de  julio  del  mismo  año: 

«Hacía  algún  tiempo  que  yo  sabía  que  el  parricida  doctor  Maza  y el 
hijo  Ramón,  comprados  .por  el  asqueroso  oro  francés,  trabajaban  acordes 
con  el  salvaje  unitario  Cullen.  Todos  los  federales  a quienes  dieron  y depar- 
tieron dinero,  me  lo  comunicaron  y entregaron.  Al  fin  hábiendo  ellos  mali- 
ciado, llegó  el  caso  de  prender  al  hijo.  Con  este  golpe,  esta  gente  federal  a 
quien  no  la  engañan  con  el  celo  de  su  santa  causa,  empezó  a gritar  contra 
el  padre.  Esa  noche  avanzaron  y escalaron  la  casa  en  diversos  grupos,  buscán- 
dolo para  degollarlo  por  traidor.  Al  amanecer  circularon  multitud  de  ejem- 
plares de  una  representación  de  los  mismos  federales,  en  que  usando  del  dere- 
cho de  petición  republicana  pedían  a la  Junta  de  Representantes  su  deposi- 
ción. Pero  ni  esto  alcanzó,  tal  era  la  ardorosa  irritación  de  los  federales. 
Esa  noche,  a las  siete  y media  fué  asesinado  en  la  misma  Casa  de  Represen- 
tantes. Al  hijo  lo  mandé  fusilar  al  amanecer  y se  juntó  su  cadáver  con  el 
del  padre,  porque  los  representantes  temiendo  la  irritación  pública  lo  inan- 
daron  esa  misma  noche  al  cementerio.  Así  acabaron  trágicamente  esos  dos 
malvados,  porque  así  Dios  castiga  una  ferocidad  sin  cuento  y'  así  sólo  puede 
quedar  desagraviada  la  justicia.  El  plan  era  asesinarme  de  sorpresa  con 
los  hombres  que  pudieran  comprar  y tener  listos  para  el  día  que  pensaba 
desembarcar  Lavalle  con  algunos  franceses  por  algún  punto  de  la  costa  de 
esta  provincia.» 


86 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


En  octubre  de  1840  la  acción  de  la  Mazorca  adquirió  proporciones  extra- 
ordinarias, con  motivo  de  la  aproximación  de  Lavalle  a Buenos  Aires.  Hubo 
grandes  matanzas  en  las  casas  y en  las  calles,  a las  que  Rosas  se  decidió  á 
poner  término  mediante  un  decreto  del  31  del  mismo  mes,  que  es  el  proceso 
más  acabado  de  las  atrocidades  de  la  época. 

Empezaba  el  decreto  por  justificar  las  matanzas. 

«Considerando,  decía,  que  cuando  la  provincia  fué  invadida  por  las 
hordas  de  los  salvajes  unitarios  y profanada  con  su  presencia,  con  sus  atroci- 
dades y con  sus  crímenes,  la  exaltación  del  sentimiento  popular  no  podía 
dejar  de  sentirse  bajo  las  terribles  sospechas  de  una  venganza  natural;  que 
entonces  no  habría  sido  posible  ahogarlas  en  un  pueblo  terriblemente  indignado 
por  tamaña  perfidia,  sin  poner  su  heroísmo,  su  lealtad  y1  su  patriotismo  a 
una  prueba  incompatible  con  su  propia  seguridad.» 

Y concluía  con  la  advertencia  de  que  en  adelante  la  Mazorca  no  podría 
asesinar  sin  orden  escrita: 

«Cualquier  individuo,  sea  de  la  condición  o cualidades  que  fuese,  que 
atacare  la  persona  o propiedad  de  argentino  o extranjero,  sin  expresa  orden 
escrita  de  autoridad  competente,  será  tenido  por  perturbador  del  sosiego 
público  y castigado  como  tal.» 

Las  matanzas  volvieron,  sin  embargo,  a reanudarse  en  los  primeros 
días  de  abril  de  18  41  y para  que  cesara  el  derramamiento  de  sangre  fué  nece- 
sario que  Rosas  llamara  de  nuevo  al  qrden  a la  Mazorca.  En  su  oficio  de 
fines  del  mismo  mes,  decía  don  Manuel  Corvalán,  edecán  de  Rosas,  al  Jefe 
de  Policía: 

«El  infrascrito  ha  recibido  orden  del  Excelentísimo  Señor  Gobernador 
de  la  Provincia,  brigadier  general  don  Juan  Manuel  de  Rosas,  para  decir  a 
V.  E.  que  ha  mirado  con  profundo  desagrado  los  escandalosos  asesinatos  que 
se  han  cometido  en  estos  últimos  días,  los  que  aunque  han  sido  sobre  los 
salvajes  unitarios,  nadie,  absolutamente  nadie,  está  autorizado  para  seme- 
jante bárbara  feroz  licencia,  siendo  por  lo  tanto  aún  más  extraño  a S.  E. 
que  la  policía  se  haya  mantenido  en  silencio  sin  llenar  el  principal  <le  sus 
deberes.» 

Hay  que  advertir  que  bajo  las  banderas  de  la  Mazorca  se  agrupaban, 
al  lado  de  los  . criminales,  algunos  de  los  hombres  más  representativos  de  la 
sociedad  porteña.  A principios  de  1842  publicó  «La,  Gaceta  Mercantil»  la 
nómina  de  los  miembros  de  la  Sociedad  Popular  Restauradora,  que  presidía 
entonces  don  Julián  G.  Zalomón,  y'  en  ella  figuraban  don  Roque  Sáenz  Peña, 
don  Saturnino  Unzué  y don  Leandro  Alem. 

El  ambiente  de  la  época. 

Eran  las  ideas  de  la  época  y nada  lo  demuestra  tan  concluyentemente 
como  una  loa  que  don  Vicente  López,  el  autor  del  himno  nacional  argentino, 
publicó  en  honor  de  Rosas  en  abril  de  1842,  precisamente  cuando  los  des- 
bordes de  la  Mazorca  alcanzaban  sus  más  altos  niveles,  según  lo  hacía  notar 
«El  Nacional»  de  ese  año. 

Hasta  en  los  balances  de  Tesorería  quedaba  constancia  de  la  obra  de  la 
Mazorca.  A fines  de  18  40  publicó  «La  Gaceta  Mercantil»  un  estado  de  ingre- 
sos y egresos  del  Tesoro  público;  en  el  que  figuraba  esta  partida: 

«Al  coronel  Ramón  Rodríguez  para  remitir  al  Juez  de  Paz  de  la  4.a  Sec- 
ción de  Monzalvo,  para  pagar  a tres  individuos  que  cortaron  la  cabeza  al 
reo  malhechor  José  Ignacio  Frías:  600  pesos.»  4 

En  los  avisos  teatrales  de  fines  de  1841  se  estimulaba  la  curiosidad  del 
público  con  esta  advertencia:  * 

«El  espectáculo  terminará  con  el  admirable  duelo  entre  un  federal  y‘  un 
salvaje  unitario,  en  el  cual  el  primero  degollará  al  segundo  en  presencia  del 
público.» 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


87 


Hasta  los  vínculos  de* sangre  quedaban  olvidados  bajo  la  presión  del 
terrible  ambiente  en  que  actuaba  Rosas.  Dígalo  este  parte  oficial  en  que 
Calixto  Vera  comunica  al  dictador  en  marzo  de  18  40  la  muerte  de  su  propio 
hermano  : 

«El  infrascrito  tiene  la  grata  satisfacción  de  participar  a V.  E.,  agitado 
de  las  más  dulces  sensaciones.  . . que  el  infame  caudillo  Mariano  Vera,  cuyo 
nombre  pasará  maldecido  de  generación  en  generación,  quedó  muerto  en  el 
campo  de  batalla  cubierto  de  lanzadas.» 

A principios  de  1841  promovió  Rosas  un  gran  alboroto  con  motivo  de 
haberse  llevado  a su  casa  «una  máquina  infernal»,  real  o fantástica,  que  según 
decía  el  dictador  en  su  Mensaje  a la  Sala  de  Representantes,  era  obra  exclu- 
siva de  Rivera.  La  divulgación  de  la  noticia  dió  lugar  a manifestaciones  reve- 
ladoras de  la  íridoTe  del  sentimiento  dominante  contra  los  unitarios.  Extracta- 
mos algunas  de  ellas  a continuación: 

Estiban  Ojeda,  Comisario  de  Policía.  «Cese  la  benignidad  de  V.  E-  con  esos 
malvados  que  abusan  tan  pérfida  y criminalmente  con  ella;  y séanos  per- 
mitido a los  federales  en  justo  desahogo  a nuestros  inflamados  corazones, 
castigar  a muerte  a ese  bando  salvaje». 

La  Sociedad  de  Negros  Africanos.  «Deben  alegrarse  los  mismos  feroces 
salvajes  unitarios  a quienes,  si  hubiesen  coiíseguido  herirnos  a nuestra  se- 
gunda heroína  y digna  hija  de  V.  E.,  habríamos  inmediatamente  degollado». 

Mariano  Espoleta,  Juez  de  P'az  y Comisario.  «Una  sola  gota  de  sangre  que 
se  hubiera  derramado.  . . Habría  hecho  correr  a torrentes  la  de  esa  infame 
y asquerosa  raza». 

Isidro  Queseóla,  Jefe  del  Escuadrón  de  Lanceros.  «Cesen,  Excelentísimo  Se- 
ñor, las  consideraciones  con  esta  canalla  desagradecida,  y'  todo  el  que  sea 
enemigo  nuestro  que  perezca». 

Juan  Caray,  Comandante  de  batallón.  «Venganza  justa,  Excelentísimo  señor. 
Venganza  justa  es  la  que  el  infrascrito  y todo  el  batallón  de  su  mando  res- 
piran y respirarán  hasta  que  llegue  el  deseado  momento  de  ver  a aquellos 
protervos  y feroces  asesinos  concluidos  totalmente  y decapitados  por  el  brazo 
de  los  federales». 

Ciríaco  Cuitiño,  cQroncl.  «Pero  si  los  salvajes  unitarios  hubieran  logrado 
su  fin,  la  sangre  inmunda  de  esos  caribes  habría  corrido  por  las  calles  do  la 
ciudad  a torrentes  y'  nuestros  puñales,  hundiéndose  de  uno  en  otro  pecho, 
serían  incansables  en  nuestra  venganza». 

Manuel  Maestre,  coronel.  «La  sangre  inmunda  de  esos  malvados  asesinos 
salvajes  unitarios  habría  corrido  a torrentes,  sin  quedar  uno  solo  de  esa  raza 
de  Luciferes  que  no  hubiera  sido  degollado  por  las  calles:  habríamos  tenido, 
en  fin,  vísperas  sicialianas». 

Eustaquio  J.  Jiménez,  Juez  de  Paz.  «A  V.  E.,  y exclusivamente  a la  magna- 
nimidad de  V.  E.,  deben  sus  asquerosas  vidas  estos  facinerosos  salteadores, 
pues  los  federales  todos,  amantes  de  su  libertad,  habríamos  ya  depurado  el 
país  de  esta  plaga  desoladora  y contumaz...  ¿Habrían  podido  gozarse  impune- 
mente en  su  delito?.  . . No,  Excelentísimo  Señor.  . . Habrían  visto  sangre  y 
sangre  envolver  en  su  justa  furia  a cuanto  se  considerase  el  origen  del  infer- 
nal plan,  sin  que  escaparan  ni  sus  descendientes». 

Pedro  Jimefto,  Comandante  de  batallón.  «El  torrente  público  hubiera  roto 
sus  diques  y la  vida  de  los  salvajes  unitarios,  sus  mujeres  e hijos,  hubieran 
expiado  en  parte  tan  infame  crimen». 

Bartolomé  Gómez,  Cura  vicario  y Juez  de  Paz.  «¿Qué  sería  de  ellos  si  V.  E. 
desapareciese  por  sus  viles  maquinaciones?  ¡Insensatos!  Los  pueblos  hidró- 
picos de  cólera  os  buscarían  por  las  calles,  en  vuestras  casas  y en  los  campos, 
y segando  vuestros  cuellos  formarían  una  honda  balsa  de  vuestra  sangre 
donde  se  bañarían  los  patriotas  para  refrigerar  su  dev<rrante  ira». 

Manuel  Casal  Cade,  Juez  de  Paz.  «Es  muy'  cierto  que  los  salvajes  unitarios, 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


agobiados  con  el  peso  de  sus  enormes  delitos,  las  asquerosas  unitarias  y sus  crías 
hubieran  muerto  degollados,  si  el  atentado  de  estos  viles  traidores  se  hubiera 
consumado.  Pero  el  horrendo  montón  que  formasen  las  osamentas  de  esta 
maldita  infernal  raza  podría  manifestar  al  mundo  una  venganza  justa  única- 
mente, pero  nunca  el  remedio  a los  males  inauditos  que  nos  ocasionara  su 
perversidad  asombrosa». 

El  ambiente  argentino  era,  pues,  de  guerra  a muerte,  de  exterminio  de 
todos  los  que  no  pensaran  como  Rosas,  de  todos,  sin  excluir  a las  madres, 
a las  esposas  y a los  hijos  o «crías»,  según  el  lenguaje  de  aquellos  energú- 
menos, ó más  bien  dicho  de  aquellos  enloquecidos  por  la  sangre  que  a diario 
veían  derramar. 

Y desgraciadamente  a esa  obsesión  de  la  sangre  no  escapaban  algunos 
de  los  mismos  grandes  adversarios  de  Rosas,  grandes  por  su  inteligencia  y 
por  la  nobleza  de  la  causa  que  defendían.  Lo  demuestran  estos  párrafos  que 
extraemos  de  un  editorial  de  «El  Nacional»,  de  Montevideo,  escrito  en  enero 
de  1842,  con  motivo  de  la  acción  combinada  de  los  ejércitos  de  Rivera,  Paz  y 
López,  que  auguraba  el  próximo  derrumbe  de  la  dictadura  de  Rosas: 

«Falta  sólo  una  postrera,  decisiva,  inmortal  pelea,  en  que  se  cháncele 
definitivamente  la  deuda  de  Pago  Largo,  pelea  en  que  no.  se  dé  cuartel,  en  que 
perezcan  uno  sobre  otro  esos  infames  asesinos  que  han  ensangrentado  a 
Córdoba,  Tucumán,  Catamarca,  La  Rio'ja,  San  Juan  y Mendoza.  Esos  malvados 
merecen  todos  la  muerte,  porque  son  todos  degolladores  y se  complacen  en 
clavar  miembros  humanos,  en  manosear  orejas  y’  trozos  sangrientos;  sería  un 
crimen  salvarlos,  una  imprevisión  perdonarlos,  porque  la  tierra  no  puede 
sustentarlos  de  pie  sobre  su  superficie,  sino  devorarlos  en  sus  profundos 
senos  convertidos  en  sepulcros.» 

La  confiscación  de  bienes. 

Por  decreto  de  septiembre  de  1840  afectó  Rosas:  «los  bienes  muebles 
e inmuebles,  derechos  y acciones  de  cualquier  clase,  pertenecientes  a los 
traidores  salvajes  unitarios,  a la  reparación  de  los  quebrantos  causados  por 
las  hordas  del  desnaturalizado  traidor  Juan  Lavalle  y a las  erogaciones 
extraordinarias  a que  se  ha  visto  obligado  el  Tesoro  público  para  hacer  frente 
a la  bárbara  invasión  de  este  execrable  asesino  y los  premios  que  el  Gobierno 
ha  acordado  en  favor  del  ejército  de  línea  y milicias  y demás  valientes  defen- 
sores de  la  libertad,  y dignidad  de  nuestra  Confederación  y de  América». 

Cuando  se  dictó  esta  confiscación  general  de  las  fortunas  de  los  unitarios, 
iban  corridos  más  de  dos  años  del  bloqueo  de  los  puertos  argentinos  por  la 
escuadra  francesa.  Había  grandes  existencias  de  cueros  que  aguardaban 
oportunidad  de  embarque.  Un  mes  después  fué  levantado  el  bloqueo  en  cum- 
plimiento del  tratado  Mackau  y en  el  acto  Rosas  se  apoderó  de  esos  cueros 
y los  vendió  en  el  mercado. 

En  184  6 el  doctor  Florencio  Varela  publicó  una  lista  de  400  confisca- 
ciones, con  las  siguientes  cifras  recapitulativas; 

Ganado  vacuno  . 659,000  cabezas 

” lanar  . 226,  OOu 

” caballar  70,000 

En  cada  estancia  confiscada  el  Gobierno  instituía  un  capataz  encargado 
de  la  venta  de  todas  sus  existencias. 

La  iniciativa  de  Rosas  era  muy'  tentadora  y encontró,  como  es  natural, 
amplia  aplicación  en  las  provincias. 

Entre  todos  los  decretos  provinciales  merece  lugar  preferente  uno  que 
«El  Mercurio»  de  Valparaíso  publicó  como  obra  del  fraile  Aldao,  Gobernador 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


89 


de  Mendoza,  datado  en  marzo  de  1842.  Declaraba  que  los  salvajes  unitarios 
habían  dado  pruebas  de  tener  desquiciada  la  cabeza  y'  que  muchos  de  ellos 
eran  «locos  furiosos»,  de  cuyas  tropelías  debía  y podía  resguardarse  la  socie- 
dad. En  consecuencia,  «los  más  frenéticos»  debían  ser  encerrados  en  una  casa; 
los  otros  no  podrían  disponer  de  cantidades  que  excedieran  de  10  pesos  sin 
previa  autorización;  a la  Policía  incumbiría  la  tutela  y cúratela  de  todos  los 
unitarios;  ningún  contrato  de  compra  o de  venta  en  que  intervinieran  unita- 
rios, sería  válido  sin  venia  policial. 

Rosas  santificado! 

Para  hacer  lo  que  hacía  era  necesario  que  Rosas,  producto  de  su  medio 
ambiente,  inspirara  una  fe  religiosa  a sus  parciales.  Y la  inspiraba  ciertamente. 

A fines  de  1839  tuvo  lugar  una  ceremonia  destinada  a la  adoración  del 
retrato  de  Rosas,  que  «La  Gaceta  Mercantil»  se  encargó  de  describir  en  los 
siguientes  términos: 

«La  cuadra  de  la  iglesia  estaba  toda  adornada  de  olivos  y lindas  bande- 
ras, las  cuales  fueron  tomadas  por  los  vecinos  y de  golpe  las  rindieron  al  pasar 
el  retrato,  hincando  la  rodilla,  causando  un  espectáculo  verdaderamente  im- 
ponente el  repique  de  las  campanas,  cohetes  de  todas  partes  y vivas  del  in- 
menso pueblo  allí  reunido ...  El  retrato  fué  recibido  en  el  atrio  por  el  señor 
Cura  con  otros  eclesiásticos  y colocado  en  el  templo  al  lado  del  Evangelio. 
El  templo  estaba  espléndidamente  adornado;  la  majestad  con  que  brillaba 
persuadía  de  que  era  el  tabernáculo  del  santo  de  los  santos ...  La  misa  fué 
oficiada  a grande  orquesta  y la  augusta  solemnidad  del  coro  no  dejaba  que 
desear.  Nuestro  ilustrísimo  señor  Obispo  diocesano,  doctor  don  Nicolás  Me- 
drano,  asistió  de  medio  pontifical  y celebró  nuestro  digno  Provisor  canónigo 
don  Miguel  García.  El  señor  Cura  de  la  Catedral,  don  Felipe  Elortondc  y 
Palacios,  desempeñó  con  la  maestría  que  lo  tiene  acreditado  la  difícil  tarea 
de  encomiar  el  mérito  celestial  del  arcángel  San  Miguel,  mezclando  oportuna- 
mente elocuentes  trozos  alusivos  a la  función  cívica  en  honor  del  héroe  y en 
apoyo  de  la  causa  federal.  . . Luego  que  el  señor  Inspector  General  dispuso 
la  retirada  del  retrato,  empezó  la  marcha  en  el  mismo  orden,  siguiendo  la 
columna  por  el  arco  principal  y'  de  éste  por  la  calle  Reconquista  hasta  la 
casa  de  Su  Excelencia.  Al  salir  de  la  fortaleza  el  acompañamiento,  se  empe- 
ñaron las  señoras  en  conducir  el  retrato  de  Su  Excelencia,  tirando  del  carro 
que  alternativamente  habían  tomado  los  generales  y jefes  de  la  comitiva  al 
conducirlo  al  tejnplo;  Las  señoras  demostraron  el  más  delicado  y vivo  entu- 
siasmo y vimos  con  inmenso  placer  a las  distinguidas  señoras  doña  Pascuala 
Beláustegui  de  Arana,  doña  Guillermina  Irigoy'en  de  Pinedo,  doña  Carmen 
Quintanilla  de  Alvear,  doña  Juana  Máciel  de  Rolón  y doña  Dolores  Quiroga 
y otras  damas  no  menos  respetables,  alternando  en  esta  demostración  federal 
y patriótica.» 

El  entusiasmo  que  inspiraba  Rosas  a sus  parciales  repercutía  sobre 
sus  hijos.  A fihes  del  año  1840  los  jueces  de  Paz  y'  varios  ciudadanos  diri- 
gieron una  petición  a la  Sala  de  Representantes  recabando  el  grado  de  coro- 
nel mayor  de  los  ejércitos  a favor  de  Manuelita  Rosas  y de  su  hermano  Juan. 

Siete  años  antes  había  recogido  Darwin  en  su  viaje  al  Río  de  la  Plata 
la  versión  inverosímil  de  que  Rosas  cuando  tenía  que  elegir  generales  hacía 
traer  al  corral  de  Palermo  una  tropa  de  potros  salvajes  y premiaba  con  los 
despachos  al  jinete  que  conseguía  saltar  a uno  de  los  potros,  correrlo  sin  freno 
y sin  silla  y volverlo  al  palenque! 


90 


ANAT.ES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Oribe  dominado  por  Rosas. 

Tal  era  el  medio  ambiente  de  Rosas:  ambiente  de  sangre,  de  confisca- 
ciones y de  santificación  de  la  dictadura.  Los  unitarios  debían  ser  extermi- 
nados y sus  bienes  debían  pasar  al  Tesoro  público;  los  federales  debían  adorar 
a su  jefe  y'  someterse  a él  de  una  manera  ciega  e incondicional,  porque  de 
otro  modo  pasaban  a ser  unitarios  y debían  ser  exterminados  también. 

Antes  de  su  descensó  de  la  Presidencia  ya  Oribe  estaba  dominado  por 
Rosas.  Su  campaña  contra  la  prensa  era  obra  de  esa  influencia  dominadora. 
Sus  aprensiones  contra  Rivera  habían  sido  intensificadas  por  la  diplomacia 
de  Rosas. 

En  ambos  casos  la  acción  del  dictador  argentino  se  había  desarrollado 
a base  de  amenazas  más  o menos  encubiertas.  Rosas  tenía  bajo  sus  garras 
a Lavalleja,  y con  el  amago  de  una  repetición  de  las  revoluciones  de  1832  a 
1834,  había  arrancado  al  gobernante  uruguayo  grandes  concesiones. 

Cuando  Oribe  desembarcó  en  Buenos  Aires  al  día  siguiente  de  la  pre- 
sentación y aceptación,  de  su  renuncia,  ya  ese  factor  coercitivo  había  quedado 
eliminado  y el  ex  mandatario  uruguayo  pudo  y debió  permanecer  tranquilo  en 
el  nuevo  escenario  a que  lo  transportaban  los  sucesos. 

, Pero  entonces  empezó  a actuar  la  acción  personal  y directa  de  Rosas 
sobre  Oribe,  una  acción  mucho  más  fuerte  que  la  que  el  dictador  argentino 
había  ejercido  a través  del  Plata  sobre  el  gobernante  uruguayo.  Oribe  perdió 
su  autonomía  desde  las  primeras  conferencias  y Rosas  hizo  de  él  lo  que  quiso. 
Le  sugirió  la  idea  de  protestar  contra  su  espontánea  y patriótica  renuncia  del 
mando  presidencial;  le  persuadió  de  que  debía  seguirse  llamando  Presidente 
constitucional;  y obtuvo,  hecho  más  asombroso  todavía,  que  en  su  carácter 
de  Presidente  marchara  al  frente  de  una  expedición  militar,  no  a Montevideo 
para  reconquistar  el  Gobierno,  sino  a las  provincias  argentinas  que  se  negaban 
a aceptar  la  dictadura  rosista,  para  someterlas  a sangre  y fuego  en  una 
horrenda  campaña  de  cuatro  años,  él  que  como  mandatario  de  su  patria  no 
había  derramado  sangre,  ni  cometido  otros  actos  de  violencia  que  algunos 
arrestos  y'  deportaciones  corrientes  en  épocas  revolucionarias! 

Durante  los  primeros  meses  de  su  arribo  a Buenos  Aires  pareció  que 
la  acción  de  Oribe  volvería  a radicarse  en  territorio  uruguayo.  Pero  cuando 
Rosas  consideró  llegado  el  momento  de  atacar  a Rivera  confió  la  tarea  a 
Echagüe  y mandó  a éste  instrucciones  reveladoras  de  que  Oribe  seguiría  lla- 
mándose «Presidente  legal»  al  solo  efecto  de  reunir  a la  Asamblea  y renunciar 
el  mando,  como  medio  de  que  el  propio  Echagüe  designára  un  Presidente 
constitucional  de  su  agrado. 

Al  mismo  tiempo  que  Echagüe  vadeaba  el  Uruguay  Oribe  reclutaba  gente 
en  la  provincia  de  Buenos  Aires  y'  se  incorporaba  luego,,  como  simple  jefe  de 
división  al  ejército  del  Gobernador  de  Santa  Fe  general  Juan  Pablo  López, 
quién  en  noviembre  de  1839  lo  presentaba  todavía  como  subalterno  en  una 
profclama  al  pueblo  correntino  en  que  decía: 

«Piso  el  suelo  de  vuestra  Provincia  con  una  fuerte  división  de  más 
de  3,000  hombres  aguerridos,  compuesta  de  las  fuerzas  de  mi  provincia, 
las  del  ilustre  Excelentísimo  señor  Presidente  del  Estado  Oriental  brigadier 
general  don  Manuel  Oribe  y las  de  Entre  Ríos.» 

Empieza  la  adaptación  de  Oribe  al  medio  ambiente  de  Rosas. 

Desde  ese  momento  empezó  a crecer  el  volumen  militar  de  Oribe  y 
comenzó  también  a acentuarse  la  adaptacióoi  del  ex  mandatario  uruguayo  al 
medio  ambiente  de  sangre  y de  violencias  que  presidía  el  dictador  argentino. 

La  victoria  del  Quebracho  contra  Lavalle  en  noviembre  de  18-40  afianzó 
definitivamente  a Oribe  como  jefe  superior  del  ejército  argentino. 

Según  su  parte  a Rosas  dejaron  los  unitarios  en  el  campo  de  batalla 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


91 


«toda  su  artillería,  infantería,  bagaje,  mucho  armamento,  multitud  de  prisio- 
neros, cuyo  número  no  se  podía  determinar  aún  en  razón  de  estarse  todavía 
tomando  y más  de  mil  quinientos  cadáveres,  entre  ellos  muchos  jefes  y oficiales». 

El  general  Angel  Pacheco,  segundo  jefe,  decía  a su  turno  al  dictador, 
que  de  los  4,500  hombres  de  Lavalle,  1,500  habían  resultado  muertos  y‘  500 
habían  quedado  prisioneros,  contra  un  centenar  de  muertos  y otro  centenar 
de  heridos  en  las  filas  del  ejército  victorioso. 

Son  cifras  reveladoras  de  hecatombes  de  prisioneros  hasta  entonces  des- 
conocidas para  Oribe.  ¡ ¡ 

Fué  en  ese  mismo  campo  de  batalla  donde  murió  el  doctor  Rufino  Varela 
en  noble  y generosa  misión  de  su  jefe.  Pocas  semanas  antes  Lavalle  había 
atacado  la  ciudad  de  Santa  Fe  apoderándose  del  general  Eugenio  Gatzón  y 
de  otros  jefes  y oficiales  orientales.  Derrotado  luego  por  Oribe  en  el  Que- 
bracho Lavalle  puso  en  libertad  a sus  prisioneros  y'-  entonces  el  general 
Garzón  solicitó  un  oficial  que  lo  acompañara  a cruzar  el  campo  en  que  se 
movían  los  dos  ejércitos.  Fué  designado  con  tal  objeto  Varela,  de  hermosa 
actuación  en  la  toma  de  Santa  Fe,  donde  había  salvado  con  riesgo  de  su 
vida  a varios  oficiales  y soldados,  según  resulta  de  esta  página  de  su  diario 
de  campaña: 

«Tengo  la  fortuna  de  no  haber  tocado  a nadie  con  la  punta  de  mi 
espada  y de  haber  salvado  a cuantos  he  podido.  Más  de  una  vez  me  he  visto 
expuesto,  porque  no  me  acordaba  que  venía  con  una  gorra  enemiga,  y como 
en  el  Cabildo  sólo  me  ocupaba  de  salvar  a los  vencidos,  no  era  fácil  que  me 
conocieran  en  estos  momentos  los  soldados  que  no  se  fijan  en  la  divisa 
máxime  cuando  me  veían  defendiendo  a los  rendidos  e impidiendo  que  la 
tropa  degollara  más  gente.  Momentos  como  los  del  Cabildo  son  horribles  y 
un  hombre  a sangre  fría  no  podría  jamás  presenciarlos.» 

La  gorra  a que  se  refería  era  la  de  un  oficial  de  Rosas,  llamado  también 
Varela,.  a quien  el  caballeresco  subalterno  de  Lavalle  había  dado  la  suya  para 
salvarle  la  vida. 

Pues  bien,  cuando  el  doctor  Varela  llegaba  al  campo  de  Oribe  y'  ponía  en 
salvo  a los  prisioneros  de  Santa  Fe,  fué  muerto  a bayonetazos. 

Rosas  acordó  recompensas  extraordinarias  a Oribe  por  la  victoria  del 
Quebracho.  Hizo  acuñar  una  medalla  y se  la  regaló  conjuntamente  con  3,000 
animales  vacunos  y 3,000  lanares  de  los  ganados  de  los  unitarios,  igualándolo 
en  esas  demostraciones  a Echagüe,  vencedor  también  de  Lavalle  en  la  batalla 
del  Sauce  Grande. 

De  subalterno  del  Gobernador  López  pasó  entonces  Oribe  a general  de 
división  del  ejército  de  Echagüe  y a General  en  Jefe  del  ejército  de  la  pro- 
vincia de  Buenos  Aires. 

Algunos  detalles  de  la  obra  de  exterminio  narrados  por  Oribe. 

Vamos  a reproducir  de  los  partes  que  registra  la  prensa  de  la  época  algu- 
nos párrafos  reveladores  de  la  perfecta  adaptación  de  Oribe  al  medio  ambiente 
argentino  a que  fué  empujado  por  Rosas: 

Cuartel  General  en  El  'Ceibal.  Septiembre  21  de  1841.  (Da  cuenta  Oribe  de 
uno  de  sus  triunfos  sobre  Lavalle).  «Entre  los  prisioneros  se  halló  el  traidor 
salvaje  unitario  ex  coronel  Facundo  Borda,  que  fué  al  momento  ejecutado  con 
otros  traidores  titulados  oficiales  de  entre  los  de  caballería  e infantería». 

Cuartel  General  en  Mentan.  Octubre  3 de  1841.  «Los  salvajes  unitarios  que 
me  ha  entregado  el  comandante  Sandoval  (de  la  escolta  de  Lavalle),  Marcos 
M.  Avellaneda  titulado  Gobernador  General  de  Tucumán,  coronel  titulado 
José  M.  Vilela,  comandante  Lucas  C'asas,  sargento  mayor  Gabriel  Suárez,  ca- 
pitán José  Espejo  y teniente  l.°  Leonardo  Souza.  . . han  sido  en  el  momento 
ejecutados  en  la  forma  ordinaria,  a excepción  de  Avellaneda ...  a quien  man- 


92 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


dé  cortar  la  cabeza  que  será  colocada  a la  espectación  pública  en  la  ciudad 
de  Tucumán». 

Oficio  a Claudio  Arredondo,  de  octubre  12  de  1841  (anunciando  la  muerte 
de  Lavalle).  «Sus  soldados  pudieron  arrebatar  su  cadáver  y echándolo  encima 
de  una  carga  emprendieron  la  fuga;  a muy  corta  distancia  lo  persigue  una 
de  nuestras  partidas,  con  el  interés  de  cortarle  la  cabeza  dondequiera  que  lo 
destinen». 

Bto  Grande  de  Tucumán,  noviembre  9 de  1841.  «El  titulado  Gobernador  José 
Cubas  fué  tomado  por  una  partida  de  infantería  del  batallón  Libertad  en 
la  cuesta  de  la  sierra  del  Infiernillo  y su  cabeza  fué  puesta  en  la  plaza  de 
Catamarca  para  escarmiento  del  bando  salvaje  unitario». 

Párrafo  de  una  nota  a Rosas  con  motivo  del  envío  de  la  máquina  ihfernal 
atribuido  a Rivera: 

Cuartel  General  de  Córdoba,  abril  20  de  1841.  «Los  jefes  todos  de  este-ejér- 
cito participando  de  los  afectos  que  quedan  expresados,  se  han  presentado 
al  que  firma  trayendo  para  V.  E.  sus  más  gratas  y sinceras  felicitaciones  por 
sí  y a nombre  de  sus  respectivos  cuerpos:  al  mismo  tiempo  que  protestan  con 
furor  que  el  día  que  los  salvajes  unitarios  lograsen  algún  atentado  contra 
la  importante  vida  de  V.  E.  nos  habríamos  de  bañar  todos  con  la  indigna  e 
inmunda  sangre  de  esos  malvados.  Al  elevar  el  infrascrito  tales  sentimientos 
tan  conformes  con  los  que  a él  mismo  agitan,  los  adopta  y reproduce  por  su 
parte  con  el  mayor  ardor». 

Al  adjuntar  a Rosas  desde  Catamarca  los  partes  de  exterminio  del  coro- 
nel Maza  que  antes  de  ahora  hemos  reproducido,  cerraba  su  oficio  Oribe  con 
esta  frase  de  amplia  solidaridad: 

«El  ejército  que  Y.  E.  tuvo  a bien  poner  bajo  mis  órdenes  ha  llenado  su 
gloriosa  y digna  misión.» 

Barrancas  de  Coronela,  abril  17  de  1842.  (Oribe  anuncia  al  general  Aldao 
una  victoria  sobre  las  fuerzas  del  general  López):  . i 

«Treinta  y tantos  muertos  y algunos  prisioneros  entre  los  cuales  quedó 
el  salvaje  unitario  titulado  general  Juan  Apóstol  Martínez,  al  que  le  fué  ayer 
cortada  la  cabeza,  fué  el  resultado  de  este  hecho  de  nuestras  armas  federales.» 

Arroyo  Grande,  diciembre  6 de  1842.  (Anuncia  Oribe  a Rosas  su  triunfo 
sobre  el  ejército  «de  los  salvajes  unitarios,  compuesto  de  8,000  hombres  y 
acaudillado  por  el  malvado  anarquista  e incendiario  salvaje  pardejón  Rivera») : 

«Toda  su  infantería,  su  tren  de  artillería,  parque,  bagaje,  caballadas,  exis- 
ten en  nuestro  poder  y un  campo  cubierto  de  cadáveres  enemigos  en  todas 
direcciones  forman  los  principales  trofeos  de  esta  jornada  de  gloria  para  la 
Confederación  Argentina.» 

Ya  Oribe  había  dado,  pues,  pruebas  de  absoluta  sumisión  a Rosas  y de 
perfecta  adaptación  a su  medio,  y Rosas  lo  autorizó  para  vadear  el  Uruguay 
y poner  sitio  a Montevideo. 

Cómo  anuncia  don  Manuel  Errasquin  la  invasión  de  Oribe. 

Al  resultar  inminente  la  invasión  de  los  ejércitos  de  Rosas,  no  pudieron 
menos  de  temblar  los  más  decididos  partidarios  de  Oribe.  /Véase  lo  que  escri- 
bía don  Manuel  Errasquin,  uno  de  los  legisladores  uruguayos  que  emigró  a 
Buenos  Aires  al  producirse  la  caída  de  aquel  Presidente,  a persona  de  su 
familia,  en  octubre  de  18  42: 

«Vais  a presenciar  sucesos  difíciles  de  calcular,  pero  que  según  el  juicio 
que  hemos  formado  por  el  orden  de  los  sucesos,  por  el  espíritú  de  las  per- 
sonas y por  la  naturaleza  de  la  cuestión,  van  a ser  inauditos  y terribles. 
No  veo  más  que  males,  no  veo  más  que  venganzas,  oposición  de  intereses 
personales,  aspiraciones  y errores,  ninguna  generosidad,  ningún  amor  a la 
patria.  De  aquí  pasará  un  ejército  poderoso  que  hará  muchos  males,  aún 
cuando  su  jefe  quiera  evitarlo,  lo  que  no  podrá  porque  no  obrará  libremente  . • 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


93 


Dicen  algunos  que  don  M.  O.  va  muy  templado,  es  decir  muy  dispuesto  a 
degollar.  Yo  no  lo  creo,  por  motivos  que  tengo  para  no  creerlo ...  Es  preciso 
también  tener  presente  que  la  may'or  parte  de  los  hechos  de  que  se  acusa 
a don  Manuel  Oribe  no  son  ciertos  o son  exagerados,  como  el  de  Borda. 
He  hablado  con  el  que  lo  tomó  prisionero,  le  hizo  cortar  las  orejas  y degollar 
vivo  antes  que  Oribe  supiera.  . . Sin  embargo,  creo  que  €s  un  irreflexivo  y 
porque  hay  un  sistema  en  separar  de  sí  a todos  los  hombres  de  juicio,  de 
concepto  y moderados  y1  sólo  rodearlo  de  tigres  y de  hombres  sin  juicio  y 
sin  cautela.  . . Tened  presente  este  consejo:  no  os  opongáis  a nada  por  malo 
que  sea.  No  censuréis  nada,  ni  os  empeñéis  por  nadie,  porque  si  no  estaréis 
perdidos:  la  menor  contradicción  puede  conduciros  a un  precipicio.» 

Las  causas  de  la  Guerra  Grande. 

Pueden  señalarse  dos  entre  las  principales:  la  absorción  política  del 
Uruguay  bajo  forma  de  incorporáción  a las  Provincias  Unidas  o de  someti- 
miento incondicional  de  sus  mandatarios  a la  dictadura  argentina;  y su  ani- 
quilamiento económico,  como  medio  de  evitar  que  siguiera  creciendo  en  la 
forma  maravillosa  en  que  lo  hacía  a despecho  de  la  vida  convulsionaria  a 
que  lo  condenaba  esa  misma  dictadura. 

Nos  hemos  ocupado  en  diversos  capítulos  de  la  primera  de  esas  causas 
y vamos  a invocar  ahora  valiosos  testimonios  en  apoyó  de  la  segunda. 

El  barón  Deffaudis,  ex  Ministro  de  Francia  en  el  Río  de  la  Plata,  escri- 
bió en  1849  un  libro  titulado  «Cuestiones  diplomáticas»,  cuyas  páginas,  en  lo 
que  atañe  a las  rivalidades  económicas  entre  Buenos  Aires  y Montevideo,  pue- 
den resumirse  así: 

Montevideo  carecía  de  importancia  bajo  las  dominaciones  sucesivas  de 
España  y Portugal.  Sólo  después  de  la  Convención  Preliminar  de  Paz  del 
año  1828  pudo  ponerse  en  marcha.  Pero  entonces  lo  hizo  en  forma  rápida 
y extraordinaria.  De  1828  a 1838  «fué  inaudito  el  desenvolvimiento  de  su 
riqueza».  Ha  sido  atribuida  erróneamente  su  prosperidad  al  bloqueo  de  Buenos 
Aires.  El  bloqueo  sólo  pudo  favorecerla,  y lo  prueba  el  hecho  de  que  luego 
de  levantado  en  1840,  por  efecto  de  la  convención  Mackau,  prosiguió  el  país 
su  marcha  ascendente  en  1841  y 1842  hasta  la  invasión  del  ejército  argentino. 
Son  otras  las  causas:  las  ventajas  naturales  del  puerto  de  Montevideo;  la 
prodigiosa  fertilidad  de  su  campaña,  regada  por  numerosas  corrientes  de 
agua  que  permiten  la  exacta  duplicación  de  sus  existencias  ganaderas  cada 
tres  años;  y su  régimen  político  porque  «la  falta  casi  completa  de  acción 
gubernativa  y el  desorden  inaudito  de  la  administración»,  que  se  podría 
achacar  a Montevideo,  alejaban  menos  al  inmigrante  extranjero  que  el  despo- 
tismo de  Rosas. 

«Montevideo  tenía  50,000  habitantes  al  tiempo  de  producirse  la  invasión 
argentina,  y sin  esa  invasión  tendría  hoy  80,000,  si  no  100,000.  Los  europeos 
se  habían  diseminado  en  la  campaña,  en  las  orillas  de  los  arroyos  y ríos,  y 
habían  fundado  estancias  y saladeros  para  la  cría  y'  explotación  de  ganados. 
Todo  eso  se  había  hecho  en  cinco  años.  Si  la  Banda  Oriental  hubiera  gozado 
de  una  vida  semejante  por  espacio  de  diez  años  solamente,  habría  sido,  sin 
duda  alguna,  después  de  los  Estados  Unidos  el  más  rico  consumidor  americano 
de  productos  europeos.  Nuestros  franceses,  sobre  todo,  tenían  predilección 
por  la  República  Oriental.  Había  en  ese  pequeño  país  tantos  miles  de  ellos, 
como  cientos  en  la  inmensa  República  Argentina.» 

«Las  mismas  causas,  concluía  el  autor,  que  explican  la  prosperidad  de 
Montevideo,  explican  también  la  guerra  feroz  y persistente  que  Rosas  ha 
hecho  y continúa  haciendo  todavía  a esa  ciudad.» 

Otro  diplomático  francés,  Alfredo  Brossard,  adjunto  de  la  misión  que 
arribó  al  Río  de  la  Plata  en  1847,  reproduce  en  su  obra  «Consideraciones  his- 
tóricas y políticas  sobre  las  Repúblicas  del  Plata»,  el  siguiente  oficio  del 


94 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


almirante  Massieu  de  Clerval,  jefe  de  la  estación  naval  del  Río  de  la  Plata, 
a su  reemplazante  en  diciembre  de  1842: 

«El  comercio  de  Montevideo  está  en  una  situación  floreciente.  La  pobla- 
ción ha  aumentado  en  una  rápida  progresión  y la  ciudad  ha  seguido  ese  creci- 
miento. Un  gobierno  muy  blando  y muy  liberal  atrae  al  extranjero  a la  Banda 
Oriental.  En  paz  y^bajo  una  buena  administración,  Montevideo  sería  en  pocos 
años  una  de  las  ciudades  más  ricas,  más  comerciales  y'  más  importantés  de 
la  América  meridional.  Pero  la  guerra  ataja  sus  adelantos;  los  proyectos 
del  Gobierno  actual  para  estimular  la  prosperidad  sufren  retardos  o quedan 
«retenidos  en  razón  de  que  los  fondos  son  empleados  en  el  ejército  y en  la 
defensa  del  país.» 

«La  situación  de  Buenos  Aires  es  totalmente  distinta  de  la  de  Montevideo. 
Aquella  ciudad  está  lejos  de  progresar.  Su  población  bajo  el  Gobierno  de 
Rosas,  en  vez  de  aumentar,  disminuye  por  efecto  de  la  emigración  a que  han 
dado  lugar  las  prescripciones  y persecuciones  contra  el  partido  unitario.  En 
cuanto  a los  extranjeros,  ño  afluyen  a Buenos  Aires.  . . 

«Las  dificultades  que  presenta  la  rada  para  la  carga  de  los  buques, 
juntamente  con  la  falta  de  brazos,  hace  que  Montevideo  sea  preferido.  Rosas 
comprende  las  ventajas  que  esto  presenta,  tiene  de  ello  envidia  y toma  cuan- 
tas medidas  puede  para  dañar  a la  prosperidad  del  Estado  Oriental.» 

Oigamos  finalmente  a Sarmiento,  otro  gran  testigo  de  la  época.  En  una 
Memoria  que,  acerca  de  la  situación  de  las  repúblicas  sudamericanas,  presentó 
al  Instituto  Histórico  de  Francia  en  1853,  decía: 

«Todavía  parece  que  resonara  en  los  oídos  aquel  clamor  eterno  del  sitio 
de  Montevideo,  que  llenó  nueve  años  las  columnas  de  la  prensa  europea,  que 
agitó  el  mármol  de  las  tribunas  de  los  parlamentos  y debatieron  en  el  silencio 
del  gabinete  los  gobiernos  de  Inglaterra  y de  Francia.  ¡Cuántas  misiones  diplo- 
máticas, cuántas  escuadras,  cuántos  tratados,  cuántos  sistemas  de  política 
seguidos  y abandonados;  y'  a despecho  de  tantos  esfuerzos  el  sitio  de  Monte- 
video seguía  impasible,  cual  si  fuera  una  función  normal  de  la  Naturaleza, 
como  el  agua  que  fluye  de  una  fuente,  como  el  peñasco  que  reposa  sobre  su 
propia  gravedad.  Rodaron  tronos  que  se  creían  cimentados  sobre  granito, 
desaparecieron  dinastías  en  el  intertanto,  y Montevideo  sin  dinero,  sin  sol- 
dados, sin  víveres,  desahuciado  por  todos,  por  todos  menospreciado,  se  man- 
tuvo inexpugnable,  inflexible,  intratable,  si  no  era  él  quien  imponía  las 
condiciones  de  paz.» 

El  sitio  de  Montevideo,  proseguía  Sarmiento,  es  un  acto  capital  del 
gran  drama  de  la  descomposición  y recomposición  de  las  colonias  españolas: 
una  lucha  entre  la  barbarie  de  las  campañas  que  tocaba  a su  zenit  y'  la 
aurora  de  la  rehabilita«y.ón  de  las  ciudades  para  recuperar  su  posición  natural 
de  influencia  civilizadora.  Rosas  era  el  representante  de  esa  barbarie  en  las 
campañas  argentinas  y sus  ejércitos  batieron  la  República  entera.  Pero  mien- 
tras así  triunfaba  la  barbarie  en  la  margen  derecha  del  Plata,  triunfaba  la 
civilización  en  la  margen  izquierda.  Desde  1836  empezó  la  entrada  de  colonos 
canarios,  vascos,  franceses,  españoles,  italianos  que  abren  talleres,  impro- 
visan industrias,  labran  la  tierra,  navegan  los  ríos,  catean  la  piedra,  edifican 
ciudades,  construyen  muelles,  introducen  mercaderías.  «Un  pedazo  de  los 
Estados  Unidos,  con  su  actividad  creciente,  sus  improvisaciones  de  riqueza  y 
de  cultura,  su  animación  y'  su  libertad,  se  muestra  en  sólo  seis  años  de  dejar 
a Montevideo,  o más  bien  dicho  a sus  hombres,  a su  propia  acción».  Entonces 
fué  que  Rosas,  la  barbarie  triunfante  en  la  margen  derecha,  se  acordó  que 
a Oribe,  que  tenía  el  mando  de  sus  ejércitos,  le  faltaban  cuatro  meses  de 
presidencia,  y lo  lanzó  sobre  el  Uruguay.  Montevideo,  como  Buenos  Aires, 
había  sido  sitiado  otras  veces,  aceptando  el  dominio  de  los  caudillos.  Pero 
esta  vez  resolvió  defenderse,  porque  ya  estaba  maduro  el  principio  regene- 
rador, y los  extranjeros  enriquecidos  «en  aquella  Edén,  en  aquella  California 
anticipada»,  ofrecieron  su  apoyó,  su  fortuna  y su  sangre. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


95 


Tales  son  las  cohclusiones  del  gran  estadista  argentino,  concordantes 
con  las  del  Ministro  Deffaudis  y del  almirante  Clerval. 

¿Alcanzaría  Rosas  su  plan  de  despoblación  y de  ruina  mediante  el  ejér- 
cito de  Oribe? 

En  febrero  de  1849  escribía  el  almirante  Le  Predour,  jefe  de  la  estación 
naval  francesa,  al  Gobierno  de  su  Patria: 

«La  ciudad  de  Buenos  Aires  está  en  este  momento  en  una  prosperidad 
extraordinaria.  Rosas  ha  conseguido  concentrar  en  ella  todo  el  comercio  del 
Plata,  lo  que  ha  sido  el  objeto  constante  de  sus  esfuerzos.  La  paz  me  parece 
casi  imposible,  persuadido  como  estoy  del  interés  quev  hay  para  el  general 
Rosas  en  mantener  sus  tropas  en  la  Banda  Oriental,  para  completar  la  ruina 
de  ese  bello  país  y'  completar  de  ese  modo  la  prosperidad  de  que  hoy  goza 
Buenos  Aires.» 

Poco  meses  antes  del  levantamiento  del  sitio  decía  «El  Comercio  del 
Plata»,  al  señalar  el  cuadro  de  desolación  general  de  la  campaña: 

Al  producirse  la  invasión  de  Oribe  valían  nuestros  campos  de  pastoreo 
de  tres  a cuatro  mil  pesos  la  legua;  la  campaña  estaba  cubierta  de  poblaciones 
y de  ganados  mansos;  no  transcurría  un  día  sin  que  se  fundara  un  nuevo  esta- 
blecimiento pastoril;  las  lanas  mejoraban  notablemente  por  efecto  de  la  pro- 
pagación de  los  merinos  y el  progreso  de  los  procedimientos  de  explotación; 
en  las  estancias  empezaba  a difundirse  el  empleo  de  las  prensas  de  enfardar 
como  medio  de  facilitar  la  exportación;  el  negocio  de  estancia  daba  un  enorme 
beneficio  del  30  %,  a la  vez  que  aumentaba  el  valor  de  los  campos.  No  era 
menos  halagador  el  progreso  agrícola.  A uno  y otro  lado  de  los  caminos  de 
acceso  a la  Capital  las  chacras  ocupaban  un  radio  de  diez  leguas  y otro  más 
considerable  de  veinticinco  leguas  en  el  tray'ecto  de  Montevideo  a Maldonado 
y Minas.  Las  tierras  eran  fraccionadas  en  esos  puntos,  y ya  se  vislumbraba 
como  muy  próxima  la  cesación  del  tributo  que  era  forzoso  pagar  a Estados 
Unidos  y'  Chile  por  concepto  de  cereales  y harinas  y la  transformación  del 
Uruguay  en  país  exportador  de  productos  agrícolas.  En  cuanto  a edifica- 
ción, baste  saber  que  las  caleras  de  Minas  y de  la  costa  del  Uruguay,  aun- 
que estaban  todas  en  plena  actividad,  apenas  daban  abasto  a las  demandas 
de  Montevideo  y de  los  pueblos  de  campaña,  tal  era  el  progreso  de  la  pobla- 
ción. Pues  bien,  concluía  el  articulista:  todo  eso  quedó  detenido  con  la  inva- 
sión de  Oribe  y'  la  campaña  es  hoy  un  desierto,  por  el  que  sólo  vagan  manadas 
de  perros  cimarrones! 

A mediados  de  1854  se  reunió  la  Junta  Económico  - Administrativa  del 
Salto  e invocando  la  pérdida  de  los  archivos  y la  necesidad  de  perpetuar  algu- 
nos antecedentes  que  podrían  servir  para  la  historia  de  ese  pueblo,  resolvió 
abrir  un  «Libro  de  Registros»  y encabezarlo  con  el  extracto  de  una  Memoria 
del  secretario  de  la  corporación  don  Julián  Serrano. 

Esa  Memoria,  que  con  ligeras  variantes  hubiera  podido  figurar  en  los 
libros  de  registros  de  todos  los  demás  pueblos  de  campaña,  hacía  constar  lo 
siguiente: 

Por  el  pueblo  del  Salto  desfilaron  tres  grandes  ejércitos:  el  del  general 
Martín  Rodríguez  a principios  de  1826;  el  del  general  Echagiie  a mediados 
de  1839  y el  del  general  Oribe  a fines  de  1842.  La  población  fué  saqueada  e 
incendiada  siete  veces,  la  primera  en  1822  durante  la  dominación  brasileña, 
con  ocasión  del  movimiento  que  encabezaba  el  coronel  Bentos  Manuel  Ribeiro; 
la  segunda  en  1832  por  un  grupo  que  encabezaba  Mariano  Paredes;  la  tercera 
en  1836;  I3  cuarta  en  1844  por  las  fuerzas  correntinas  del  general  Madariaga; 
la  quinta  en  1845  por  las  fuerzas  de  Garibaldi;  la  séptima  en  1847.  Las  pér- 
didas sufridas  por  los  distritos  rurales  durante  la  sola  Guerra  Grande  pueden 
estimarse  en  no  menos  de  cuatro  millones  de  pesos,  si  se  tiene  en  cuenta  que 
al  tiempo  de  la  invasión  de  Oribe  en  una  treintena  de  estancias  situadas  entre 
el  Daymán  y el  Arapey  pastaban  más  cíe  doscientas  mil  reses  vacunas  y buenas 


96 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


cantidades  de  caballos,  yeguas,  ovejas  criollas  y merinas,  totalmente  exter- 
minadas en  el  curso  de  la  lucha. 

Casi  al  mismo  tiempo  que  el  Secretario  de  la  Municipalidad  del  Salto 
consignaba  esos  datos  en  el  libro  de  Registro  del  departamento,  Heraclio 
Fajardo  describía  las  alternativas  de  la  villa  fundada  por  Zeballos  en  1764 
con  familias  portuguesas  arrancadas  de  Santa  Teresa,  el  Chuy  y'  Río  Grande. 

La  villa  de  San  Carlos,  decía,  ha  tenido  épocas  «en  que  ha  deparado  al 
viajero  un  oasis  en  miniatura,  un  harem  oriental  lleno  de  flores,  de  música 
y de  mujeres  seductoras;  y otras  en  que  sólo  ha  ofrecido  silencio,  escombros 
y ruinas».  De  18  30  a 1842  «el  pueblo  de  las  Carolinas»  fué  lo  primero; 
de  1843  en  adelante  lo  segundo.  «Tal  ha  sido  el  fruto  de  las  guerras  de  que 
nuestro  pobre  país  ha  sido  teatro  en  todo  el  correr  del  siglo  actual  y que  han 
puesto  trabas  al  progreso  agrícola  e industrial  a que  está,n  destinados  nues- 
tros pueblos». 


CAPITULO  VI 


LA  INVASION  DE  ORIBE.  EMPIEZA  EL  SITIO  DE  MONTEVIDEO 


Los  vencedores  de  Arroyo  Grande  cruzan  el  Uruguay. 

La  batalla  del  Arroyo  Grande  en  Entre  Ríos  tuvo  lugar  el  6 de  diciem- 
bre de  1842.  Rivera,  fugitivo,  cruzó  el  río  Uruguay'  a la  altura  del  Salto 
el  mismo  día  de  su  derrota,  al  frente  de  un  centenar  de  soldados.  Una  semana 
después  comunicaba  al  Ministerio  el  resultado  de  la  batalla  desde  su  campa- 
pamento  en  el  QuegVay. 

«Hemos  sufrido,  decía,  un  contraste  inesperado,  dispersándose  nuestra 
caballería  con  muy  poca 'pérdida  y retirándose  a Corrientes  la  de  aquella 
provincia  y'  la  nuestra  a nuestra  República,  perdiendo  la  infantería  y la  arti- 
llería, pero  los  enemigos  han  sufrido  mucho  por  los  fuegos  certeros  de  nuestra 
artillería.» 

" Era  ese  el  único  ejército  con  que  contaba  el  Gobierno,  de  manera  que  su 
aniquilamiento  franqueaba  a Oribe  la  entrada  al  territorio  oriental. 

No  se  trataba  de  una  omisión.  Se  había  procurado  desde  los  comienzos 
de  la  lucha  organizar  un  ejército  de  reserva,  pero  la  extrema  pobreza  de 
aquella  época,  obra  en  gran  parte  del  desorden  administrativo.,  impidió  al 
Gobierno  de  Suárez  atender  la  indicación  que  el  Presidente  Rivera  formulaba 
así  desde  su  campamento  en  el  Yí  a fines  de  1841: 

«Tenemos  un  ejército  para  invadir  y tomar  Entre  Ríos,  pero  necesitamos 
otro  de  reserva  que  asegure  fa  quietud  del  país  y sirva  de  apoy'o  para  un  caso 
en  que  la  fortuna,  por  algún  reyés,  nos  fuera  adversa.  Estos  dos  ejércitos 
necesitan  proveerse,  equiparse  y prepararse  bien  para  que  ellos  rindan  el 
importante  servicio  que  se  necesita.  Convendría  una  ley  de  consolidación  de 
la  deuda  pública  y levantar  un  empréstito  de-guerra  de  60,000  patacones,  para 
atender  exclusivamente  el  pago  del  ejército  y'  de  la  escuadra.  Yo  desearía*  dar 
a este  negocio  el  primer  ejemplo  del  patriotismo  y con  ese  objeto  pongo  desde 
ahora  a disposición  del  Gobierno  todas  mis  propiedades  en  tierras  de  pastoreo 
y fincas,  para  que  hipotecándolas  o vendiéndolas  aplique  su  producto  a los 
objetos  de  la  guerra.» 

Oribe  vadeó  el  Uruguay  con  su  ejército  victorioso  el  22  de  diciembre, 
y1  llegó  al  Cerrito  frente  a Montevideo  el  16  de  febrero  del  afio  siguiente,  o 
sea  a los  dos  meses  largos  de  la  batalla. 

En  su  proclama  decía  a los  orientales: 

«Al  frente  de  un  ejército  poderoso,  heroico  por  su  valor  y'  virtudes,  piso 
ya  el  suelo  sagrado  de  vuestra  angustiada  patria.  Vengo  a reivindicár  vuestros 
derechos,  a restablecer  vuestras  instituciones,  vuestras  leyes,  vuestro  honor 
y a traeros  con  ello  la  paz,  la  dicha,  la  prosperidad.  . . El  héroe  ínclito  que 
preside  los  destinos  de  nuestra  ilustre  hermana  la  República  Argentina,  ha 
triunfado  de  todos  los  enemigos  del  orden,  de  la  libertad  y'  de  la  indepen- 
dencia; y he  venido  a vuestro  seno  a restituir  a vuestra  cara  e infortunada 
patria  . el  goce  de  sus  derechos  y de  su  prosperidad,  bajo  los  auspicios  de 
ese  triunfo  inmortal  y con  la  cooperación  de  sus  fieles  hijos.» 

Lejos  de  ocultar  su  calidad  de  jefe  de  un  ejército  extranjero  lo  decla- 
raba sin  ambajes.  Casi  todos  sus  boletines  de  guerra  de  1843  y 1844  llevaban 
el  lema  de  Rosas:  «¡Viva  la  Confederación  Argentina!  ¡Mueran  los  salvajes 
unitarios!».  A veces  ostentaban  este  otro:  «¡Oribe:  leyes  o muerte!  ¡Mueran 
los  salvajes  unitarios!»  En  abril  de  18  4 5 apareció  un  decreto  por  el  cual 
se  prevenía  que  «todos  los  escritos  y comunicaciones,  así  oficiales  como  par- 


98 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  I'RUGUAY 


ticulares»,  empezarían  con  el  lema:  ¡Vivan  los  defensores  de  las  leyes!  ¡Mue- 
ran los  salvajes  unitarios!,  eliminándose  así  definitivamente  uno  de  los  miem- 
bros del  lema  rosista,  con  el  propósito  claro  y manifiesto  de  quitar  pretexto  a 
la  intervención  franco  - inglesa  para  sostener  que  era  Rosas  quien  sitiaba  a 
Montevideo  por  medio  de  su  lugar  teniente.  En  algunos  de  los  mismos  bole- 
tines se  daba  a Oribe  el  tratamiento  de  «Presidente  de  la  República,  General 
en  Jefe  del  ejército  unido  de  vanguardia  de  la  Confederación  Argentina». 

Oribe  no  vivaba,  pues,  a su  patria,  sino  a la  patria  de  Rosas;  y no  lan- 
zaba mueras  contra  los  orientales  que  lo  habían  desalojado  del  poder,  sino 
contra  los  argentinos  enemigos  de  Rosas.  Vale  la  pena  de  agregar  que  mu- 
chos de  sus  soldados  llevaban  la  divisa  de  Rosas.  En  noviembre  de  1847, 
varios  años  después  de  establecido  el  sitio,  explicaba  así  «El  Defensor»  el  uso 
del  distintivo  rosista: 

«Es  verdad  que  los  orientales  usaban  y'  usan  todavía,  particularmente 
los  individuos  del  ejército  y los  empleados  públicos,  el  distintivo  punzó  argen- 
tino, agregado  al  blanco  de  los  defensores  de  las  leyes;  pero  esto  no  importa 
otra  cosa  que  simbolizar  la  unión  entre  ambas  naciones  oriental  y argentina.» 


A cuánto  ascendían  las  fuerzas  invasoras. 

% 

En  cuanto  al  efectivo  de  las  fuerzas  invasoras  véase  lo  que  en  los  co- 
mienzos de  18  43  decía  «British  Packet»,  verdadero  órgano  oficial  de  Rosas: 

«A  mediados  de  febrero  don  Ignacio  Oribe  marchó  contra  el  general 
Rivera  con  5,000  hombres  de  caballería,  600  de  infantería  montados  y 4 pie- 
zas de  artillería.  Al  mismo  tiempo,  el  Presidente  Oribe  con  un  cuerpo  como 
de  7,000  hombres,  la  mayor  parte  infantería  .y  artillería,  campó  delante  de 
Montevideo.» 

Esas  tropas  no  se  consideraron  suficientes  para  sitiar  a Montevideo  y 
batir  a Rivera  que  dominaba  con  su  caballería  toda  la  campaña.  Entonces 
Rosas  ordenó  al  general  Urquiza,  Gobernador.de  Entre  Ríos,  que  cruzara  el 
Uruguay  en  ayuda  de  Oribe.  Y el  mismo  diario  fijaba  así  el  nuevo  contingente 
de  fuerzas: 

«En  marzo  el  general  Urquiza,  habiendo  arreglado  satisfactoriamente 
todo  en  Corrientes,  pasó  al  territorio  oriental  con  una  división  de  4,000  hom- 
bres de  caballería  y 500  de  infantería  a obrar  en  combinación  con  el  Presi- 
dente Oribe.» 

En  conjunto  17,000  hombres.  La  prensa  de  Montevideo  sostuvo  en  di- 
versas oportunidades  que  ese  ejército  era  casi  exclusivamente  argentino,  y- 
para  demostrarlo  exhibía  ’a  siguiente  nómina  de  los  batallones  de  infantería 
acampados  frente  a Montevideo  en  1845,  dos  años  después  de  establecido 
el  sitio: 


BATALLONES 

Jefes 

Procedencia 

Libertad  

Maza 

Buenos  Aires 

Independencia  . 

Costa 

rt  ti 

Ubres  de  Buenos  Aires. 

Ramos 

ti  )* 

Rebajados  

Ramiro 

ti  >i 

Voluntarios  de  Oribe  .... 

Artagaveytia 

Vascos 

Libertad  Oriental 

Lasala 

Orientales 

Defensores  de  la  Independencia 

Rincón 

Entrerrianos  y correntinos 

Defensores  de  Oribe  .... 

\ 

Oribe 

Sierra 

Canarios  y orientales 

Guardia  Nacional:  4 compañías 

Areta 

Aréchaga 

Balparda 

Orientales 

GOBIERNO  dé  rivera 


99 


La  caballería  de  Urquiza,  que  actuó  en  la  batalla  de  India  Muerta,  se 
componía  de  los  siguientes  elementos,  según  el  parte  oficial  del  jefe  vencedor: 

17  escuadrones  de  Entre  Ríos. 

6 » de  Buenos  Aires. 

3 » orientales. 

5 compañías  de  orientales. 

En  las  cifras  del  «British  Packet»  figuraba  por  duplicado  sin  duda  alguna 
el  cuerpo  de  ejército  a cargo  de  don  Ignacio  Oribe.  De  otro  modo  resultarían 
inexplicables  todos  los  cómputos  de  la  época. 

«El  Nacional»  de  marzo  de  1843  fijaba  en  3,000  el  número  de  infantes 
que  tenía  Oribe  en  el  Cerrito. 

Según  «El  Constitucional»  de  mediados  de  1845,  en  el  ejército  de  Oribe 
sólo  había  2,000  orientales  y cinco  batallones  argentinos  a cargo  de  los 
coroneles  Maza,  Costa,  Ramos,  Ramiro  y Rincón.  Sumando  sus  efectivos  a 
los  que  militaban  bajo  las  órdenes  de  Urquiza  en  la  batalla  de  India  Muerta, 
formulaba  el  siguiente  resumen  de  unidades: 

Fuerzas  de  la  Confederación  Argentina : infantería:  5 batallones,  4 compa- 
ñías y un  piquete;  caballería:  23  escuadrones.  Fuerzas  de  Oribe:  un  batallón 
de  vascos,  comandados  por  Artagaveytia;  un  batallón  comandado  por  Lasala; 
4 compañías  de  guardias  nacionales;  2 escuadrones  de  canarios;  4 escuadro- 
nes y 5 compañías  de  Urquiza. 

En  marzo  de  1846  afirmaba  «El  Comercio  del  Plata»  que  las  fuerzas 
argentinas  traídas  por  Oribe  no  excedían  de  tres  a cuatro  mil  hombres. 

Dos  meses  después  «El  Defensor»  las  fijaba  en  4,000  hombres,  «menos 
de  la  tercera  parte  del  ejército»,  que  llegaba  a 14,000  soldados  según  el  mismo 
diario. 

Uno  de  los  escritores  de  la  época,  Whrigt,  ha  escrito  la  siguiente  nota: 

«Según  las  mejores  noticias  el  ejército  de  Rosas  en  la  batalla  del  Arroyo 
Grande  se  aproximaba  a 7,000  hombres;  nuestra  infantería  prisionera  era 
cosa  de  1,400  hombres;  añadiendo  algunos  hombres  de  caballería  que  también 
incorporaría  el  vencedor  a sus  filas,  Oribe  ha  debido  invadir  esta  República 
con  una  fuerza  de  8 a 9,000  hombres.» 

La  cifra  de  Whrigt  es  la  misma  que  resulta  de  la  suma  de  los  3,000 
infantes  argentinos  que  establecieron  el  sitio  y de  los  5 a 6,000  soldados 
de  caballería  que  militaban  bajo  las  órdenes  de  don  Ignacio  Oribe. 

A la  conclusión  de  la  Guerra  Grande  en  octubre  de  1851,  Urquiza  se  llevó 
a Entre  Ríos  todos  los  cuerpos  argentinos  que  figuraban  en  la  línea  sitiadora, 
con  un  efectivo  de  tres  mil  hombres  según  los  datos  de  la  prensa.  Y teñílan 
que  ser  los  mismos  con  que  Oribe  estableció  el  sitio,  porque  los  soldados  de 
Rosas  sólo  en  casos  muy  excepcionales  podían  regresar  a sus  hogares.  A me- 
diados de  1850,  un  año  antes  de  la  conclusión  de  la  guerra,  escribía  «El  Co- 
mercio del  Plata»: 

El  ejército  que  sirvió  para  consumar  el  sometimiento  de  las  provincias, 
recibió  como  descanso  la  orden  de  dirigirse  sobre  Montevideo.  Pero  en  vez 
de  atacar  la  plaza  y tomarla  y'  regresar  a Buenos  Aires,  quedó  ahí  entre  las 
chacras,  años  y años,  destruyendo  siempre,  pero  sin  la  esperanza  de  acabar 
la  tarea.  Ninguno  de  los  cuerpos  del  ejército  ha  sido  relevado  por  otros  de 
los  que  viven  inactivos  en  Buenos  Aires  o en  las  provincias.  Muy  raro  es  el 
jefe  u oficial  que  haya  obtenido  licencia  para  ir  a Buenos  Aires  a dar  un 
abrazo  a su  familia.  El  coronel  Ramiro  hizo  venir  al  Cerrito,  durante  el  armis- 
t ció  de  una  de  las  negociaciones  de  paz,  a una  hija  suya  domiciliada  en 
Buenos  Aires.  Al  recibirla  en  el  muelle  de  Lafone,  un  oficial  extranjero  que 
acompañaba  a ia  señorita  le  dijo  a Ramiro  que  si  hubiera  esperado  unos  días 
más  hubiera  podido  ir  a Buenos  Aires*  a saludar  a su  hija,  dado  lo  avanzado 
de  las  negociaciones  de  paz.  La  paz,  contestó  el  coronel  Ramiro,  no  es  para 
nosotros,  porque  todos  sabemos  ya  que  no  hemos  de  volver  nunca  a Buenos 
Aires.  Y en  efecto,  agregaba  «El  Comercio  del  Plata»:  todos  hablan  en  ei 


100 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


ejército  de  Oribe  de  que  terminada  la  campaña  de  Montevideo  se  iniciará  otra 
contra  el  Brasil  o contra  el  Paraguay. 

Parte  del  presupuesto  del  ejército  de  Oribe  era  costeado  por  el  Gobierno 
argentino.  En  junio  de  1845,  por  ejemplo,  «La  Gaceta  Mercantil»  publicó  el 
estado  de  egresos  de  la  Tesorería  de  Buenos  Aires  con  estas  partidas: 

«Asignación  de  los  defensores  de  la  independencia  oriental,  $ 4.324; 
Jefes  y oficiales  del  Estado  Oriental,  $ 2,536;  sueldos  de  los  mismos,  $ 4,324; 
asignación  del  ejército  de  vanguardia  (así  se  llamaba  al  de  Oribe),  $ 277,063; 
batallón  Defensores  de  la  Independencia  Oriental  por  el  año  1843,  $ 4,216; 
ídem  por  1844,  $ 4,488.» 

En  julio  de  1846  publicaba  «La  Gaceta»  otro  estado  del  que  resultaban  los 
siguientes  pagos:  «al  piquete  de  línea  de  nueva  creación  de'  Maldonado, 
$ 4,585;  a los  jefes  y'  oficiales  del  Estado  Oriental,  $ 1,934;  asignación  a los 
mismos,  $ 46,037». 

Y dos  años  más  tarde,  en  julio  de  1848,  figuraban  en  la  cuenta  general 
de  Tesorería  las  partidas  de  $ 1,622  y de  $ 58,022  por  concepto  de  jefes  y 
oficiales  del  Estado  Oriental  y de  asignaciones  militares,  juntamente  con  otros 
rubros  dignos  de  las  ideas  de  la  época,  como  éste:  «Por  8 Judas,  salvajes 
unitarios,  2,230  pesos!» 


Fuerzas  militares  de  que  disponía  el  Gobierno  de  la  Defensa. 

Veamos  ahora  cuáles  eran  los  elementos  de  que  disponía  el  Gobierno 
de  la  Defensa. 

El  Mensaje  de  apertura  de  las  sesiones  ordinarias  de  la  Asamblea  leído 
el  24  de  febrero  de  1843,  es  decir,  una  sema.na  después  del  establecimiento 
del  sitio,  fijaba  la  guarnición  de  Montevideo  en  6,000  hombres  y el  ejército 
de  Rivera  en  otros  6,000  sin  contar  algunas  divisiones  y'  partidas  que  en  caso 
de  reconcentración  general  elevarían  las  caballerías  de  este  último  a 8,000 
combatientes.  * * 

Pocos  días  antes  del  Mensaje  Rivera  había  comunicado  al  Gobierno 
desde  el  Canelón  Grande  que  su  ejército  tenía  7,476  hombres  de  caballería, 
bien  armados  y bien  montados. 

Invocando  los  cuadros  del  Estado  Mayor  General  «El  Nacional»  hacía 
subir  el  monto  de  la  guarnición  existente  el  10  de  febrero  de  1843  a 6 bata- 
llones de  línea  con  1,8  6 9 soldados  y 11  batallones  de  guardias  nacionales  con 
6,507.  En  conjunto  8,376  hombres  con  un  armamento  compuesto  de  3,236 
fusiles,  2,452  bayonetas,  184  sables,  300  lanzas  y'  23  cañones. 

En  junio  de  1843,  según  una  carta  del  Ministro  de  la  Guerra  coronel 
Pacheco  al  coronel  Bernardino  Báez  interceptada  por  las  fuerzas  de  Oribe  y 
publicada  por  «La  Gaceta»  de  Buenos  Aires,  el  ejército  de  Rivera  se  componía 
de  6,000  hombres  y la  guarnición  de  Montevideo  de  6,400  distribuida  así: 
5,000  infantes,  800  artilleros  con  100  cañones  y 600  hombres  de  caballería. 

A mediados  de  18  4 5 tuvo  lugar  una  revista  general  de  las  tropas  de 
Montevideo,  distribuidas  en  4 brigadas  a cargo  de  los  coroneles  Tajes,  Díaz, 
Garibaldi  y'  Thiébaut.  En  la  calle  18  de  Julio  formaron  5,500  hombres,  no 
habiendo  concurrido  las  fuerzas  de  servicio  en  la  línea  exterior  y en  las 
guardias  de  la  ciudad.  La  cifra  fué  dada  por  «El  Constitucional».  Otro  diario, 
«El  Nacional»,  dijo  simplemente  que  habían  desfilado  más  de  4,000  homnres 
Sin  dar  nuevas  cifras,  computaba  así  las  unidades  el  primero  de  esos  dos 
diarios: 

Cuerpos  de  ciudadanos  naturales  o legales:  3 batallones  de  guardias  nacio- 
nales, 1 batallón  de  extramuros,  ,1  regimiento  de  dragones,  1 regimiento  de 
dragones  de  Sosa,  3 compañías  de  la  división  Flores,  3 batallones  de  negros, 
1 batallón  de  guardia  nacional  pasiva,  7 compañías  suplementarias,  1 com- 
pañía de  guardias  de  honor,  1 batallón  de  policía,,  1 cuerpo  de  artillería. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


101 


En  conjunto  9 batallones,  2 regimientos,  1 cuerpo  de  artillería  volante  y 11 
compañías.  Cuerpos  de  extranjeros:  4 batallones  y 1 legión. 

Comparemos  ahora  esos  efectivos  con  los  existentes  al  tiempo  de  empezar 
los  preparativos  de  la  defensa  de  Montevideo. 

Según  «El  Constitucional»  las  fuerzas  de  campaña  que  existían  a raíz 
del  desastre  del  Arroyo  Grande  estaban  reducidas  a 770  hombres  destacados 
en  Pay'sandú  y al  Sur  del  Río  Negro,  y las  de  Montevideo  a 500  soldados  de  las 
milicias  de  infantería  y caballería  de  extramuros,  140  hombres  del  Batallón 
de  Libertos  y 30  de  artillería,  con  un  material  compuesto  de  11  cañones  de 
hierro  emplazados  en  el  fuerte  de  San  José  que  servían  para  hacer  salvas, 
alguno  que  otro  cañón  volante  y 36  cureñas  de  mar. 

Otro  testigo  de  la  época,  don  José  Luis  Bustamante,  hacía  subir  las  fuer- 
zas militares  de  campaña  a 2,500  hombres,  computados  600  del  general  Aguiar 
en  Paysandú  y 400  del  general  Medina  en  San  José. 

Para  «El  Nacional»  todo  el  ejército  oriental  estaba  en  Entre  Ríos  al 
tiempo  de  la  batalla  del  Arroyo  Grande.  Las  fuerzas  de  campaña  no  pasaban 
de  1,000  hombres  y en  la  Capital  había  muy  pocos  soldados. 

Salta  a los' ojos  qu,e  si  Oribe  hubiera  apresurado  sus  marchas  después 
del  Arroyo  Grande,  en  vez  de  perder  dos  meses  largos  en  el  trayecto,  habría 
entrado  a Montevideo  sin  lucha.  Y asimismo  que  si  el  16  de  febrero  de  1843, 
en  vez  de  hacer  un  saludo  con  pólvora,  hubiera  atacado  la  plaza,  tampoco 
habría  encontrado  resistencia  formidable,  porque  las  fortificaciones  estaban 
a medio  concluir  y la  organización  militar  se  hallaba  en  sus  comienzos.  Pero 
según  se  encargaron  de  demostrarlo  los  sucesos,  las  intenciones  de  Oribe  o 
más  bien  dicho  las  instrucciones  que  había  recibido  de  Rosas,  no  eran  de 
entrar  sino  de  sitiar  a Montevideo. 

Organización  de  la  defensa  de  Montevideo. 

En  el  acto  de  recibido  el  parte  oficial  de  Rivera  dando  cuenta  de  su 
desastre  empezaron  los  preparativos  para  la  organización  de  la  defensa,  una 
defensa  en  la  que  ni  siquiera  se  había  pensado  hasta  ese  momento,  tanto  por- 
que se  tenía  mucha  fe  en  la  eficacia  de  la  intervención  franco  - inglesa,  como 
porque  se  consideraba  difícil  la  destrucción  total  del  ejército  aliado  que  ope- 
raba en  Entre  Ríos. 

Proclamas  de  las  autoridades  de  Montevideo. 

Don  Joaquín  Suárez,  que  en  su  calidad  de  Presidente  del  Senado  estaba 
al  frente  del  Poder  Ejecutivo,  dirigió  al  país  una  proclama  en  la  que  luego 
de  anunciar  el  desastre  de  Arroyo  Grande,  decía: 

«Esta  desgracia  pone  a prueba  la  decisión  y el  patriotismo  de  los  orien- 
tales: el  Gobierno  está  resuelto  a una'  defensa  enérgica  del  territorio  de  la 
República...  Ha  llegado  el  momento  de  suspender  las  ocupaciones  pacíficas 
y de  contraernos  a las  armas:  a ellas,  ciudadanos:  vuestra  decisión  y'  un  poco 
de  constancia  salvarán  la  República.» 

La  Asamblea  habló  también  al  país  directamente  y por  intermedio  de 
la  Comisión  especial  encargada  de  estudiar  el  plan  de  medidas  propuesto  por 
el  Poder  Ejecutivo. 

«El  contraste,  — decía  la  Comisión  — que  ha  sufrido  nuestro  ejército 
en  los  campos  de  Entre  Ríos.  . . es  uno  de  aquellos  sucesos  muy  comunes  en 
la  guerra  y que  sólo  importan  porque  ellos  sirven  para  poner  a prueba  el 
temple  de  los  pueblos  que  tienen  la  conciencia  de  su  poder  y'  la  firme  voluntad 
de  ponerlo  en  ejercicio  para  defender  sus  libertades  y su  independencia.» 


102 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


La  dirección  militar  de  la  plaza. 

Fué  confiada  la  organización  de  la  defensa  al  primero  de  los  tácticos 
del  Río  de  la  Plata,  el  general  José  María  Paz,  quien  se  encontraba  en  Monte- 
video desde  mediados  de  noviembre  de  1842,  alejado  del  teatro  de  la  guerra 
por  disidencias  con  Rivera.  Es  fama  que  si  el  vencedor  de  Caa-Guazú  hubiera 
continuado  al  frente  de  las  divisiones  de  Entre  Ríos  y Corrientes  que  él  coman- 
daba, la  batalla  del  Arroyo  Grande  no  se  hubiera  dado  o no  habría  tenido  el 
resultado  desastroso  que  tuvo. 

Había  que  tener  en  cuenta  esas  disidencias  anteriores  y había  a la  vez 
que  asegurar  al  general  Paz  plena  libertad  de  acción  en  la  organización  de 
la  defensa.  Dejando,  pues,  a Rivera  la  jefatura  de  las  caballerías  de  campaña 
que  había  empezado  a reconstituir,  pasó  el  Gobierno  una  nota  al  general  Paz 
en  la  que  le  expresaba  el  propósito  «de  poner  en  sus  manos  y a su  disposición 
todos  los  medios  y elementos»  de  que  pudiera  disponerse,  y'  de  investirlo  «de 
toda  la  facultad»  que  fuere  necesario  al  logro  de  su  objeto. 

El  nuevo  ejército  que  debería  comandar  el  general  Paz  recibió  el  nombre 
de  «Ejército  de  la  Reserva». 

Todo  el  mundo  creía  que  Rivera  había  quedado  anonadado  después  del 
Arroyo  Grande  y que  ya  no  volvería  a Montevideo.  Pero  a fines  de  enero 
de  1843  apareció  a cuatro  leguas  de  la  ciudad  y'  acampó  en  el  pastoreo  de 
Pereyra  al  frente  de  un  ejército  de  4,500  hombres  de  caballería  que  había 
organizado  con  su  prodigiosa  actividad. 

Su  llegada  planteaba  un  conflicto  gravísimo.  Era  todavía  Presidente  de 
la  República,  y por  lo  tanto  jefe  del  ejército.  ¿Cómo  podía  existir  dentro  de 
Montevideo  otro  ejército  con  otro  jefe,  y con  otro  jefe  que  había  tenido  que 
abandonar  el  teatro  de  la  guerra  en  la  víspera  de  la  batalla  del  Arroyo  Grande 
por  desavenencias  con  su  superior  jerárquico? 

Al  pastoreo  de  Pereyra  marcharon  muchas  personas  influyentes,  y una 
de  ellas,  don  José  Luis  Bustamante,  declara  en  sus  Anales  que  «el  asunto  de  esa 
gran  discusión  fué  el  destino  militar  que  debía  ocupar  el  general  Paz  dentro 
de  Montevideo». 

Como  consecuencia  de  lo  convenido,  agrega,  Rivera  entró  a la  plaza  a 
reasumir  el  mando  por  breves  horas  y durante  ellas  dejó  sin  efecto  el  decreto 
de  creación  del  Ejército  de  Reserva  y nombró  en  cambio  al  general  Paz  «Co- 
mandante General  de  Armas  de  la  Capital  y de  su  departamento». 

Son  más  radicales  los  editores  de  las  «Memorias  del  General  Paz».  Según 
ellos  Rivera  avanzó  hasta  el  pastoreo  de  Pereyra  para  exigir  la  destitución 
de  su  antagonista  y'  entonces  el  general  Paz  renunció  el  cargo  que  se  le  había 
confiado  y fletó  un  barco  para  trasladarse  a Santa  Catalina.  Pero  que  al  día 
siguiente,  cediendo  a otros  trabajos,  resolvió  Paz  aceptar  la  Comandancia 
de  Armas  que  en  reemplazo  de  la  jefatura  del  ejército  le  ofrecía  Rivera. 

La  medida  fundamental  quedaba  de  todos  modos  adoptada:  el  general 
Paz  sería  el  organizador  de  la  defensa. 


Emancipación  de  los  esclavos. 


En  segundo  lugar  fueron  emancipados  los  esclavos,  destinándose  los 
varones  útiles  al  servicio  militar  y manteniéndose  los  demás  y las  mujeres 
en  calidad  de  pupilos  de  los  antiguos  amos.  Declaraba  la  ley  emancipadora 
que  desde  la  caída  del  dominio  español  en  18,14  nadie  pudo  nacer  esclavo  en 
el  territorio  nacional,  y'  que  desde  la  jura  de  la  Constitución  en  1830  nadie 
pudo  introducir  esclavos  del  extranjero.  Los  amos  que  se  juzgaren  perjudi- 
cados, agregaba,  serían  «indemnizados  por  leyes  posteriores». 

Con  ayuda  de  esta  expropiación  sin  pago  previo  obtenía  el  Gobierno 
de  Suárez  dos  resultados  muy  importantes:  la  formación  de  varios  batallones 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


103 


de  línea,  exigencia  suprema  del  momento,  y la  abolición  de  la  esclavitud,  o 
sea  el  desiderátum  por  que  se  venía  pugnando  noblemente  desde  la  declara- 
toria de  la  independencia  en  1825. 

Suspensión  de  las  garantías  individuales. 

En  tercer  lugar  fueron  suspendidas  las  garantías  individuales,  a mérito 
de  un  Mensaje  en  que  el  Gobierno  justificaba  así  la  necesidad  de  la  medida: 

«Sobre  las  fronteras  se  encuentra  acampado  un  ejército  extranjero  que 
engreído  con  una  victoria  le  amaga  con  una  invasión  desoladora  y'  criminal. 
Por  desgracia  y para  vergüenza  de  la  patria  en  ese  ejército  se  encuentran 
algunos  hombres  que  habiendo  nacido  en  ella  no  se  ruborizan  de  llamarse 
orientales:  y por  más  desgracia  y para  mayor  vergüenza  esos  hombres  tienen 
vínculos  de  amistad  e intereses  políticos  con  otros  que  existen  en  la  Repú- 
blica y'  que  es  imposible  no  calificar  de  peligrosos.» 

El  Gobierno  advertía  que  por  el  momento  sólo  tenía  el  propósito  de 
expatriar  a los  sospechosos.  Pero  prevenía  que  «tal  vez  no  se  limitaría  a esa  sola 
medida  y que  desgraciadamente  otras  más  rigurosas  podrían,  tener  lugar». 

La  prensa  incitaba  a la  violencia.  Los  blandos,  decía  un  comunicado  de 
«El  Nacional»,  han  festejado  en  Montevideo  el  triunfo  del  Arroyo  Grande  y 
es  necesario  «que  sientan  el  golpe  de  esa  autoridad  que  hasta  ahora  han 
despreciado.  . . Al  Gobierno  le  toca  obrar  en  las  actuales  circunstancias,  se- 
gún el  voto  nacional,  aunque  sea  contrario  a los  sentimientos  que  ha  mani- 
festado hasta  hoy.  . . Todos  queremos  patria  y tendremos  patria  pereciendo 
los  enemigos  de  ella». 

Ya  se  había  hablado  varias  veces,  con  mucha  anterioridad  al  desastre 
del  Arroyo  Grande,  del  riesgo  de  un  movimiento  dentro  de  Montevideo  a 
favor  de  los  planes  de  Oribe.  A fines  de  1841  escribía  el  coronel  Chilabert  a 
don  Santiago  Vázquez  a propósito  del  pasaje  del  ejército  de  Rivera  a Entre 
Ríos:  1 

Si  a la  vez  invadiera  Rosas  por  la  Colonia,  ¿quién  respondería  de  Monte- 
video? Muchos  de  los  hombres  que  hoy  ocupan  puestos  importantes  proscri- 
bieron en  otra  época  a Rivera  y esos  podrían  llegar  a transar  con  los  inva- 
sores. «El  gobierno  de  la  Capital  está  compuesto,  casi  en  su  totalidad,  de 
esos  hombres». 

La  Asamblea,  de  acuerdo  con  las  gestiones  gubernativas,  declaró  que  la 
patria  estaba  en  peligro;  suspendió  la  seguridad  individual;  y creó  una  Co- 
misión compuesta  de  un  senador  y dos  diputados  con  los  siguientes  come- 
tidos: adoptar  y hacer  ejecutar  las  medidas  más  eficaces  para  la  pronta 
recaudación  de  los  recursos  destinados  a la  guerra;  acordar  con  el  Gobierno 
las  medidas  de  alta  policía  que  reclamen  las  circunstancias;  vigilar  el  cumpli- 
miento de  todas  las  leyes  y disposiciones  y castigar  a los  infractores  con  las 
penas  a qué  fueran  acreedores;  dar  cuenta  a la  Asamblea  General  sobre  el 
estado  de  los  negocios  confiados  a su  celo. 

La  AsamDlea  se  solidariza  con  el  Gobierno. 

Algo  más  resolvió  hacer  la  Asamblea:  una  amplia  declaración  de  solida- 
ridad con  el  Poder  Ejecutivo  que  pusiera  de  manifiesto  la  perfecta  unidad  de 
miras  frente  al  ejército  invasor. 

Al  autorizar  al  Gobierno  para  procurarse  recursos  pecuniarios  hasta  la 
suma  de  medio  millón  de  pesos  «por  todos  los  medios  asequibles,  menos  el  de 
emisión  de  papel  moneda»,  admirable  excepción  con  la  que  todavía  se  distan- 
ciaba más  del  régimen  que  presidía  el  dictador  argentino,  decía  en  su  minuta 
de  comunicación: 

«Todas  las  calamidades  que  van  a pesar  sobre  el  país  son  incalculables; 
pero  ellas  estaban  comprendidas  eq  la  esferq  de  las  posibilidades  que  son 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


inherentes  a la  guerra.  Comprende  también  perfectamente  la  Asamblea  General 
la  inminencia  del  peligro  que  corre  la  República,  pero  ellas  no  le  son  nuevas: 
su  historia  simboliza  más  de  una  gloria...  El  pueblo  oriental  no  ha  dege- 
nerado: por  sus  venas  corre  aún  la  sangre  con  que  ha  cimentado  sus  liber- 
tades y su  independencia.  Aún  no  están  enmohecidas  las  cadenas  que  des- 
trozó en  más  de  un  combate  glorioso,  y"  sería  mengua,  vergüenza,  injusticia 
atroz  que  jamás  tolerarían  sus  representantes,  poner  en  duda  su  ardor  y ener- 
gía para  defenderse  del  bárbaro  enemigo  que  hoy  la  acecha.» 

Fundando  esta  minuta  decían  don  Santiago  Vázquez,  don  Julián  Alvarez, 
don  Manuel  Herrera  y Obes,  don  Salvador  Tort  y don  Joaquín  Sagra,  miembros 
de  la  Comisión  informante  de  la  Asamblea: 

«En  momentos  de  crisis  para  las  naciones,  la  unidad  y1  decisión  de  las 
autoridades  constituidas  es  sin  duda  una  condición  de  existencia;  pero  cuando 
esa  crisis  es  de  un  género  especial  por  sus  complicaciones:  cuando  un  ejér- 
cito extranjero  ha  invadido  el  territorio  nacional  y con  ademán  .altanero 
insulta  y amenaza  con  un  completo  exterminio;  cuando  esa  Nación  tiene  que 
combatir  con  un  enemigo  feroz,  implacable  en  su  saña,  original  en  sus  crí- 
menes; insaciable  en  sus  venganzas;  cuando,  en  fin,  por  castigo  del  cielo,  esa 
patria  ha  tenido  la  desgracia  de  alimentar  en  su  seno  hijos  desnaturalizados, 
que,  impasibles  a sus  gemidos  y despreciado  sus  ruegos,  le  escupen  la  frente 
para  besar  lás  plantas  ensangrentadas  del  homicida  que  desgarra  sus  entrañas, 
entonces  aquella  unidad  y decisión  deben  tener  una  misión  más  elevada:  su 
pronunciamiento  debe  ser  más  expreso  y'  enérgico;  no  debe  haber  ciudadano, 
magistrado,  ni  hombre  alguno  que  pertenezca  al  suelo  en  que  habita  por  afec- 
ción o por  deber,  que  no  deba  templar  su  voz,  armar  sus  brazos  y encadenar 
su  corazón  para  predicar  con  la  palabra  y el  .ejemplo,  dominar  las  imagina- 
ciones, conmover  los  sentimientos  y concentrar,  en  una  palabra,  todas  las 
resistencias  necesarias.  La  causa  que  hoy'  defiende  la  República  no  puede 
ser  más  bella,  ni  más  santa;  y más  honor  tendrá  aquel  que  en  su  defensa 
enarbole  el  primero  el  estandarte  a cuyo  derredor  deban  reunirse  los  hom- 
bres que  pertenezcan  a la  civilización  y a la  humanidad.» 

Estas  manifestaciones  vibrantes  se  reprodujeron  al  finalizar  el  mes  de 
febrero,  con  ocasión  del  Mensaje  de  apertura  de  las  sesiones  ordinarias  de  la 
Asamblea. 

La  Cámara  de  Diputados  votó  una  minuta  de  comunicación  redactada 
por  una  Comisión  de  la  que  formaban  parte  don  Manuel  Herrera  y Obes  y 
don  Luis  José  de  la  Peña,  que  decía: 

«Representando  a un  pueblo  cuy'a  existencia  aunque  infantil  reposa  ya 
en  gigantescos  e indestructibles  trofeos  de  gloria  arrancados  a la  tiranía  a 
fuerza  de  valor  y de  constancia,  la  Cámara  de  Representantes  será  fiel  intér- 
prete de  su  voluntad  y con  sus  pasos  marcará  la  huella  profunda  que  ha  de 
sepultar  a los  enemigos  de  la  libertad  e independencia  de  la  patria.» 

«La  paz,  agregaba  el  Senado  en  otra  minuta  de  comunicación,  es  un 
bien  santo  que  la  Cámara  quisiera  dar  a la  República  tan  trabajada  por  una 
guerra  interior  y exterior  de  muchos  años;  pero  la  mengua  del  honor  nacional 
es  calamidad  más  terrible  que  la  miseria;  y cree  que  mientras  exista  en 
nuestro  territorio  una  sola  bayoneta  extranjera  levantada  en  el  aire,  hablar 
de  paz  sería  vilipendiar  el  pundonor  de  nuestra  Nación  acostumbrada  a hacer 
reconocer  su  derecho  de  poderes  fuertes,  organizados  y contra  los  cuales, 
atendidos  sus  medios,  parecía  locura  luchar.» 

Había,  como  se  ve,  grandes  energías  en  el  seno  de  los  Poderes  públicos. 
La  presencia  de  un  fuerte  ejército  victorioso,  lejos  de  desalentar,  infundía 
entusiasmos  dignos  de  la  época  de  Artigas,  y dentro  de  ese  ambiente  la  orga- 
nización de  lá  defensa  resultaba  una  tarea  llana. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


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Estimulando  el  valor  de  los  soldados. 

Faltaba  artillería.  Pero  el  general  Manuel  Correa  mandó  arrancar  de 
las  calles  de  Montevideo  los  cañones  del  coloniaje  transformados  en  postes 
desde  largo  tiempo  atrás,  y'  mientras  esos  cañones  eran  limpiados  y montados, 
el  general  Iriarte,  con  un  millar  de  trabajadores,  abría  fosos,  organizaba 
baterías  y cerraba  la  ciudad  con  muros  de  defensa. 

Al  empezar  el  sitio  estaban  reducidas  las  fortificaciones  a un  muro 
imperfecto  de  cinco  pies  de  altura,  según  «El  Nacional»,  y sólo  después  de 
haber  acampado  Oribe  en  el  Cerrito  ese  modesto,  muro  fué  completado. 

Con  frecuencia  tenían  los  mismos  jefes  que  estimular  a los  soldados 
con  el  ejemplo.  Una  semana  después  del  sitio  dispuso  el  general  Paz  que 
fuera  despejada  una  extensión  de  terreno  cubierta  de  ladrillos.  Había  que 
proceder  con  rapidez,  pero  muchos  contemplaban  el  trabajo  de  los  soldados, 
cruzados  de  brazos,  como  simples  espectadores.  Entonces  Paz,  echándose  al 
hombro  una  carga  de  ladrillos,  dijo  a los  jefes,  oficiales  y particulares  que  lo 
rodeaban:  «Imítenme  los  buenos  orientales»,  consiguiendo  así  en  una  hora 
lo  que  de  otro  modo  amenazaba  absorber  dos  días. 

Al  mismo  tiempo  se  preparaba  el  espíritu  de  los  soldados  con  actos  emo- 
cionantes encaminados  a obtener  los  más  altos  sacrificios  militares.  Era  una 
de  las  obsesiones  del  Ministro  de  la  Guerra  corronel  Pacheco.  Hay  un  decreto 
suy'o  de  principios  de  febrero  de  1843  que  puede  citarse  como  modelo  de  ese 
género  de  propaganda  patriótica. 

El  Ministro  de  la  Guerra,  acompañado  de  las  autoridades  civiles  y mili- 
tares y de  los  ciudadanos  notables  de  la  ciudad,  entregaría  en  acto  público  a 
cada  batallón  una  bandera  o estandarte  nacional  con  la  advertencia  de  que 
la  República  «le  confiaba  sus  colores  para  que  los  hiciera  triunfar  de  los  ene- 
migos de  su  independencia  y libertad».  La  bandera  y estandartes  llevarían  una 
corbata  roja  sin  inscripción  alguna.  Pero  después  de  la  victoria  se  inscribiría 
en  ellas  con  letras  de  oro  el  nombre  del  batallón.  Purgado  el  suelo  de  inva- 
sores el  Presidente  de  la  República  adjudicaría  las  banderas  y'  estandartes 
«en  propiedad»  a los  mismos  batallones  a quienes  por  el  momento  se  les 
entregaba  «para  que  las  ganasen  con  heroísmo  y valor»;  y en  seguida  se 
depositarían  en  la  iglesia  Matriz  y sólo  serían  desplegadas  en  las  grandes 
solemnidades  patrias,  ante  la  guarnición  formada  en  parada  y en  medio  de 
músicas  militares  y’  salvas  de  cañones.  Era  entendido  que  el  batallón  que 
perdiera  su  bandera  sería  disuelto  en  el  acto. 

El  15  de  febrero,  víspera  de  la  iniciación  del  sitio,  tuvo  lugar  la  distri- 
bución de  banderas  ordenada  por  ese  decreto.  La  guarnición  formó  en  línea 
de  batalla  bajo  el  mando  del  general  Paz,  quien  estaba  acompañado  del  gene- 
ral Rufino  Bauzá,  jefe  de  los  batallones  de  guardias  nacionales,  y del  general 
Tomás  Iriarte,  jefe  de  los  trabajos  de  la  línea  de  fortificaciones.  Concurrieron 
tres  batallones  de  guardias  nacionales,  cinco  batallones  de  línea,  la  legión 
argentina  y tres  batallones  más:  en  conjunto  doce  cuerpos,  faltando  por  estar 
de  servicio  los  escuadrones  de  caballería,  el  cuerpo  de  artillería  y el  cuerpo 
de  infantería  de  extramuros.  Al  tiempo  de  entregar  su  bandera  a cada  bata- 
llón el  Ministro  de  la  Guerra  pronunció  una  alocución  patriótica  para  entonar 
a los  soldados  y vincularlos  sólidamente  a la  defensa  que  iba  a qmpezar. 

lia  escuadra  franco  - inglesa  prohíbe  el  bombardeo  y el  bloqueo  de  Montevideo. 

En  los  primeros  días  de  enero  de  1843  apareció  en  el  puerto  de  Monte- 
video la  escuadrilla  de  Rosas  al  mando  del  almirante  Brown. 

Venía  en  ayuda  del  ejército  de  Oribe  que  había  cruzado  el  Uruguay  y 
que  marchaba  en  dirección  a la  plaza. 

Pero  los  jefes  de  las  estaciones  navales  de  Francia  e Inglaterra  notifi- 
caron en  el  acto  a Brown  «que  no  permitirían  que  la  ciudad  fuera  hostilizada». 


106 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Era  el  primer  acto  efectivo  de  intervención  después  del  ultimátum  del 
16  de  diciembre  de  1842,  que  Rosas  y Oribe  desoyeron,  pero  que  el  almirante 
argentino  acató,  persuadido  de  que  su  escuadrilla  sería  hundida  o capturada. 

Pocas  horas  después  Brown  perseguía  y apresaba  una  ballenera  mer- 
cante llegada  a la  Colonia  y la  escuadra  franco  - inglesa  exigía  y obtenía  la 
liberación  del  barco. 

Al  día  siguiente  de  establecido  el  sitio  por  Oribe  el  comodoro  Purvis, 
jefe  de  la  escuadrilla  inglesa,  desembarcó  un  destacamento  de  soldados  que 
fué  alojado  en  el  antiguo  Cuartel  de  Marina,  y'  se  dirigió  a Brown  en  estos 
términos: 

«Habiendo  manifestado  la  Reina  de  la  Gran  Bretaña  por  medio  de  su 
Ministro  en  Buenos  Aires  su  deseo  de  que  se  restablezcan  la  paz  y la  amistad 
entre  la  República  Argentina  y'  la  Banda  Oriental,  yo  como  oficial  encargado 
del  mando  de  las  fuerzas  del  Río  de  la  Plata  le  hago  saber  a usted  debida- 
mente, por  medio  de  esta  nota,  y le  exijo  que  usted  y'  todos  los  demás  súbditos 
de  Su  Majestad  se  abstengan  de  tomar  parte,  cualquiera  que  sea,  en  la  lucha 
pendiente.» 

Esta  actitud  de  Purvis,  escribe  don  José  Luis  Bustamante,  resultó  para 
Montevideo  «un  formidable  escudo».  El  comodoro  sirvió  «de  baluarte  más 
de  una  vez  contra  las  repetidas  tentativas  del  enemigo  para  apoderarse  de 
la  bahía,  de  la  isJa  de  la  Libertad  y del  Cerro,  para  dominar  la  extrema 
izquierda  de  la  línea  de  fortificación  y reducir  a la  Capital  a la  situación 
extrema  y desesperante  de  no  poder  disponer  del  puerto  por  donde  debía 
únicamente  recibir  auxilios,  provisiones  y'  comunicaciones». 

Al  mismo  tiempo  que  el  comodoro  Purvis.  cooperaba  en  forma  tan  eficaz 
a la  causa  de  la  Defensa  de  Montevideo,  se-  reunían  los  numerosos  residentes 
franceses  bajo  la  presidencia  del  Cónsul  Pichón,  y adoptaban  una  organización 
militar  en  virtud  de  la  cual  a una  señal  que  se  daría  desde  el  Consulado 
todos  ellos  deberían  reconcentrarse  en  una  docena  de  puntos  llevando  sus 
armas,  y allí  quedarían  bajo  el  mando  de  un  jefe  y a la  sombra  de  la  bandera 
francesa  protegidos  por  nuevos  destacamentos  que  bajarían  de  a bordo. 
No  actuarían  como  beligerantes  según  se  prevenía  en  los  discursos,  y sí  solo 
para  defender  sus  vidas  e intereses.  Pero  la  organización  francamente  militar 
que  se  daban  y la  creación  de  doce  cuarteles  de  reconcentración  convertían  a 
los  millares  de  franceses  de  Montevideo  en  verdaderos  aliados  del  Gobierno, 
y a la  alianza  abierta  tenía  que  irse  pronto,  como  en  efecto  se  fué,  bajo  la 
presión  natural  de  los  sucesos. 

En  la  esperanza  de  vincular  más  aún  al  Gobierno  inglés  a la  causa  de  la 
Defensa  se  apresuró  la  Cancillería  oriental  a comunicar  al  Ministro  Mandeville 
el  pasaje  del  ejército  de  Oribe  a despecho  del  ultimátum.  A esa  comunicación 
dirigida  en  los  primeros  días  de  enero  por  don  Juan  Andrés  Gelly,  Oficial 
Mayor  de  Relaciones  Exteriores,  se  limitó  a contestar  el  Ministro  británico 
que  no  sabía  a qué  atribuir  la  demora  de  las  fuerzas  navales  franco  - inglesas 
que  debían  haber  salido  de  Europa  desde  meses  atrás,  y'  que  por  el  momento 
él  carecía  de  tropas  de  desembarco  y sobre  todo  de  instrucciones  para  desem- 
barcarlas. La  Cancillería  oriental  pidió  entonces  que  por  lo  menos  se  auto- 
rizara el  armamento  de  la  población  extranjera  que  quisiera  alistarse  para 
defender  sus  vidas  e intereses,  pero  inútilmente  también,  porque  Mandeville 
volvió  a excusarse  con  la  falta  de  instrucciones. 

Si  además  de  ello  las  fuerzas  navales  británicas  hubieran  permanecido 
inactivas,  permitiendo  el  bombardeo  o por  lo  menos  el  bloqueo  del  puerto  de 
Montevideo  en  circunstancias  en  que  el  poderoso  ejército  de  Oribe  avanzaba 
sobre  la  ciudad,  posiblemente,  seguramente  más  bien  dicho,  la  organización 
de  la  Defensa  habría  quedado'  detenida  ante  la  imposibilidad  absoluta  de  sos- 
tener el  sitio. 


GOBIERNO  DE  RIVERA 


107 


Empieza  el  Sitio  Grande. 

El  ejército  de  Oribe  llegó  a las  proximidades  de  Montevideo  el  16  de 
febrero  de  1843. 

Desde  la  cumbre  del  Oerrito  hizo  una  salva  de  21  cañonazos  que  la 
escuadra  de  Brown,  muda  desde  la  intimación  franco  - inglesa,  contestó  con 
otra  salva,  única  maniobra  de  su  artillería  que  le  estaba  permitida. 

Describiendo  las  escenas  de  la  noche  de  ese  día,  escribía  «El  Nacional»: 

«Un  silencio  profundo  reinaba  en  nuestra  línea,  que  no  era  interrumpido 
sino  por  los  ordenados  alertas  de  los  centinelas.  Los  soldados  dormían  o 
reposaban  pegados  al  muro,  al  pie  de  sus  armas.  En  las  baterías  estaban 
encendidas  las  mechas.  Los  jefes,  los  oficiales,  todos  estaban  en  sus  puestos. 
Dos  o tres  batallones  estaban  colocados  también  en  un  gran  cuerpo  de  reserva 
sobre  el  camino  del  centro:  los  soldados  estaban  sentados  al  lado  de  sus  ar- 
mas. sin  perder  la  formación.  La  caballería  colocada  a retaguardia,  hubiera 
servido  del  mismo  modo  para  caer  sobre  el  enemigo  en  el  caso  de  ser  repelido, 
y para  contener  a los  tímidos  que  hubieran  vuelto  la  espalda  atolondrados 
por  el  primer  empuje  del  ataque.  Al  general  Paz  que  mandaba  en  jefe  se 
le  veía  como  una  sombra  misteriosa  pasar  silencioso,  recorriendo,  inspeccio- 
nando, satisfaciéndose  por  sí  mismo  de  que  todo  estaba  ejecutado  conforme 
a sus  órdenes.  La  misma  vigilancia  efectuaban  en  sus  funciones  respectivas 
los  demás  jefes.  El  día  amaneció  y sólo  faltó  el  enemigo.» 

Entre  los  soldados  que  aparecen  en  ese  cuadro  había  hasta  generales 
como  don  Juan  Pablo  López,  Gobernador  de  Santa  Fe,  quien  al  toque  de  gene- 
rala se  presentó  con  una  tercerola  buscando  colocación  en  las  trincheras. 

Viendo  que  Oribe  no  daba  señales  de  vida  resolvió  el  general  Paz,  en 
la  mañana  del  día  17,  enviar  una  fuerza  al  mando  del  comandante  Marcelino 
Sosa  para  descubrir  la  posición  del  invasor.  La  partida  de  Sosa  se  encontró 
con  otra  fuerza  enemiga  a la  que  sableó  a la  altura  de  la  quinta  de  Casavalle, 
capturándole  dos  prisioneros  por  medio  de  los  cuales  se  supo  que  las  fuerzas 
invasoras  se  componían  de  siete  batallones  de  300  hombres,  un  batallón  de 
500,  dos  batallones  de  200,  28  piezas  de  artillería  y'  5,000  soldados  de  caba- 
llería, con  el  dato  muy  tranquiMzador  de  que  era  voz  corriente  que  Oribe 
tenía  el  propósito  de  sitiar  la  ciudad,  pero  no  de  atacarla. 

En  la  tarde  del  mismo  día  avanzó  el  ejército  de  Oribe  hasta  ponerse  a 
medio  tiro  de  la  plaza  en  toda  la  zona  del  Cordón.  Parecía  inminente  el  asalto. 
Pero  al  oscurecer  los  batallones  invasores  retrogradaron  a sus  respectivos 
campamentos  y ya  no  volvió  a repetirse  la  escena  hasta  dos  años  después,  en 
que  de  nuevo  el  ejército  avanzó  sobre  la  plaza  hasta*  la  altura  de  la  Aguada, 
para  volverse  a retirar  en  la  misma  forma  en  que  lo  había  hecho  al  tiempo  de 
su  primer  amago. 

Tales  fueron  los  primeros  hechos  de  armas:  un  encuentro  de  partidas 
provocado  por  los  sitiados,  y un  amago  de  asalta-  por  la  fuerza  sitiadora. 
En  los  días  subsiguientes  volvieron  a repetirse  las  guerrillas  .entre  las  fuerzas 
de  la  plaza  que  salían  de  sus  trincheras  y'  las  del  ejército  sitiador  que  se 
aproximaban  al  encuentro. 

Al  tercer  día  de  la  iniciación  del  sitio  ya  estaba  tan  tranquilo  el  ambiente 
de  la  plaza  que  la  Policía  resolvió  solemnizar  el  aniversario  de  la  batalla 
de  Ituzaingó,  mediante  un  edicto  que  disponía  que  durante  los  días  19,  20 
y 21  de  febrero  todos  los  habitantes  de  la  ciudad  deberían  enarbolar  banderas 
e iluminar  sus  casas. 

Hubo  luego  un  momento  de  alarma.  Parte  del  batallón  de  extramuros, 
formado  por  vascos  españoles,  se  amotinó  respondiendo  a trabajos  del  campo 
sitiador,  a tiempo  que  las  tropas  de  Oribe  concentraban  sus  fuegos  sobre  las 
trincheras.  Pero  la  sublevación  no  tuvo  consecuencias;  los  amotinados  se 
fueron  al  campo  opuesto  y la  ciudad  de  Montevideo,  sitiada  por  tierra  y ampa- 
rada por  mar,  volvió  en  el  acto  a su  vida  normal. 


II 

CONTINÚA  LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


PRESIDENCIA  DE  SUAREZ 


(1843  • 1852) 


Hemos  dicho  al  ocuparnos  de  los  comienzos  dei  sitio  que  Oribe  sóio  traía 
instrucciones  para  perpetuar  el  estado  de  guerra.  Y así  efectivamente  quedó 
comprobado  en  1848,  cuando  la  intervención  franco  - inglesa  le  ofreció  la  en- 
trega de  la  plaza.  Después  de  haüer  aceptado  la  oferta,  tuvo  que  rechazarla, 
acatando  órdenes  de  Rosas. 

Limitada  así  la  tarea  al  mantenimiento  del  sitio,  no  había  ambiente  para 
una  lucha  intensa.  Bastaban  las  guerrilas  a que  diariamente  se  invitaban  sitiados 
y sitiadores  para  medir  sus  fuerzas  y corretearse  dentro  de  la  zona  circundada 
por  las  trincheras  y reductos  de  la  plaza  y los  grandes  campamentos  del  ejér- 
cito sitiador. 

^Aparte  de  esos  tiroteos  diarios  y de  alguno  que  otro  cañonazo  que  rara  vez 
iba  dirigido  al  casco  de  la  ciudad,  la  población  podía  vivir  tranquila  y asá  vi- 
vía, según  lo  revelan  sus  noches  de  teatro,  sus  bailes,  sus  paseos'  y sus  obras 
intelectuales  de  aliento. 

Durante  algún  tiempo  se  luchó  reciamente  en  los  departamentos  del  interior 
y del  litoral.  Allí  se  disputaba  el  terreno  y la  guerra  tenía  que  ser  encarnizada, 
r'ero  después  de  dos  campañas  desgraciadas  en  que  los  ejércitos  de  Rivera 
fueron  vencidos  y desalojados,  la  acción  militar  volvió  a circunscribirse  a las 
guerrillas  que  tenían  por  teatro  la  zona  situada  entre  las  trincheras  y reductos 
de  la  plaza  y los  grandes  campamentos  del  ejército  sitiador. 

Pudo  creerse  en  los  comienzos  que  la  guerra  sería  de  exterminio.  Los  solda- 
dos de  Oribe  que  acababan  de  realizar  una  campaña  de  muerte  en  las  provin- 
cias argentinas  refractarias  a la  dictadura  de  Rosas,  venían  cubiertos  de  sangre 
y hasta  enloquecidos  por  el  hábito  del  degüello.  El  Gobierno  de  la  Defensa  de- 
cretó a su  vez  el  exterminio  de  los  prisioneros  y adoptó  otras  medidas  que  de- 
nunciaban el  propósito  de  recurrir  a las  mismas  armas  que  había/  empleado  su 
adversario. 

OPero  luego  de  corridas  las.  primeras  semanas  del  sitio  el  Gobierno  de  la 
Defensa  archivó  su  programa  de  sangre,  y Oribe  tendiendo  un  velo  sobre  el  es- 
cenario argentino,  repleto  de  sangre,  resolvió  humanizar  la  lucha,  y lo  con- 
siguió, aún  cuando  sus  soldados  reanudaran  de  tarde  en  tarde  la  obra'  del  de- 
güello de  prisioneros  ya  proscripta  como  medida  general. 

La  única  obsesión  de  los  sitiados  era  la  de  las  subsistencias  o,  más  bien 
dicho,  la  del  dinero  para  procurárselas,  porque  el  puerto  estuvo  siempre  abierto 
a las  corrientes  de  importación,  aún  durante  los  cortos  meses  del  . bloqueo  por  la 
escuadra  de  Brown,  limitado  a trabar  la  entrada  de  carnes  para  el  abasto. 

De  ahí  seguramente  que  cuando  la  intervención  franco  - inglesa  resolvió  en 
1845  venir  en  ayuda  del  Gobierno  de  la  Defensa,  lo  primero  y lo  más  fundamental 
aue  hizo  fué  decretar  el  bloqueo  contra  Rosas,  pero  no  un  bloqueo  absoluto,  sino 
un  bloqueo  parcial  que  cerraba  la  entrada  a los  barcos  de  ultramar  pero  que 
la  abría  ampliamente  al  cabotaje  uruguayo,  como  medio  de  que  los  puertos  ar- 
gentinos tuvieran  que  hacer  su  comercio  de  importación  y exportación  por  inter- 
medio de  la  Aduana  de  Montevideo,  y adquiriera  el  Gobierno  de  la  Defensa  una 
gran  fuente  de  rentas  para  cubrir  las  exigencias  de  la  guerra. 

Actuaban  sin  duda  alguna  a uno  y otro  lado  de  la  línea  numerosos  elementos 
nacionales.  Pero  no  eran  ellos,  y es  esta  otra  de  las  particularidades  de  la  Guerra 
Grande,  los  de  influencia  decisiva  en  la  prosecución  de  las  hostilidades. 

«Esa  lucha,  en  que  todos  los  orientales  fuimos  víctimas,  ha  sido  una  lucha 
de  influencias  extranjeras»,  exclamaba  el  doctor  Cándido  Joanicó  desde  su  banca 
de  diputado  en  1852,  al  empezar  un  discurso  que  no  pudo  continuar,  porque  se 
lo  impidieron  las  explosiones  de  protesta  y las  interrupciones  de  sus  colegas  de 
la  mayoría  y de  la  minoría. 

Tenía  razón.  En  el  campo  de  Oribe  era  Rosas  quien  mandaba.  Y en  la  plaza 
de  Montevideo  era  la  influencia  extranjera  que  había  ejercido  acción  preponderante 
en  el  rompimiento  de  las  hostilidades,  y que  continuó  actuando  durante  el  sitio 
porque  ella  disponía  de  la  mayoría  de  los  batallones,  de  los  recursos  financieros  del 
Gobierno  y de  una  escuadra  poderosa. 

Es  sólo  del  punto  de  vista  institucional  que  la  contienda  se  agiganta  por 
efecto  del  antagonismo  de  los  programas  en  pugna. 


En  tanto  que  el  Gobierno  de  la  Defensa  ejercido  dentro  de  una  plaza  de 
guerra  y por  estadistas  que  estaban  con  el  arma  al  brazo  mantiene  el  'Parla- 
mento hasta  la  conclusión  de  su  mandato  y luego  llena  su  vacío  con  una  Asam- 
blea de  Notables  provista  de  sus  "mismas  facultades  constitucionales,  el  Gobierno 
de  Oribe  extrae  del  osario  la  Degislatura  disuelta  por  Rivera  en  1838,  le  arranca 
la  ratificación  de  su  dictadura  militar  y luego  la  vuelve  a enterrar  para  que  nin- 
gún legislador  lo  interrumpa  en  el  ejercicio  de  sus  facultades  omnímodas. 

De  tan  profunda  diversidad  de  programas  tenía  que  resultar  y resultó  del 
lado  de  Oribe  una  obra  de  absorc  6n  encaminada  a robustecer  la  acción  militar, 
único  objetivo  de  las  preocupaciones  gubernativas;  y del  lado  del  Gobierno  de  la 
Defensa  una  obra  de  libertad  a base  de  multiplicación  de  las  escuelas  primarias 
y de  las  escuelas  de  enseñanza  secundaria,  de  la  fundación  de-la  Universidad, 
y de  notables  impulsos  a las  investigaciones  originales  mediante  el  Instituto 
Histórico  y Geográfico  y otros  resortes  de  igual  importancia. 

Y es  de  ese  punto  de  vista  que  puede  y debe  decirse  que  la  Defensa  de  Mon- 
tevideo salvó  la  civilización  del  Río  de  la  Plata  contra  la  barbarie  militar  de 
Rosas. 


LA  LUCHA  MILITAR 


CAPITULO  VII 


LA  LUCHA  DE  TRINCHERAS 


Frente  a las  murallas  de  Montevideo. 

Ya  hemos  dicho  en  qué  forma  empezó  el  sitio  de  Montevideo:  propia- 
mente sin  lucha,  si  hacemos  casó  omiso  de  una  guerrilla  encabezada  por 
Marcelino  Sosa  y de  un  amago  de  asalto  ordenado  por  Oribe.  Tres  días  des- 
pués de  esos  actos  iniciales  la  ciudad  festejaba  entusiastamente  el  aniversa- 
rio de  la  batalla  de  Ituzaingó.  y en  seguida  descendía  Rivera  de  la  Presiden- 
cia de  la  República,  por  expiración  del  plazo  de  su  mandato,  y entraba  a 
actuar  don  Joaquín  Suárez  en  plena  calma,  como  si  no  estuviera  a tiro 
de  cañón  un  victorioso  ejército  enemigo  que  acababa  de  realizar  en  las 
provincias  argentinas  un  plan  de  aniquilamiento  de  poblaciones  y de  riquezas. 

Pues  bien:  en  el  transcurso  del  largo  período  que  se  extiende  desde  fe- 
brero de  1843  hasta  octubre  de  1851,  mantuvieron  esa  misma  actitud  las 
grandes  masas  en  lucha.  No  amengua  esto  ciertamente  ni  la  grandeza  de  la 
causa  de  Montevideo,  ni  la  formidable  energía  de  sus  sostenedores  para 
triunfar  de  las  penurias  del  sitio.  Señalamos  simplemente  un  hecho  que 
lejos  de  negar  confirman  plenamente  todos  los  testimonios  de  la  época. 

De  otro  plan  mucho  más  serio  hablaron  Oribe  y Broiwn  al  comenzar 
el  alistamiento  de  los  extranjeros,  en  abril  de  1843.  Oribe  hizo  preguntar 
a Brown  si  la  escuadra  podría  ayudar  su  acción  con  tropas  de  desembarco, 
y habiendo  obtenido  el  ofrecimiento  de  800  hombres  comisionó  al  coronel 
Maza  para  combinar  el  ataque.  Llegadas  las  conversaciones  a esa  altura 
reaccionó  Brown,  invocando  «que  sus  buques  no  servían  para  nada;  que  no 
tenía  gente  alguna  para  un  desembarco  serio,  y que  si  oficialmente  había 
escrito  lo  contrario  al  Presidente  Oribe,  era  por  si  acaso  caía  la  comunicación 
en  manos  del  enemigo,  para  que  lo  creyese». 

Tal  es  lo  que  resulta  de  las  notas  cambiadas.  Pero  dada  la  actitud  de 
Oribe  desde  la  batalla  del  Arroyo  Grande  hasta  el  levantamiento  del  sitio, 
invariablemente  inspirada  en  el  plan  de  no  entrar  en  Montevideo,  la  idea  de 
un  asalto,  si  realmente  nació  en  ese  momento,  debió  ser  abandonada  de  in- 
mediato por  resolución  propia  o por  imposición  de  Rosas,  a quien  no  convenía 
absolutamente  que  desapareciera  el  estado  de  guerra  en  el  territorio  uru- 
guayo. 

De  guerrilla  en  guerrilla. 

Cada  mañana  avanzaban  las  partidas  descubridoras  de  la  plaza  hasta 
encontrarse  con  las  partidas  descubridoras  del  campo  sitiador.  En  el  entrevero 
caían  siempre  algunos  hombres  y retrogradaban  luego  los  sobrevivientes 
a sus  respectivas  bases. 

De  noche  vigilaban  «los  escuchas»,  valioso  cuerpo  creado  por  el  general 
Paz  para  cubrir  la  línea  exterior  de  la  plaza.  Al  finalizar  el  primer  año  del 
sitio  el  coronel  Velazco,  jefe  de  la  línea  exterior,  tomó  la  iniciativa  de  una 
suscripción  a favor  de  esos  guardianes  del  sueño,  y fundando  su  pedido 
decía: 

«Siendo  los  escuchas  los  que  hacen  el  servicio  más  pesado,  los  que  des- 
cubrep  el  terreno,  los  primeros  que  se  presentan  al  enemigo,  los  que  están 
siempre  dispuestos  a resistir  a éste  en  caso  de  ataque  y los  que  pueden 
guardar  el  sueño  indispensable  y el  más  dulce  intervalo  de  los  afanes  del 
hombre.» 


116 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Y siempre  así:  de  día  las  guerrillas  que  se  movían,  y de  noche  los  es- 
cuchas que  permanecían  de  pie  para  evitar  sorpresas  a las  tropas  dormidas. 

«Es  sin  duda  fastidiosa  la  narración  de  sucesos  parecidos  los  unos  a 
los  otros,  con  muy  pocas  diferencias»,  decía  el  Boletín  del  Ejército  de  la 
Defensa  en  marzo  de  1843,  al  historiar  esas  guerrillas  diarias,  invariable- 
mente iguales. 

Un  año  después,  en  julio  de  1844,  agregaba  el  mismo  Boletín: 

Oribe  anuncia  día  tras  día  la  caída  de  Montevideo.  Pero  nada  hace 
para  conseguir  ese  resultado.  Actualmente  ni  siquiera  tiene  por  delante  el 
fantasma  de  Purvis.  El  comodoro  inglés  hállase  efectivamente  en  el  Bra- 
sil. La  plaza  está  bloqueada  por  la  escuadra  de  Rosas  y por  el  ejército  de 
tierra,  y nada  obsta  a las  hostilidades.  ¿Por  qué,  pues,  no  hace  tronar  sus 
cañones  en  vez  de  limitarse  a incidentes  militares  sin  importancia,  a esti- 
mular actos  de  traición  y a preparar  emboscadas?  Sencillamente  porque 
teme  la  acción  de  los  cañones  de  tierra  y las  cinco  mil  bayonetas  que  cubren 
las  trincheras  de  la  ciudad! 

La  guerra  — escribía  «El  Comercio  del  Plata»  cinco  años  más  tarde, 
en  febrero  de  18  49  al  empezar  la  publicación  de  los  partes  diarios  del  Co- 
mandante del  Telégrafo  — ha  quedado  reducida  a casos  y hechos  aislados: 
una  guerrilla  acá,  unos  disparos  de  cañón  allá,  los  únicos  casos  y hechos  que 
son  objeto  de  esa  comunicación  diaria  dirigida  al  Presidente. 

En  esa  lucha  de  guerrillas  fué  donde  adquirió  relieve  poderoso  el  co- 
ronel Marcelino  Sosa.  Atacaba  diariamente  al  enemigo  fuera  cual  fuera  su 
número,  actitud  digna,  exclamaba  en  una  proclama  de  abril  de  1843  el  Jefe 
de  Policía  don  Andrés  Lamas,  «de  aquellos  gloriosos  días  de  nuestras  gue- 
rras de  la  Independencia  en  que  las  audaces  cargas  de  nuestra  caballería 
dominando  la  superioridad  del  número  y de  las  armas,  fijaban  la  victoria 
a la  sombra  de  los  colores  patrios  por  un  arrojo  y una  táctica  enteramente 
nacionales». 

Una  bala  de  cañón  derribó  finalmente  al  heroico  guerrillero,  en  fe- 
brero de  18  44,  después  de  un  año  entero  de  escenas  de  valor  jamás  sobre- 
pujadas. 

«Todo  el  pueblo,  escribía  un  diario  de  la  época,  se  disputaba  tocar  su 
cuerpo  como  si  fuera  el  de  un  santo».  El  Gobierno  le  decretó  honores  ex- 
cepcionales: el  regimiento  de  guardias  nacionales  que  él  había  comandado, 
se  llamaría  en  adelante  Regimiento  Sosa  y su  estandarte  llevaría  esta  ins- 
cripción: «Marcelino  Sosa:  valiente  entre  los  valientes»;  el  empleo  de  coronel 
del  mismo  regimiento  no  se  proveería  jamás,  y Marcelino  Sosa  continuaría 
revistando  como  jefe  efectivo;  concluida  la  guerra  se  trasladarían  los  restos 
a un  monumlento  donde  se  inscribirían  sus  últimas  y admirables  palabras  al 
caer  herido  de  muerte:  «Compañeros:  salvad  la  patria!» 

«Sin  miedo  y sin  reproche,  como  Bayardo,  .decía  el  Ministro  de  la  Guerra 
coronel  Pacheco  y Obes  al  tiempo  del  entierro;  invencible  como  el  Cid;  pa- 
triota como  Leónidas...  una  bala  de  cañón  le  ha  derribado;  el  brazo  de  un 
hombre  era  incapaz  de  hacerlo.» 

Frente  a esos  cuadros  que  exaltaban  el  heroísmo  de  los  combatientes, 
surgían  otros  terriblemente  condenatorios  de  la  guerra  civil.  Entre  ellos 
éste  que  extractamos  de  «El  Nacional»  de  abril  de  1843: 

En  una  guerrilla  cayó  herido  un  sargento  de  las  milicias  de  extramu- 
ros. Llevado  moribundo  a la  plaza  pidió  a su  padre  agua  para  aplacar  la 
sed  que  lo  devoraba  y luego  de  apurar  el  contenido  del  vaso  dijo:  «ahora 
voy  a batirme».  Pero  su  fin  se  acercaba  y y'a  expirante  preguntó  a su  padre 
si  aquella  bala  que  lo  mataba  no  habría  sido  disparada  por  el  fusil  de  un 
hermano  que  militaba  en  el  ejército  de  Oribe! 

Historiando  los  sucesos  de  los  tres  primeros  años  del  sitio  escribía  «El 
Nacional»  en  1846: 

«Todas  las  mañanas,  a veces  a toda  hora,  hasta  durante  la  noche,  so- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


117 


naba  el  cañón  o el  fusil.  Los  hombres  caían  y morían:  las  camillas  atravesa- 
ban la  ciudad  conduciendo  los  heridos  a los  hospitales.  Las  familias  per- 
dían sus  padres,  sus  hijos,  sus  deudos,  sus  amigos:  caía  el  jefe,  el  oficial  y 
el  soldado  indistintamente,  y ni  las  lágrimas  que  se  dedicaban  a aquellos 
tiernos  objetos,  ni  el  espectáculo  de  sangre*  y de  muerte  que  por  todas  par- 
tes ofrecía  cuadros  que  hubieran  contristado  y doblegado  a muchos  pueblos, 
desalentaban  el  heroísmo  del  de  Montevideo.'..  Cada  día  la  descubierta  o la 
retirada  presentaba  un  simulacro  de  batalla  al  que  llamábamos  guerrilla 
y que  por  resultado  daba  más  muertos  y heridos  que  los  que  solemos  vér  por 
otras  partes  producidos  en  notables  funciones  de  guerra.  El  enemigo  que 
no  tenía  audacia  para  un  ataque  a las  líneas,,  creía  así  diezmar,  intimidar 
la  guarnición.  Pero  tropezaba  con  el  valor;  era  con  poquísimas  excepciones 
castigado  con  severidad,  y lejos  de  conseguir  su  objeto  estimulaba  las  pa- 
siones belicosas  de  unos  soldados  engreídos  por  los  diarios  triunfos  que  no 
tenían  más  móvil  que  el  amor  a la  libertad.-  De  ahí  ha  quedado  una  serie 
de  hechos  de  valor  individual  que  continúan  repitiéndose  y que  cantará  la 
poesía.» 

Como  resultado  de  estos  hechos  aislados  morían,  sin  duda,  muchos 
soldados,  aunque  no  en  la  proporción  que  haría  suponer  el  relato  que  ante- 
cede. Pero  detrás  de  las  líneas  en  que  combatían  las  partidas  que  se  bus- 
caban, todo  estaba  ordinariamente  en  calma,  y ni  en  la  plaza  sitiada,  ni 
tampoco  en  el  campo  sitiador  se  vivía  bajo  la  obsesión,  de  un  choque  de  las 
grandes  masas  que  estaban  frente  a frente,  en  actitud  siempre  expectante. 

Salidas  de  la  guarnición. 

1 

El  éxito  generalmente  favorable  de  las  guerrillas  y la  absoluta  pasivi- 
dad del  grueso  del  ejército  sitiador  estimularon  más  de  una  vez,  sin  em- 
bargo, salidas  parciales  de  las  fuerzas  de  la  plaza. 

A mediados  de  1843  marchó  al  Cerro  por  vía  marítima  una  expedición 
bajo  el  mando  del  general  Bauza  primero  y del  Ministro  Pacheco  y'  Obes 
después,  compuesta  de  dos  batallones  de  línea  y de  la  legión  italiana  a 
órdenes  de  Garibaldi,  y allí  entabló  una  fuerte  acción  en  la  que  fueron 
vencidas  las  fuerzas  sitiadoras  que  cubrían  esa  zona. 

Un  mes  después  salió  el  grueso  de  la  guarnición  bajo  el  mando  directo 
del  general  Paz  hasta  las  Tres  Cruces,  obligando  a las  fuerzas  sitiadoras  a 
retroceder  con  pérdidas. 

Más  adelante  expedición  ó una  fuerte  columna  al  mando  del  coronel 
Faustino  Velazco,  hasta  el  Buceo,  arrollando  todas  las  fuerzas  que  encontró 
a su  paso. 

Antes  de  finalizar  el  primer  año  del  sitio,  volvió  a .repetirse  el  ataque 
a las  tropas  que  cubrían  la  zona  de  las  Tres  Cruces,  con  el  mismo  buen 
éxito.  Pero  Oribe  envió  refuerzos  considerables  y hubo  que  retroceder,  mu- 
riendo en  esas  circunstancias  el  coronel  Neyra,  uno  de  los  jefes  de  la  co- 
lumna expedicionaria,  a tiempo  que  exclamaba:  ¡Valor,  soldados:  a la  carga! 
Garibaldi  tomó  la  resolución  heroica  de  arrancar  su  cadáver  de  manos  de 
los  enemigos  que  ya  estaban  encima  y lo  consiguió  después  de  un  violentí- 
simo combate  cuya  relación,  escribía  Rivera  Indarte,  recordaba  «a  Homero 
cantando  las  proezas  de  Aquiles  para  recuperar  el  cadáver  de  su  amigo 
Patroclo».  ' 

El  comandante  don  José  María  Muñoz  se  lanzó  a principios  de  1844 
al  frente  de  una  compañía  de  guardias  nacionales  y una  guerrilla  de  línea 
sobre  el  puesto  militar  que  las  fuerzas  sitiadoras  tenían  en  la  quinta  de 
Vilardebó,  y hubiera  tomado  el  cantón  sin  la  brusca  llegada  de  refuerzos. 

Algunas  semanas  después  el  Ministro  de  1a,  Guerra  coronel  Pacheco  se 
dirigió  al  Cerro,  con  una  parte  de  la  guarnición,  y atacó  y venció  al  general 
Angel  Núñez,  el  mejor  de  los  jefes  de  caballería  de  los  sitiadores. 


118 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Animado  por  estos  éxitos  resolvió  el  general  Paz  llevar  un  fuerte  ata- 
que al  ejército  sitiador.  A fines  de  abril  salió  al  frente  de  1,500  soldados 
en  dirección  al  Pantanoso.  El  coronel  Venancio  Flores  que  estaba  con  otras 
tropas  en  el  Cerro  debía  ponerse  en  marcha  a la  misma  hora  y obrar  en 
combinación.  La  columna  del  general  Paz  avanzó  victoriosa  hasta  colocarse 
a retaguardia  del  campamento  principal  de  Oribe.  Pero  la  columna  del  co- 
ronel Flores  no  se  movió  a la  hora  convenida  en  virtud  de  órdenes  directas 
emanadas  del  Ministerio  de  la  Guerra  que  inutilizaron  el  plan  de  ataque 
que  tan  excelente  comienzo  había  tenido.  Este  incidente,  obra  de  viejas  ri- 
validades, dió  por  resultado  que  el  general  Paz  renunciara  su  cargo  de  Co- 
mandante General  de  Armas  y se  embarcara  en  busca  de  nuevo  teatro  donde 
continuar  su  lucha  contra  Rosas. 

Hubo  posteriormente  otras  salidas  de  fuerzas,  pero  sin  mayores  resul- 
tados, y la  lucha  entre  sitiados  y sitiadores  volvió  a continuar  bajo  la  forma 
de  tiroteos  aislados  en  que  se  había  iniciado. 

Zona  ocupada  por  los  sitiados.  < 

La  línea  fortificada  corría  al  tiempo  de  iniciarse  el  sitio  de  mar  a mar, 
desde  la  playa  de  la  Aguada  hasta  el  Cementerio  Central,  siguiendo  las 
calles  hoy  denominadas  Ibicuí,  Cuareim,  Yí,  Yaguarón,  Ejido  y Santiago 
de  Chile.  ] 

El  muro,  casi  todo  de  ladrillo  y en  algunas  partes  de  piedra,  tenía  dos 
varas  de  espesor  y la  altura  de  un  hombre. 

A fines  de  18  4 4 consiguieron  los  sitiados  construir  una  línea  de  bate- 
rías desde  la  Aguada  hasta  la  Playa  Ramírez,  a través  de  la  actual  calle 
Sierra,  conquistando  entonces  una  faja  de  20  cuadras  de  profundidad. 

«El  terreno  que  ocupaban  las  fuerzas  de  Oribe  en  los  primeros  tiempos 
del  sitio,  decía  «El  Comercio  del  Plata»  en  febrero  de  1847,  está  hoy  cultivado 
por  los  sitiados,  cubierto  de  huertas  que  proveen  a la  plaza  de  verduras, 
legumbres  y forrajes.» 

Al  dar  nombre  a las  diversas  baterías  y fosos  de  la  nueva  línea,  «cons- 
truidos bajo  los  fuegos  del  ejército  sitiador»,  hacía  constar  el  Gobierno  en 
abril  de  ese  mismo  año  que  ya.  quedaban  definitivamente  a cubierto  de  todo 
ataque  las  poblaciones  de  la  Aguada  y el  Cordón  y que  se  había  quitado  al 
enemigo  «toda  esperanza  de  atacar  la  primera  línea  fortificada». 

La  acción  de  la  artillería. 

Las  baterías  de  Oribe  funcionaron  en  todo  el  curso  de  1843.  Pero  el 
pueblo,  rara  vez  perjudicado  por  las  balas,  afluía  como  de  costumbre  a los 
paseos  públicos,  a las  iglesias,  a los  bailes,  a las  funciones  de  teatro,  sin 
ocuparse  de  la  artillería  enemiga. 

Algo  más  activo  resultó  el  bombardeo  de  18  44  y de  ello  sacó  partido  el 
Gobierno  para  enriquecer  su  parque,  según  lo  comprueba  una  compra  de 
500  balas  disparadas  por  las  baterías  de  tierra  y por  la  escuadra,  algunas  de 
ellas  sobre  la.  línea  exterior  y otras  sobre  la  ciudad  por  elevación,  balas  casi 
siempre  inofensivas,  valga  el  testimonio  de  la  prensa,  que  sólo  alcanzó  a 
mencionar  entre  las  víctimas  algunos  heridos  y un  niño  de  pecho  muerto  en 
la  cuna. 

En  igual  tren  continuó  la  artillería  sitiadora  durante  los  años  subsi- 
guientes. Funcionaban  de  tiempo  en  tiempo  los  cañones,  pero  aparte  de 
tal  o cual  edificio  destruido  pasaban  inadvertidos  los  efectos  de  sus  balas. 

Refiriéndose  a los  disparos  con  que  fué  roto  el  armisticio  de  mediados 
de  18  47,  hacía  constar  «El  Defensor»  que  los  cañones  habían  sido  dirigidos 
exclusivamente  contra  los  cantones  o puestos  avanzados,  de  acuerdo  con  el 
plan  de  Oribe,  que  era  de  evitar  la  destrucción  de  la  ciudad.  La  prensa  de 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


110 


Montevideo  se  apresuró  a señalar  excepciones,  pero  el  hecho  afirmado  era 
cierto  de  una  manera  general. 

Ya  casi  al  finalizar  el  sitio,  en  octubre  de  1850,  publicó  la  prensa  de 
París  una  correspondencia  de  Montevideo  escrita  por  el  señor  Marmier,  que 
describía  así  el  estado  de  la  ciudad,  un  estado  bien  diferente  sin  duda  del 
que  hubiera  resultado  después  de  un  bombardeo  efectivo  de  siete  años: 

«Al  ver  desde  la  rada  en  su  situación  pintoresca  esos  blancos  edificios 
que  se  diría  labrados  cual  pequeñas  gradas  en  un  circo  de  mármol,  esos 
techos  de  azotea  como  los  de  Oriente,  esos  delicados  miradores  que  se  ele- 
van sobre  muchas  azoteas;  al  ver  todo  ese  risueño  cuadro  del  movimiento  de 
botes  en  los  puertos;  de  los  contornos  del  río  y de  los  verdes  cercados  de 
la  Aguada  que  desde  las  murallas  de  la  ciudad  se  extienden  hasta  la  montaña 
del  Cerro,  nadie  se  imaginaría  que  esa  era  la  ciudad  agitada  desde  su  ori- 
gen por  tantas  luchas  sucesivas,  la  Nueva  Troya  asediada  ha  más  de  siete 
años  por  un  ejército  implacable,  que  puede  tener  la  astucia  y la  tenacidad 
de  Ulises,  pero  que  no  será  ilustrado  por  el  valor  de  un  Aquiles,  ni  por  la 
prudencia  de  un  Néstor  y no  tendrá  un  Homero  para  cantarlo.  Al  verla  por 
primera  vez  en  su  interior  no  se  podría  conocer  los  profundos  dolores  que 
ha  sufrido  en  varias  ocasiones  y el  deplorable  estado  a que  la  ha  reducido  la 
cólera  de  sus  enemigos.» 

Las  minas. 

No  eran  conocidas  las  minas  en  nuestras  contiendas  civiles.  Acos- 
tumbrados los  hombres  a pelear  frente  a frente  y a cara  descubierta,  con- 
sideraban poco  leal  el  empleo  de  procedimientos  engañosos  para  destruir  al 
enemigo.  Por  eso  fué  que  causó  asombro  la  voladura  de  una  casa  por  las 
fuerzas  sitiadoras  en  julio  de  1843.  E’sa  casa  servía  de  cantón  a las  avan- 
zadas de  la  plaza  y quedaba  abandonada  durante  la  noche,  circunstancia  que 
permitió  preparar  la  mina  con  todo  éxito.  Al  producirse  la  voladura  ocupa- 
ban el  edificio  veinte  hombres,  de  los  cuales  ocho  murieron  y los  demás 
quedaron  heridos  o quemados.  El  general  Paz,  al  dar  cuenta  del  suceso,  de- 
cía al  Ministerio  de  Guerra: 

«El  enemigo  no  ha  sabido  aprovecharse  de  la  sorpresa  y confusión  que 
regularmente  debió  causar  una  hostilidad  tan  inesperada  como  poco  cono- 
cida entre  nosotros.  No  ha  avanzado  un  paso,  ni  los  nuestros  han  retro- 
cedido. Todo  está  en  su  antiguo  ser.» 

En  enero  de  1845  colocaron  los  sitiadores  otra  fuerte  mina  en  un  edi- 
ficio del  Arroyo  Seco  que  también  ocupaban  durante  el  día  las  avanzadas  de 
la  plaza.  Pero  esta  vez  fueron  descubiertos  los  preparativos  y las  'fuerzas 
de  la  plaza  en  vez  de  caer  envueltas  en  sus  escombros  se  encontraron  en 
situación  de  cargar  a los  atacantes  y de  vencerlos. 

Inactividad  de  la  escuadra  de  Rosas. 

Más  innocua  era  todavía  la  artillería  del  almirante  Brown,  condenada 
a la  inactividad  desde  la  víspera  del  sitio  por  el  comodoro  Purvis. 

Sus  cañones  se  limitaban  en  1843  a disparar  alguna  que  otra  bala 
sobre  los  pescadores  de  la  costa.  En  la  imposibilidad  de  hacerlos  funcionar 
contra  la  plaza  trató  Brown  de  buscarse  el  desquite  mediante  la  ocupación 
de  la  isla  de  Ratas,  donde  el  Gobierno  de  la  Defensa  tenía  un  depósito  de 
pólvora.  Dos  ataques  dirigió  en  el  curso  del  mes  de  abril.  A raíz  del  pri- 
mero se  alzó  con  la  pólvora  en  virtud  de  no  existir  fuerzas  militares  en  la 
isla;  pero  intervino  el  comodoro  Purvis  y tuvo  que  devolver  su  botín.  La 
segunda  vez  sostuvieron  la  resistencia  un  grupo  de  guardias  nacionales 
acantonados  en  la  isla  y varios  lanchones  dirigidos  por  Garibaldi.  Purvis  in- 
tervino de  nuevo  obligando  a la  escuadrilla  de  Brown  a salir  del  interior  del 


120 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


puerto.  El  Gobierno  resolvió  honrar  el  heroísmo  de  los  guardias  nacionales 
que  habían  encabezado  la  defensa.  A mediados  de  agosto  se  trasladó  a la  isla 
el  jefe  del  Estado  Mav'or  general  Manuel  Correa  acompañado  de  un  grupo 
de  jefes,  oficiales  y ciudadanos,  y colocó  un  gorro  frigio  sobre  el  asta  ban- 
dera de  la  batería  allí  existente.  Y a raíz  de  esa  ceremonia,  la  isla  de  Ratas 
recibió  el  nombre  de  isla,  de  la  Libertad.  # 

Paréntesis  de  calma. 

Más  de  una  vez  quedó  suspendida  la  vida  de  guerrillas,  como  consecuen- 
cia de  las  negociaciones  de  paz  entabladas  por  la  diplomacia  europea. 

En  tuerzo  de  1848  escribía  el  Ministro  de  Gobierno  don  Manuel  Herrera 
y Obes  a don  Andrés  Lamas,  que  habían  transcurrido  384  días  sin  oirse  un 
solo  tiro.  ■ i 

En  agosto  de  1851,  ya  en  las  postrimerías  del  sitio,  el  Presidente  Suá- 
rez  resolvió  reanudar  las  hostilidades  que  habían  estado  suspendidas  durante 
más  de  dos  años  seguidos. 

Sólo  mencionamos  los  grandes  paréntesis  de  calma,  porque  hubo  muchos 
otros  períodos  de  completa  suspensión  de  las  hostilidades. 

Los  ministros  de  Francia  e Inglaterra  tratan  de  reducir  al  bloqueo  las  hos- 
tilidades. 

A mediados  de  marzo  de  18  43  se  'dirigieron  los  ministros  de  Inglaterra 
y de  Francia  a Rosas  para  pedirle  que  el  sitio  de  Montevideo  «quedara 
transformado  en  bloqueo»,  con  exclusión  de  todo  ataque,  «ya  por  parte  de 
mar,  ya  por  parte  de  tierra».  Esa  ciudad,  decían,  «no  es  una  plaza  de 
guerra»,  y como  su  línea  de  defensa  está  tan  próxima  la  inmensa  pobla- 
ción extranjera  que  ella  encierra  sufriría  grandes  perjuicios  en  caso  de  asalto. 
Prevenían  los  Ministros  que  ellos  partían  de  la  base  de  que  a sui  turno  la 
plaza  de  Montevideo  ninguna  operación  emprendería  contra  las  fuerzas  blo- 
queadoras,  y concluían  con  la  promesa  de  que  formalizado  el  arreglo  serían 
reembarcados  los  destacamentos  ingleses  y franceses  que  habían  bajado  a 
tierra  para  garantir  las  propiedades  extranjeras. 

Rosas  rechazó,  como  era  natural,  tan  extraño  pedido.  «La  admisión, 
decía  en  su  respuesta,  de  lo  que  se  propone  por  los  excelentísimos  señores, 
Ministros,  desvirtuaría  la  moral  del  ejército,  amortiguaría  su  entusiasmo, 
produciría  desconfianza,  alentaría  a los  enemigos  de  ambas  Repúblicas,  pro- 
longaría innecesariamente  la  guerra,  nos  envolvería  en  cuestiones  de  grave 
trascendencia,  alejaría  el  sumo  bien  de  la  paz  que  fervientemente  desea  este 
Gobierno  y con  enormísimo  descrédito  inutilizaría  las  favorables  consecuen- 
cias que  trajo  en  pos  de  sí  la  completa  derrota  de  Rivera  en  el  Arroyo 
Grande». 

Los  ministros  europeos  dirigieron  una  nueva  nota  a Rosas  para  lamentar 
«la  indiferencia»  de  que  daba  pruebas  ante  una  gestión  inspirada  en  senti- 
mientos tan  humanitarios  y protestar  a la  vez  contra  los  perjuicios  que  pudie- 
ran sufrir  los  extranjeros  de  Montevideo. 

Rosas  decreta  el  bloqueo  del  puerto  de  Montevideo. 

Casi  en  los  mismos  momentos  Rosas  se  dirigía  al  almirante  Brown. 
previniéndole  que  desde  el  l.°  de  abril  quedaba  prohibida  la  entrada  en  el 
puerto  de  Montevideo  de  todo  buque  que  condujera  «artículos  de  guerra, 
carne  fresca  o salada,  ganado  en  pie  y aves  de  toda  especie,  dejando  en  todo 
lo  demás  al  comercio  y buques  extranjeros  en  la  libertad»  de  que  habían  go- 
zado hasta  eSe  momento. 

No  se  trataba,  pues,  de  un  bloqueo  absoluto.  Rosas  prohibíá  simple- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


121 


mente  la  importación  de  ciertos  artículos*  quizá  con  el  designio  de  prepa- 
rarse, según  la  prensa  de  la  época,  para  medidas  ulteriores  complementarias. 

Después  de  hablar  el  dictador  habló  Oribe.  Mediante  una  circular  a 
los  cónsules  extranjeros  radicados  en  Montevideo  prohibía  toda  comunicación 
por  tierra  entre  la  plaza  sitiada  y el  resto  de  la  República  y toda  introduc- 
ción de  víveres  «por  agua  y por  tierra». 

Los  ministros  de  Francia  y de  Inglaterra  pidieron  a Rosas  que  fueran 
exceptuados  de  la  prohibición  los  buques  procedentes  de  ultramar,  bajo 
el  compromiso  de  que  los  .cónsules  y comandantes  de  estación  impedirían  el 
desembarque  de  provisiones  y armas  con  destino  a la  plaza  sitiada.  Y de 
acuerdo  con  ese  pedido  fueron  eximidos  de  la  formalidad  de  la  visita  los 
barcos  ingleses  y franceses. 

Mientras  la  Cancillería  de  Buenos  Aires  y las  legaciones  franco  - ingle- 
sas arribaban  a ese  acuerdo,  el/  comodoro  Purvis  resolvió  por  sí  y ante  sí 
desconocer  en  absoluto  el  bloqueo,  a la  espera  de  instrucciones  directas  del 
Gobierno  británico,  y su  actitud  fué  imitada  en  el  acto  por  todas  las  demás 
estaciones  navales. 

La  Cancillería  de  Montevideo  dirigió  por  su  parte  una  circular  a los 
cónsules,  anticipándoles  que  en  caso  de  cumplirse  el  bloqueo  parcial  decre- 
tado pór  Rosas  el  Gobierno  se  vería  en  la  necesidad  de  expulsar  de  la  plaza 
a todos  los  consumidores  que  fueran  inútiles  a la  defensa.  La  ciudad  de 
Montevideo,  decía  esa  circular,  cuenta  ocho  veces  más  extranjeros  que  na- 
cionales, y Rosas  al  dictar  su  medida  se  ha  dirigido  entonces  contra  la  pobla- 
ción extranjera. 

Fué  seguramente  bajo  la  presión  de  los  temores  a que  daba  base  la  ac- 
titud de  la  escuadrilla  inglesa  que  surgieron  en  Buenos  Aires  ideas  de 
acuerdo  con  el  Gobierno  de  la  Defensa.  El  hecho  es  que  a mediados  de  18  43 
el  almirante  Brown,  invocando  instrucciones  de  Oribe,  inició  conferencias 
pacifistas  con  el  comodoro  Purvis,  y el  Ministro  de  Gobierno  y Relaciones 
Exteriores  fué  autorizado  para  intervenir  en  ellas  según  refiere  Whrigt,  uno 
de  los  testigos  de  la  época. 

El  número  de  los  médiadores  aumentó  luego  con  la  incorporación  del 
almirante  francés,  resolviéndose  finalmente  el  envío  al  campo  de  Oribe  de 
una  Comisióji  franco  - inglesa  encargada  de  buscar  una  fórmula  de  paz,  o, 
en  su  defecto,  humanizar  la  guerra.  La  Comisión  salió,  pero  el  programa 
pacifista  no  encontró  ambiente,  porque  ya  se  habían  desvanecido  segura- 
mente los  temores  de  Rosas  y Oribe  acerca  de  la  actitud  de  las  escuadras 
europeas  surtas  en  el  puerto  de  Montevideo. 

Varios  meses  después  llegó  de  Inglaterra  orden  de  acatamiento  al  blo- 
queo y Rosas  reiteró  al  almirante  Brown  el  decreto  aplazado  en  virtud  de 
la  negativa  del  comodoro  Purvis,  Pero  esta  vez  se  alzaron  el  Ministro  del 
Brasil  Sinimbú  y el  jefe  de  la  estación  naval  brasileña,  alegando  que  la 
prohibición  de  importar  víveres  perjudicaba  exclusivamente  al  comercio  de  su 
patria.  Este  suceso  provocó  grandes  manifestaciones  de  regocijo:  en  las  trin- 
cheras hubo  iluminación  general;  en  la  línea  exterior  mandó  quemar  el  ge- 
neral Paz  numerosas  barricas;  en  las  calles  fueron  vivados  entusiastamente 
el  Ministro  brasileño  y el  comodoro  Purvis;  y el  Gobierno  de  la  Defensa  que 
ya  juzgaba  inevitable  la  entrada  del  Brasil  en  la  guerra,  lanzó  un  mani- 
fiesto en  que  decía  que  con  la  importación  de  víveres  la  plaza  quedaba  libre 
de  penurias  y que  era  necesario  proseguir  la  lucha.  «Con  el  feroz  enemigo, 
agregaba,  no  puede  haber  inteligencia  ni  convenio,  porque  él  no  se  aviene 
a ningún  otro  que  al  degüello  de  los  que  le  doblan  la  garganta». 

Hubo  un  momento  en  que  pareció  que  los  acontecimientos  se  precipita- 
rían en  el  sentido  del  rompimiento.  Después  de  un  vivo  cambio  de  notas  en- 
tre el  Ministro  Ponte  Ribeiro  acreditado  ante  Rosas  y la  Cancillería  argen- 
tina, pidió  y obtuvo  el  Ministro  sus  pasaportes.  Pero  llegaron  en  seguida 


122 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


instrucciones  de  Río  de  Janeiro  y los  representantes  del  Brasil  en  Monte- 
video acataron  el  bloqueo. 

El  decreto  de  Rosas  continuaba,  sin  embargo,  en  desgracia.  Antes  de 
finalizar  el  año  1843  y cuando  apenas  llevaba  dos  meses  de  vigencia  fué 
de  nuevo  desacatado  por  el  comodoro  Purvis,  en  represalia  de  medidas  adop- 
tadas por  Oribe  contra  propiedades  de  varios  súbditos  ingleses. 

Recién  en  los  comienzos  del  año  siguiente  empezó  a tener  efecto  la 
prohibición  de  importar  armas  y víveres  frescos.  El  ambiente  siguió  siendo 
de  optimismo,  sin  embargo.  Dando  cuenta  de  esas  y otras  ocurrencias  del 
primer  año  del  sitio,  exclamaba  el  Presidente  Suárez  ante  la  Asamblea: 

«La  Patria  no  se  rinde:  a todo  trance  victoria  para  ella.» 

Escasa  importancia  del  bloqueo. 

Es  que  efectivamente  el  bloqueo  no  tenía  importancia  decisiva  para  la 
plaza.  En  primer  lugar  porque  sólo  estaban  prohibidos  los  víveres  fres- 
cos y gozaban  de  libre  entrada  los  demás.  En  segundo  lugar  porque  los 
barcos  mercantes  de  las  banderas  que  tenían  estación  naval  en  Montevideo 
— y en  tal  caso  se  encontraban  los  franceses  e ingleses  — no  eran  visitados 
por  la  escuadra  bloqueadora,  y eso  como  es  natural  se  traducía  en  un  vasto 
comercio  clandestino  de  artículos  prohibidos.  En  tercer  lugar  porque  el  al- 
mirante Brown  carecía  de  elementos  para  hacer  eficaz  el  bloqueo  y frecuen- 
temente entraban  al  puerto  embarcaciones  con  ganado.  En  cuarto  lugar 
porque  la  escuadrilla  bloqueadora  era  atacada  a veces  con  éxito  por  la  del 
Gobierno  de  Montevideo  a órdenes  de  Garibaldi,  que  hasta  penetró  unai-  vez 
en  el  Buceo  para  apresar  los  barcos  que  allí  operaban;  o era.  reducida  a la 
impotencia  por  los  barcos  de  guerra  extranjeros  que  explotaban  cualquier 
incidente  para  intervenir  a favor  de  los  sitiados.  Sin  hablar  de  la  interven- 
ción activísima  de  la  escuadra  inglesa  bastará  recordar  en  prueba  de  esto 
último  que  a fines  de  1844  la  fragata  de  guerra  norteamericana  «Congress» 
capturó  un  barco  de  Oribe,  que  había  hecho  fuego  sobre  un  bote  def  pesca- 
dores que  buscaba  el  amparo  de  la  bandera  norteamericana,  y que  pocos  días 
después  capturó  otro  barco  atacante  de  pescadores,  realizado  lo  cual  exigió 
y obtuvo  el  jefe  norteamericano  que  los  buques  mercantes  de  su  naciona- 
lidad no  fueran  visitados  y quedaran  equiparados  a los  franceses  e ingleses, 
que  entraban  y salían  libremente  de  Montevideo,  como  si  el  bloqueo  no  exis- 
tiera. 

Por  otra  parte  era  muy  doloroso  para  el  almirante  Brown,  compañero 
de  glorias  de  muchos  de  los  combatientes  de  Montevideo,  recurrir  a la  violen- 
cia, y más  de  una  vez  dió  pruebas  de  solidaridad  con  la  plaza,  que  contrasta- 
ban con  la  actitud  siempre  dura  de  los  sitiadores  de  tierra.  A principios  de 
1 845  murió  el  general  Martín  Rodríguez,  uno  de  los  actores  de  la  revolución 
de  Mayo  y militar  de  relieve  en  las  contiendas  civiles  que  subsiguieron  a 
esa  revolución.  El  Gobierno  de  la  Defensa  le  rindió  honores  y el  almirante 
Brown  asociándose  a ellos  puso  a media  asta  la  bandera  argentina  en  todos 
los  buques  de  la  escuadra  bloqueadora,  rasgo,  escribía  «El  Nacional»,  «que 
ha  renovado  los  bellos  tiempos  de  las  guerras  de  la  civilización  en  que  los 
ejércitos  hacían  alto  y fraternizaban  para  sepultar  y honrar  el  cadáver  de  un 
campeón  ilustre.» 

El  bloqueo  se  torna  contra  Rosas  y Oribe. 

Desde  los  comienzos  de  1845  procuró  Rosas  extremar  las  medidas. 
Prohibió  «la  entrada  y salida»  de  barcos  mercantes  en  el  puerto  de  Monte- 
video hasta  que  Oribe  ocupara  la  plaza;  y prohibió  también  la  entrada  a 
Buenos  Aires  de  todo  buque  que  hubiera  operado  en  Montevideo  o que  hu- 
biera «arribado  o tocado  en  él  por  cualquier  accidente». 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


123 


Hecha  la  notificación  por  el  almirante  Brown  contestó  el  comandante 
de  la  estación  naval  francesa  que  esperaría  instrucciones  de  su  Gobierno 
y exigió  el  comandante  de  las  fuerzas  navales  inglesas  que  se  mantuviera 
con  relación  a los  buques  mercantes  de  su  bandera  el  bloqueo  parcial  en  la 
misma  forma  que  había  regido  hasta  ese  momento. 

Varios  meses  desp'ués  llegaron  instrucciones  a la  estación  naval  fran- 
cesa para  el  reconocimiento  del  bloqueo  absoluto  del  puerto  de  Montevideo, 
pero  sólo  desde  cierta  fecha  y bajo  la  condición  expresa  de  que  también 
fuera  reconocido  por  las  demás  potencias. 

Juntamente  con  esas  instrucciones  llegaba,  sin  embargo,  al  Río  de  la 
Plata  una  misión  franco  - inglesa  encargada  de  realizar  gestiones  de  paz 
y en  caso  de  fracaso  d¡e  levantar  el  bloqueo  del  puerto  de  Montevideo  y tras- 
ladarlo a íós  puertos  argentinos. 

Rosas  rechazó  las  bases  de  paz  y entonces  el  almirante  inglés  y el  al- 
mirante francés  se  apoderaron  de  la  escuadrilla  bloqueadora  de  Montevideo 
y desalojaron  a todos  sus  tripulantes. 

El  almirante  Brown  fué  en  el  acto  puesto  en  libertad  y recibió  antes 

de  su  partida  para  Buenos  Aires  el  saludo  del  Presidente  Suárez  por  inter- 

medio del  coronel  Fermín  Ordóñez,  en  homenaje  a su  heroica  foja  de  servi- 
cios durante  las  guerras  de  la  Independencia.  Dos  años  después,  a mediados 
de  1847,  Brown  desembarcaba  de  improviso  en  el  puerto  de  Montevideo, 
de  paso  para  Inglaterra,  y del  muelle  se  dirigía  a la  Casa  de  Gobierno  para 
saludar  al  Presidente  Suárez,  quien  respondiendo  a esa  elevada  muestra  de 
consideración  acordaba  al  ilustre  marino  una  guardia  de  honor  durante  su 
breve  permanencia  en  la  plaza. 

Terminó  el  bloqueo  del  puerto  de  Montevideo  a fines  de  julio  de  1845 

y en  el  mismo  momento  empezó  el  de  los  puertos  argentinos  ocupados  por 

Rosas  y el  de  los  puertos  orientales  ocupados  por  Oribe. 

La  plaza  sitiada  por  Oribe  llegó  así  a concentrar  en  su  rada,  el  movi- 
miento comercial  de  todo  el  Río  de  la  Plata  con  los  puertos  de  ultramar 
en  la  forma  amplia  y grandemente  remuneradora  de  que  nos  ocuparemos 
más  adelante. 

Los  puertos  de  Oribe. 

Desde  los  primeros  meses  del  sitio  había  habilitado  Oribe  para  el  comer- 
cio de  exportación  e importación  el  saladero  de  Seco  en  el  Buceo,  dando 
lugar  con  ello  a una  circular  del  Gobierno  de  Suárez  al  cuerpo  diplomático  y 
consular,  en  la  que  se  decía  que  sólo  al  Cuerpo  Legislativo  incumbía  la 
habilitación  de  puertos;  que  el  decreto  de  Oribe  sólo  tenía  por  objeto  faci- 
litar la  importación  de  artículos  de  consumo  para  un  ejército  extranjero 
y la  exportación  de  carnes  y cueros  arrebatados  a la  campaña;  que  en  con- 
secuencia tales  actos  de  comercio  tenían  que  reputarse  como  de  contra- 
bando y que  así  los  consideraría  y reprimiría  el  Gobierno. 

Contestó  el  Cónsul  inglés  que  se  juzgaba  obligado  a «precaver  a sus 
conciudadanos  de  las  penas  en  que  podrían  incurrir».  Pero  el  Cónsul  norte- 
americano replicó  que  el  Buceo  estaba  ocupado  militarmente  por  Oribe  y 
que  los  buques  neutrales  podían  lícitamente  ir  allí;  y en  cuanto  a.  la  proce- 
dencia de  los  cueros  y de  las  carnes,  que  dichos  artículos  constituían  «un 
botín  de  guerra»  del  que  Oribe  podía  disponer. 

El  puerto  del  Buceo  siguió  abierto  hasta  mediados  de  1845,  en  que 
fué  bloqueado  por  la  escuadra  franco  - inglesa  y la  escuadrilla  oriental  a 
cargo  de  Garibaldi. 

Oribe  habilitó  entonces  para  las  operaciones  de  exportación  e importa- 
ción los  puertos  orientales  sobre  el  río  Yaguarón,  la  laguna  Merín  y'  el 
Chuy,  transportando  la  administración  central  de  Aduanas  a la  villa  de  Meló 
en  Cerro  Largo. 


124 


ANALES  HISTÓRICOS  I>EL  URUGUAY 


Organización  de  las  legiones  extranjeras. 

A raíz  de  la  declaración  del  bloqueo  del  puerto  de  Montevideo,  en  marzo 
de  1843,  «Le  Patrióte  Frangais»  invitó  a los  residentes  franceses  a organi- 
zarse militarmente  para  la  defensa  de  sus  derechos  y anticipó  la  esperanza 
de  que  los  demás  extranjeros  imitarían  el  ejemplo.  ' 

Hubo  con  tal  motivo  varias  reuniones  a fines  de  ese  mismo  mes  y en 
los  primeros  días  de  abril  en  que  se  habló  del  bloqueo,  de  la  necesidad  en 
que  se  vería  el  Gobierno  de  Montevideo  de  reducir  el  número  de  los  no  com- 
batientes, del  encarecimiento  de  la  vida,  de  las  tropelías  de  Rosas  contra  los 
extranjeros,  del  abandono  en  que  éstos  habían  quedado  por  efecto  de  la 
pasiva  actitud  de  sus  representantes  diplomáticos  y consulares. 

Una  de  esas  reuniones,  la  del  3 de  abril,  terminó  con  grandes  manifes- 
taciones callejeras.  La  columna,  que  ocupaba  tres  cuadras,  llevaba  bande- 
ras francesas  e italianas  y se  dirigió' a los  cuarteles  que  ocupaban  los  desta- 
camentos de  la  escuadra  inglesa  y de  la  escuadra  francesa,  entonando  la 
Marsellesa  y dando  mueras  a Rosas  y a Oribe.  Al  día  siguiente  volvieron  los 
manifestantes  a congregarse  y luego  de  recorrer  la  ciudad  se  dirigieron  al 
general  Paz  para  ofrecerle  su  concurso  militar,  ofrecimiento  que  fué  acep- 
tado, regresando  en  seguida  la  columna  al  grito  de  «¡A  las  armas!». 

Según  una  carta  que  en  1849  dirigió  el  coronel  Thiébaut  a «Le  Patrióte 
Frangais»,  la  organización  de  la  legión  quedó  autorizada  el  mismo  día  3 
de  abril  a raíz  de  la  visita  al  general  Paz. 

Cuando  los  extranjeros  asumían  esa  actitud  guerrera  ya  había  dirigido 
Oribe  una  circular  a los  cónsules,  que  luego  fué  invocada  como  causa  deter- 
minante y única  del  armamento.  La  circular,  datada  el  l.°  de  abril,  decía  así: 

«El  que  firma  ha  sido  informado  con  disgusto  que  varios  extranjeros 
de  los  residentes  en  Montevideo  emplean  unos  su  influencia  para,  atraer  par- 
tidarios a los  rebeldes  salvajes  unitarios,  y otros  toman  las  armas  en  favor 
de  los  mismos  rebeldes.  Notorio  es  el  respeto  que  el  que  firma  ha  dispensado 
a las  propiedades  y‘  personas  de  los  súbditos  de  las  otras  naciones,  porque  así 
se  lo  han  aconsejado  la  civilización,  la  justicia  y sus  propios  sentimientos, 
mientras  se  conservasen  en  la  esfera  que  les  corresponde;  pero  éstos  y 
aquéllas  le  aconsejan  obrar  en  un  sentido  enteramente  contrario  y vigoroso 
contra  los  que  olvidando  su  posición,  la  pierden,  tomando  parte  en  negocios 
que  no  les  pertenecen,  ya  sea  llevados  del  interés  o por  cualquier  otro  es- 
tímulo. Por  consiguiente,  el  que  firma  se  ve  obligado  a declarar  que  no  res- 
petará la  calidad  de  extranjero,  ni  en  los  bienes  ni  en  las  personas  de  los 
súbditos  de  otras  naciones  que  tomasen  partido  con  los  infames  rebeldes 
salvajes  unitarios,  contra  la  causa  de  las  leyes  que  el  infrascripto  y las 
fuerzas  que  le  obedecen  sostienen,  sino  que  serán  considerados  también  en 
tal  caso  como  rebeldes  salvajes  unitarios  y tratados  sin  ninguna  distinción.» 

Esta  circular  que  recién  fué  publicada  el  6 de  abril,  cuando  ya  todo  el 
movimiento  inicial  del  armamento  de  los  extranjeros  estaba  producido,  acabó 
de  precipitar  losi  sucesos.  El  hecho  es  que  el  mismo  día  de  la  publicación 
empezó  la  organización  de  la  legión  francesa  bajo  el  mando  del  coronel 
Thiébaut,  y de  la  legión  italiana  bajo  la  dirección  del  coronel  Garibaldi,  no 
obstante  los  esfuerzos  del  Cónsul  Mr.  Pichón,  quien  publicó  un  manifiesto 
en  que  anunciaba  que  los  franceses  que  tomaran  las  armas  «perderían  su 
ciudadanía  y no  serian  protegidos  por  él  ni  por  los  agentes  del  Rey». 

Uno  de  los  testigos  presenciales  de  los  sucesos,  Whrigt,  declara  que  a 
fines  de  marzo,  es  decir  cuando  todavía  no  se  había  firmado  la  circular,  ac- 
tuaba en  la  guarnición  de  Montevideo  un  batallón  de  voluntarios  franceses 
de  200  plazas  con  bandera  oriental. 

La  circular,  por  otra  parte,  inspirada  en  movimientos  ya  producidos, 
no  decía  nada  extraordinario  al  prevenir  que  los  extranjeros  que  tomaran 
las  armas  serían  equiparados  a los  nacionales.  Pero  su  contenido  fué  expío- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


125 


tado  para  apresurar  el  armamento.  Oribe,  se  decía,  degüella  a los  salvajes 
unitarios  y les  confisca  sus  bienes,  y tal  será  también  el  destino  de  los  ex- 
tranjeros que  caigan  en  sus  manos. 

La  legión  francesa  contó  desde  la  primera  semana  con  un  millar  de  sol- 
dados y su  número  alcanzó  a triplicarse  un  mes  después.  En  la  revista  de 
mediados  de  mayo  de;  1843  se  componía  de  2,90  4 hombres. 

Estudiando  la  índole  de  sus  componentes  el  general  Pacheco  y Obes 
hacía  constar  años  más  tarde  en  París  que  loa  franceses  que  así  corrían  a 
empuñar  las  armas  eran  elementos  de  la  clase  obrera,  industriosos  y em- 
prendedores, de  excelentes  costumbres,  y para  demostrarlo  exhibía  una  carta 
del  Juez  del  Crimen  de  Montevideo,  en  la  que  se  registraban  estas  palabras: 

«Del  examen  de  los  documentos  resulta  un  hecho  notable  y que  reco- 
miendo a la  atención  del  Gobierno  para  sus  futuros  proyectos  de  inmigra- 
ción europea.  Rara  vez  comparecen  franceses  ante  la  justicia  criminal  y 
nunca  por  otros  motivos  que  el  de  los  combates  leales,  lo  cual  revela  en  la 
población  un  fondo  de  admirable  moralidad.» 

La  legión  italiana  a cargo  de  Garibaldi;  menos  numerosa,  congregó  desde 
los  primeros  días  500  combatientes. 

Los  españoles  no  tenían  necesidad  de  organizarse.  Carecían  de  Cónsul, 
y de  acuerdo  con  las  ideas  de  la  época  eran  convocados  a la  pat-  de  los  na- 
cionales, sin  exceptuar  a los  mismos  que  habían  llegado  al  país  al  amparo 
de  un  tratamiento  especial.  A mediados  de  enero  de  1843,  al  tiempo  de  ini- 
ciarse los  preparativos  para  la  Defensa,  dictó  el  Gobierno  de  Suárez  un  de- 
creto que  empezaba  diciendo  que  existía  en  el  país  un  considerable  número 
de  colonos  canarios  llegados  a mérito  de  contratos  con  sus  patronos  y de  un 
decreto  de  agosto  de  1840  que  los  declaraba  eximidos  del  servicio  militar; 
y que  terminaba  derogando  ese  decreto  y obligando  a todos  los  colonos  de 
14  a 45  años  de  edad  a alistarse  en  la  Guardia  Nacional,  bajo  apercibimiento 
de  ser  destinados  los  omisos  a los  cuerpos  de  línea. 

Había  pocos  ingleses  en  la  plaza.  Pero  con  ellos  organizó  el  capitán 
Samuel  Benstead  una  guerrilla  de  voluntarios  bajo  el  lema  de  «¡Gloria  o 
Muerte!».  Sus  25  tiradores  llevaban  una  faja  blanca  y celeste  en  el  pecho, 
y encomiando  su  empuje  decía.  «El  Nacional»  en  los  comienzos  del  sitio: 
«Son  unos  leones,  que  se  lanzan  a *los  peligros  con  tranquilidad  y omnipo- 
tente fuerza». 

La  acción  estimulante  del  Gobierno. 

El  Gobierno  de  Suárez  procuraba,  naturalmente,  estimular  por  toda 
suerte  de  medios  la  movilización  de  los  residentes  extranjeros. 

Mediante  un  primer  decreto  de  mayo  de  18  43  estableció  una  patente  se- 
manal a cargo  de  las  casas  comerciales  de  extranjeros,  invocando  que  mien- 
tras ellas  permanecían  abiertas  durante  las  horas  del  servicio  militar,  las 
de  los  comerciantes  nacionales  quedaban  clausuradas.  Reclamaron  los  cón- 
sules contra  lo  que  reputaban  un  impuesto  de  guerra.  Pero  el  Gobierno  re- 
plicó que  sólo  se  trataba  de  igualar  condiciones  entre  los  que  vendían  y los 
que  no  podían  vender.  Por  un  decreto  subsiguiente  fueron  exceptuados  de 
la  patente  los  comerciantes  extranjeros  que  se  enrolaran  en  la  Guardia  Na- 
cional. 

El  Gobierno  pidió  luego  a la  Asamblea  autorización  para  comprar  va- 
rias leguas  de  campo  y algunos  millares  de  cabezas  de  ganado  con  destin'o  a 
los  legionarios  franceses  e italianos,  cuya  actitud  al  incorporarse  a la  guar- 
nición encomiaba  así  el  Mensaje: 

«Este  rasgo  heroico,  único  que  se  registra  en  los  anales  de  la  joven 
América  y efecto  únicamente  de  convicciones  profundas  y sublimes,  basta- 
ría por  sí  solo  a satisfacer  nuestra  gloriosa  causa  y a convencer  al  mundo 
de  que  efectivamente  el  exterminio  universal,  el  retroceso  y el  salvajismo 


126 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


constituyen  el  lema  que  trae  en  sus  banderas  el  féroz  enemigo  que  nos  com- 
bate y fuerza  aún  a los  extranjeros  a correr  a las  armas  para  borrarlo  con 
su  sangre.»  * i 1 ¡ 

Mediante  la  ley  de  mayo  de  1843,  quedó  autorizado  el  Poder  Ejecutivo 
para  comprar  20  leguas  y 50,000  animales  vacunos  con  destino  a los  legio- 
narios. 

Prosiguiendo  en  el  mismo  plan  de  estímulos  presentó  el  Gobierno  otro 
proyecto  que  no  alcanzó  a convertirse  en  ley,  por  el  cual  se  otorgaba  a 
los  españoles  incorporados  al  ejército  un  premio  de  20  cuadras  cuadrada! 
y 20  animales  vacunos,  y a los  emigrados  argentinos,  que  formaban  una  legión 
numerosa,  los  mismos  premios  que  habrían  de  acordarse  a los  nacionales  y 
facilidades  especiales  para  obtener  carta  de  ciudadanía. 

Los  legionarios  franceses  cambian  la  bandera  de  su  patria  por  la  uruguaya. 

A mediados  de  septiembre  de  18  43  apareció  en  la  puerta  del  Consulado 
de  Francia  un  aviso  por  el  cual  se  exigía  a los  legionarios  el  inmediato  des- 
arme y en  caso  negativo  el  abandono  de  la  bandera  e insignias  francesas. 

Simultáneamente  hacían  circular  el  Cónsul  Pichón  y el  Cónsul  de  Por- 
tugal Leitte,'  una  nota  que  debían  suscribir  todos  los  representantes  extran- 
jeros, en  la  que  se  proclamaba  la  imposibilidad  de  seguir  la  lucha  y se  lan- 
zaba la  idea  de  una  negociación  de  paz  con  Oribe. 

Fracasó  la  nota  colectiva  y entonces  se  dirigió  el  Cónsul  francés  al  Go- 
bierno de  Suárez  exigiendo  «que  las  insignias  con  los  colores  franceses  fue- 
ran inmediatamente  retiradas  al  cuerpo  organizado  en  el  mes  de  abril  úl- 
timo bajo  el  nombre  de  legionarios  franceses,  a pesar  de  las  reclamaciones» 
del  Consulado  «y  en  desprecio  de  las  leyes  de  la  Francia  y de  las  órdenes  de 
su  Gobierno». 

El  coronel  Thiébaut  se  apresuró  a publicar  una  orden  del  día  en  que 
decía: 

Cuando  «nos  dirigimos  al  señor  almirante  para  pedirle  ayuda  y protec- 
ción, no  nos  contestó  sino  proponiéndonos  una  fuga  vergonzosa».  Por  eso 
tomamos  las  armas.  El  Gobierno  francé^  ha  sido  engañado.  De  ahí  que  nos 
amenace  con  la  desnaturalización.  «No  os  dejéis  intimidar  por  amenazas... 
Calma,  firmeza,  unión  y confianza,  y llegaremos  a confundir  a los  que  nos 
han  calumniado  tan  bajamente  en  lugar  de  protegernos  como  lo  exigía  su 
deber». 

Pero  el  Ministro  de  Gobierno  don  Santiago  Vázquez  se  dirigió  al  coronel 
Thiébaut  para  advertirle  que  el  Cónsul  había  declarado  delante  del  almi- 
rante Massieu  de  Clerval  que  éste  tenía  órdenes  de  su  Gobierno  para  exigir 
«con  la  fuerza»  el  retiro  de  la  cucarda  francesa,  el  abandono  de  toda  deno- 
minación relativa  a la  nacionalidad  francesa  y asimismo  «de  toda  bandera 
ds  alguna  similitud  con  la  de  Francia».  Terminaba  don  Santiago  Vázquez 
haciendo  un  llamado  a la  prudencia  y a la  discreción  de  los  legionarios  ante 
una  situación  «tan  desagradable  y extraordinaria». 

Entonces  el  coronel  Thiébaut  resolvió  quitarle  todo  pretexto  al  Cónsul 
para  amenazar  al  Gobierno  uruguayo,  mediante  una  proclama  en  que  hablaba 
así  a los  legionarios: 

«El  Cónsul  ha  hablado  en  nombre  del  Rey:  súbditos  leales,  debemos 
obedecer...  Se  nos  niega  el  uso  de  nuestra  cucarda:  haremos  como  hizo  la 
guárdia  imperial:  la  colocaremos  sobre  el  corazón.  Nuestra  bandera  es  un 
obstáculo:  pleguémosla  hasta  tiempos  mejore^;  ya  la  hemos  visto  flotar  ante 
el  enemigo:  su  recuerdo  bastará  para  asegurar  nuestra  victoria.  El  nombre 
de  legión  francesa  causa  miedo  a Rosas;  tomaremos  el  nombre  de  volunta- 
rios; nuestros  golpes  dirán  sobradamente  a los  satélites  del  tirano  que  son 
lanzados  por  los  voluntarios  franceses.» 

Los  soldados  votaron  por  aclamación  esas  hermosas  decisiones  y minutos 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


127 


después  se  presentaba  ante  ellos  y ante  los  legionarios  italianos  el  Ministro 
de  la  Guerra  coronel  Pacheco,  para  decirles  que  los  adversarios  afirmaban 
rué  muchos  seguían  el  servicio  porque  no  había  quién  los  protegiese.  «Yo 
vengo  aquí,  agregó,  para  comprobar  o desmentir  ese  hecho.  Todos  los  que  de- 
seen dejar  el  servicio  pueden  hacerlo  ahora  mismo  y retirarse  bajo  la  se- 
guridad de  que  el  Gobierno  no  mirará  en  ello  una  ofensa;  antes  agradeciendo 
lo  que  han  hecho  hasta  ahora  les  concederá  la  más  especial  protección  y no 
permitirá  que  nadie  les  incomode  o vilipendie  por  este  paso». 

De  la  legión  francesa  nadie  contestó.  De  la  legión  italiana  once  sol- 
dados aceptaron  la  invitación  del  Ministro. 

Terminada  la  ceremonia  pasaron  los  jefes  y oficiales  a la  Casa  de  Go- 
bierno, para  saludar  al  Presidente  de  la  República,  sellándose  allí  el  gran 
acto  de  solidaridad  que  acababa  de  desarrollarse  en  las  trincheras. 

Garibaldi  fué  el  primero  en  hacer  uso  de  la  palabra.  «Yo  soy  un  pros- 
cripto, dijo...  He  adoptado  aquí  y en  todqs  partes  la  causa  de  la  libertad 
y1  de  la  civilización  y combatiré  por  ella  en  esta  República  con  el  mismo  in- 
terés y decisión  con  que  lo  haría  por  mi  patria». 

«Desde  que-  tomamos  las  armas  en  esta  lucha  de  libertad,  habló  a su 
turno  el  coronel  Thiébaut,  lo  hicimos  resueltos  a no  dejarlas  de  la  mano 
hasta  terminarla  con  gloria.» 

Contestó  don  Santiago  Vázquez,  Ministro  de  Gobierno  y Relaciones  Ex- 
teriores. 

«En  esta  lucha  a favor  de  la  civilización  y de  la  humanidad,  dijo,  cuenta 
el  Gobierno  como  una  de  sus  grandes  satisfacciones  haber  presenciado  ese 
pronunciamiento  heroico  de  vuestra  legiones . . . Ese  pronunciamiento,  seño- 
res, que  será  conducido  de  boca  en  boca  en  vuestro  honor  y gloria  y en  alas 
de  la  Fama  hasta  la  más  remota  posteridad,  que  formará  en  la  historia  una 
página  de  oro,  una  página  de  libertad,  civilización  y progreso.» 

Don  Manuel  Herrera  y Obes  se  encargó  a su  vez  de  glorificar  a los 
legionarios  en  estos  términos  desde  la  tribuna  parlamentaria: 

«Los  habitantes  de  esta  población  han  presenciado  ayer  un  espectáculo 
de  rara  originalidad  por  su  espontaneidad  y magnánimo  resultado.  Una  po- 
blación extranjera  venida  a nuestro  país  por  los  encantos  que  él  presenta 
al  hombre  industrioso,  se  hallaba  envuelta  en  todos  los  males  de  una  guerra 
bárbara  y sin  freno  por  un  concurso  cruel  de  circunstancias  desgraciadas. 
Amenazados  en  las  franquicias  y goces  que  les  aseguran  nuestras  leyes,  nues- 
tros principios  políticos  y locales  y la  dulzura  de  nuestra  Constitución,  se 
vieron  obligados  a tomar  un  fusil  y colocarse  al  lado  de  nuestros  soldados 
para  compartir  con  ellos  sus  fatigas  y peligros  y defenderse,  defendiendo  la 
independencia  y la  libertad  de  la  República.  Sin  embargo,  orgullosos  de  su 
nacionalidad,  idólatras  de  las  glorias  y de  los  intereses  de  su  patria,  no  qui- 
sieron marchar  al  combate  sino  alentados  por  su  himno  guerrero  y por  los 
colores  heroicos  de  esa  Nación  que  por  más  de  veinte  años  ha  tenido  en  sus 
manos  los  destinos  de  todo  un  mundo  y legado  a la  historia  las  más  bellas 
páginas.  Somos  franceses,  dijeron,  y queremos  vencer  o morir  como  france- 
ses». Pero  obligados  ahora  por  las  autoridades  de  su  país  a dejar  las  armas 
o en  su  defecto  las  insignias  y colores  de  la  nación  francesa,  «desguarnecen 
los  morriones,  enrollan  sus  pendones  y colocando  aquellos  colores  queridos 
en  sus  pechos,  marchan  a ocupar  sus  puestos». 

Signe  la  escuadra  francesa  amenazando,  pero  el  Gobierno  de  la  Defensa 

no  cede. 

Parecía  terminado  el  incidente.  Pero  el  Cónsul  y el  almirante  francés, 
que  lo  que  buscaban  era  el  licénciamiento  efectivo  de  los  legionarios,  vol- 
vieron a insistir. 

«En  nombre  del  Rey,  decían  en  un  bando  de  mediados  de  diciembre, 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


se  previene  a todos  los  franceses  residentes  en  Montevideo,  que  han  tomado 
las  armas  para  la  defensa  de  esta  ciudad  en  los  cuerpos  organizados  en  el 
mes  de  ábril,  que  las  dejen  inmediatamente.  No  les  pertenece  comprometer 
su  posición  y el  nombre  de  la  Francia  tomando  parte  y haciendo  causa  con 
un  Gobierno  extranjero.» 

Con  el  propósito  de  tranquilizar  a sus  connacionales  publicaban  a la 
vez  una  carta  de  Oribe  en  respuesta  a otra  del  almirante,  ofreciendo  respetar 
la  vida  y los  intereses  de  los  franceses. 

En  términos  más  contundentes  se  dirigieron  al  Gobierno  de  Suárez.  El 
Cónsul  Pichón  exigía  en  su  nota  «el  licénciamiento  inmediato  de  todos  los 
residentes  franceses  que  han  tomado  las  armas...  sin  que  por  ningún  pre- 
texto les.  sea  posible  conservarlas  o volverlas  a tomar».  Precisando  luego 
el  alcance  de  esta  nota  exigía  que  una  vez  efectuado  el  licénciamiento,  no 
fueran  admitidos  los  licenciados  en  los  cuarteles,  porque  el  Gobierno  francés 
les  prohibía  tomar  las  armas  ya  fuera  a pedido  de  las  autoridades  orientales, 
ya  fuera  por  iniciativa  espontánea  de  los  soldados.  A su  turno  el  almirante 
advertía  al  Ministerio  que  si  de  inmediato  no  eran  atendidas  las  exigencias 
del  Cónsul,  recurriría  a la  fuerza  para  darles  cumplimiento  de  acuerdo  con 
las  instrucciones  recibidas  de  su  Gobierno. 

El  Ministro  de  la  Guerra  reunió  a los  legionarios  en  la  Plaza  Cagancha 
y les  previno  que  si  querían  licenciarse  podían  hacerlo  libremente.  Nadie 
aceptó  la  indicación,  y entonces  el  coronel  Thiébaut  proclamó  así  a sus  sol- 
dados: 

«No  osando  ya  dirigirse  a nosotros  el  Cónsul  señor  Pichón,  reclama  hoy 
del  Gobierno  oriental  el  licénciamiento  de  la  legión...  Un  almirante  de 
Francia  no  ha  temido  ir  a implorarle  a Oribe  una  anmistía  para  nosotros. 
Más  altivos  y más  consecuentes  que  él,  no  aceptamos  sino  los  azares  de  un 
combate  o una  protección  honrosa,  fuerte  e imponente,  que  mande  y no 
pida.» 

Pocas  horas  después  se  daba  a la  prensa  una  nota  oficial  en  la  que  se 
decía  que  el  Cónsul  de  Francia  había  pedido  sus  pasaportes  y se  había  reti- 
rado con  todo  el  personal  de  su  dependencia  a título  de  que  el  Gobierno  no 
accedía  «a  una  petición  injusta  y entablada  del  modo  más  irritante,  amena- 
zando con  la  fuerza  y negándose  a toda  discusión». 

Pasados  los  antecedentes  a la  Asamblea  declaró  ésta  su  absoluta  soli- 
daridad con  la  enérgica  actitud  del  Poder  Ejecutivo. 

«El  pueblo  oriental,  dijo  el  senador  Sagra  al  fundar  su  voto,  es  idó- 
latra de  su  libertad  y ha  derramado  mucha  sangre  para  salvarla  y sostener 
sus  derechos  como  Nación  independiente.  Los  orientales  no  reconocen  otra 
voluntad  que  la  de  la  ley  y no  han  podido  ver  con  calma  la  lectura  de  esas 
piezas  oficiales  que  nos  presentan  humillantes  demandas  del  Rey  de  los 
franceses.» 

Los  legionarios  franceses  adquieren  la  ciudadanía  e ingresan  a la  Guardia 

Nacional. 

Quedó  momentáneamente  paralizado  el  conflicto  a la  espera  del  arribo 
de  otro  almirante  francés,  cuya  llegada  estaba  anunciada. 

El  nuevo  almirante,  Mr.  Lainé,  llegó  en  marzo  de  1844  y en  el  acto 
reiteró  la  orden  de  disolución  expedida  por  su  antecesor. 

Los  franceses  se  reunieron  y'  volvieron  a expresar  su  firme  propósito 
de  no  abandonar  las  armas  y esa  actitud  dió  mérito  a que  Lainé  dirigiera 
al  Gobierno  un  ultimátum  expresando  que  si  en  el  plazo  perentorio  de 
48  horas  no  se  había  procedido  al  licénciamiento,  se  reputaría  tal  omisión 
como  un  acto  de  hostilidad  entre  los  dos  países  y la  escuadra  «obraría  en 
consecuencia». 

Llegadas  las  cosas  a tan  grave  extremo  celebraron  una  nueva  asamblea 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


129 


los  legionarios  y en  ella  resolvieron  acceder  a la  disolución  como  medio  de 
evitar  al  Uruguay  una  guerra  con  la  Francia. 

Dirigiéronse  en  seguida  al  parque  y entregaron  sus  armas.  Pero  una 
vez  desarmados  volvieron  a reunirse  y firmaron  una  nueva  declaración  por 
la  que  renunciaban  «a  la  protección  que  les  ofrecía  el  pabellón  de  la  Fran- 
cia» y pedían  al  Gobierno  oriental  que  los  colocara  «baje  la  protección  de 

la  bandera  de  la  República  como  ciudadanos»  y les  permitiera  enrolarse  «en 

sus  filas  para  el  sostén  de  la  causa  que  ella  defiende». 

Y así  quedó  solucionado  el  conflicto.  El  Gobierno  de  Suárez  acordó  la 

ciudadanía  con  cargo  de  dar  cuenta  al  Cuerpo  Legislativo  y constituyó  con 
los  legionarios  franceses  un  nuevo  cuerpo  bajo  el  nombre  de  Segunda  Legión 
de  Guardias  Nacionales,  a órdenes  de  su  mismo  jefe  el  coronel  Thiébaut. 
Por  su  parte  el  almirante  Lainé  pasó  una  nota  dándose  por  satisfecho  con 
el  decreto  de  disolución. 

El  Cuerpo  Legislativo  ratificó  el  otorgamiento  de  la  ciudadanía  en  me- 
dio de  grandes  manifestaciones  de  entusiasmo  que  el  senador  don  Miguel 
Barreiro  exteriorizó  así: 

«La  Representación  Nacional  encuentra  las  mismas  dificultades  que  el 
Poder  Ejecutivo  para  calificar  como  corresponde  el  estupendo  acto  por  el  que 
estos  hombres  ilustres,  en  la  opción  entre  el"  reposo  y la  gloria,  aceptando 
todos  los  peligros  de  la  época  han  solicitado  su  naturalización  en  la  Repú- 
blica con  el  solo  fin  de  adquirir  el  derecho  de  servir  en  la  defensa  de  la 
causa  que  ella  actualmente  sostiene,  de  llenar  el  deber  militar  que  la  ciu- 
dadanía impone.  Acto  prodigiosamente  sublime,  de  una  heroicidad  sin  ejem- 
plo, única,  absolutamente  nueva  en  su  género  y que  atraerá  perpetuamente 
sobre  sí  la  admiración  universal  y en  el  Estado  el  testimonio  permanente 
de  la  gratitud  pública.» 

Quedaban,  pues,  con  las  armas  en  la  mano  los  tres  mil  franceses  y que- 
daba libre  la  plaza  del  verdadero  atentado  con  que  amagaba  la  escuadra 
bajo  forma  de  bombardeo  o de  bloqueo:  verdadero  atentado,  sí,  porque  los 
legionarios  desde  el  día  en  que  hicieron  abandono  de  la  bandera  y de  las 
insignias  de  su  nacionalidad  de  origen,  ya  estaban  bajo  la  única  protección 
de  la  bandera  oriental  y fuera  en  consecuencia  de  la  jurisdicción  del  Cónsul 
y de  la  escuadra. 

Hay  que  agregar  que  el  alma  de  todo  este  extraordinario  movimiento  que 
empieza  con  la  organización  de  la  legión  francesa,  que  continúa  con  el  cam- 
bio de  bandera  y'  que  culmina  con  el  pedido  de  naturalización,  fué  el  Ministro 
de  la  Guerra  coronel  Pacheco  y Obes.  Ningún  otro  hombre  hubiera  podido 
provocar  esa  serie  de  hechos  enormes,  que  por  sí  solos  constituyen  una  gloria 
de  la  Defensa.  Era  necesario  su  gran  ascendiente  sobre  las  tropas  y el  formi- 
dable poder  comunicativo  de  entusiasmos  que  lo  caracterizaba,  para  obtener 
que  la  colonia  francesa  que  había  inmigrado  en  busca  de  trabajos  renume- 
radores, plegara  su  bandera  y se  hiciera  colonia  militar  para  vivir  en  la 
miseria,  porque  úna  ración  miserable  era  todo  lo  que  el  Gobierno  de  la  De- 
fensa podía  ofrecer  a sus  soldados  y lo  único  que  efectivamente  les  daba. 


* ¥ 


CAPITULO  VIII 

LA  LUCHA  MILITAR  EN  LA  CAMPAÑA 
Victorias  de  Rivera. 

Mientras  la  plaza  de  Montevideo  sostenía  la  lucha  de  guerrillas  a que 
la  reducía  la  actitud  invariablemente  pasiva  del  ejército  sitiador,  Rivera 
proseguía  la  organización  de  sus  caballerías,  obtenía  triunfos  de  importan- 
cia en  Maldonado,  Minas,  Soriano,  Salto  y dominaba  realmente  en  el  resto 
de  la  campaña. 

A mediados  de  mayo  de  184  3 avanzó  con  el  grueso  de  su  ejército  sobre 
las  líneas  sitiadoras,  resuelto  a batirse  si  salían  a su  encuentro  las  caballe- 
rías, pero  a retrogradar  si  tenía  que  habérselas  con  la  infantería.  Así  se  lo 
decía  al  Presidente  Suárez  en  un  .primer  oficio  datado  en  el  Pantanoso,  a 
dos  horas  de  marcha  de  la  plaza,  después  de  haber  cruzado  el  Santa  Lucía 
a la  altura  del  paso  de  San  Ramón.  En  un  segundo  oficio  daba  cuenta  de  que 
las  caballerías  de  Oribe  habían  recibido  un  refuerzo  de  infantería  y artille- 
ría y que  como  sus  soldados  sólo  disponían  de  lanzas  se  veía  obligado  a re- 
trogradar. 

La  aproximación  del  ejército  de  Rivera,  aunque  fugaz,  dió  lugar  a gran- 
des esperanzas. 

«Cuando  el  triunfo  de  la  causa  nacional  que  ya  alborea,  escribía  en  tal 
oportunidad  el  Ministro  de  la  Guerra  a Rivera,  brille  espléndido,  aumentando 
las  glorias  de  esta  patria,  el  Gobierno  que  la  preside  llenará  el  más  grato  y 
sagrado  de  sus  deberes  recordando  a la  gratitud  de  la  Nación  los  jefes,  ofi- 
ciales y soldados  que  Vuestra  Excelencia  recomienda  como  todos  los  demás 
de  la  República  que  en  la  crisis  espantosa  que  fenece  han  llenado  noble- 
mente su  deber.» 

Algunas  semanas  después  alcanzaba  Rivera  una  importante  victoria  en 
los  campos  de  Solís  sobre  la  vanguardia  del  general  Ignacio  Oribe  compuesta 
de  1,000  hombres  a órdenes  del  coronel  argentino  José  María  Flores.  La 
fuerza  atacada,  según  el  parte  oficial  de  Rivera,  experimentó  una  pérdida 
de  700  hombres  entre  muertos,  heridos,  prisioneros  y dispersos. 

Alentado  por  su  victoria  avanzó  de  nuevo  Rivera  sobre  las  líneas  del 
ejército  sitiador,  siguiendo  a las  caballerías  de  Oribe  que  se  replegaban,  has- 
ta acampar  en  el  pastoreo  de  Pereyra,  a la  vista  del  Cerro.  Desde  ese  jmnto 
en  que  permaneció  por  breves  horas,  anunció  al  Ministro  de  la  Guerra  que 
había  logrado  interponerse  «entre  el  ejército  sitiador,  a las  órdenes  de  don 
Manuel  Oribe»  situado  en  las  inmediaciones  del  Cerrito,  «y  el  de  operaciones 
o de  caballería  a las  órdenes  de  don  Ignacio  Oribe»  formado  en  el  Rincón  de 
Melilla;  pero  que  no  pudiendo  seguir  a este  último  que  continuaba  su  replie- 
gue en  busca  de  la  protección  de  la  infantería,  había  resuelto  retirarse  a 
Toledo  y al  Colorado. 

En  esos  mismos  momentos  una  de  las . divisiones  de  Rivera,  a órdenes 
del  coronel  Venancio  Flores,  derrotaba  y dispersaba  £ las  fuerzas  del  gene- 
ral Angel  Núñez  en  el  departamento  de  la  Colonia. 

El  ejército  de  Oribe,  dice  Whrigt,  quedó  reducido  a laJ(  faja  contenida 
entre  Las  Piedras  y el  Cerrito  y entre  el  río  Santa  Lucía  y el  Buceo,  cortado 
en  sus  comunicaciones  y sus  víveres  por  las  caballerías  de  Rivera. 

De  la  situación  angustiosa  de  los  sitiadores  instruye  este  oficio  de  don 
Manuel  Oribe  al  general  Núñez: 

«Julio  11  de  1843.  Usted  obre  como  las  circunstancias  se  lo  aconsejen 
en  la  inteligencia  de  que  el  ganado  es  su  primera  atención,  porque  el  ejér- 
cito no  tiene  qué  comer.» 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


131 


Invade  Urquiza.  Los  comienzos  de  la  campaña  son  favorables  a Rivera. 

Oribe  pidió  entonces  ayuda  a Rosas  y éste  envió  un  nuevo  ejército  de 
tres  mil  hombres  al  mando  de  Urquiza,  que  cruzá  el  Uruguay  en  julio  de 
1843,  obligando  a Rivera  a cambiar  de  plan  y a retirarse  al  interior  del  país 
en  observación  de  los  movimientos  del  invasor. 

En  el  curso  de  esta  nueva  campaña  las  divisiones  del  ejército  de  Rivera, 
a cargo  de  los  coroneles  Flores,  Estivao,  Silva  y Centurión,  obtuvieron  va- 
rios triunfo^  sobre  las  fuerzas  de  los  generales  Urquiza  y Servando  Gómez. 
Pero  luego  sufrieron  un  serio  contraste  que  las  obligó  a buscar  refugio  en  el 
Brasil,  donde  permanecieron  hasta  que  el  grueso  del  ejército  marchó  en 
busca  de  ellas  y obtuvo  ,su  reincorporación  en  India  Muerta. 

Rivera,  que  logró  por  ese  medio  reunir  2,500  hombres,  se  puso  en  mar- 
cha sobre  el  ejército  del  general  Servando  Gómez,  compuesto  de  1,400  hom- 
bres, inflingiéndole  en  San  Miguel  una  derrota  tan  completa  que,  según 
su  parte  oficial  al  Ministerio  de  la  Guerra,  el  jefe  oribista  tuvo  que  abandonar 
el  campo  de  batalla  seguido  de  200  soldados  solamente. 

Las  comunicaciones  de  Rivera  llegaron  a Montevideo  juntamente  con 
otras  del  coronel  Bernardino  Báez  anunciando  la  ocupación  del  Departa- 
mento de  Paysandú  por  las  fuerzas  a sus  órdenes. 

«Se  acercan,  pues,  los  días  de  paz,  de  gloria,  de  prosperidad»,  decía  a 
fines  de  enero  de  •1844(  el  Jefe  Político  don  Andrés  Lamas,  al  ordenar  el 
embanderamiento  y la  iluminación  de  la  ciudad. 

El  combate  del  Yi  y la  batalla  de  India  Muerta. 

Esos  festejos  coincidieron  con  un  nuevo  y sangriento  combate  en  las 
puntas  del  Yi  entre  el  ejército  de  Rivera,  reducido  a 1,900  hombres  por  estar 
en  comisión  algunas  de  las  divisiones,  y el  ejército  de  Urquiza  fuerte  de 
2,500  soldados. 

Rivera  se  atribuía  la  victoria  en  carta  al  coronel  Fortunato  Silva.  Pero 
Urquiza  la  reivindicaba  para  su  ejército  en  el  parte  a Oribe,  con  el  agregado 
de  que  sus  adversarios  habían  sufrido  una  baja  de  250  muertos  y 63  pri- 
sioneros. Según  otras  versiones,  las  más  probables,  los  dos  combatientes  re- 
trogradaron igualmente  descalabrados. 

Quince  días  antes  del  combate  había  comunicado  Rivera  al  Ministro  de 
la  Guerra  desde  India  Muerta  que  tenía  4,0  96  hombres,  sin  contar  las  di- 
visiones de  los  coroneles  Báez  y Camacho  y otras  fuerzas  destacadas  en  dir 
versos  departamentos.  Si  en  vez  de  desprendersé  de  algunas  de  las  divisio- 
nes agrupadas  con  tanto  trabajo  hubiera  marchado  al  frente  de  todas  ellas  sobre 
Urquiza,  el  triunfo  habría  sido  suyo,  y entonces  toda  la  campaña  habría 
quedado  en  manos  del-  Gobierno  de  la.  Defensa.  Desgraciadamente  cometió 
el  error  de  reducirse  en  el  momento  del  ataque  a la  mitad  de  sus  efectivos 
y pagó  ese  error  con  el  descalabro  de  sus  fuerzas. 

Ya  en  septiembre  del  año  anterior  se  había  dirigido  al  encuentro  de 
Urquiza  hasta  alcanzarlo  a la  altura  de  Cagancha,  en  los  mismos  instantes 
en  que  una  fuerza  de  infantería  y caballería  que  Oribe  tenía  destacada  en  las 
inmediaciones  de  los  Cerrillos,  marchaba  en  protección  de  las  caballerías 
entrerrianas.  Pero  ante  esa  incorporación  que  alteraba  la  equivalencia  de  los 
combatientes,  resolvió  desistir  de  su  intento  y replegarse  al  Arroyo  de  la 
Virgen,  según  se  encargó  él  mismo  de-  comunicarlo  al  Ministerio  de  la  Guerra. 

Rivera  no  había  ocultado  sus  planes  y tal  fué  otro  de  sus  graves  errores 
en  esta  campaña.  Antes  de  finalizar  el  año  1843  proclamó  efectivamente  a 
sus  soldados  desde  su  cuartel  general  en  el  Tacuarembó  Grande  para  de- 
cirles que  había  llegado  el  momento  de  avanzar  en  dirección  al  campo  si- 
tiador. 

«La  valiente  guarnición  de  Montevideo,  decía  en  su  proclama,  nos  es- 


132 


ANALES  HISTÓRICOS  BEL  TjRTJGÜAY 


pera  con  ansias,  porque  ella  también  anhela  por  nn  combate  a muerte  con  h>s 
enemigos  de  la  patria,  y no  bien  vuestras  lanzas  aparecerán  en  las  cuchillas 
de  Las  Piedras,  cuando  aquellos  ilustres  compañeros  empujarán  delante  de 
sí  a los  esclavos  que  los  cercan,  y entonces  en  un  solo  "esfuerzo,  en  una  misma 
hora,  sobre  un  mismo  campo,  se  alzará  un  grito  de  victoria  y esta  tierra  de 
libertad  será  para  siempre  fecundada  con  sangre  de  tiranos.» 

Era  natural,  pues,  que  Urquiza  y Oribe  se  prepararan  con  tiempo  para  obs- 
taculizar el  avance,  ayudados  poderosamente  en  la  tarea  por  el  propio  Ri- 
vera que  en  vez  de  robustecer  sus  fuerzas,  las  iba  fraccionando  y debilitando 
en  el  curso  de  la  marcha. 

Una  de  esas  divisiones,  la  de  los  coroneles  Venancio  Flores  y Jacinto 
Estivao,  desprendida  del  grueso  del  ejército  en  la  víspera  de  la  batalla  del 
Yi,  recorrió  como  un  rayo  la  campaña,  penetró  en  la  línea  de  los  sitiadores 
y vino  a acampar  en  las  faldas  del  Cerro  en  febrero  de  1844. 

Obligado  a retroceder  después  del  combate  del  Yi  trató  Rivera  de  co- 
locarse en  condiciones  de  atacar  a Urquiza  con  mayores  probabilidades  de 
éxito. 

En  julio  de  1844  escribía  al  Ministro  Pacheco  y Obes  desde  el  Rin- 
cón de  las  Gallinas  que  su  ejército  no  bajaba  de  6,000  hombres,  en  gran 
parte  desnudos  porque  sólo  había  recibido  2,000  vestuarios;  que  las  fuerzas 
de  Urquiza  no  alcanzaban  a 5,000  hombres,  y que  él  esperaba  entrar  pronto 
en  operaciones  con  ánimo  de  acabar  la  guerra. 

Tres  meses  después  comunicaba,  desde  su  nuevo  campamento  en  Ace- 
guá,  que  estaba  al  frente  de  5,300  hombres  y que  otras  de  sus  divisiones 
maniobraban  en  la  campaña. 

Con  parte  de  ese  ejército  atacó  sin  éxito  a Cerro  Largo  defendido  por 
Dionisio  Coronel. 

«La  horda  pardejuna  representa  cuatro,  mil  bultos»,  escribía  Dionisio 
Coronel  a Urquiza.  Arrastra  en  pos  de  sí,  agregaba,  un  convoy  de  más  de  200 
carretas  en  las  que  va  un  conjunto  de  familias  compuestas  de  6,000  almas. 

En  cambio  la  división  del  coronel  Bernardino  Báez  atacó  y tomó  la 
plaza  del  Salto. 

Bajo  buenas  perspectivas  se  abría,  pues,  la  campaña  de  1845. 

«Nuestro  ejército,  decía  don  Joaquín  Suárez  al  abrir  las  sesiones  ordina- 
rias de  la  Asamblea,  regido  por  el  varón  eminente  de  esta  patria,  por  el  ge- 
neral don  Fructuoso  Rivera,  ha  alcanzado  ventajas  repetidas  y famosas.  Él 
ha  paralizado  todo  el  poder  de  nuestros  enemigos.  Hace  tres,  años  que  ese 
ejército  y su  ínclito  caudillo  están  en  campaña  sin  tomar  cuarteles.  Hace 
tres  años  que  pelean  y vencen.  Hace  tres  años  que  tienen  por  cama  las  fal- 
das de  nuestras  cuchillas  y por  techo  el  mismo  cielo  de  la  patria  que  han 
jurado  libertar.» 

Rivera,  que  estaba  resuelto  a dar  un  batalla  decisiva,  se  encontró  final- 
mente con  Urquiza  en  los  campos  de  India  Muerta,  al  finalizar  el  mes  de 
marzo  de  ese  mismo  año. 

Según  el  parte  de  Urquiza  a Oribe  el  ejército  del  pardejón  (calificativo 
que  Rosas  aplicaba  a Rivera,  no  obstante  que  éste  descendía  de  una  de  las 
principales  familias  blancas  del  coloniajé)  se  componía  de  «4,500  bultos»  y 
el  suyo  de  «3,000  valientes».  Todos  los  informes  de  la  época  están  contestes 
en  que  Rivera  se  había  desprendido  de  parte  de  sus  fuerzas  en  la  creencia 
de  que  el  ejército  enemigo  sólo  constaba  de  2,000  hombres.  Y fué  por  efecto 
de  ello,  sin  duda  alguna,  que  la  suerte  de  las  armas  le  resultó  adversa. 

Véase  cómo  explicaba  el  desastre  uno  de  los  oficiales  de  Rivera  en  carta 
que  publicó  la  prensa  de  Montevideo: 

«La  línea  oriental  tenía  una  forma  de  martillo.  Llegado  el  momento  de 
cargar  nuestra  derecha  y centro  lo  hicieron  con  bizarría,  arrollando  y destru- 
yendo cuanto  encontraron  a su  frente.  En  cambio  nuestra  izquierda,  por 
efecto  de  un  movimiento  falso,  mal  ejecutado  e incomprensible,  se  envolvió 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


133 


de  una  manera  tan  completa  que  no  pudo  formarse  para  pelear,  y los  enemi- 
gos aprovechando  esa  circunstancia,  la  cargaron  con  rapidez  y con  tesón 
y la  arrojaron  en  gran  desorden  sobre  nuestra  reserva,  que  también  fué 
envuelta  en  el  torbellino  sin  haber  peleado  absolutamente.  Declarada  la  de- 
rrota de  nuestra  izquierda  casi  todas  las  fuerzas  enemigas  cargaron  a las 
del  centro  y derecha  que  todavía  vencían  con  Rivera  a la  cabeza,  pero  que 
no  pudieron  resistir  el  nuevo  ataque  y tuvieron  que  retirarse.» 

En  su  parte  oficial  expresaba  Urquiza  a Oribe  que  el  ejército  de  Rivera 
había  tenido  «800  cadáveres  y como  350  prisioneros»,  habiendo  bastado 
«dos  horas  para  el  completo  anonadamiento  de  los  salvajes  unitarios».  Una 
nota  final,  puesta  al  pie  del  mismo  parte,  elevaba  el  monto  de  las  bajas  de 
Rivera  a 1,000  muertos  y 500  prisioneros.  Otras  comunicaciones  oficiales  de 
Urquiza  a Oribe  mantenían  el  número  de  muertos  en  1,000,  pero  hacían  su- 
bir el  de  prisioneros  a 700,  agregando  que  las  bajas  del  ejército  vencedor 
sólo  consistían  en  32  muertos  y 115  heridos. 


Rivera  emigra  al  Brasil. 

Producida  la  derrota  empezó  la  persecución,  una  persecución  tenaz  que 
arrojó  al  teritorio  brasileño,  por  las  fronteras  de  Santa  Teresa  y Yaguarón, 
más  de  2,000  soldados  fugitivos,  según  la  carta  que  acabamos  de  extractar. 
El  general  Anacleto  Medina,  que  estaba  en  La  Paloma  cumpliendo  una  co- 
misión de  Rivera,  una  vez  enterado  del  desastre  se  puso  en  marcha  rumbo 
a Río  Grande  para  asumir  la  jefatura  de  los  grupos  que  corrían  en  esa  direc- 
ción. 

Rivera  que  también  había  cruzado  la  línea  fronteriza  al  frente  de  uno 
de  los  grupos  se  dirigió  en  el  acto  al  barón  de  Caxías,  Presidente  de  la  Pro- 
vincia de  Río  Grande,  para  comunicarle  su  derrota. 

«Un  revés,  le  decía,  de  los  que  no  son  extraños  en  la  carrera  de  las  ar- 
mas, que  sufrió  el  ejéróito  a mis  órdenes,  en  el  día  27  del  pasado  en  los  cam- 
pos de  la  India  Muerta,  ocasionó  después  otros  acontecimientos  y fui  forzado 
por  el  enemigo  a pasar  para  acá  de  la  línea  de  la  frontera  y presentarme  con 
varios  de  mis  compañeros  a las  autoridades  imperiales,  que  nos  han  dado  su 
protección.» 

Juntamente  con  los  dispersos  de  India  Muerta  pasó  al  Brasil  o quedó 
en  la  frontera,  en  la  más  desesperante  condición,  el  convoy  de  familias  que 
había  vivido  bajo  la  protección  de  las  fuerzas  de  Rivera.  «5,000  entre  ma- 
dres, esposas  e hijos  menores»,  decía  «El  Constitucional»  a mediados  de  1845, 
sufren  en  Río  Grande  los  rigores  de  la  miseria!  Antes  de  finalizar  el  año 
volvió  «El  Constitucional»  a ocuparse  de  esas  familias.  «Se  parte  el  cora- 
zón de  dolor  — decía  - — al  oir  el  relato  que  testigos  oculares  han  hecho 
tantas  veces  del  lamentable  estado  de  nuestra  emigración  de  ambos  sexos, 
y atemoriza  o conmueve  la  imagen  sola  del  cuadro  doloroso  que  ofrecen  aque- 
llas infelices  gentes  tan  diezmadas  por  la  miseria,  tan  trabajadas  por  los 
sufrimientos  de  todo  género  y tan  abatidas  por  la  prolongación  de  disgustos 
y penalidades  acerbas». 

De  todas  las  divisiones  del  ejército  de  Rivera  sólo  quedaba  en  pie  la  del 
coronel  Brígido  Silveira  en  los  departamentos  de  Minas  y Maldonado;  y esa 
obtuvo  algunos  triunfos  al  finalizar  el  año  1845. 

El  coronel  Venancio  Flores  se  propuso  agrupar  a los  dispersos  de  India 
Muerta  que  vagaban  al  Norte  del  Río  Negro.  Con  una  docena  de  hombres 
desembarcó  en  el  Rosario  y desde  allí  cruzó  el  teritorio  arrastrando  siempre 
gente  hasta  formar  una  división  de  cerca  de  1,000  hombres  que!  debía  en- 
tregar al  general  Medina,  residente  en  el  Brasil,  pero  que  no  pudo  hacerlo 
en  razón  de  haber  tenido  que  emigrar  él  también  por  falta  dé  material  de 
guerra  y de  una  herida  recibida  en  el  curso  de  su  heroica  empresa. 


134 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


La  campaña  podía  darse,  en  consecuencia,  por  terminada  y Urquiza  se 
apresuró  a ponerse  en  marcha  para  Entre  Ríos. 

«Al  dejar  este  Estado  — escribía  a Oribe  en  noviembre  de  1845  — 
tengo  el  placer  de  presentar  a Vuestra  Excelencia  su  campaña  libre  de  sal- 
vajes unitarios  en  su  totalidad,  lo  que  hace  ya  innecesaria  mi  permanencia 
en  ella.» 


El  Gobierno  de  la  Defensa  rompe  con  Rivera, 

La  noticia  del  desastre  de  India  Muerta  produjo  una  impresión  enorme 
en  Montevideo.  Todo  el  mundo  juzgaba  que  la  resistencia  era  ya  imposible. 

Don  Santiago  Vázquez,  Ministro  de  Gobierno  y Relaciones  Exteriores 
a la  sazón,  «reconociendo  que  todo  estaba  perdido»,  propuso  en  una  reunión 
de  notables  «apelar  a los  representantes  de  los  Estados  interventores  y entre- 
garles la  ciudad,  adquiriendo  de  ellos  garantías  para  las  personas  y pro- 
piedades de  todos  los  comprometidos  políticos  en  la  guerra  terminada». 

Así  lo  ha  escrito  uno  de  los  testigos  más  autorizados  de  la  época,  don 
Manuel  Herrera  y Obes. 

Felizmente  para  el  Gobierno  de  la  Defensa  al  mismo  tiempo  que  así 
desaparecía  el  ejército  de  Rivera  llegaba  al  Río  de  la  Plata  una  misión  fran- 
co - inglesa  con  instrucciones  para  imponer  la  paz,  y,  en  su  defecto,  para 
abrir  hostilidades  contra  Rosas. 

Dentro  del  nuevo  plan  no  había  acomodo  para  Rivera  y los  proceres 
de  la  Defensa  resolvieron  sacrificarlo. 

Rivera  había  pasado  de  Río  Grande  a Río  de  Janeiro  siguiendo  las  in- 
dicaciones del  barón  de  Caxías,  y al  llegar  a su  nuevo  destino  fué  arrestado 
a pretexto  de  viejas  vinculaciones,  con  la  revolución  de  Río  Grande  que  aca- 
baba de  terminar.  Eso  facilitaba  su  acción  al  Gobierno  de  la  Defensa. 

Por  decreto  de  agosto  de  1845  quedó  «suprimida  la  dirección  de  la  guerra 
confiada  al  entonces  General  en  Jefe  de  los  Ejércitos  de  la  República»  — 
decía  el  Presidente  Suárez  refiriéndose  a Rivera  — y nombrado  al  general 
Anacleto  Medina  «jefe  del  ejército  en  campaña»  bajo  la  dirección,  «en  los 
puntos  cardinales  del  Gobierno  por  medio  del  Ministerio  de  la  Guerra». 

El  decreto  invocaba  la  nueva  situación  creada  por  la  intervención  fran- 
co-inglesa; el  hecho  de  estar  «fuera  del  territorio  todos  los  jefes  del  ejér- 
cito en  campaña»;  y la  necesidad  de  concentrar  las  operaciones  militares 
en  Montevideo. 

Pocos  días  después  se  dirigía  el  Ministro  de  Gobierno  y Relaciones  Ex- 
teriores al  plenipotenciario  oriental  en  Río  de  Janeiro,  don  Francisco  Ma- 
gariños,  para  comunicarle  la  destitución  de  Rivera  y el  nombramiento  de 
Medina.  Decíale  también  que  el  Gobierno  no  podía  aceptar  el  agravio  que 
significaba  el  arresto  de  Rivera;  pero  que  el  regreso  del  arrestado  «sería 
una  aventura  impolítica»,  salvo  que  el  Brasil  le  diera  elementos  de  guerra  y 
con  ellos  se  presentara  en  Río  Grande,  en  cuyo  caso  se  le  ^conferiría  «una 
ocupación  digna  de  su  rango».  Precisando  luego  el  alcance  de  tales  palabras, 
declaraba  el  Gobierno  que  Rivera  no  podía  regresar  al  territorio  de  la  Re- 
pública sin  autorización  expresa  del  Ministerio  de  la  Guerra.  Era,  en  conse- 
cuencia, un  verdadero  decreto  de  proscripción. 


Campañas  de  Garibaldi. 

Sobre  la  base  de  la  valiosa  ayuda  de  la  escuadra  franco  - inglesa  re- 
solvió el  Gobierno  de  la  Defensa,  en  agosto  de  1845,  reconquistar  todos  los 
puertos  del  Uruguay  ocupados  por  el  ejército  de  Oribe. 

Fueron  embarcados  con  ese  objeto  en  la  escuadrilla  oriental  al  mando 
de  Garibaldi  y en  varios  barcos  de  la  escuadra  franco  - inglesa  la  legión  ita- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


135 


liana,  un  batallón  de  guardias  nacionales  a cargo  del  coronel  Lorenzo  Batlle 
y otras  fuerzas. 

La  primera  plaza  atacada  fué  la  de  la  Colonia.  Garibaldi  la  tomó  des- 
pués de  una  breve  lucha  de  dos  horas,  en  que  actuaron  las  tropas  de  des- 
embarco y los  cañones  de  la  escuadra  franco  - inglesa.  La  fuerza,  oribista  del 
coronel  Montoro  que  guarnecía  la  plaza,  huyó  y-  el  coronel  Batlle  asumió  la 
comandancia  militar  del  departamento. 

Del  puerto  de  la  Colonia  se  dirigió  Garibaldi  a Martín  García  y previa 
rendición  de  las  fuerzas  que  la  guarnecían  tomó  posesión  de  ella  a nombre 
del  Gobierno  oriental.  Pocos  días  después  era  enviado  a la  isla,  con  el  nom- 
bramiento de  Comandante  Militar,  el  coronel  Julián  Martínez. 

Continuando  la  obra  de  reconquista  ocupó  luego  Garibaldi  la  isla  del 
Vizcaíno  y el  Rincón  de  las  Gallinas,  y en  seguida  cruzó  el  río  y tomó  por 
sorpresa  el  pueblo  de  Gualeguaychú,  incautándose  del  armamento  que  allí 
había,  pero  dando  libertad  a todos  los  jefes,  oficiales  y soldados  prisione- 
ros, en  cumplimiento,  decía,  «de  las  instrucciones  humanitarias  del  Gobierno 
de  la  República». 

Desde  Gualeguaychú  pasó  al  Salto,  cuya  plaza  ocupó  sin  lucha  alguna, 
porque  las  fuerzas  que  la  guarnecían  se  retiraron  ante  la  aproximación  de 
la  escuadrilla  oriental  y de  -la  escuadra  franco  - inglesa  que  colaboraba  en 
su  plan. 

En  el  Salto  recibió  Garibaldi  la  incorporación  de  las  fuerzas  de  Paysandú 
organizadas  por  Mundell,  prestigioso  estanciero  escocés  de  ese  departamento 
y las  del  coronel  Báez  procedentes  de  Río  Grande. 

Las  fuerzas  de  Oribe,  desconcertadas  al  principio  por  la  rapidez  con 
que  se  desenvolvían  los  sucesos,  procuraron  luego  detener  la  vigorosa  reac- 
ción que  encabezaba  Garibaldi. 

En  la  Colonia  intentó  el  coronel  Montoro  un  asalto.  Pero  tuvo  que  re- 
tirarse ante  el  fuego  de  tierra  y de  los  buques  de  la  escuadra  franco  - inglesa. 

Más  serios  fueron  los  esfuerzos  realizados  en  el  Salto  sucesivamente 
por  el  general  Urquiza  y el  coronel  Manuel  Lavalleja. 

Urquiza,  que  ya  estaba  próximo  a vadear  el  Uruguay  rumbo  a Entre 
Ríos,  porque  conceptuaba  terminada  su  campaña  en  el  territorio  oriental 
después  de  la  batalla  de  India  Muerta  y porque  tenía  que  contrarrestar  la 
insurrección  correntina  que  encabezaba  el  general  Paz,  resolvió  atacar  a 
Garibaldi  a principios  de  diciembre  de  1845. 

Una  resolución  heroica  adoptaron  los  coroneles  Garibaldi  y Báez  para 
exaltar  el  valor  de  los  soldados  de  la  plaza.  Anunciaron  en  la  orden  del  día 
que  habían  ordenado  el  retiro  de  los  buques  estacionados  en  el  puerto 
«porque  estaban  ciertos  de  que  cada  uno  sostendría  su  puesto  con  el  valor 
que  los  enemigos  jamás  imitarían,  en  la  inteligencia  de  que  el  que  no  lo  hi- 
ciera sería  fusilado  por  la  espalda». 

La  guarnición,  electrizada  por  esas  palabras  de  sus  jefes,  rechazó  con 
formidables  bríos  los  reiterados  ataques  de  los  3,000  hombres  de  caballería 
que  habían  triunfado  en  India  Muerta. 

«Nuestros  hermanos  de  la  Capital  verán  tal  vez  con  gusto  que  no  hemos 
olvidado  las  lecciones  recibidas»,  escribía  Garibaldi  al  Ministro  de  la  Guerra 
al  darle  cuenta  de  los  sucesos  y al  hablarle  de  una  de  las  baterías  que  había 
construido  para  dominar  los  alrededores  de  la  plaza  atacada. 

Urquiza,  ante  esa  resistencia,  apresuró  sus  marchas  con  rumbo  a Corrien- 
tes, abandonando  la  tarea  de  reconquistar  el  Salto  al  coronel  Manuel  Lava- 
lleja que  estaba  allí  con  un  ejército. 

Garibaldi  propuso,  sin  resultado,  una  entrevista  a Lavalleja.  En  la 
carta  que  le  dirigió  con  tal  motivo  decíale  que  él  pertenecía  al  partido  del 
pueblo,  fuera  cual  fuese  la  zona  de  la  tierra  en  que  se  encontrara;  que  ya 
no  vivía  en  la  República;  el  hombre  «que  la  funestaba»  (refiriéndose  a Ri- 
vera); que  lo  que  ahora  todos  querían  era  un  Gobierno  elegido  por  el  pueblo. 


136 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUOUAY 


Advertía  que  no  era  su  propósito  pedirle  que  «se  pasara  a su  campo»,  porque 
tal  cosa  significaría  una  bajeza;  sino  averiguar  si  podría  realizarse  algo  en 
beneficio  del  país;  y concluía  así: 

«Yo  soy  extranjero,  es  verdad,  pero  creo  que  ño  hay  pueblos  extraños 
para  los  hombres  de  principios  buenos,  y después  tal  vez  sea  Y.  S.  informado 
que  yo  no  fundo  mi  opinión  en  las  riquezas  ni  en  mandar  a nadie.» 

Fracasadas  las  negociaciones  amistosas  se  reanudó  la  lucha  con  resul- 
tado adverso  para  las  tropas  de  Lavalleja  que  fueron  atacadas  y derrotadas 
en  una  de  las  salidas  de  la  guarnición  de  la  plaza. 

Los  soldados  de  Garibaldi  estaban  absolutamente  a pie,  porque  Urquiza 
se  había  llevado  hasta  el  último  caballo.  El  coronel  Báez  se  propuso  dotarlos 
de  ese  indispensable  elemento  de  guerra.  Resuelto  el  plan  se  azotó  al  río 
Uruguay,  al  frente  de  algunos  hombres,  «lo  cruzó  a nado  a la  hora  de  la 
siesta»,  arrebató  a las  fuerzas  de  Urquiza  acampadas  en  la  costa  entre- 
rriana  «ciento  y tantos  caballos  buenos»,  escribía  Garibaldi  al  Ministro  de 
la  Guerra,  y repasando  con  ellos  el  Uruguay  hizo  posible  que  al  día  siguiente 
fueran  derrotadas  las  fuerzas  de  Vergara  que  sitiaban  el  Salto. 

El  combate  de  San  Antonio. 

Quedaba,  pues,  el  Salto  en  manos  de  sus  heroicos  defensores  de  tierra 
y de  las  fuerzas  navales  franco  - inglesas  dueñas  de  su  puerto.  Pero  desde 
los  suburbios  del  pueblo  hasta  los  confines  del  departamento  todo  seguía 
bajo  el  dominio  de  Oribe. 

En  los  primeros  días  de  febrero  de  1846  llegó  a oídos  de  Garibaldi  que 
habían  salido  de  la  frontera  brasileña  con  rumbo  al  Salto  el  general  Medina, 
el  coronel  Luna  y otros  jefes  y oficiales  al  frente  de  una  columna  de  300 
hombres.  Supo  también  que  el  ejército  del  general  Servando  Gómez  se 
había  interpuesto  para  impedir  la  incorporación  de  los  emigrados.  Y Gari- 
baldi resolvió  proteger  la  entrada  de  sus  compañeros  de  armas. 

Dejando  una  parte  de  sus  tropas  para  la  defensa  de  la  plaza,  salió  a 
pleno  campo  con  200  soldados  de  la  legión  italiana  y 100  hombres  de  caba- 
llería del  coronel  Báez.  Iba  en  busca  de  una  acción  militar  — escribía  más 
tarde  uno  de  los  diarios  de  Montevideo  — «de  esas  que  sólo  hallamos  entre 
los  caballeros  del  siglo  XI  que  peleaban  por  la  cruz  y por  su  dama,  sin  con- 
tar el  número  de  sus  contrarios  y sin  dejar  de  pelear  hasta  vencer». 

Ya  al  salir  de  la  plaza  empezó  a tirotearse  la  columna  expedicionaria  con 
una  fuerza  de  300  hombres',  a la  que  más  adelante  se  incorporó  otra  de 
900  bajo  el  mando  directo  del  general  Gómez,  una  tercera  parte  de  infantería 
y el  resto  de  caballería. 

La  columna  de  Garibaldi  quedó  rodeada  entonces  por  los  1,200  hom- 
bres del  ejército  enemigo.  En  esas  circunstancias  cargó  el  coronel  Báez  al 
frente  de  sus  soldados  de  caballería,  y a su  turno  fué  cargado  por  fuerzas 
mayores,  confundiéndose  entonces  atacantes  y atacados  en  una  sola  masa 
que  retrocedió  hasta  la  plaza  del  Salto,  donde  al  fin  pudo  entrar  el  coronel 
Báez  con  su  escuadrón. 

La  infantería  de  Garibaldi  quedó  aislada  por  efecto  de  ese  accidente 
en  los  campos  de  San  Antonio  y tuvo  que  hacer  frente  al  ejército  que  la  cir- 
cundaba. El  combate,  que  fué  reñido,  duró  desde  las  doce  del  día  hasta  las 
nueve  de  la  noche.  Después  de  nueve  horas  de  lucha  Garibaldi  retrogradó 
al  Salto  recibiendo  y devolviendo  incesantemente  el  fuego. 

Extraemos  del  parte  del  coronel  Báez  al  general  Medina: 

Garibaldi  ha  hecho  prodigios  de  valor.  Mil  veces  fué  acometido  por  la  in- 
fantería y la  caballería  que  lo  atacaban  por  todos  lados,  pero  otras  tantas 
rechazó  las  cargas  «dejando  en  pilones  los  cadáveres  de  sus  enemigos,  sin 
perder  de  vista  el  recoger  el  armamento  y las  municiones  de  los  que  caían». 
Y así  continuó  hasta  una  hora  después  de  anochecer  «en  que  emprendió  su 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


137 


atrevida  y honrosa  retirada,  trayéndose  todos  sus  heridos,  muchas  armas  y 
municiones  de  los  enemigos,  la  Caja  de  guerra  que  ellos  tenían,  dejando  sólo 
30  individuos  de  tropa  muertos  que  existirán  siempre  en  el  corazón  de  sus 
compatriotas  como  .ejemplos  de  gloria  y de  valor.  Los  enemigos  se  empeña- 
ron en  seguirlo;  pero  los  legionarios,  inmutables,  continuaron  su  marcha 
hasta  este  pueblo  que  les  tributó  elogios  merecidos». 

«Cuando  las  municiones  faltaron  a los  legionarios,  escribía  dos  años 
después  uno  de  los  diarios  de  Montevideo,  Garibaldi  ordenó  conservar  en 
el  fusil  el  último  cartucho  y esperar  la  carga  a la  bayoneta  a que  vió  dis- 
ponerse a la  infantería  enemiga.  Él  había  concebido  una  idea:  una  de  esas 
ideas  extremas  llenas  de  audacia  y sostenidas  por  esa  sangre  fría  en  los 
peligros  que  es -el  patrimonio  de  los  verdaderos  capitanes:  él  quiso  proveer 
a sus  soldados  con  las  municiones  de  los  enemigos.  Esperó  la  carga.  La  in- 
fantería enemiga  la  ejecuta.  Su  pequeña  legión  espera  inmóvil  aquella  ola 
de  bayonetas  que  se  le  acerca,  mientras  la  caballería  lo  estrecha  y lo  escope- 
tea. Esclavos  de  la  voz  de  su  jefe  los  legionarios  esperan  una  palabra  para 
disparar  su  último  tiro;  pero  esta  palabra  no  llega  sino  cuando  las  bayo- 
netas enemigas  estaban  a punto  de  tocarse  con  los  pechos  de  los  legionarios. 

Cerca  de  70  de  hombres  cayeron  casi  a sus  pies  y en  pos  de  la  descarga 

Garibaldi  ordena  la  carga  a la  bayoneta  sobre  los  enemigos  quintados  por 
la  descarga.  Ellos  retrocedieron  y los  legionarios  tuvieron  70  cartucheras 
provistas  de  municiones.» 

En  sus  partes  establecía  Garibaldi  que  su  legión  había  tenido  30  muer- 
tos y 58  heridos  y que  de  la  inspección  realizada  por  el  coronel  Santander 

en  el  campo  de  batalla  resultaba  que  en  sólo  dos  zanjas  habían  dejado  los 

énemigos  146  cadáveres. 

«Lo  que  puedo  asegurar  — agregaba  Báez  — es  que  nunca  nos  honrare- 
mos tanto  como  de  haber  sido  soldados  de  la  legión  italiana  en  los  campos  de 
San  Antonio.» 

Honrando  a los  vencedores. 

El  Gobierno  de  la  Defensa  resolvió  honrar  a Garibaldi  y a sus  legio- 
narios por  el  heroísmo  desplegado  en  los  campos  de  San  Antonio. 

Mediante  un  primer  decreto  confirió  al  jefe  los  despachos  de  general. 
Pero  Garibaldi  declinó  el  ascenso. 

«Como  jefe  de  la  marina  nacional,  decía  en  su  nota  al  Ministerio  de  la 
Guerra,  honroso  p.uesto  en  que  el  Superior  Gobierno  de  la  República  ha 
tenido  a bien  colocarme,  no  he  hecho  nada  que  merezca  la  promoción  a co- 
ronel mayor;  como  jefe  de  la  legión  italiana,  lo  que  puedo  haber  merecido 
de  recompensa  lo  dedico  a los  mutilados  y a la  familia  de  los  muertos  de 
la  misma.  No  sólo  los  beneficios:  los  honores  también  me  pesarían  com- 
prados con  tanta  sangre  de  italianos.  Yo  no  tenía  aspiraciones  cuando  fomen- 
taba el  entusiasmo  de  mis  compatriotas  a favor  de  un  pueblo  que  la  fatalidad 
ponía  a la  merced  de  un  tirano;  y me  desmentiría  hoy  si  aceptara  las  dis- 
tinciones que  la  generosidad  del  Gobierno  quiere  otorgarme.  La  legión  me 
ha  encontrado  coronel  del  ejército;  como  tal  me  aceptó  a su  frente;  y como 
tal  yo  dejaré  a la  legión  cuando  hayamos  cumplido  con  los  votos  que  hicimos 
al  pueblo  oriental.» 

No  era  la  primera  vez  que  Garibaldi  se  expresaba  en  esa  potable 
forma.  Ya  en  marzo  del  año  anterior  Rivera  había  querido  regalar  a la  le- 
gión italiana  la  mitad  de  sus  estancias  ubicadas  entre  el  arroyo  Averías  y 
el  arroyo  Grande,  y Garibaldi  había  declinado  el  obsequio,  invocando: 

Que  él  y sus  oficiales  «persuadidos  de  que  es  deber  de  todo  hombre  libre 
combatir  por  la  libertad  doquiera  que  asome  la  tiranía,  sin  distinción  de 
tierras  ni  de  pueblos  porque  la  libertad  es  el  patrimonio  de  la  humanidad, 
no  han  seguido  sino  la  voz  de  su  conciencia  al  ir  a pedir  un  arma  a los 


138 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


hijos  de  esta  tierra  para  dividir  con  ellos  ios  peligros  que  la  amenazaban». 

Ha  referido  también  el  general  Pacheco  qué  en  los  comienzos  del  sitio 
supo  el  Gobierno  que  en  casa  de  Garibaldi  no  se  encendía  luz  de  noche, 
porque  el  jefe  de  los  legionarios  sólo  contaba  con  ración  de  soldado  raso 
en  la  que  no  figuraban  velas;  que  le  fueron  enviados  con  tal  motivo  100  pa- 
tacones; y que  de  esa  suma  Garibaldi  devolvió  la  mitad  para  que  fuera  en- 
tregada a otras  familias  más  necesitadas.  Cincuenta  patacones:  he  ahí,  agre- 
gaba Pacheco,  todo  el  dinero  recibido  por  Garibaldi  durante  su  larga  actua- 
ción en  Montevideo! 

Mediante  un  segundo  decreto  declaró  el  Gobierno  que  Garibaldi  y sus 
legionarios  habían  merecido  bien  de  la  patria  y otorgó  los  siguientes  honores: 

«E’n  la  bandera  de  la  legión  italiana  se  inscribirá  con  letras  de  oro  so- 
bre la  parte  superior  del  Vesubio  estas  palabras:  «Hazaña  del  8 de  febrero 
de  1846  realizada  por  la  legión  italiana  a las  órdenes  de  Garibaldi».  Todos 
los  que  estuvieron  en  el  combate  después  de  separada  la  caballería  llevarán 
un  escudo  en  el  brazo  izquierdo  con  la  inscripción:  «Invencibles,  comba- 
tieron el  8 de  febrero  de  1846».  Sus  nombres  serán  inscriptos  en  un  cuadro 
que  se  colocará  en  la  Sala  de  Gobierno  frente  a las  armas  nacionales.  La  le- 
gión italiana  «tendrá  en  toda  formación  la  derecha  de  nuestra  infantería», 
mientras  otro  cuerpo  del  ejército  no  se  ilustre  con  un  hecho  de  armas  se- 
mejante. 

A mediados  de  marzo  tuvo  lugar  en  Montevideo  el  homenaje  decretado 
a los  legionarios.  Todas  las  tropas  de  la  guarnición  formaron  en  la  calle  18 
de  Julio  menos  la  legión  italiana  que  quedó  en  la  Plaza  Constitución  a 
efecto  de  recibir  la  bandera  y una  copia  del  decreto.  Concluida  la  ceremonia 
el  ejército  desfiló  ante  los  homenajeados,  dando  vivas  a la  Patria,  a Ga- 
ribaldi y a sus  soldados. 

Garibaldi  y.  sus  legionarios  volvieron  a ilustrar  sus  armas  en  la  cam- 
paña del  Salto  durante  el  año  1847.  A mediados  de  mayo  atacaron  y de- 
rrotaron a las  fuerzas  de  los  coroñeles  Lamas  y Vergara  en  el  Paso  de  Mo- 
rales. Ha  escrito  el  comandante  Anzani  que  el  coronel  Manuel  Caraballo, 
jefe  de  uno  de  los  escuadrones  de  caballería,  herido  en  esa  jornada,  al 
retirarse  del  campo  de  batalla  dijo  a sus  acompañantes,  señalando  a los  le- 
gionarios y a úna  batería:  «Miren  ustedes  esa  infantería  en  el  campo  en 
medio  de  los  escuadrones  enemigos:  es  tan  firme  como  esta  batería». 

La  gloria  del  combate  de  San  Antonio  repercutió  en  Italia.  A fines  de 
1846  se  organizó  en  Florencia  una  suscripción  nacional  para  regalar  una 
espada  a Garibaldi  y medallas  conmemorativas  a los  legionarios. 

Dos  años  después  el  vencedor  de  San  Antonio  se  embarcaba  para  Italia, 
llevándose  algunos  de  sus  italianos  y también  algunos  de  nuestros  compa- 
triotas que  no  querían  separarse  de  su  ilustre  jefe.  Y el  nombre  de  uno  de 
los  oficiales  orientales  figuró  con  brillo  entre  los  mártires  de  la  indepen- 
dencia italiana,  según  lo  revela  este  párrafo  de  una  proclama  de  Garibaldi 
expedida  el  l.°  de  julio  de  1849,  víspera  de  la  entrada  en  Roma  de  los  ejér- 
citos extranjeros. 

«La  América  perdió  ayer  un  hijo  valiente,  Andrés  Aguiar,  y en  él  una 
prenda  del  amor  de  los  libres  de  todos  los  países  por  nuestra  infeliz  Italia.» 

Se  reanuda  la  lucha  en  otras  partes. 

Los  éxitos  de  Garibaldi  precipitaron  el  regreso  de  muchos  de  los  ele- 
mentos de  guerra  que  permanecían  en  Río  Grande  desde  el  desastre  de  In- 
dia Muerta. 

Algunos  grupos  se  dirigieron  a Maldonado  donde  el  coronel  Brígido 
Silveira  se  preocupaba  de  rehacer  sus  caballerías  descalabradas.  Para  fa- 
cilitarle la.  tarea  resolvió  el  Gobierno  enviar  allí  una  expedición  militar  a 
cargo  del  coronel  Venancio  Flores. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


139 


La  expedición,  compuesta  principalmente  del  batallón  de  guardias  nacio- 
nales que  comandaba  el  coronel  Pantaleón  Pérez,  y de  alguna  artillería,  hizo 
el  viaje  en  los  barcos  de  la  escuadra  francesa  en  enero  de  1846.  Llegada  a 
Punta  del  Este,  se  dirigió  a San  Carlos,  donde  fué  derrotada,  cayendo  pri- 
sionero el  batallón  de  guardias  nacionales. 

Las  caballerías!  de  Brígido  Silveira,  dispersadas  a su  vez,  pudierog  re- 
hacerse y volvieron  a dominar  en  casi  toda  la  extensión  del  Departamento 
de  Maldonado.  i 

Vuelve  Rivera  a asumir  la  dirección  de  las  operaciones. 

Rivera,  que  permanecía  en  Río  de  Janeiro  obligado  por  una  orden  de 
arresto  dictada  por  el  Gobierno  imperial  y un  decreto  de  proscripción  del 
Gobierno  de  la  Defensa,  apareció  de  improviso  en  el  puerto  de  Montevideo 
en  abril  de  1846,  y luego  de  promover  un  motín  militar  en  la  plaza  bajó  a 
tierra  y recibió  el  nombramiento  de  «General  en  Jefe  del  Ejército  de  Opera- 
ciones». 

Pocos  días  después  se  embarcó  con  rumbo  a la  Colonia  al  frente  de 
700  hombres  de  tropas  escogidas,  utilizando  los  barcos  de  la  escuadra  fran- 
cesa. 

A fines  de  mayo  derrotó  en  las  Víboras  a la  división  oribista  del  coronel 
Jaime  Montoro  compuesta  de  1,000  hombres,  capturándole  todo  el  parque  y 
caballadas;  y prosiguiendo  su  marcha  volvió  a atacar  al  mismo  jefe  en  el 
Arenal  Grande  infligiéndole  una  segunda  derrota,  tras  de  la  cual  Montoro 
recibió  nuevas  incorporaciones  que  le  permitieron  seguir  hasta  la  ciudad  de 
Mercedes,  donde  contaba  con  una  fuerte  base  de  infantería  y de  artillería. 
Y allí  también  fué  a buscarlo  Rivera. 

El  asalto  a Mercedes  fué  dado  por  las  columnas  a cargo  de  los  corone- 
les Bernardino  Báez  y Venancio  Flores.  Después  de  varias  horas  de  lucha 
vigorosa  fué  capturada  la  plaza  quedando  en  poder  de  Rivera  40  jefes  y 
oficiales,  500  soldados,  1,500  armas,  5 piezas  de  artillería  y 2,000  caballos. 
El  coronel  Montoro  se  arrojó  al  río  Negro  bajo  el  fuego  de  los  atacantes. 
Al  reconocer  al  fugitivo  le  gritó  el  coronel  Báez  que  regresara  y que  sería 
bien  recibido.  Pero  Montoro  se  negó  y entonces  fué  muerto  por  las  balas  de 
los  tiradores.  Entre  los  prisioneros  figuraba  el  coronel  Cipriano  Miró,  pri- 
sionero también  del  Palmar  en  1838  y en  ambas  oportunidades  respetado  por 
los  vencedores,  hecho  que  no  era  raro,  sino  muy  corriente  en  las  campañas 
de  Rivera. 

Grandes  entusiasmos  provocó  la  caída  de  Merecedes. 

«Aún  no  hace  dos  meses»,  decía  el  Comandante  General  de  Armas  de 
Montevideo  en  una  proclama  de  mediados  de  junio,  que  el  general  Rivera 
marchó  de  la  Capital  con  una  parte  de  las  fuerzas  del  ejército  que  la  de- 
fiende y ya  ha  obtenido  «5  triunfos  que  dan  por  resultado  la  ocupación  del 
litoral  del  Uruguay»;  y habiendo  abierto  su  campaña  sin  un  caballo  «se 
halla  a la  cabeza  de  un  ejército  fuerte  y bien  montado». 

Casi  al  mismo  tiempo  'que  la  Comandancia  de  Armas  exaltaba  así  los 
triunfos  de  Rivera,  uno  de  sus  subordinados,  el  jefe  militar  de  la  Colonia, 
emprendía  operaciones  con  ayuda  de  la  escuadra  franco  - inglesa  sobre  el 
pueblo  del  Colla,  capturando  a la  guarnición  compuesta  de  150  infantes,  un 
tren  de  artillería  y mucho  armamento. 

La  Asamblea  de  Notables,  que  había  entrado  a reemplazar  a la  Legis- 
latura disuelta,  resolvió  de  acuerdo  con  una  iniciativa  del  Gobierno  decre- 
tar la  confección  de  un  cuadro  que  perpetuara  las  glorias  de  la  República 
debidas  a Rivera  y conferir  a éste  el  título  de  «Gran  Mariscal»  que  el  agra- 
ciado declinó  mediante  una  nota  en  que  decía: 

«Consagrado  al  servicio  de  la  patria  desde  mis  primeros  años  he  mi- 
rado constantemente  como  única  norma  de  mi  conducta  la  más  completa 
abnegación  en  todo  aquello  que  pudiera  de  algún  modo  colocarme  fuera  del 


140 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


nivel  de  mis  conciudadanos  y de  los  principios  que  la  República  reconoce  y 
la  opinión  pública  sanciona  como  base  de  su  existencia  política.» 

El  Gobierno,  que  creía  asegurada  la  conquista  del  litoral,  lanzó  un  de- 
creto destinado  a tranquilizar  a los  vecindarios  de  campaña. 

«Se  ordena,  decía,  a todos  los  jefes  y oficiales  de  la  República  que,  a 
pesar  de  las  atrocidades  y violencias  cometidas  desde  la  invasión  por  los  je- 
fes^ oficiales  del  ejército  de  Rosas  que  manda  don  Manuel  Oribe,  tengan 
el  mayor  celo  para  que  las  tropas  que  sirven  la  causa  de  la  República  y 
obedecen  al  Gobierno  no  imiten  los  escandalosos  ejemplos  del  enemigo  y 
continúen  como  lo  han  hecho  hasta  ahora  sin  ejecutar  venganzas,  mostrando 
con  los  prisioneros  la  conducta  observada  desde  la  memorable  victoria  de 
Cagancha  que  trastornó  las  maniobras  de  la  primera  invasión.  Las  autori- 
dades de  los  pueblos  que  vayan  quedando  desocupados  invitarán  a nombre 
del  Gobierno  a todos  los  vecinos  indistintamente  para  que  vuelvan  a sus 
casas  en  la  seguridad  de  que  no  serán  molestados,  Cualquiera  que  sea  la 
conducta  que  se  hayan  visto  precisados  a seguir  cuando  los  departamentos  de 
campaña  estaban  ocupados  por  el  enemigo  y el  vecindario  expuesto  a sus 
crueldades  y violencias.» 

Después  de  estos  primeros  triunfos  Rivera  regresó  a Montevideo  y 
permaneció  algunas  semanas  lejos  del  teatro  de  los  sucesos;  pero  antes  de 
finalizar  el  año  1846  recibió  orden  de  marcha  y entonces  fué  para  presidir 
una  campaña  de  grandes  e irreparables  desastres. 

En  vez  de  consolidar  sus  posiciones  resolvió  ensancharlas  mediante 
la  captura  de  Paysandú,  con  lo  cual  debilitaba  las  guarniciones  de  los  de- 
partamentos de  la  Colonia  y Soriano  en  los  mismos  momentos  en  que  Oribe 
dirigía  sobre  ellos  fuerzas  considerables. 

La  toma  de  Paysandú. 

Véase  cómo  describía  Rivera  ese  hecho  de  armas  en  su  parte  al  Ministerio 
de  la  Guerra  datado  en  los  primeros  días  de  1847: 

A mediados  de  diciembre  del  año  anterior,  mientras  quedaba  el  general 
Medina'  en  observación  del  general  Ignacio  Oribe  acampado  en  el  Rosario, 
marchó  el  ejército  expedicionario  de  la  Colonia  a Mercedes  y de  Mercedes  a 
Paysandú.  El  general  Gómez  que  estaba  acampado  en  la  costa  del  San 
Francisco  se  retiró  al  Queguay.  Llegado  a los  suburbios  de  Paysandú  fué 
combinado  el  plan  de  ataque  con  el  oficial  Fournier,  jefe  de  la  estación  na- 
val francesa  allí  destacada.  Las  columnas  asaltantes  estaban  a cargo  del 
general  Lamadrid  y de  los  coroneles  Lavandera,  Brie,  Báez,  Pirán,  Pozolo, 
Espinosa,  Camacho  y Santander.  Al  mismo  tiempo  que  atacaba  el  ejército  de 
tierra  bombardeaba  la  artillería  francesa.  «La  población  era  un  volcán».  Des- 
pués de  cinco  horas  de  lucha  el  enemigo  corrió  hacia  el  puerto.  «Al  furor 
del  combate  sucedió  entonces  la  calma  de  la  clemencia,  y el  vencedor  en- 
vainando la  espada  extendió  una  mano  de  protección  al  rendido.  Nuestras 
tropas  conocen  bien  la  ferocidad  del  enemigo;  saben  bien  la  suerte  que  les 
esperaba  si  no  hubieran  triunfado,  e intertanto  no  pensaron  más  que  en  ga- 
rantir las  vidas  de  los  que  tantas  muertes  habían  causado:  se  disputaban 
la  gloria  de  ponerlos  a salvo  y de  inspirarles  confianza.  Yo  no  encuentro  ex- 
presiones para  describir  bien  este  acto  y en  mi  carrera  de  34  años  de  com- 
bates debo  confensar  que  me  he  sorprendido  y admirado». 

Quedaron  en  nuestro  poder,  agregaba,  más  de  seiscientos  prisioneros, 
entre  ellos  54  jefes  f oficiales,  toda  la  artillería,  fortificaciones  y armamen- 
tos. Fueron  enterrados  314  cadáveres  (93  de  los  asaltantes)  y llevados  a 
los  hospitales  211  heridos  (88  de  los  asaltantes),  figurando  entre  los  muer- 
tos el  coronel  Brie,  jefe  de  una  de  las  columnas  de  ataque. 

«El  triunfo  de  Paysandú,  concluía  el  parte,  único  en  su  género  en  36 
años  de  guerra  en  nuestro  país,  debe  hacer  sentir  al  enemigo  que  no  es  con 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


141 


murallas  que  se  contiene  el  denuedo  de  los  orientales  y se  les  esclaviza,  y 
demostrarle  cuán  poco  debe  confiar  sobre  las  trincheras  de  que  se  ha  ro- 
deado en  el  Cerrito  cuando  llegue  el  momento  en  que  el  ejército  de  la  Re- 

pública se  presente  a arrojarlo  del  suelo  que  ha  profanado.» 

Después  del  triunfo,  el  desastre. 

Era  un  gran  triunfo,  sin  duda  alguna,  el  que  acababa  de  obtener  Ri- 
vera. Pero  para  conseguirlo  había  sacrificado  el  único  cuerpo  de  ejército  que 

podía  oponer  a las  fuerzas  de  Oribe,  cada  día  más  fuertes  y amenazadoras 
en  toda  la  zona  del  litoral. 

El  general  Servando  Gómez,  que  se  había  retirado  ante  la  aproximación 
de  Rivera,  marchó  a las  márgenes  del  Uruguay,  donde  recibió  la  incorpora- 
ción de  una  división  de  1,000  hombres  procedente  de  Buenos  Aires,  que 
cruzó  a la  altura  del  Hervidero.  Y con  ayuda  de  esos  nuevos  elementos  re- 
solvió atacar  la  plaza  del  Salto,  defendida  a la  sazón  por  el  coronel  Lu- 
ciano Blanco. 

Después  de  seis  horas  de  lucha  vigorosa  la  guarnición,  compuesta  de 
•3  40  entre  jefes,  oficiales  y soldados,  se  embarcó  con  rumbo  a Paysandú. 
Pero  el  fuego  de  tierra  obligó  a las  embarcaciones  a embicar  en  la  costa  en- 
trerriana,  donde  los  fugitivos  fueron  desarmados  y detenidos.  Durante  la 
lucha  la  artillería  del  Salto  echó  a pique  a un  barco  cargado  de  familias  que 
huían  ante  la  amenaza  del  asalto. 

Según  el  parte  oficial  del  general  Gómez  la  guarnición  del  Salto,  tuvo 
136  muertos,  entre  ellos  su  jefe  el  coronel  Blanco. 

Poco  antes' de  la  caída  del  Salto  habían  sido  dispersadas  en  la  Colonia 
las  fuerzas  del  coronel  Venancio  Flores  por  el  ejército  del  general  Ignacio 
Oribe,  y éste  se  ponía  en  marcha  sobre  Paysandú  expuesto  desde  entonces 
a un  doble  ataque,  pues  el  ejército  del  general  Gómez  avanzaba  en  la  misma 
dirección. 

Ante  tan  grave  peligro  resolvió  Rivera  evacuar  la  plaza  de  Paysandú 
recién  capturada  a expensas  de  tantos  sacrificios.  La  infantería  subió  a los 
buques  de  la  escuadra  francesa,  rumbo  a Mercedes,  y la  caballería  siguió  al 
mismo  punto  por  tierra. 

Paysandú  fué  recuperada  sin  lucha  por  e>  ejército  de  Gómez  a fines  de 
enero  de  1847.  Del  parte  oficial  que  ese  jefe  dirigió  a Oribe  resultaba  que 
la  población  había  quedado  reducida  a 2 36  familias! 

Al  llegar  a su  destino  se  dió  cuenta  Rivera  de  que  el  peligro  había  aumen- 
tado; supo  que  sus  caballerías  habían  sido  dispersadas  en  las  Piedras  de 
Espinosa  y que  el  ejército  del  general  Ignacio  Oribe  había  recibido  nuevos 
refuerzos;  y entonces,  dejando  a sus  tropas  abandonadas  en  la  ciudad  de, 
Mercedes,  emprendió  una  cruzada  vertiginosa  al  frente  de  un  puñado  de 
soldados  de  caballería  hasta  la  ciudad  de  Maldonado,  perseguido  y disper- 
sado en  el  trayecto  por  las  fuerzas  oribistas  del  coronel  Barrios.,  Iba  en 
busca  de  la  división  del  coronel  Brígido  Silveira,  única  que  se  conservaba  or- 
ganizada en  el  territorio  nacional. 

Mientras  el  General  en  Jefe  llegaba  fugitivo  a Maldonado  las  tropas 
que  había  dejado  acantonadas  en  Mercedes  al  mando  de  los  coroneles  Costa, 
Báez,  Pirán  y Lavandera,  hostigadas  por  el  ejército  del  general  Ignacio  Oribe, 
resolvían  abandonar  la  plaza  y embarcarse  para  la  isla  del  Vizcaíno  bajo  la 
protección  de  las  lanchas  de  la  escuadra  francesa;  y allí  también  emigraba 
una  gran  parte  del  vecindario  compuesta  de  1,500  hombres,  mujeres  y ni- 
ños, según  «El  Defensor»  y de  4,000  según  «El  Comercio  del  Plata».  Algunos 
días  después  se  aproximaba  al  Río  Negro  el  ejército  del  general  Gómez, 
y las  tropas  acampadas  en  la  isla  del  Vizcaíno  volvían  a subir  a los  buques 
de  la  escuadra  francesa  y se  dirigían  a Martín  García. 

Todo  se  había  perdido,  pues,  en  pocas  semanas. 

Dando  cuenta  de  las  angustias  del  momento  decía  el  Ministro  de  la 


142 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Guerra  don  Francisco  Joaquín  Muñoz  al  Presidente  Suárez  en  febrero  de 
1847:  las  plazas  de  la  Colonia  y Maldonado  carecen  de  soldados  para  afron- 
tar la  lucha;  la  guarnición  de  Montevideo  no  tiene  suficiente  material  de 
guerra  y está  además  trabajada  por  las  discordias  de  partido;  Rivera  no  acata 
las  órdenes  del  Gobierno;  los  ministros  interventores  manifiestan  que  si  ese 
militar  continúa  en  la  jefatura  del  ejército  ellos  suspenderán  el  concurso 
que  prestan  al  Gobierno;  y agregaba  con  relación  al  ejército  de  operacio- 
nes en  el  litoral:  | — 

«Los  desastres  del  Uruguay  y río  Negro  nos  hicieron  perder  en  pocos 
días  varios  puntos  importantes  de  la  costa  de  estos  ríos  y el  ejército  que 
operaba  bajo  la  dirección  del  brigadier  general  don  Fructuoso  Rivera  se  ha 
aniquilado  sin  otro  hecho  de  armas  que  la  toma  de  Paysandú,  cuya  vic- 
toria costó  la  lamentable  e irreparable  pérdida  de  una  tercera  parte  de  su 
personal.  Los  restos  cuyo  número  el  Ministro  ignora  por  vías  oficiales  hasta 
hoy,  se  hallan  en  Martín  García  careciendo  de  todo  y rodeados  de  más  de 
2,500  personas  de  diferentes  sexos  y edades  que  concurren  naturalmente  a 
recordar  las  consecuencias  lamentables  de  esos  desastres.  El  aspecto  de 
lo  recogido  en  la  isla  de  Martín  García  y de  todo  lo  que  se  halla  ¡disperso  por 
las  costas  del  Uruguay  presenta  un  cuadro  de  miseria  y aflicción.» 

Toda  la  campaña  queda  en  poder  de  Oribe. 

Rivera,  que  tampoco  encontró  en  Maldonado  los  elementos  que  buscaba, 
se  dirigió  a Montevideo  y luego  a Martín  García  y a las  costas  del  Uruguay 
con  la  idea  de  reunir  los  restos  de  su  ejército.  Realizado  parcialmente  ese 
propósito,  regresó  a Maldonado  resuelto  a organizar  la  resistencia  contra 
las  fuerzas  de  Oribe  que  sitiaban  la  plaza,  y allí  quedó  por  espacio  de  algu- 
nos meses,  hasta  que  el  Gobierno  de  la  Defensa  resolvió  desterrarlo  al  Bra- 
sil por  las  causas  que  más  adelante  diremos. 

La  plaza  de  Maldonado  permaneció  en  poder  del  Gobierno  de  la  Defensa 
hasta  mediados  de  1848,  en  que  se  resolvió  desalojarla,  embarcándose  en  los 
buques  de  la  escuadra  francesa  con  rumbo  a Montevideo  los  700  u 800 
hombres  que  la  guarnecían. 

Un  padrón  levantado  por  el  coronel  Barrios,  jefe  de  las  tropas  sitiado- 
ras, a raíz  de  evacuada  la  plaza  de  Maldonado,  hacía  constar  que  parte  de 
las  familias  había  subido  también  a los  barcos  franceses  y que  la  población 
había  quedado  reducida  a 50  hombres,  117  mujeres  y 184  niños.  ¡351  habi- 
tantes en  todo!  / 

La  plaza  de  la  Colonia,  que  estaba  a cargo  del  general  Anacleto  Medina, 
se  perdió  en  esa  misma  época  por  efecto  de  un  accidente  de  guerra.  El  al- 
mirante Le  Predour  había  ordenado  el  reembarco  de  la  marinería  que  tenía 
a su  cargo  las  baterías  de  la  muralla,  y aprovechando  esa  circunstancia  y 
a tiempo  que  la  tropa  dormía  en  sus  cuarteles  entraron  las  fuerzas  sitia- 
doras a órdenes  del  coronel  Lucas  Moreno,  sin  dar  tiempo  a la  organización 
de  la  resistencia.  Así  explicaba  el  desastre  el  coronel  Batlle.  Según  el  ge- 
neral Medina  el  grueso  de  las  fuerzas  se  encontraba  fuera  de  la  plaza  al 
avanzar  los  sitiadores.  El  coronel  Moreno  afirmaba,  áin  embargo,  en  su  parte 
a Oribe,  que  había  tomado  posesión  de  la  ciudad  después  de  una  lucha  en 
que  los  atacados  tuvieron  73  muertos. 

Terminada  la  guerra  en  la  campaña  emigraron  al  Brasil  todos  los 
jefes  de  Rivera,  excepto  el  coronel  Brígido  Silveira,  y algunos  otros  que 
mantuvieron  por  algún  tiempo  la  vida  de  montonera. 

Y la  lucha  quedó  de  nuevo  circunscripta  al  frente  de  Montevideo.  Una 
doble  lucha:  la  que  los  sitiados  sostenían  con  el  ejército  de  Oribe  y la  que 
sostenían  entre  ellos  mismos,  lucha  esta  última  que  en  más  de  una  opor- 
tunidad, como  lo  veremos  después,  culminó  en  motines  y revoluciones  de  re- 
sonancia. 


CAPITULO  IX 


LOS  EXCESOS  DE  LA  GUERRA  A UNO  Y OTRO  LADO  DE  LA  LINEA 

SITIADORA 

«■ 

El  Gobierno  de  la  Defensa  y las  confiscaciones. 

A principios  de  marzo  de  1843  publicó  el  coronel  Estivao,  jefe  de  la 
división  destacada  en  el  Departamento  de  la  Colonia,  el  bando  que  subsigue: 

«Todos  los  bienes  raíces,  muebles  o semovientes  de  los  que  se  hallen 
al  servicio  de  los  enemigos  o les  presten  auxilio  para  llevar  adelante  su  plan 
de  depredación  y exterminio,  quedan  afectos  a los  cargos  que  hagan  los  ver' 
daderos  patriotas  que  son  apellidados  salvajes  y han  perdido  actualmente 
lo  suyo  y a las  indemnizaciones  que  exijan.» 

Tal  es  el  primer  documento  relativo  a bienes  enemigos  que  hemos  en- 
contrado en  la  prensa  de  la  época.  No  se  trataba  de  una  confiscación,  sino 
de  una  medida  destinada  a asegurar  la  efectividad  de  los  daños  y perjuicios 
que  las  fuerzas  de  Oribe  causasen  en  el  país. 

Invocando  órdenes  expresas  del  Presidente  Suárez,  otro  jefe,  el  coronel 
Báez,  declaró  dos  meses  después  «confiscados  todos  los  bienes»  de  los  que 
se  hubieren  «prestado  a tomar  parte  con  los  salvajes  enemigos  de  la  huma- 
nidad». 

A fines  de  abril  circuló  la  noticia  de  que  en  algunos  departamentos 
actuaban  bajo  el  título  de  «Comisiones  Clasificadoras»,  agentes  de  Oribe  que 
tenían  el  cometido  de  confiscar  bienes  de  adversarios;  y entonces  el  Gobierno 
dictó  un  decreto  por  el  cual  se  declaraba  a los  miembros  de  esas  Comisiones 
«además  de  traidores,  salteadores  armados  e infames  robadores  públicos», 
y se  ordeñaba  a todas  las  autoridades  civiles  o militares  de  los  departa- 
mentos la  captura  de  dichos  individuos  y luego  de  acreditada  sumariamente 
su  calidad  la  aplicación  de  «la  pena  ordinaria  de  muerte  designada  por  las 
leyes  a los  delitos  mencionados». 

Algunas  semanas  antes,  con  ocasión  de  varias  confiscaciones  consuma- 
das en  el  Salto  por  las  fuerzas  de  Oribe,  había  declarado  el  Gobierno  de  la 
Defensa  que  la  compra  de  bienes  confiscados  constituía  acto  de  traición. 

Quedaban  ya  tendidas  con  esa  represalia  sangrienta  las  grandes  líneas 
de  la  campaña  contra  la  propiedad  particular  que  habría  de  iniciarse  en  uno 
y otro  campo. 

Por  decreto  del  mes  de  febrero  de  1843,  refrendado  por  el  Ministro  don 
Santiago  Vázquez,  autorizó  el  Gobierno  a la  Policía  para  realizar  una  con- 
fiscación general  de  los  bienes  de  los  adversarios. 

«Todas  las  rentas,  alquileres  y bienes  raíces»,  pertenecientes  a orientales 
enrolados  en  el  ejército  invasor  o que  hubieran  salido  del  país  sin  pasaporte 
o que  mantuvieren  en  el  extranjero  una  actitud  hostil,  quedaban  colocados 
«bajo  la  administración  del  Estado»  y su  importe  sería  depositado  en  la  Co- 
lecturía, , «para  sei  devuelto  después  de  la  guerra». 

Pocas  horas  después  el  Jefe  de  Policía  convocaba  a los  arrendatarios  y 
ocupantes  de  las  propiedades  de  don  Manuel  y don  Ignacio  Oribe,  don  Car- 
los Anaya,  don  Pedro  Lenguas,  don  E'ugenio  Garzón,  don  Antonio  Díaz,  etc., 
a una  reunión  en  la  Jefatura  bajo  apercibimiento  de  ser  tratados  en  la 
misma  forma  que  los  propietarios,  y a ese  primer  aviso  siguieron  otros  mu- 
chos en  los  días  y meses  subsiguientes,  a medida  que  la  Policía  ampliaba  sus 
listas  negras. 

Invocando  el  mismo  decreto  publicó  don  Andrés  Lamas  en  octubre  si- 


144 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


guíente  una  ordenanza  policial  que  empezaba  en  esta  forma  de  franca  con- 
fiscación general: 

«Debiendo  procederse  inmediatamente,  en  cumplimiento  de  resolucio- 
nes del  Gobierno,  al  avalúo  y tasación  de  los  bienes  raíces  de  los  ciudadanos 
traidores  a la  patria  y prófugos  declarados  por  los  edictos  de  Policía.» 

Al  darse  ejecución  a estas  medidas  lanzó  un  colaborador  de  «El  Nacio- 
nal» la  idea  de  fundar  un  Banco  cuyo  capital  estaría  constituido  «por  los 
bienes  raíces  de  los  enemigos»  y que  estaría  facultado  para  emitir  billetes 
por  el  valor  de  tasación  de  esos  bienes.  La  dirección  del  diario,  a cargo  de 
Rivera  Inflarte,  acogió  la  idea  con  la  variante  de  que  después  de  concluida 
la  guerra  se  entregaría  a los  propietarios  desposeídos  el  valor  de  tasación  de 
sus  bienes.  Los  billetes  servirían  para  comprar  las  propiedades  secuestradas 
y serian  entregados  en  pago  de  sueldos  militares  o de  premios. 

No  existía  ninguna  ley  que  autorizara  a echar  mano  de  las  propiedades 
de  los  adversarios  políticos,  pero  el  Poder  Ejecutivo  procedía  como  si  la 
ley  existiera,  y de  acuerdo  con  sus  instrucciones  la  Policía  llevaba  adelante 
sus  requisas  y secuestros.  En  febrero  de  1844  se  publicó  una  ordenanza  po- 
licial que  imponía  a todos  los  administradores  de  bienes  de  prófugos  o al- 
zados en  armas  o salidos  sin  pasaporte  la  obligación  de  denunciar  esos 
bienes,  bajo  apercibimiento  de  reputarse  como  «traidores»  a los  omisos. 

La  pena  debió  resultar  ineficaz  por  lo  monstruosa.  El  hecho  es  que  a 
mediados  de  junio  apareció  un  decreto  gubernativo  «ordenando  a todos  los 
tenedores  de  bienes  raíces,  muebles,  derechos  o acciones  de  ciudadanos  que 
hubieran  desertado  de  la  patria  en  peligro  o que  la  combatieren  en  armas», 
a denunciar  esos  bienes  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  bajo  pena  de  multa 
de  cien  a tres  mil  pesos. 

A los  secuestros  directos  aplicables  a los  que  figuraban  en  el  ejército 
sitiador  o habían  escapado  de  Montevideo,  agregábanse  las  requisas  en  forma 
de  préstamos  que  obligaban  muchas  veces  a emigrar  a ciudadanos  eminen- 
tes que  no  querían  irse  al  campo  sitiador,  quedando  aumentada  entonces  la 
lista  de  los  prófugos  a quienes  ya  se  podía  embargar  libremente.  Don  Juan 
Francisco  Giró,  por  ejemplo,  uno  de  los  prohombres  de  la  época,  que  per- 
manecía tranquilo  en  la  plaza  sitiada,  huyó  a Buenos  Aires  en  los  primeros 
días  de  abril  de  18  43.  De  las  explicaciones  que  con  motivo  de  su  viaje  die- 
ron el  Jefe  de  Policía  doctor  Lamas  y «El  Nacional»  resulta  que  cuando  el 
Gobierno  necesitaba  fondos  solicitaba  vales  o pagarés  a plazo  suscriptos 
por  personas  de  crédito,  que  a su  vencimiento  cubría  la  Tesorería  si  tenía 
fondos  y en  caso  contrario  el  firmante  a título  de  anticipo  reembolsable  en 
tiempo  oportuno;  que  el  señor  Giró  había  suscripto  ya  diversos  vales  can- 
celados por  la  Tesorería  a su  vencimiento;  y que  fué  al  exigírsele  que  cargara 
con  el  pago  de  varios  vencimientos,  en  forma  de  préstamo  al  Gobierno,  que 
dicho  ciudadano  resolvió  expatriarse. 

De  otra  variante  echó  mano  el  Gobierno  para  proveerse  de  fondos, 
en  el  curso  del  primer  mes  del  sitio:  la  enajenación  de  los  impuestos  de  pa- 
tentes, papel  sellado  y alcabala  a recaudarse  en  1844,  calculados  oficialmente 
en  130,000  pesos.  Pero  sobre  la  base  de  una  lista  de  candidatos  a compra- 
dores, a quienes  se  prevenía  que  en  caso  de  resistencia  a pagar  la  parte  que 
les  era  designada  serían  castigados  con  prisión,  deportación,  servicio  mili- 
tar por  un  año  en  el  ejército  de  línea  o expropiación  de  bienes  muebles  hasta 
el  cuadruplo  de  esa  parte! 

No  triunfa,  sin  embargo,  la  ley  general  de  confiscaciones. 

A mediados  de  18  44  resolvió  finalmente  el  Gobierno  de  la  Defensa  re- 
currir a la  Asamblea  en  demanda  de  dos  leyes. 

Por  la  primera  se  autorizaba  al  Poder  Ejecutivo  «para  enajenar  o gra- 
var del  modo  que  estimase  más  conveniente  a los  intereses  públicos  las  pro- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


145 


piedades  muebles  o inmuebles  de  los  ciudadanos  que  desertando  la  causa 
de  la  República  conbaten  en  armas  contra  ella  o han  fugado  del  país  desde 
el  12  de  diciembre  de  18  42  en  que  la  patria  fué  declarada  en  peligro».  El¡ 
importe  de  esas  propiedades  «se  reconocería  como  deuda  de  la  República», 
y una  ley  especial  reglaría  el  tiempo  y forma  de  pago.  En  su  Mensaje 
decía  el  Gobierno  que  Oribe  embargaba,  confiscába  y vendía  los  bienes  de  sus 
adversarios,  y que  los  confiscadores  debían  también  perder  los  suyos. 

Por  la  segunda  se  disponía  una  contribución  de  guerra  a cargo  de  to- 
dos los  ciudadanos  que  no  estuvieran  radicados  en  Montevideo  o en  las  filas 
del  ejército  de  Rivera,  contribución  que  se  haría  efectiva  sobre  los  bienes 
muebles  o inmuebles  que  tuvieran  en  la  plaza. 

«Los  ciudadanos,  decía  el  Mensaje,  que  por  motivos  justificados  han 
obtenido  licencia  para  salir,  cuando  tenían  el  deber  de  permanecer  en  el 
país  para  defenderlo  con  su  persona  y pagarle  la  contribución  de  sangre  que 
él  ha  demandado  en  gran  escala»,  gozarían  de  otro  privilegio  enorme  si  ade- 
más no  tuvieran  que  pagar  las  contribuciones  que  han  soportado  todos  los 
que  han  quedado  dentro  de  muros. 

La  Comisión  de  Legislación  de  la  Cámara  de  Diputados  al  aconsejar 
la  sanción  de  la  ley  de  confiscaciones  decía  en  su  informe,  refiriéndose  sin 
duda  a las  medidas  vigentes,  que  mediante  su  sanción  «se  pondría  el  sello 
de  la  ley  a lo  que  ya  había  merecido  un  voto  general  y altamente  pronun- 
ciado». 

Dando  la  Cámara  mayor  precisión  al  pensamiento  gubernativo  declaró 
expresamente  como  de  propiedad  nocional  «todos  los  bienes  de  cualquier  na- 
turaleza que  sean  pertenecientes  a los  que  desertando  la  causa  de  la  Re- 
pública combaten  ya  en  armas  contra  ella;  los  de  aquellos  que  han  fugado 
del  país  para  territorio  enemigo  después  del  12  de  diciembre  de  1842  en  que 
la  patria  quedó  declarada  en  peligro;  los  de  aquellos  que  se  hallen  residiendo 
en  territorio  enemigo  al  tiempo  de  la  promulgación  de  esta  ley;  los  de  aque- 
llos que  por  cualesquiera  medios  coadyuven  o hayan  coadyuvado  a la  in- 
vasión y se  les  justifique». 

Esta  tentativa  de  confiscación  lisa  y llana,  aunque  con  el  agregado, 
de  que  la  Nación  reconocería  como  deuda  el  importe  de  los  bienes  confisca- 
dos, triunfó  en  la  Cámara  de  Diputados,  pero  no  así  en  la  Cámara  de  Sena- 
dores, y gracias  a ello  la  Defensa  de  Montevideo  pudo  verse  libre  de  una 
sombra  a que  no  escapó  el  Gobierno  sitiador,  como  lo  veremos  más  adelante. 

Apropiación  de  los  depósitos  judiciales. 

Desde  los  primeros  meses  del  sitio  resolvió  el  Poder  Ejecutivo  echar 
mano  de  los  depósitos  judiciales. 

Hasta  entonces  eran  los  particulares  quienes  administraban  esos  depó- 
sitos, y de  los  inconvenientes  del  sistema  se  encargó  de  sacar  partido  la  Co- 
misión de  Legislación  de  la  Cámara  de  Diputados,  citando  testamentarías 
arruinadas,  concursos  eternizados  y dilapidaciones,  a despecho  de  cuantas 
medidas  se  habían  dictado  para  garantizar  a los  propietarios  y acreedores. 

Fué,  pues,  sin  violencia  que  la  Asamblea  dispuso  en  octubre  de  18  43 
que  los  depósitos  judiciales  ya  existentes  y los  que  en  adelante  se  consti- 
tuyeren, fueran  vertidos  en  la  Tesorería  General  de  la  Nación,  «con  cargo  de 
devolución». 

La  ocupación  de  fincas  desalquiladas. 

Desde  la  aproximación  del  ejército  de  Oribe  y en  los  primeros  meses 
del  sitio  quedaron  desocupadas  numerosas  casas  de  Montevideo,  de  las  que 
la  Policía  se  incautó  para  dar  alojamiento  a las  familias  que  llegaban  de  la 
campaña  y a todos  los  que  carecían  de  techo. 


146 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Tres  años  después,  en  abril  de  1846,  el  Gobierno,  invocando  el  deber 
de  respetar  la  Constitución  frente  a Rosas  armado  de  facultades  extraor- 
dinarias, resolvió  que  las  casas  de  que  así  venía  disponiendo  la  Policía  fue- 
ran devueltas  a sus  dueños  cuando  personalmente  las  pidiesen  para  habitar- 
las, y en  los  demás  casos  de  reclamo  que  los  ocupantes  pagaran  alquiler  o 
en  su  defecto  documentaran  la  deuda  para  cubrirla  una  vez  mejoradas  las 
circunstancias. 

Como  medio  de  atenuar  los  abusos  a que  Babia  dado  lugar  la  requisa 
de  casas  resolvió  también  el  Gobierno  constituir  una  Comisión  encargada 
de  fijar  las  indemnizaciones  que  habrían  de  pagarse  a los  propietarios  y asi- 
mismo que  en  adelante  ninguna  autoridad  dependiente  del  Poder  Ejecutivo 
pudiera  echar  mano  de  la  propiedad  particular  a pretexto  de  alojamiento, 
sin  orden  escrita  del  Ministerio  de  Gobierno. 

También  se  preocupó  el  Gobierno  de  asegurar  el  pago  de  los  alqui- 
leres. De  acuerdo  con  un  proyecto  que  presentó  a fines  de  1847  y transfor- 
mado en  ley  por  la  Asamblea  de  Notables,  la  Nación  asumiría  la  responsa- 
bilidad del  pago  de  los  alquileres  a cargo  de  los  empleados  civiles  o militares, 
de  las  familias  indigentes  de  la  campaña  y de  los  deudos  de  los  que  hubieran 
muerto  en  servicio,  sobre  la  base  de  los  sueldos  respectivos. 

Las  confiscaciones  de  Oribe. 

En  agosto  de  1843  prohibió  Oribe  la  marcación  y toda  especie  de  fae- 
nas en  las  estancias  de  la  República,  invocando  la  necesidad  de  evitar  pér- 
didas a los  propietarios,  ausentes  algunos  y empleados  otros  en  el  servicio 
público.  En  realidad  lo  que  se  buscaba  con  ayuda  de  esa  medida  era  facili- 
tar la  apropiación  por  las  autoridades  departamentales  de  los  ganados  sin 
marca  y de  los  mismos  marcados  que  dejaban  de  tener  salida  normal  para 
el  abasto  y para  los  saladeros. 

En  octubre  siguiente  Oribe  prohibió  a los  jueces,  escribanos  y procu- 
radores intervenir  en  los  contratos  de  compra  - venta  de  bienes  pertenecientes 
«a  los  prófugos  de  Montevideo»  y declaró  nula  toda  negociación  a su  respecto. 

Un  tercer  decreto  de  julio  de  J.845  se  encargó  de  completar  la  obra  de 
la  confiscación  en  esta  forma: 

«Los  bienes  de  los  salvajes  unitarios  embargados  en  todo  el  territorio 
de  la  República  son  propiedad  del  Estado.» 

El  decreto  invocaba  «los  enormes  males  causados  a la  República  y sus 
intereses  por  los  rebeldes  salvajes  unitarios»  y la  necesidad  de  asegurar  «a 
la  vez  que  un  justo  castigo  de  la  más  inicua  traición  una  reparación  e in- 
demnización de  la  que  deben  formar  parte  los  bienes  de  esos  mismos  trai- 
dores salvajes  unitarios». 

No  se  trataba  de  una  simple  amenaza,  sino  de  un  saqueo  efectivo.  Fir- 
mado el  decreto  empezaron  a llenarse  los  protocolos  de  los  escribanos  con 
escrituras  de  donación  de  bienes  pertenecientes  a los  defensores  de  Mon- 
tevideo. Uno  de  los  favorecidos,  plegado  posteriormente  a la  causa  de  la 
plaza,  publicó  el  contenido  de  una  escritura  autorizada  por  el  escribano  don 
Luis  Bernardo  Cavia,  el  15  de  julio  de  1846,  mediante  la  cual  Oribe  y sus 
Ministros  otorgaban  lo  siguiente  en  nombre  de  la  Nación: 

«Que  habiendo  determinado  distribuir  entre  los  beneméritos  individuos 
del  ejército  libertador  contra  los  salvajes  unitarios,  como  entre  otros  be- 
neméritos ciudadanos  y empleados  públicos...  y siendo  el  teniente  don  Ma- 
nuel Caraza  uno  de  esos  beneméritos,  acreedor,  por,  consecuencia,  a la  re- 
compensa nacional,  S.  E.  llevando  a ejecución  la  resolución  indicada,  otorga: 
que  hace  gracia  y donación  entre  vivos,  simple,  pura,  perfecta  e irrevocable 
a favor  del  expresado  teniente  don  Manuel  Caraza,  para  él,  sus  herederos  y 
sucesores,  de  una  casa  de  azotea,  con  cuatro  piezas,  cocina,  caballeriza  y 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


147 


cuatro  cuadras  de  terreno,  sita  en  el  Cerrito,  departamento  de  Montevideo, 
que  perteneció  al  salvaje  unitario  Juan  Justo  Alonso.» 

En  el  saqueo  de  las  estancias  quedaban  frecuentemente  envueltos  los 
intereses  brasileños,  dándose  con  ello  lugar  a ardorosas  protestas  que  orien- 
taban los  sucesos  a favor  de  la  causa  de  la  Defensa  de  Montevideo. 

Al  finalizar  el  año  1846  obtuvieron  los  refugiados  orientales  que  el  Juez 
Municipal  de  Yaguarón  detuviera  algunos  cargamentos  de  cueros  y grandes 
tropas  de  ganados  extraídos  de  sus  estancias.  Pero  ante  el  reclamo  de  la  Le- 
gación argentina  declaró  la  Cancillería  de  Río  de  Janeiro  que  las  autoridades 
brasileñas  sólo  podían  intervenir  en  defensa  de  los  intereses  de  sus  conna- 
cionales. 

Pocos  meses  después  eran  los  estancieros  brasileños  quienes  recurrían 
en  demanda  de  protección.  Don  José  Luis  Martins,  entre  otros,  formuló  una 
resonante  protesta  en  Bagé  a fines  de  1847  haciendo  constar  que  los  agen- 
tes de  Oribe  extraían  continuamente  tropas  de  sus  estancias  para  venderlas 
en  el  Brasil.  La  Cancillería  de  Río  de  Janeiro,  sin  atreverse  a entablar  ac- 
ciones radicales,  pidió  la  derogación  del  decreto  prohibitivo  de  la  marcación 
de  ganados  y contestó  Oribe  con  una  orden  de  clausura  de  la  frontera  para 
la  exportación  de  ganado  en  pie,  carnes  saladas  y cueros! 

La  Asamblea  Provincial  de  Río  Grande  envió  entonces  una  delegación 
a Río  de  Janeiro  para  pedir  que  también  se  gestionara  la  derogación  de  esa 
nueva  medida  prohibitiva,  que,  según  dijo  el  diputado  Araújo,  cerraba  su 
único  mercado  de  salida  a trescientos  estancieros  brasileños  radicados  en 
territorio  oriental. 

Los  perjudicados  fomentaban,  entretanto,  en  la  línea  fronteriza  la  for 
mación  de  grupos  armados  para  luchar  contra  los  agentes  de  Oribe,  a quie- 
nes muchas  veces  disputaban  los  cargamentos  de  cueros  y las  tropas  de  gana- 
dos cuya  exportación  había  sido  prohibida  a los  legítimos  propietarios. 

A mediados  de  1850  el  Presidente  de  Río  Grande  dirigió  al  Gobierno 
imperial  una  nota  encaminada  a demostrar  la  magnitud  de  los  perjuicios 
causados  a esos  estancieros.  De  los  cómputos  de  lasi  respectivas  comandan- 
cias militares  resultaba  que  los  brasileños  poseían  en  la  zona  fronteriza  del 
Chuy  y San  Miguel,  342  leguas  con  426,900  animales  vacunos;  en  la  frontera 
del  Yaguarón,  406  leguas;  en  la  frontera  de  Bagé,  336;  en  las  fronteras  del 
Cuareim,  240.  En  conjunto:  1,324  leguas  pobladas  de  ganados. 

Refiriéndose  especialmente  a la  zona  fronteriza  del  Cuareim  decía  el 
Gobernador  de  Río  Grande  que  Ja  mayoría  de  las  240  leguas  habían  sido 
usurpadas  a sus  propietarios,  y agregaba: 

«Tal  vez  no  haya  en  los  tiempos  de  la  colonización  moderna  ejemplo 
de  un  tratamiento  igual  o tan  violéhto  y bárbaro  para  con  súbditos  de  un 
país  neutral  como  aquel  que  la$  fuerzas  del  general  Oribe  han  puesto  en 
práctica  contra  los  brasileños.» 

A fines  del  mismo  año  el  «Jornal  do  Commercio»  de  Río  de  Janeiro  pu- 
blicó informaciones  complementarias  de  las  que  resultaba  que  en  las  fron- 
teras del  Chuy  y San  Miguel  tenían  los  brasileños  36  estancias,  de  las  cuales 
Oribe  había  embargado  33;  en  las  fronteras  del  Cuareim  151  estancias,  de 
cuyo  número  estaban  embargadas  50  y abandonadas  30;  al  Sur  del  Arapey 
embargadas  3 y abandonadas  40;  en  la  frontera  del  Yaguarón  y Bagé,  em- 
bargadas 4 y abandonadas  8.  En  suma:  embargadas  por  orden  de  Oribe  90 
y abandonadas  por  efecto  de  sus  persecuciones  78  estancias. 

El  barórN  de  Yacuy  se  encargó  de  vengar  tales  atropellos,  mediante 
fuertes  incursiones  armadas  que  contribuyeron  poderosamente  a preparar 
el  ambiente  a favor  de  la  intervención  del  Brasil  en  las  cuestiones  del  Río 
de  la  Plata. 

En  su  manifiesto  de  febrero  de  18  50  aseguraba  el  barón  de  Yacuy  que 
durante  la  larga  revolución  de  Río  Grande  más  de  quinientos  estancieros 
habían  trasladado  sus  establecimientos  ganaderos  a la  zona  que  media  en- 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


tre  el  Arapey  y el  Cuareim  y que  las  fuerzas  de  Oribe  habían  saqueado 
todas  sus  existencias.  En  una  correspondencia  al  «Correio  Mercantil»  de  Río 
de  Janeiro  señalaba  más  tarde  diversos  capítulos  de  agravios  de  los  estan- 
cieros ríograndenses  contra  Oribe:  por  haber  dado  libertad  a los  esclavos, 
casi  todos  ellos  de  propiedad  de  brasileños,  para  convertirlos  en  soldados; 
por  haber  prohibido 'las  faenas  de  campo  y especialmente  la  marcación  de  ga- 
nados, para  saquear  las  estancias;  por  haber  expedido  una  orden  que  obli- 
gaba a los  estancieros  a abandonar  el  cuidado  de  sus  intereses  y a reconcen- 
trarse en  los  puntos  fortificados;  por  haber  prohibido  la  exportación  de  ga- 
nado a Río  Grande;  por  haber  decretado  la  requisa  periódica  de:  reses  con 
destino  al  consumo  de  su  ejército. 

La  primera  invasión  seria  del  barón  de  Yacuy  se  produjo  en  enero  de 
1850.  Fué  dominada  por  las  fuerzas  del  coronel  Diego  Lamas  destacadas  en 
las  fronteras  del  Salto.  Pero  el  caudillo  ríograndense  regresó  en  marzo  al 
frente  de  una  verdadera  división  de  guerra  que  según  el  parte  oficial  del 
coronel  Lamas  se  componía  de  400  hombres  y que  según  las  informaciones 
de  la  prensa  subía  a un  millar,  computados  los  varios  grupos  de  emigrados 
orientales  que  se  plegaron  al  movimiento  bajo  el  mando  de  los  coroneles 
Centurión  (a)  «Calengo»  y Hornos. 

Llegada  la  lucha  a una  altura  que  ponía  así  a la  frontera  en  completo 
pie  de  guerra,  resolvieron  las  autoridades  brasileñas  ordenar  el  desarme  de 
las  fuerzas  del  barón  de  Yacuy,  pero  lo  hicieron  en  una  forma  que  acre^ 
centaba  la  popularidad  del  caudillo  y que  revelaba  ya  que  la  política  imperial 
había  resuelto  romper  con  Rosas  y con  Oribe,  según  lo  hacía  notar  la  prensa 
de  Montevideo. 

Contra  las  personas.  La  acción  del  Gobierno  de  la  Defensa. 

Al  mismo  plan  de  violencias  respondían  las  medidas  adoptadas  contra 
las  personas. 

«Los  que  auxilien  al  enemigo  (decía  el  Gobierno  de  Suárez  en  un  primer 
decreto  de  principios  de  febrero  de  1843,  refrendado  por  el  coronel  Pacheco 
y Obes)  remitiéndole  o conduciéndole  cualquier  artículo  de  guerra  o cosa 
que  pueda  serle  de  utilidad,  serán  pasados  por  las  armas  sin  más  juicio  que 
la  simple  comprobación  del  hecho» . . . «Todo  el  que  tuviere  relación  de  cual- 
quier clase  con  el  ejército  de  Rosas  o con  los  traidores  que  a su  nombre  han 
alzado  el  estandarte  de  rebelión,  será  entregado  a una  Comisión  militar  para 
su  juzgamiento  y condena  según  las  ordenanzas». 

«Todo  oriental,  prevenía  un  segundo  decreto,  que  sea  tomado  con  las 
armas  en  la  mano  o divisa  del  ejército  invasor  extranjero,  será  fusilado  en 
el  acto  por  la  espalda.» 

Fresca  todavía  la  tinta  de  esos  decretos,  cayó  prisionero  el  sargento 
Zacarías  Díaz  y en  el  acto  fué  fusilado  por  la  espalda.  Una  orden  general 
del  21  de  febrero,  al  anunciar  el  fusilamiento,  agregaba  anatematizando 
al  reo: 

«La  justicia  nacional  le  castiga.  Que  su  nombre  maldito  por  todos  los 
hombres  que  aman  la  patria  pase  a los  tiempos  más  remotos!  Que  su  in- 
famia dure  tanto  como  la  gloria  de  la  patria  a quien  traiciona.» 

El  propio  coronel  Pacheco  y Obes  en  su  carácter  de  Comandante  Mili- 
tar del  Departamento  de  Soriano  había  levantado  anteriormente  una  divi- 
sión de  1,000  hombres  para  reforzar  la  guarnición  de  Montevideo,  recu- 
rriendo a los  esclavos  de  Mercedes  antes  de  que  la  Asamblea  dictara  la  ley 
de  emancipación  general,  llamando  a los  soldados  de  Garibaldi  escapados  del 
desastre  del  Paraná  y movilizando  la  Guardia  Nacional  con  ayuda  de  aná- 
logas amenazas,  según  lo  demuestran  dos  de  sus  órdenes  del  día  correspon- 
dientes al  mes  de  diciembre  de  18  42. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


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Una  de  ellas,  relativa  a los  guardias  nacionales  Gorosido  y Roquero 
que  habían  desertado,  decía  así: 

«Serán  perseguidos  y en  caso  de  tomarse  serán  inmediatamente  pasados 
por  las  armas...  Se  hará  retirar  al  pueblo  a sus  familias  y se  pegará  fuego  a 
la  casa,  clavándose  en  ella  un  palo  con  un  letrero  que  diga:  era  la  casa  de 
un  cobarde  y la  justicia  nacional  la  ha  arrasado...  Igual  conducta  se  obser- 
vará con  cualquiera  que  deserte  en  lo  sucesivo.» 

La  otra  era  relativa  a cuatro  hermanos  Maneiro,  a quienes  se  fijaba  un 
plazo  de  ocho  días  para  enrolarse,  con  la  prevención  que  subsigue: 

«Pasado  ese  término  los  cuatro  individuos  nombrados  quedan  fuera  de 
la  ley:  todo  hombre  está  autorizado  a matarlos  dondequiera  que  los  encuen- 
tre y la  Comandancia  abonará  cien  pesos  a quien  matare  a cada  uno  de  ellos.» 

Pronta  ya  la  división  de  1,000  hombres,  con  la  que  habría  de  reforzar 
la  guarnición  de  Montevideo,  escribía  el  coronel  Pacheco  a fines  del  mismo 
mes  de  diciembre  de  1842: 

«Antes  de  marchar  de  Mercedes  mandé  fusilar  al  facineroso  Carlos  Mar- 
tínez que  cayó  después  de  haber  hecho  una  tenaz  resistencia  en  que  fué 
muerto  su  Compañero.  Veinticuatro  horas  estuvo  colgado  en  la  horca,  sobre 
la  más  alta  cuchilla  de  Mercedes.» 

Verdad  es  que  la  prensa  estimulaba  a las  violencias,  según  lo  comprue- 
ban estos  párrafos  extraídos  de  un  editorial  de  «El  Nacioñal»,  el  diario  más 
prestigioso  de  Montevideo,  correspondiente  al  mes  de  enero  de  1843: 

«Debe  autorizarse  a los  comandantes  de  partida  y jefes  de  división  para 
que  después  de  un  juicio  sumario  realizado  con  la  reunión  de  los  oficiales  de 
su  partida  o división,  pasen  por  las  armas  a todo  rebelde  de  la  clase  de  sar- 
gento para  arriba  tomado  con  las  armas  en  la  mano...  La  funesta  indul- 
gencia del  Gobierno  de  Corrientes  con  los  prisioneros  de  Caa-Guazú  ha 
sido  muy  fatal  a esta  heroica  Provincia;  y si  se  les  hubiera  fusilado  en  justa 
represalia,  como  lo  exigimos  en  cuanto  fueron  tomados,  por  el  derecho  que 
dan  la  propia  conservación  y los  códigos  de  todas  las  naciones,  no  habrían 
conspirado  y hoy  no  estarían  vertiendo  sangre  de  hombres  libres.» 

¿Continuaría  dominando  el  mismo  espíritu  en  los  días  subsiguientes? 

Varios  fusilamientos  de  prisioneros. 

A principios  de  marzo  de  1843  la  guarnición  del  Cerro  capturó  un  prisio- 
nero de  nacionalidad  oriental  y ese  prisionero  fué  en  el  acto  pasado  por  las 
armas,  dice  Whrigt,  de  acuerdo  con  las  terminantes  órdenes  deL  Ministerio 
de  la  Guerra. 

En  junio  siguiente  llegó  a las  faldas  del  Cerro  la  división  del  coro- 
nel Fortunato  Silva  con  treinta  y tantos  prisioneros  tomados  en  el  trayecto 
de  Maldonado  a la  Capital.  El  Ministro  Pacheco  y Obes  ordenó  al  jefe  de 
la  fortaleza,  «el  fusilamiento  por  la  espalda»  de  cuatro  de  los  prisioneros 
orientales,  y la  remisión  a la  plaza  de  los  extranjeros  a quienes'  debía  tra- 
társeles, decía,  «con  la  consideración  que  merece  la  desgracia».  Los  cuatro 
orientales,  que  eran  oficiales  del  ejército  de  Oribe,  fueron  fusilados  en  el 
acto. 

Casi  en  los  mismos  momentos  comunicaba  el  coronel  Estivao  al  Minis- 
terio de  la  Guerra,  desde  su  campamento  en  la  Barra  de  Santa  Lucía*  que 
había  capturado  siete  prisioneros,  fusilando  a tres  de  ellos  en  el  acto  y re- 
mitiendo los  demás  a la  plaza  de  Montevideo. 

Corresponde  a esta  misma  etapa  de  sangre  una  carta  del  Ministro  Pa- 
checo al  coronel  Báez,  secuestrada  por  las  fuerzas  de  Oribe,  que  terminaba 
así:  «...  mátame  todos  los  blanquillos  traidores  que  puedas  y recuerda 
siempre  el  exceso  con  que  te  quiere  tu  amigo». 


150 


ANALES  ETSTÓRTCOS  T>EL  URUGUAY 


Contra  los  pacifistas. 

Tras  un  paréntesis  de  -calma  volvió  a caldearse  formidablemente  el 
ambiente  oficial  antes  de  terminar  el  primer  año  del  sitio,  según  lo  revela 
este  decreto  de  octubre  que  lleva  las  firmas  del  Presidente  Suárez  y de  su 
Ministro  de  Guerra  el  coronel  Pacheco: 

«Es  traidor1  a la  patria  todo  el  que  proponga,  sirva  de  instrumento  o 
mantenga  cualquier  especie  de  comunicación  escrita  o verbal  en  que  se  trate 
de  un  avenimiento  con  él  (el  enemigo)  que  no  repose  en  la  base  de  su  su- 
misión al  Gobierno  nacional.  El  que  en  conversaciones  públicas  o privadas 
manifieste  opiniones  favorables  a una  paz  con  el  ejército  invasor,  será  juz- 
gado como  seductor  de  fuerza  armada  en  presencia  del  enemigo.  Todos  los 
ciudadanos  están  obligados  a poner  en  conocimiento  de  la  autoridad  cual- 
ouier  noticia  que  tengan  sobre  personas  que  se  hayan  hecho  culpables  de 
los  delitos  que  marcan  los  artículos*  anteriores,  so  pena  de  ser  tratados  si 
no  lo  hacen  como  simuladores  de  planes  funestos  a la  salvación  de  la  patria.» 

«El  Gobierno  — decía  el  preámbulo  de  ese  decreto  — quiere  que  los 
que  sean  débiles  escondan  su  vergonzosa  flaqueza;  que  los  que  sean  trai- 
dores sepan  de  antemano  que  se  exponen  a perder  sus  cabezas.  Hasta  hoy 
hace  esta  justiciaba  todos  los  habitantes  de  esta  Capital:  no  se  ha  levantado 
una  sola  voz  que  aconseje  transacciones,  avenimiento,  inteligencia  con  el 
invasor  extranjero  o con  el  miserable  oriental  que  lleva  sus  insignias  y se 
las  ha  prostituido.  Tal  vez  la  victoria  nacional,  que  humilla  con  su  plan  la 
bandera  de  Rosas,  hay'a  ahogado  el  deseo  imbécil  o criminal  de  hablar  de 
paz  con  Rosas.  Esta  es  imposible,  ‘ injuriosa,  vil,  mientras  uno  solo  de  sus 
degolladores  pise  en  armas  esta  tierra.  El  que  diga  que  es  hacedera  es  un 
miserable  que  no  merece  vivir,  o un  solapado  traidor  que  es  necesario  cas- 
tigar con  la  muerte.» 

Con  el  propósito  de  dar  rapidez  a los  castigos  resolvió  el  Gobierno  crear 
un  tribunal  militar  compuesto  de  tres  jefes  que  nombraría  «el  General  de 
las  armas».  Ese  tribunal,  decía  el  respectivo  decreto,  «juzgará  sumaria  y 
verbalmente  los  crímenes  de  traición,  infidencia,  deserción,  cobardía  o ti- 
bieza en  defender  la  patria,  que  cometan  los  individuos  pertenecientes  a los 
cuerpos  de  línea  o de  milicia  de  esta  Capital».  La  sentencia  será  precedida 
de  una  breve  historia  del  crimen,  y se  dictará  con  asistencia  del  defensor  de 
oficio.  En  cuanto  a penas  regirán  «las  establecidas  por  las  ordenanzas  milita- 
res para  las  tropas  que  se  hallan  al  frente  del  enemigo». 

La  comisión  militar  instituida  en  los  primeros  días  del  sitio  no  había 
dado  resultado,  según  el  preámbulo  del  mismo  decreto,  «falta  de  los  ele- 
mentos para  dar  a su  acción  la  prontitud,  la  infalible  celeridad  en  el  castigo 
del  crimen  que  requiere  la  gravedad  de  las  circunstancias».  Y era  necesario, 
en  consecuencia,  sustituirla  por  un  tribunal  que  castigara  «la  traición,  la 
cobardía,  la  debilidad,  la  tibieza  en  defender  la  patria»,  porque  «en  estos 
momentos  no  sólo  es  criminal  el  que  vuelve  las  armas  contra  ella;  es  reo 
infame  el  que  no  alza  su  brazo  con  todo  el  vigor  que  aconsejan  el  honor  y 
el  peligro  nacional». 

La  Policía  se  apresuró  a recapitular  en  una  ordenanza  todas  las  dis- 
posiciones vigentes  sobre  el  delito  de  traición,  distribuyéndolas  en  19  capí- 
tulos o casos  en  que  figuraban  la  circulación  de  noticias  favorables  al  ene- 
migo, la  indicación  de  defectos  capaces  de  perjudicar  lai  dignidad  y fuerza 
moral  de  los  poderes  públicos,  la  omisión  en  enunciar  los  actos  castigados, 
etc.,  todo  ello  con  la  advertencia  de  que  «la  pena  del  delito  de  traición,  con 
arreglo  a las  leyes,  es  la  muerte». 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


151 


Recrudecen  las  amenazas  de  muerte. 

La  escuadra  de  Brown  capturó  en  el  mismo  mes  de  octubre  de  1843 
a los  capitanes  Raya  y Rodríguez  que  viajaban  de  Montevideo  a Maildonado 
y los  envió  al  campamento  del  ejército  sitiador,  donde  fueron  degollados 
juntamente  con  otros  dos  prisioneros.  Los  cuatro  cadáveres  aparecieron  al  día 
siguiente  en  las  avanzadas  para  que  los  recogieran  las  partidas  de  la  plaza. 
E'l  general  Paz  comunicó  el  suceso  al  Ministro  de  la  Guerra  y éste  contestó 
en  la  forma  a que  inclinaban  las  exaltaciones  del  momento. 

El  Gobierno,  decía,  después  de  haber  dado  tantas  muestras  de  generosi- 
dad, comprende  que  «debe  variar  de  marcha»  y «para  desagraviar  a la  hu- 
manidad tan  fieramente  ultrajada  debe  decretar  las  represalias,  volver  al 
enemigo  mal  por  mal,  sangre  por  sangre;  y esto  va  a ser  así'  en  este  día 
mismo:  sobre  esas  nuevas  víctimas  de  que  se  ha  hecho  un  insultante  alarde 
y en  cuya  tumba  la  República  felizmente  va  a apoyar  aquel  santo  principio 
del  cual  nacerá  para  el  enemigo  el  escarmiento». 

Al  tiempo  del  entierro,  que  se  realizó  con  grandes  honores  militares 
en  que  tomó  parte  toda  la  guarnición,  o mejor  dicho  todo  cuanto  encerraba 
la  plaza,  dijo  el  Ministro  de  la  Guerra  coronel  Pacheco  y>  Obes: 

«Ante  estas  víctimas  mis  ojos  están  enjutos;  no  traigo  aquí  sino  un 
sentimiento:  la  ira;  un  pensamiento:  la  venganza;  una  esperanza:  la  libertad.» 

Y agregó  el  Jefe  Político  don  Andrés  Lamas: 

«Amurallemos  nuestra  sensibilidad  con  el  recuerdo  de  estos  martirios 
y de  tantos  otros  hasta  que  anonadado  Rosas  ante  su  propio  sistema  ceda  al 
imperioso  clamor  de  la  humanidad  y de  la  civilización  y respete  los  indefen- 
sos, las  banderas  neutrales,  los  prisioneros,  y haga  la  guerra  según  lo  pres- 
criben la  humanidad  y la  civilización.  Represalias,  señores;  pero  no  las  que 
ofrece  Rosas  sobre  nuestros  viajeros,  sino  represalias  sobre  los  ejecutores 
de  estas  matanzas.» 

Un  decreto  del  mismo  día,  luego  de  poner  frente  a frente  la  conducta 
observada  por  el  Gobierno  desde  lh,  batalla  de  Cagancha  en  que  los  prisione- 
ros fueron  inmediatamente  puestos  en  libertad  «y  la  ferocidad  de  los  verdu- 
gos del  degollador  de  Buenos  Aires  desde  la  batalla  del  Pago  Largo,  en  que 
fueron  pasados  a cuchillo  1,500  prisioneros  y la  batalla  del  Arroyo  Grande 
seguida  de  tres  días  de  continuas  hecatombes»,  concluía  así: 

«Hasta  el  día  en  que  el  enemigo  cese  en  su  práctica  de  matar  a los  sol- 
dados y oficiales  de  la  República  o de  nuestros  aliados  y haga  la  guerra 
conforme  a la  civilización,  serán  irremisiblemente  pasados  por  las  armas 
todos  los  individuos  del  ejército  de  Rosas  que  sean  aprehendidos  y perte- 
nezcan a la  clase  de  jefe  u oficial.» 

A raíz  de  este  terrible  movimiento  hubo  una  ejecución  en  Montevideo, 
la  del  respetable  comerciante  don  Luis  Baena  acusado  de  traición  en  virtud 
de  apreciaciones  contra  los  legionarios  extranjeros  emitidas  en  cartas  diri- 
gidas a personas  radicadas  en  el  campo  sitiador  que  fueron  interceptadas. 
Sus  colegas  del  comercio  ofrecieron  al  Gobierno  50,000  pesos  con  destino  a 
gastos  de  guerra  para  obtener  la  conmutación  de  la  pena,  y su  defensor  el 
doctor  Somellera  realizó  grandes  esfuerzos  para  salvarle  la  vida.  Pero  el 
Tribunal  Militar  lo  condenó  a muerte  y la  sentencia  fué  ejecutada  de  in- 
mediato. 

La  prensa  incitaba  al  derramamiento  de  sangre. 

Había  contribuido  y seguía  contribuyendo  la  prensa  de  Montevideo  a 
estas  medidas  de  violencia  con  una  propaganda  ardorosa  que  tenía  que  ma- 
rear a les  mismos  hombres  dirigentes. 

«Médicos  de  Buenos  Aires,  escribía  Rivera  Indarte  en  «El  Nacional»,  al 
comentar  la  noticia  de  que  Rosas  estaba  enfermo,  no  tenéis  deberes  para 


152 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


un  tirano.  Si  es  cierto  que  rodeáis  la  cama  de  Rosas,  haced  de  vuestra  cien- 
cia un  instrumento  vengador.  Si  sois  amigos  de  la  humanidad,  si  queréis  ser 
fieles  al  juramento  que  prestasteis  al  recibir  el  título  de  vuestra  profesión, 
recordad  que  Rosas  es  más  fatal  al  hombre  que  la  fiebre  y el  contagio.  Sal- 
vad vuestra  patria.» 

«Nuestra  opinión,  decía  en  otro  editorial,  de  que  es  acción  santa  matar 
a Rosas,  no  es  antisocial,  sino  conforme  con  la  doctrina  de  los  legisladores 
y moralistas  de  todos  los  tiempos  y edades.  Muy  dichosos  nos  reputaríamos, 
si  este  escrito  moviese  el  corazón  de  algún  varón  fuerte  que  hundiendo  el 
puñal  libertador  en  el  pecho  de  Rosas  restituyese  al  Río  de  la  Plata  su  per- 
dida ventura  y librase  a la  América  y a la  humanidad  en  general  del  grande 
escándalo  que  la  deshonra.» 

Meses  después  anunciaba  el  articulista  la  publicación  de  una  obra  suya 
en  la  forma  que  subsigue: 

«Rosas  y sus  opositores.  Contiene  las  tablas  de  sangre  y la  disertación. 
Es  acción  santa  matar  a Rosas,  en  que  se  prueba  esta  proposición  con  argu- 
mentos irresistibles  y numerosa  copia  de  ejemplos  históricos  y de  textos  de 
publicistas,  empezando  por  la  sagrada  Escritura  y acabando  por  la  opinión 
del  señor  Janín,  uno  de  los  editores  del  «Diario  de  los  Debates». 

Rivera  Indarte  era  el  más  formidable  de  los  periodistas  que  luchaban 
contra  Rosas.  Su  intensa  labor  de  publicista  y de  soldado  remató  en  un 
violento  ataquei  que  lo  obligó  a trasladarse  a Santa  Catalina,  donde  murió 
a mediados  de  1845.  Dos  años  después  se  resolvió  el  traslado  de  sus  restos 
a Montevideo  y exhumado  el  cadáver  en  presencia  del  doctor  Montes  de 
Oca,  encargado  de  su  identificación,  se  le  encontró  todavía  suspendido  al 
cuello  un  rosario  con  cruz  de  plata  que  le  había  colocado  la  madre  al  salir 
proscripto  de  Buenos  Aires. 

«El  Nacional»  en  sus  manos,  escribía  Mitre  al  dar  cuenta  de  su  muerte, 
era  una  gran  tribuna  desde  la  que  se  arengaba  al  pueblo  para  derrocar  la 
tiranía  y defender  la  libertad. 

Las  ideas  de  Rivera  Indarte  continuaron  dominando  durante  largos 

años. 

En  1848  al  ocuparse  la  Asamblea  de  Notables  de  la  convención  de  paz 
y de  los  incidentes  de  que  había  sido  teatro  Montevideo,  decía  el  coronel  Cé- 
sar Díaz  refiriéndose  al  asesinato  de  Florencio  Varela: 

«Si  nuestros  enemigos,  siendo  incapaces  de  vencernos  en  combate  leal, 
con  las  armas  del  guerrero,  se  deslizan  en  las  tinieblas  de  la  noche  para  he- 
rirnos con  el  puñal  del  asesino,  hagamos  pesar  sobre  ellos  la  mano  del 
verdugo.» 

Y agregaba  editorialmente  «El  Conservador»,  uno  de  los  grandes  ór-_ 
ganos  de  la  Defensa  de  Montevideo: 

«Un  poco  de  sangre  enemiga  nos  hubiera  ahorrado  mucha  sangre  amiga; 
y un  sistema  contrario  al  que  se  ha  seguido  hasta  hoy  haría  mucho  tiempo 
que  nos  habría  puesto  en  aptitud  de  dominar  cualquier  situación  por  emba- 
razosa que  fuera...  Un  poco  menos  de  cultura  y de  libros  nos  habría  dado 
un  poco  más  de  poder  y de  respetabilidad...  No  es  la  primera  vez  que  lo 
decimos,  ni  será  la  última:  si  nosotros  hubiéramos  estado  al  frente  de  los 
negocios  públicos,  hubiéramos  imitado  a Rosas  para  vencer  a Rosas,  y por 
el  mismo  camino  por  que  ha  alcanzado  Rosas  la  tiranía,  hubiéramos  nosotros 
buscado  la  justicia,  porque  no  es  sobre  distintos  pueblos,  ni  sobre  distintas 
cosas  sobre  que  Rosas  y sus  contrarios  trabajan,  y si  esos  pueblos  y esas 
cosas  han  podido  por  el  terror  ser  conducidos  a un  sistema  despótico,  no 
vemos  por  qué  no  se  podría  por  ese  mismo  medio  conducirlos  al  extremo 
opuesto.» 

Contra  esas  ideas  de  sangre  se  alzó  invariablemente  la  población  de  Mon- 
tevideo y más  de  una  vez  tuvo  que  ceder  el  Gobierno  de  la  Defensa  a la 
presión  de  los  sentimientos  reinantes,  que  no  eran  de  exterminio  sino  de 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


153 


concordia.  Lo  demuestra  especialmente  un  decreto  de  junio  de  1843,  dic- 
tado a raíz  de  la  ejecución  de  prisioneros  de  que  hemos  hablado. 

«El  Gobierno,  decía  el  decreto,  echó  mano  de  fuertes,  justas  y necesarias 
medidas,  para  contener  al  débil  y espantar  al  traidor.  Entre  ellas  se  condenó 
a la  pena  de  muerte  a los  orientales  que  abandonando  la  causa  de  su  patria 
y de  la  libertad  del  Río  de  la  Plata  empuñasen  armas  en  pro  del  degollador 
y a los  otros  individuos  que  sirviendo  a nuestro  ejército  se  pasasen  a sus 
banderas.  Los  que  fueron  encontrados  culpables  de  estos  crímenes,  aunque 
pocos,  los  expiaron  sin  consideración  con  su  vida»...  Pero  las  circunstancias 
han  cambiado:  las  armas  de  la  República  están  victoriosas  y el  Gobierno 
ha  resuelto  conceder  el  indulto  a todos  los  que  se  presenten  de  inmediato, 
bajo  apercibimiento  de  reanudar  con  los  omisos  la  ejecución  de  las  medidas 
ya  dictadas. 

Volvió  poco  tiempo  después  a caldearse  el  ambiente  y las  pasiones  enar- 
decidas se  exteriorizaron  en  cartas  que,  como  la  que  sigue  de  Rivera  al  coro- 
nel Báez,  datada  en  el  Aiguá  a principios  de  1844,  parecían  comprobar  la 
regresión  a las  medidas  de  exterminio: 

«Intertanto,  persigue  y mata  cuanto  blanquillo  se  te  ponga  por  delante; 
por  acá  vamos  haciendo  otro  tanto,  lo  que  bastará  para  dar  fin  a estos  mal- 
vados.» 

Pero  ni  la  idea  del  exterminio  encontraba  cabida  en  la  contextura  mo- 
ral de  Rivera,  ni  los  nuevos  tiempos  en  que  escribía  eran  favorables  a los 
actos  de  extrema  violencia. 

El  propio  general  Pacheco,  autor  de  los  decretos  de  sangre,  exaltaba  al 
finalizar  el  sitio  la  gloria  del  Gobierno  de  la  Defensa,  proclamando  en  la 
prensa  de  París  que  la  población  de  Montevideo  sólo  había  presenciado  en 
los  siete  años  corridos  de  1843  a 1850  ocho  fusilamientos,  incluidos  los  pri- 
sioneros de  guerra  condenados  a muerte  por  decreto  expedido  en  los  prime- 
ros días  de  la  invasión. 

La  prensa  de  Oribe  publicó  en  1846  y 1847  varias  relaciones  nomina- 
les de  asesinatos  y saqueos  realizados  en  los  departamentos  de  Maldonado,  Ta- 
cuarembó y Cerro  Largo,,  y de  los  heridos  y prisioneros  ultimados  en  la  toma 
de  Paysandú  por  Rivera,  según  testimonio  expedido  por  el  Alcalde  Ordinario 
del  departamento  don  Cayetano  Almagro. 

En  general  se  trataba,  sin  embargo,  de  hechos  ordinarios  de  guerra 
exaltados  por  la  pasión  partidista,  o de  crímenes  aislados  obra  de  extra- 
víos individuales  extraños  a los  dirigentes  de  la  guerra. 

Durante  el  armisticio  de  1850  una  fuerza  de  la  guarnición  del  Cerro 
cruzó  la  línea  sitiadora  y arrebató  una  tropa  de  ganado  matando  a los  tres 
hombres  que  la  custodiaban.  Oribe  denunció  el  hecho  al  Encargado  de  Nego- 
cios de  Francia  en  Montevideo  y trasmitida  la  denuncia  al  Gobierno  de  Suá- 
rez  se  instruyó  un  sumario  del  que  resultó  que  los  tres  cadáveres  «tenían 
una  sola  herida  en  la  parte  derecha  del  pescuezo  que  dividía  la  garganta» 
y que  los  autores  del  degüello  eran  el  teniente  Martínez  y el  soldado  Romero. 
Ambos  fueron  condenados  a muerte  y fusilados. 

Al  comunicar  la  sentencia  hacía  notar  el  Ministro  Herrera  y Obes 
a la  Legación  de  Francia  que  el  teniente  Martínez  era  uno  de  los  más  bravos 
oficiales  del  ejército;  que  su  cuerpo  estaba  acribillado  de  heridas  reveladoras 
de  la  importancia  de  su  foja  militar;  y que  asimismo  había  sido  fusilado 
«para  salvar  el  honor  de  su  causa  y conservar  a la  República  el  derecho  de 
representar  en  estas  regiones  los  intereses  de  la  civilización». 

Tentativas  del  Gobierno  de  la  Defensa  para  humanizar  la  lucha. 

Varias  veces  abrió  negociaciones  el  Gobierno  de  la  Defensa  para  esta- 
blecer el  canje  de  los  prisioneros,  pero  en  todos  los  casos  con  resultado  ne- 
gativo. ' I 1 


154 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


La  primera  tentativa  fué  realizada  en  septiembre  de  1844,  a raíz  de  la 
sorpresa  a una  fuerte  guardia  sitiadora  en  que  fueron  capturados  varios 
prisioneros.  B'l  Ministro  de  la  Guerra,  coronel  Pacheco,  se  dirigió  al  general 
Oribe  en  los  términos  que  siguen: 

«Las  leyes  de  la  República  me  prohíben  comunicar  con  usted  en  su  ca- 
lidad de  traidor;  pero  como  además  reúne  la  de  jefe  del  ejército  del  Gober- 
nador de  Buenos  Aires,  en  el  interés  de  la  humanidad  he  creído  deber  pro- 
poner a usted  para  lo  sucesivo  el  canje  de  prisioneros  que,  una  vez  establecido, 
disminuirá  en  mucho  los  horrores  de  una  guerra  en  que  todos  los  principios 
de  aquel  mandatario  feroz  se  ponen  en  práctica,  por  unos  para  ayudarlo 
y obedecerle  y por  otros  para  hacer  uso  del  más  justo  derecho  de  defensa: 
la  represalia.» 

Esa  nota  no  era  como  para  abrir  negociaciones,  y naturalmente  quedó 
sin  respuesta. 

La  segunda  tentativa  se  produjo  en  julio  de  1846.  El  Ministro  de  la 
Guerra  ordenó  al  Comandante  General  de  Armas  que  propusiera  el  canje  de 
prisioneros  al  jefe  del  ejército  sitiador  «deseando  el  Gobierno,  decía  en  su 
nota,  que  al  acto  de  solemnidad  con  que  debe  celebrarse  el  día  del  aniversa- 
rio de  la  Jura  de  nuestra  Constitución  se  agregue  uno  humanitario  por  el 
cual  recuerden  en  lo  sucesivo  nuestros  desgraciados  prisioneros  de  guerra 
que  la  autoridad  puso  los  medios  para  libertarlos  del  estado  afligente  en  que 
los  había  colocado  la  suerte  de  las  armas». 

De  acuerdo  con  esta  orden  el  Comandante  de  Armas  dirigió  un  oficio 
rotulado  «Al  Excelentísimo  señor  General  en  Jefe  del  Ejército  sitiador»  ofi- 
cio que  fué  entregado  por  un  oficial  parlamentario  al  jefe  del  Estado  Mayoi 
de  Oribe,  coronel  Lasala,  quien  contestó  verbalmente  que  la  comunicación 
sólo  podía  recibirse  a condición  de  que  fuera  dirigida  «al  Presidente  legal». 
Tal  fué  la  respuesta  según  la  versión  recogida  por  la  prensa  de  la  plaza. 
La  prensa  del  campo  sitiador  dijo  que  Oribe  había  hecho  contestar  que  no 
reconocía  carácter  alguno  ni  el  jefe  de  las  armas,  ni  en  el  Gobierno  de  quien 
dependía,  para  dirigirse  a las  autoridades  constitucionales,  salvo  que  se 
tratara  de  pedir  un  indulto. 

La  tercera  tentativa  se  realizó  el  20  de  febrero  de  1847,  en  homenaje 
al  aniversario  de  la  batalla  de  Ituzaingó.  De  conformidad  a las  órdenes  ex- 
pedidas avanzó  hasta  la  zona  del  campo  sitiador  el  coronel  Lorenzo  Batlle, 
con  un  oficio  en  que  se  proponía  el  canje  de  prisioneros  al  general  Gribe. 
El  oficial  a quien  el  jefe  parlamentario  entregó  el  oficio  regresó  después 
de  larga  espera  con  esta  respuesta  verbal  de  Oribe:  «Que  podía  retirarse, 
pues  no  se  admitía  el  convenio». 

Comentando  esta  negativa  decía  la  prensa  del  campo  sitiador: 

¿Pero  con  quién  puede  tratar  el  Presidente  Oribe?  Los  rebeldes  de  Mon- 
tevideo son  simples  instrumentos  de  los  agentes  de  Francia  e Inglaterra, 
carecen  de  personería  y no  ofrecen  garantía  de  ninguna  especie! 

De  las  tres  tentativas,  pues,  para  suavizar  los  efectos  de  la  guerra, 
una  de  ellas  fracasó  por  la  forma  agresiva  con  que  abría  las  negociaciones  el 
Gobierno  de  la  Defensa,  y las  otras  dos  por  la  torpe  pretensión  de  que  las 
autoridades  de  Montevideo  proclamaran  previamente  la  ilegitimidad  de  su 
mandato. 

En  varias  otras  oportunidades  procuró  exteriorizar  el  Gobierno  de  Mon- 
tevideo los  propósitos  inspiradores  de  esas  tentativas  directas  con  Oribe. 

A fines  de  1843,  invocando  la  conducta  humanitaria  del  almirante  Brown 
con  los  prisioneros  capturados  por  su  escuadra,  decretó  la  libertad  de  un 
oficial  de  marina  apresado  por  las  fuerzas  de  la  plaza  en  el  Buceo.  El  Mi- 
nistro de  la  Guerra  pidió  al  comodoro  Purvis  que  se  hiciera  cargo  de  la  entrega 
del  prisionero,  mediante  una  nota  en  que  hacía  constar  que  ese  mismo -día 
las  fuerzas  sitiadoras  habían  degollado  al  oficial  Ortega  y colocado  su  cabeza 
en  las  avanzadas  de  la  línea.  El  comodoro  Purvis,  al  aceptar  el  cometido, 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


155 


quiso  a su  turno  dejar  constancia  de  que  comunicaría  al  Gobierno  inglés: 

«Que  la  guerra,  que  hasta  aquí  se  ha  hecho  con  una  ferocidad  salvaje, 
se  prosigue  por  una  de  las  partes  más  de  acuerdo  con  los  principios  de  la 
civilización  y de  la  humanidad.» 

En  febrero  de  1845  entró  al  puerto  de  Montevideo,  bajo  la  presión  de  un 
furioso  temporal,  el  lanchón  argentino  «Fortunato».  Podía  el  Gobierno  de 
Suárez  secuestrar  la  embarcación  y su  cargamento  y capturar  a sus  tripu- 
lantes. Pero  prefirió  dictar  un  hermoso  decreto  en  el  que  a todo  renunciaba 
a título  de  que  «los  marinos  de  la  República  adquieren  lo  que  conquistan 
con  su  valor,  lo  que  apresan  con  su  trabajo  y su  peligro,  pero  no  aceptan 
como  suyo  lo  que  el  infortunio  arroja  a sus  manos». 

A mediados  de  1847,  durante  una  suspensión  de  hostilidades  emanada 
de  negociaciones  de  paz,  decretó  el  Gobierno  de  Suárez  la  absoluta  libertad 
de  los  prisioneros  de  guerra  existentes  en  el  departamento  de  Policía,  con  la 
advertencia  de  que  deberían  salir  para  las  provincias  argentinas  dentro  de 
tercero  día. 

No  era  sólo  a favor  de  los  prisioneros  de  la  guerra  civil  que  trabajaba 
así  el  Gobierno  de  la  Defensa.  En  abril  de  1844  publicó  Rosas  una  nota  por 
la  que  se  negaba  a concurrir  con  los  delegados  de  Chile,  Perú  y Bolivia  a un 
Congreso  encargado  de  resolver  sobre  la  suerte  del  general  Santa  Cruz.  Ale- 
gaba que  esos  Gobiernos  no  querían  matar  al  general  prisionero  como  esta- 
ban obligados  a hacerlo.  Pues  bien:  el  Gobierno  de  Suárez,  invocando  los  in- 
tereses de  la  humanidad  y el  prestigio  americano,  resolvió  protestar  contra 
esa  bárbara  exigencia  y se  dirigió  con  tal  objeto  a las  cancillerías  de  Ingla- 
terra, de  Francia  y del  Brasil. 

En  el  campo  sitiador.  Matanzas  de  prisioneros. 

El  general  Paz  instituyó  a mediados  de  1843  una  Comisión  compuesta 
de  los  doctores  José  Manuel  Báez,  Alejo  Villegas  y Francisco  Elias,  con  el 
encargo  de  examinar  testigos  y practicar  reconocimientos  encaminados  a 
documentar  las  atrocidades  cometidas  por  las  fuerzas  de  Oribe. 

Ante  esa  Comisión  comparecían  frecuentemente  soldados  procedentes 
del  campo  sitiador  y sus  declaraciones  sobre  crímenes,  reales  o supuestos, 
eran  recogidas  y publicadas  para  formar  el  proceso  de  Rosas  y de  Oribe, 
y prestigiar  la  causa  de  Montevideo  ante  las  potencias  europeas  que  ya  ha- 
bían intervenido  en  las  contiendas  del  Río  de  la  Plata  y á quienes  de  nuevo 
se  trataba  de  vincular  en  forma  más  efectiva.  Con  frecuencia  también  la 
prensa  de  Montevideo  se  hacía  eco  de  rumores  de  degüello  que  a veces  daban 
lugar  a que  las  supuestas  víctipaas  salieran  a la  prensa  para  declárar  que 
estaban  en  el  mundo  de  los  vivos. 

El  plantel  argentino  del  ejército  de  Oribe,  compuesto  de  tres  mil  homr 
bres,  era  el  mismo  que  había  recorrido  las  provincias  insurreccionadas  con- 
tra Rosas  desde  1839  hasta  1842,  con  un  programa  de  exterminio  que  fué 
cumplido  sin  escrúpulos,  hasta  matar  y arruinar  a todos  los  que  no  se  doble- 
gaban al  dictador. 

Con  tales  soldados  en  la  zona  sitiadora  era  imposible  que  no  hubiera 
sacrificios  de  prisioneros  y los  sacrificios  de  prisioneros  se  produjeron  efec- 
tivamente, aunque  no  con  la  extensión  y la  frecuencia  que  habrían  hecho 
suponer  las  fojas  de  esos  soldados. 

A mediados  de  1843  los  ministros  plenipotenciarios  de  Inglaterra  y 
de  Francia  en  el  Río  de  la  Plata,  señores  Mandeville  y conde  De  Lurde,  se 
dirigieron  a Rosas  para  expresarle  que  habían  recibido  comunicaciones  de 
los  comandantes  de  las  fuerzas  navales  de  Montevideo  denunciando  actos  de 
inaudita  crueldad  sobre  los  prisioneros  extranjeros  antes  de  matarlos,  y 
que  esperaban  que  el  Gobierno  argentino  daría  órdenes  encaminadas  a evitar 
tales  atrocidades. 


156 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Hemos  mencionado  algunas  de  esas  crueldades  al  ocuparnos  de  las  re- 
presalias adoptadas  por  el  Gobierno  de  la  plaza  sitiada  y vamos  a comple- 
tar su  número  sobre  la-base  de  los  documentos  de  la  época. 

A raíz  de  la  derrota  del  general  Angel  María  Núñez  las  fuerzas  depen- 
dientes de  la  plaza  secuestraron  un  oficio  de  Oribe  datado  en  julio  de  1843, 
con  la  siguiente  orden:  «Si  usted  toma  a Mendoza,  hará  bien  en  fusilarlo». 

Varios  meses  después  fueron  interceptados  en  Mercedes  los  siguientes 
oficios  dirigidos  al  capitán  Miguel  Núñez:  por  el  comandante  Jerónimo  Cá- 
ceres,  acusando  recibo  de  otro  en  que  Núñez  le  comunicaba  que  en  cumpli- 
miento de  las  órdenes  recibidas  había  «castigado  con  la  última  pena  al 
inmundo  unitario  Hilario  Cardozo»;  por  el  coronel  Urdinarrain,  comunicando 
que  de  acuerdo  con  órdenes  de  Urquiza  habían  sido  «degollados  el  cabo  Ra- 
món de  Llama  y los  soldados  Francisco  Olmos  y Julián  Gómez»,  bajo  la 
acusación  de  deserción;  por  Miguel  Ludueña,  diciendo  que  había  recibido  dos 
prisioneros,  «los  salvajes  unitarios  José  La  Cruz  Astrada  y arribeñito  lla- 
mado José  Miranda»,  tomados  en  Monzón,  y que  los  había  hecho  «degollar 
para  escarmiento». 

En  octubre  de  18  43  las  guerrilas  sitiadoras  capturaron  al  teniente  Or- 
tiz.  Al  día  siguiente  apareció  en  las  avanzadas  la  cabeza  de  ese  oficial,  que 
íué  traída  a la  plaza  y sepultada  con  grandes  honores  que  decretó  el  gene- 
ral Paz. 

De  una  escena  más  salvaje  se  ocupó  «El  Constitucional»  en  el  curso  de 
este  mismo  año.  Según  su  relato  un  negro  de  la  plaza  tomado  prisionero 
fué  suspendido  sobre  una  fogata  y luego  degollado,  dando  lugar  tan  horrible 
cuadro,  que  se  desarrollaba  frente  a la  línea,  a que  el  coronel  Torres  diera 
una  carga  a la  bayoneta  para  rescatar  el  cadáver  y traerlo  a la  plaza,  donde 
quedó  en  exhibición. 

En  marzo  de  1846  el  coronel  Batlle,  Comandante  General  de  la  Colonia, 
a raíz  de  una  derrota  infligida  a las  fuerzas  que  sitiaban  dicha  plaza,  se- 
cuestró un  oficio  del  coronel  Jaime  Montoro  al  comandante  Leandro  Vi- 
llanueva,  datado  en  mayo  del  año  anterior,  que  decía  así: 

«He  recibido  orden  de  S.  E.  el  señor  Presidente  de  la  República  para 
hacer  ejecutar  de  muerte  a varios  salvajes,  entre  los  cuales  se  cuentan  los  cua- 
tro individuos  que  conduce  el  teniente  Pereyra,  y son:  Hipólito  Chaparro, 
Silverio  Martínez,  Manuel  Ríos  y Ezequiel  Ríos.  Pero  al  mismo  tiempo  dicha 
ejecución  debe  hacerse  con  precaución  y sigilo,  de  modo  que  los  enemigos 
y particularmente  los  extranjeros  no  la  trasciendan  e interpreten  siniestra- 
mente este  acto.  Por  consiguiente,  reciba  usted  dichos  prisioneros  y mán- 
delos asegurar  hasta  que  despache  y regrese  el  piquete  que  los  lleva,  al 
cual  hará  usted  entender  que  va  a pasarlos  al  cuartel  general,  y luego  há- 
galos ejecutar  en  la  inteligencia  que  ninguna  razón  será  bastante  para  ex- 
cusar la  evasión  de  ninguno  de  ellos.» 

La  prensa  del  campo  sitiador  contestó  que  estaba  autorizada  por  el  co- 
ronel Montoro  para  declarar  que  habían  falsificado  su  firma,  con  la  nota- 
ble confesión  empero  de  que  las  ejecuciones  eran  reales  y muy  justas  por 
haber  recaído'  sobre  facinerosos  acusados  de  innumerables  asesinatos  y sa- 
queos. Dijo  con  tal  motivo  la  misma  prensa  que  en  el  archivo  secuestrado 
a Rivera  en  el  campo  de  India  Muerta  se  habían  tomado  muchas  hojas  en 
blanco  con  las  firmas  de  Rosas,  Urquiza  y López,  falsificadas  por  el  li- 
tógrafo Gieles. 

Varios  años  más  tarde,  en  1S50,  «El  Comercio  del  Plata»  reprodujo 
otro  oficio  del  coronel  Montoro  al  comandante  Tomás  Villalba,  de  enero  de 
1846,  que  decía  lo  siguiente:  «En  el  acto  que  reciba  usted  ésta  tome  la 
indagación  y haga  degollar  al  pardo  y a cuantos  aparezcan  en  combina- 
ción con  los  salvajes». 

Tal  solía  ser  también  la  suerte  de  los  prisioneros  en  los  campos  de 
batalla. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


157 


El  coronel  Barreto,  en  parte  datado  en  noviembre  de  1844  desde  su 
campamento  en  Olimar,  anunciaba  a Urquiza  que  había  atacado  a una  par- 
tida de  cuarenta  y tantos  enemigos;  que  había  muerto  a los  cabecillas  Al- 
varez  y Escobar  «y  a 35  salvajes,  que  hasta  la  tumba  habían  querido  acom- 
pañarlos»; que  sólo  4 enemigos  habían  podido  escapar;  y que  la  fuerza  de 
su  mando  apenas  tenía  que  lamentar  una  caída  de  a caballo  sufrida  por  el 
capitán  Orzabal!  Tratábase,  pues,  de  una  sorpresa  con  exterminio  total  de 
los  apresados. 

Según  el  parte  oficial  de  Urquiza  a Oribe  las  bajas  del  ejército  de  Ri- 
vera en  India  Muerta  consistieron  en  1,000  muertos  y 500  prisioneros, 
desequilibrio  enorme  que  de  acuerdo  con  diversos  testimonios  de  la  época 
habría  que  atribuir  a las  hecatombes  que  subsiguieron  a la  victoria. 

A muchos  prisioneros  se  les  salvaba,  sin  embargo,  la  vida. 

A principios  de  1846  tuvo  lugar  en  el  Departamento  de  Maldonado,  a 
la  altura  de  San  Carlos,  un  combate  entre  las  fuerzas  de  Oribe  y una  expe- 
dición militar  que  había  salido  de  Montevideo  bajo  el  mando  del  coronel 
Venancio  Flores.  La  infantería  y la  artillería  de  la-  columna  expedicionaria, 
juntamente  con  su  jefe  inmediato,  el  coronel  Pantaleón  Pérez,  quedaron 
prisioneros  y fueron  transportados  al  Cerrito. 

Comentando  el  hecho  decía  «El  Nacional»: 

«Hacemos  al  general  sitiador  la  justicia  que  merece  por  la  conducta 
que  de  algún  tiempo  a esta  parte  ha  observado  con  sus  prisioneros:  no  inves- 
tigamos los  motivos  de  esta  conducta:  los  aplaudimos  .entrañablemente, 
cualesquiera  que  ellos  sean,  y diremos  que  contribuyen  a colocar  esta  guerra 
en  el  terreno  del  derecho  y la  civilización.» 

Dos  años  y medio  después  las  fuerzas  del  general  Lucas  Moreno  pene- 
traron en  la  Colonia  y capturaron  a la  guarnición. 

A raíz  de  este  hecho  de  armas  la  Legación  británica  dirigió  una  nota 
a Oribe  ofreciéndole  su  reconocimiento  «por  la  conducta  y tratamiento  del 
general  Moreno  para  con  los  súbditos  británicos»,  y en  seguida  los  espa- 
ñoles, italianos  y franceses  radicados  en  la  Colonia  se  dirigieron  al  propio 
jefe  atacante  para  aplaudir  la  conducta  humanitaria  de  sus  soldados. 

Uno  de  los  diarios  más  exaltados,  «Le  Patrióte  Frangais»,  al  tejer  a su 
vez  el  elogio  de  las  fuerzas  vencedoras,  agregaba  «que  si  así  hubieran  pro- 
cedido los  demás  jefes  de  Oribe  jamás  se  habrían  armado  los  extranjeros 
de  Montevideo». 

El  asesinato  de  Florencio  Varela. 

En  las  crónicas  de  sangre  de  esta  época  se  destaca  el  asesinato  del  re- 
dactor de  «El  Comercio  del  Plata»,  el  más  notable  de  los  diarios  de  la 
América  del  Sur,  ocurrido  e}  20  de  marzo  de  1848,  a raíz  de  una  fuerte 
campaña  periodística  contra  Rosas  y Oribe  y en  los  momentos  mismos  en 
que  arribaban  nuevos  comisionados  de  los  Gobiernos  de  Francia  e Inglaterra 
para  reanudar  las  negociaciones  de  paz. 

De  la  índole  de  su  propaganda  instruyen  estas  frases  de  un  editorial 
de  principios  de  febrero  del  mismo  año: 

«La  experiencia  de  una  vida  que  ya  no  es  corta,  ha  grabado  entre  las  du- 
ras y variadas  lecciones  que  nos  deja,  la  de  que  los  hombres  de  opiniones 
extremas  que  abdican  el  juicio  en  manos  de  la  pasión,  son  los  enemigos  más 
eficaces  de  su  propia  causa.  Nos  esforzamos  por  eso  y cuatno  nos  es  posible 
por  ser  moderados,  justos,  tolerantes,  aún  para  con  nuestros  enemigos 
políticos  más  acerbos.  Jamás  los  atacamos  por  sistema,  por  voto  de  atacar 
cuanto  hacen  y cuanto  dicen.  Al  contrario:  procuramos  siempre  buscar  en 
sus  propios  hechos,  no  en  teorías  nuestras,  la  explicación  de  su  conducta  y la 


158 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


prueba  de  nuestras  acusaciones.  De  este  modo  de  proceder  da  claro  testi- 
monio cuanto  hemos  escrito  desde  el  primer  número  de  nuestro  diario.» 

Precisamente  en  eso  estribaba  la  autoridad  incontrastable  de  su  propa- 
ganda: la  forma  era  moderada,  pero  la  idea  inspiradora,  fuertemente  do- 
cumentada siempre,  producía  la  impresión  intensa  que  el  lenguaje  violento 
ja,más  hubiera  podido  alcanzar. 

Un  mes  antes  del  asesinato  hizo  el  proceso  de  Rosas,  de  Oribe  y de 
Maza,  en  forma  tan  contundente  que  «El  Defensor»  tuvo  que  darse  por  con- 
vencido. En  la  imposibilidad  de  negar  el  sacrificio  de  Acha,  de  Avellaneda, 
de  Juan  Apóstol  Martínez,  «y  de  los  demás  salvajes  unitarios  ejecutados 
en  Catamarca»,  se  limitó  a publicar  una  serie  de  decretos  y documentos  que 
demostraban  que  los  defensores  de  Montevideo  habían  cometido  actos  crue- 
les también.  ' 

El  número  de  «El  Comercio  del  Plata»  que  contenía  ese  proceso  se 
cruzó  con  otro  de  «El  Defensor»,  en  que  este  último  hablando  del  bloqueo 
del  Buceo  por  la  escuadra  francesa  y de  la  actitud  del  gabinete  de  Río  de 
Janeiro  al  no  reconocer  la  autoridad  constitucional  de  Oribe,  decía  que 
el  almirante  Le  Predour  «servía  las  miras  de  los  agiotistas  de  la  Aduana, 
las  del  salvaje  Yarela  y ¿lemas  salvajes  unitarios»,  y que  el  redactor  de  «El 
Comercio  del  Plata»  era  «el  alma  de  todas  las  determinaciones  del  Gobierno 
oriental,  el  oráculo  del  Consulado  francés». 

Una  semana  antes  del  asesinato  Florencio  Varela  comentaba  en  este 
suelto  las  noticias  que  le  habían  llegado  del  campo  sitiador,  reveladoras  de 
la  enorme  impresión  que  estaba  causando  su  propaganda: 

«Con  un  sentimiento  fácil  de  comprender,  pero  sin  dolor  ninguno,  te- 
nemos que  anunciar  a nuestros  lectores  nuestra  propia  muerte  e invitarlos 
a nuestros  funerales  que  deben  tener  lugar  en  la  costa  del  Miguelete,  si  el 
señor  presidente  de  aquellas  chacras  lo  permite.  El  7 del  corriente  a la 
tarde  fuimos  solemnemente  fusilados  en  la  calle  de  la  Restauración,  habiendo 
aprobado  don  Manuel  Oribe  la  sentencia  según  hemos  tenido  noticia  cierta. 
Nuestros  lectores  tendrán  de  hoy  en  adelante  que  prestar  mayor  fe  a cuanto 
les  digamos,  pues  nuestra  voz  vendrá  del  otro  mundo  y la  voz  del  otro  mundo 
es  siempre  voz  de  verdad.» 

El  redactor  de  «El  Comercio  del  Plata»  había  sido,  pues,  fusilado  en 
efigie,  en  la  víspera  del  desembarco  de  una  nueva  misión  diplomática  fran- 
co - inglesa  sobre  cuya  marcha  debía  él  actuar  fuertemente  por  su  posición 
en  la  prensa  y por  su  influencia  considerable  en  el  seno  del  Gobierno,  que 
no  exageraba  «El  Defensor»,  como  que  el  propio  Florencio  Varela  ha  decla- 
rado en  su  autobiografía  que  desde  la  iniciación  del  sitio  el  Ministro  don 
Santiago  Vázquez  le  confió  privadamente  el  despacho  de  la  cartera  de  Re- 
laciones Exteriores. 

Algunos  días  después,  en  momentos  que  golpeaba  en  la  puerta  de  calle 
de  su  casa,  era  apuñaleado  por  la  espalda. 

Su  entierro  dió  lugar  a una  enorme  manifestación  de  protesta  contra 
Rosas  y Oribe,  que  se  repitió  un  año  después  en  el  cementerio  al  colocarse 
una  lápida  en  la  que  el  poeta  Mármol  escribió  con  lápiz:  «Muerto  a la  li- 
bertad nació  a la  historia.  Y es  su  sepulcro  el  templo  de  su  gloria». 

Para  «El  Defensor»,  en  cambio,  tratábase  de  un  «traidor  que  personal- 
mente no  era  digno  de  una  mirada  de  desprecio». 

Nada  se  supo  en  las  primeras  horas  acerca  del  asesino,  pero  quince 
días  después  llegaron  del  campo  sitiador  dos  muchachos,  y ellos  dijeron  que 
se  llamaba  Andrés  Cabrera  y que  ese  hombre  se  paseaba  tranquilamente  por 
el  campamento,  mostrando  a cuantos  querían  oirle  el  cuchillo  con  que  ha- 
bía cometido  el  crimen.  Una  mujer  procedente  también  del  campo  sitiador 
declaró  luego  que  en  la  noche  del  crimen  Cabrera  llegó  a la  quinta  de  don 
Francisco  Oribe  y allí  contó  de  qué  manera  había  muerto  a Varela.  Más 
adelante  la  Policía  resolvió  aprehender  a varios  individuos  procedentes  del 


I/A  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


159 


ca,mpo  sitiador,  y notando  el  Comisario  que  uno  de  ellos  se  mostraba  muy 
alarmado  le  gritó  «asesino  de  Varela!»,  en  presencia  de  lo  cual  el  incre- 
pado, lleno  de  terror,  contestó  que  los  matadores  eran,  un  hermano  suyo,  lla- 
mado Federico  Suárez  y Andrés  Cabrera,  y que  su  intervención  se  había 
reducido  a suministrar  un  bote  a los  asesinos. 

Sobre  la  base  de  estas  y otras  declaraciones  se  inició  el  sumario.  Pero 
los  asesinos  vivían  en  el  campo  sitiador  y el  sumario  poco  adelantó  hasta 
el  mes  de  octubre  de  1851,  en  que  terminada  la  Guerra  Grande  pudo,  final- 
mente, la  Policía  aprehender  al  asesino  principal. 

Traído  ante  el  Juez  del  Crimen  declaró  Cabrera  que  él  era  el  matador 
de  Varela;  que  la  orden  la  recibió  primeramente  de  don  José  Iturriaga  y 
luego  de  don  Manuel  Oribe;  que  fué  ayudado  en  su  empresa  por  otro  com- 
pañero que  había  recibido  la  misma  orden;  que  él  no  conocía,  a Varela  ni 
de  vista,  pero  que  le  clavó  el  cuchillo  una  vez  que  su  compañero  le  dijo: 
«aquél  es»;  que  después  de  consumado  el  hecho  se  embarcó  en  un  bote  que 
desde  noches  atrás  -quedaba  pronto  para  recibirlo  y se  dirigió  al  campo  si- 
tiador; que  el  día  de  la  paz  se  encontró  en  el  pueblo  del  Buceo  con  Itu- 
rriaga,  quien  le  aconsejó  que  se  embarcara,  cosa  que  el  declarante  no  pudo 
realizar  porque  en  seguida  lo  aprehendió  la  Policía. 

La  causa  fué  fallada  en  primera  instancia  a fines  de  1853,  sobre  la  base 
de  un  veredicto  que  establecía  que  Andrés  Cabrera  era  el  asesino,  pero  que 
no  estaba  probado  que  hubiera  procedido  por  mandato  de  tercero.  La  sen- 
tencia de  segunda  instancia,  en  cambio,  dictada  a mediados  de  1854,  esta- 
blecía que  el  asesino  había  procedido  «por  mandato  del  brigadier  general 
don  Manuel  Oribe». 

Hay  que  agregar  que  dos  años  después  del  asesinato  de  Florencio  Va- 
rela, en  marzo  de  18  50,  fué  empastelada  la  imprenta  de  «El  Comercio  del 
Plata»  por  una  pandilla  que  encabezaba  José  Lorenzo  (a)  «Biribilla».  El 
jefe  de  la  pandilla  cayó  e,n  manos  de  la  justicia  y declaró  que  había  realizado 
su  empresa  bajo  el  ofrecimiento  de  una  suma  de  400  patacones  hecha  por 
Manuel  Páez,  quien  le  dijo  que  había  conversado  con  Oribe  y que  éste  exi- 
gía que  las  letras  del  taller  fueran  arrojadas  «al  lugar». 

El  autor  del  empastelamiento  fué  condenado  a muerte  y fusilado  en 
la  Plaza  Cagancha  a mediados  del  mismo  año  1850.  No  así  el  autor  del  ase- 
sinato, por  haber  fallecido  de  muerte  natural  antes  de  la  conclusión  defini- 
tiva de  la  causa. 

¿Fué  realmente  Oribe  el  inspirador  de  ambos  crímenes? 

Faltan  datos  concluyentes  para  responder.  Existe  una  carta  de  Rosas 
a Oribe  datada  en  febrero  de  1848,  un  mes  antes  del  asesinato,  que  habla 
de  la  próxima  llegada  de  los  ministros  de  Inglaterra  y de  Francia  y de  me- 
didas a adoptarse  contra  el  redactor  de  «El  Comercio  del  Plata».  La  auten- 
ticidad de  esa  carta  ha  sido  negada  por  don  Antonio  Reyes,  secretario  de 
Rosas.  Pero  hay  dos  cosas  que  son  indiscutibles:  que  del  campamento  de 
Oribe  salieron  Cabrera  y Biribilla  para  consumar  el  asesinato  y el  empas- 
telamiento, y que  el  primero  de  ellos  regresó  al  campo  sitiador  con  su  cu- 
chillo ensangrentado  y fué  allí  amparado  hasta  la  conclusión  de  la  guerra. 


¥ * • 


MONTEVIDEO  DURANTE  EL  SITIO 


CAPITULO  X 


LA  VIDA  POLITICA  DURANTE  LA  GUERRA  GRANDE 
Apertura  de  las  sesiones  ordinarias  de  la  Asamblea  en  1843. 

El  24  de  febrero  de  1843,  una  semana  después  del  establecimiento  del 
sitio,  don  Joaquín  Suárez,  Presidente  del  Senado  en  ejercicio  del  Poder  Eje- 
cutivo por  ausencia  de  Rivera,  abría  las  sesiones  ordinarias  de  la  Asamblea 
en  cumplimiento  de  las  prescripciones  constitucionales. 

«Convertida  la  capital  de  la  República,  decía,  en  un  vasto  campo  mili- 
tar y contraídos  los  brazos  y la  inteligencia  de  todos  a defender  las  libertades 
nacionales,  las  vidas  y el  honor  de  las  familias,  parece  que  en  nada  fuera 
permitido  pensar  sino  en  medidas  de  guefra  y de  defensa.  Y,  sin  embargo, 
vosotros,  elegidos  de  la  Nación,  hacéis  un  paréntesis  a ocupación  tan  santa 
y robáis  al  ejército  momentos  breves  a sus  premiosas  atenciones  de  guerra, 
para  pagar  un  alto  tributo  de  respeto  al  precepto  constitucional  que  manda 
reuniros  anualmente  en  este  recinto.» 

Luego  de  dar  cuenta  de  la  situación  militar,  anunciaba  el  Presidente 
Suárez  que  Rivera,  «ese  hómbre  extraordinario,  ese  varón  fuerte  cuyo  ge- 
nio se  eleva  con  nuevo  vigor  en  medio  de  los  reveses»,  bajaría  a los  pocos 
días  de  su  elevado  puesto  por  vencimiento  del  plazo  constitucional,  pero  no 
así  de  la  jefatura  del  ejército,  «porque  nadie  como  él  contaba  con  la  con- 
fianza del  soldado  y la  esperanza  del  ciudadano». 

Rivera  efectivamente  había  sido  elegido  el  l.°  de  marzo  de  1839  y su 
mandato  caducaba  el  l.°  de  marzo  de  1843. 

La  Cámara  de  Diputados  votó  en  el  acto  una  minuta  dé  comunicación 
redactada  por  una  Comisión  especial  de  la  que  formaban  parte  don  Manuel 
Herrera  y Obes  y don  Luis  José  de  la  Peña,  que  decía  refiriéndose  a Rivera: 
* «La  Cámara  de  Representantes  no  ha  podido  oir  sin  emoción  el  pró- 
ximo descenso  del  ilustre  y benemérito  brigadier  general  don  Fructuoso  Ri- 
vera de  la  Presidencia  de  la  Rep'ública.  Los  relevantes  y envidiables  ser- 
vicios prestados  a su  patria  en  treinta  años  de  fatigosa  e incesante  lucha  y 
las  distinguidas  cualidades  personales  que  lo  caracterizan  y que  en  el  curso 
de  doce  años  lo  han  elevado  dos  veces  a la  primera  magistratura,  harían 
que  la  Cámara  de  Diputados  mirase  aquel  acontecimiento  como  una  cala- 
midad pública,  si  a la  cabeza  de  ese  valiente  y virtuoso  ejército  que  con 
tanta  bizarría  mantiene  incólumes  los  derechos  y prerrogativas  de  la  Na- 
ción, el  general  Rivera  no  fuera  siempre  el  hombre  de  sus  esperanzas.  Quiera 
el  cielo  darle  tanta  gloria  (y  tanta  dicha  como  gratitud  le  debe  la  patria!» 

• 

La  Asamblea  resuelve  no  proveer  la  Presidencia  de  la  República. 

Llegado  el  l.°  de  marzo,  resolvió  la  Asamblea  suspender  la  elección  de 
Presidente  de  la  República  hasta  la  desocupación  del  territorio  por  el  ejér- 
cito invasor,  debiendo  continuar,  entretanto,  al  frente  del  Poder  Ejecutivo 
el  Presidente  del  Senado  don*  Joaquín  Suárez.  Fundando  esa  medida  decía 
la  Comisión  informante  de  la  Cámara  de  Diputados: 

«En  circunstancias  en  que  el  enemigo  con  actitud  amenazante  está 
acampado  a tiro  de  cañón  de  los  muros  de  la  Capital  y en  que  los  espí- 
ritus están  dominados  por  esa  agitación,  por  intereses  inmediatos  y exi- 
gentes que  nacen  siempre  en  épocas  extraordinarias  para  morir  con  ellas, 


i 6 4 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


no  es,  en  concepto  de  la  Comisión,  el  momento  oportuno  para  ejercer  el 
acto  de  más  importancia  que  está  encomendado  al  Cuerpo  Legislativo  por 
su  inmediato  contacte  con  el  bienestar  de  la  República.» 

El  mismo  día  dictó  don  Joaquín  Suárez  un.  decreto  que  designaba  a 
Rivera  «General  en  Jefe  de  los  ejércitos  nacionales  y director  de  la  guerra», 
invocando  su  triple  .foja  de  servicios  como  «salvador  de  la  patria  en  los  días 
clásicos  de  la  libertad  e independencia;  caudillo  leal,  constante,  intrépido; 
y Presidente  que  ha  puesto  su  nombre  al  pie  de  las  ¡leyes  que  más  fama  le 
han  dado  al  país  en  materia  de  educación,  de  comercio,  de  industrias,  de 
fomento  de  la  población». 

Don  Joaquín  Suárez  venía  ya  ejerciendo  el  Poder  Ejecutivo  desde  octu- 
bre de  1841,  en  que  fué  nombrado  Presidente  del  Senado  por  fallecimiento 
de  don  Luis  Eduardo  Pérez,  quien  a su  turno  había  desempeñado  once  veces 
la  Presidencia  de  la  República  por  ausencias  del  titular,  según  se  encargó 
de  hacerlo  constar  la  prensa  al  tejer  su  corona  fúnebre. 

Son,  datos  reveladores  de  las  enormes  agitaciones  de  la  época.  El  Pre- 
sidente tenía  que  pasarse  en  campaña  la  mayor  parte  de  su  tiempo  comba- 
tiendo contra  los  que  querían  derrumbarlo  de  su  puesto,  y a veces  hasta 
sin  poder  convocar  a su  reemplazante  constitucional.  A raíz,  por  ejemplo, 
del  fallecimiento  de  don  Luis  Eduardo  Pérez  y mientras  se  corrían  los  trá- 
mites necesarios  para  llenar  la  vacante,  Rivera  invitó  al  vicepresidente  don 
José  Vidal  y Medina  a desempeñar  el  Poder  Ejecutivo,  en  razón  de  que 
las  exigencias  de  la  guerra  le  obligaban  a salir  inmediatamente  a campaña. 
Pero  el  vicepresidente  se  rehusó  a ocupar  el  cargo  y entonces  Rivera  dictó 
un  decreto  por  el  cual  entregaba  el  mando  a sus  ministros  hasta  que  el  Se- 
nado procediera  a la  elección  del  reemplazante  de  don  Luis  Eduardo  Pérez! 

Origen  de  la  Legislatura  que  presidió  los  comienzos  de  la  Guerra  Grande. 

La  primera  Legislatura  de  la  Administración  Rivera  fué  elegida  a fi- 
nes de  1838,  para  completar  el  período  de  las  Cámaras  de  Oribe,  elegidas 
en  1836  y derrumbadas  dos  años  después. 

Esa  Legislatura  debía  terminar  en  febrero  de  1840.  Pero  la  invasión 
de  Echagüe  obligó  a suspender  las  elecciones  de  noviembre  de  1839  y en- 
tonces la  Asamblea  resolvió  por  sí  y ante  sí  prorrogar  su  mandato  hasta *que 
pudieran  realizarse  los  nuevos  comicios  una  vez  que  el  orden  público  que- 
dara restablecido. 

A fines  de  octubre  de  1840  creyó  Rivera  que  había  llegado  la  oportuni- 
dad de  convocar  a elecciones  generales  de  senadores  y diputados.  Pero  en 
seguida  dejó  sin  efecto  su  decreto  y se  dirigió  a la  Comisión  Permanente 
expresando  que  habían  «sobrevenido  sucesos  de  tal  gravedad  que  ponían  al  Go- 
bierno en  el  deber  y en  la  necesidad  de  llamar  al  país  todo  a las  armas». 

A esa  situación  anormal,  obra  sin  duda  del  tratado  Mackau  y de  las 
amenazas  de  nueva  invasión,  resolvió  finalmente  poner  término  la  Asam- 
blea prorrogada  mediante  la  ley  de  marzo  de  1841  que  obligaba  a convocar 
al  país  a elecciones  generales.  Como  la  situación  seguía  siendo  de  guerra 
prevenía  la  ley  que  los  ciudadanos  enrolados  en  las  milicias  sufragarían 
en  las  mesas  más  próximas  al  punto  en  que  estuvieren  destacados.  El  plazo 
del  mándato  de  los  nuevos  senadores  y diputados  sería  simplemente  com- 
plementario del  tiempo  ya  corrido  desde  la  época  en  que  constitucional- 
mente debieron  tener  lugar  los  comicios. 

Las  elecciones  se  efectuaron  en  los  meses  de>  abril,  mayo  y junio  con 
muy  escasa  concurrencia  de  votantes,  y la  nueva  Legislatura  inauguró  sus 
sesiones  a fines  de  octubre,  cuando  ya  su  mandato  sólo  tenía  un  año  de 
plazo  por  delante. 

En  noviembre  de  1842  se  realizaron  los  últimos  comicios  de  la  Adminis- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


165 


tración  Rivera,  con  más  afluencia  de  votantes  según  todos  los  diarios,  pero 
dentro  de  la  vieja  indiferencia  de  la  masa  cívica. 

Es  vergonzoso,  escribía  «El  Constitucional»,  que  una  población  de 
30,000  almas,  como  la  de  Montevideo,  sólo  presente  2,000  votantes.  Otro 
diario,  «El  Compás»,  señalando  uno  de  los  factores  de  la  abstención,  pro- 
testaba contra  el  fraude  y la  coacción  ejercidos  por  los  agentes  oficiales  en 
esos  comicios. 

La  nueva  Legislatura  tenía  mandato  hasta  febrero'  de  18  46. 

Antes  de  llegar  a ¡su  término  tuvo  que  prorrogar  el  período  de  varios 
senadores  que  habían  caducado  en  sus  funciones,  y que  dictar  una  ley  que 
autorizaba  a llenar  las  vacantes  de  titulares  con  los  suplentes  de  cualquier 
departamento.  El  país  estaba  en  guerra  y sólo.  con  ayuda  de  esos  y otros 
aroitrios  era  posible  mantener  el  quórum  legislativo  en  ambas  Cámaras. 

La  dificultad  creció  al  aproximarse  la  fecha  de  la  renovación  total  de 
la  Cámara.  Inspirándose  en  los  precedentes  de  la  Administración  Rivera 
presentó  la  Comisión  de  Legislación  de  la  Cámara  de  Diputados  a mediados 
de  1845  un  proyecto  de  ley  según  el  cual  «los  senadores  y representantes 
de  la  Nación  no  cesarían  en  sus  puestos  mientras  no  fueran  reemplazados 
por  los  nuevamente  electos  conforme  a la  ley». 

«Las  instituciones  de  la  Nación,  decía  la  Comisión  en  su.  dictamen,  de- 
ben ser  tan  durables  como  ella  misma.  La  voluntad  nacional  es  la  sola  om- 
nipotente para  alterarlas  o cambiarlas  y están  por  lo  mismo  fuera  de  la 
acción  de  toda  causa  extraña.  La  representación  nacional,  que  es  la  base 
primordial  de  nuestra  existencia  política,  no  puede,  pues,  faltar  jamás  sin 
que  ésta  desaparezca.» 

No  alcanzó  a convertirse  en  ley  dicho  proyecto  y en  enero  de  1846, 

transcurrido  ya  el  período  constitucional  de  los  comicios,  sancionó  la  Cá- 

mara de  Senadores  otro  proyecto  por  el  que  se  declaraba  expresamente  que 
la  Legislatura  seguiría  funcionando  mientras  no  fuera  reemplazada  por 
la  llamada  a subrogarla. 

La  Cámara  de  Diputados  modificó  la  nueva  fórmula  estableciendo  que 

la  Legislatura  sólo  podría  ocuparse  de  los  asuntos  relacionados  con  la  ob- 

servancia de  ’da  Constitución  y de  las  leyes,  de  los  de  alta  gravedad  o ur- 
gencia que  le  fueran  sometidos  por  el  Poder  Ejecutivo,  y de  los  que  resol- 
viera abordar  la  Asamblea  General  a solicitud  de  una  de  las  Cámaras. 

El  Senado  no  admitió  la  enmienda.  Según  la  Comisión  dictaminante 
el  Poder  Ejecutivo  estaba  habilitado  para  prorrogarse  por  obra  de  la  nece- 
sidad, pero  no  podía  ampliar  ni  restringir  sus  facultades,  sino  actuar  de 
acuerdo  con  la  Constitución.  i 

Había  llegado  el  caso  de  reunir  a las  dos  Cámaras  para  dirimir  la 
disidencia.  Pero  las  opiniones  estaban  grandemente  divididas  y llegó  el  mes 
de  febrero  y la  Asamblea  terminó  su  mandato  sin  que  la  prórroga  quedara 
sancionada.  I 

El  Poder  Ejecutivo  se  inclinaba  decididamente  a favor  de  la  disolución 
de  la  Legislatura  por  razones  ,de  conveniencia  política  más  que  por  razones 
constitucionales. 

La  Legislatura  en  ludia  con  el  Poder  Ejecutivo. 

No  había  mantenido  efectivamente  buena  armonía  esa  Legislatura  con 
el  Gobiejno  de  la  Defensa.  Más  de  una  vez  había  tenido  que  alzarse  contra 
las  medidas  extraordinarias  que  imponía  el  estado  de  sitio,  sobre  todo  des- 
pués de  transcurridos  los  primeros  tiempos  de  angustia  en  que  toda  diver- 
gencia debía  ser  acallada  y se  acallaba. 

A mediados  de  18  44  presentó  el  Poder  Ejecutivo,  según  hemos  dicho 
antes,  un  proyecto  de  ley  que  autorizaba  a vender  los  bienes  muebles  e in- 
muebles de  los  ciudadanos  que  estaban  en  el  ejército  de  Oribe  y asimismo 


166 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


de  los  que  habían  ¡huido  de  Montevideo.  En  la  Cámara  de  Diputados  triunfó 
el  Gobierno  después  de  un  debate  muy  honroso  para  la  Cámara  y para 
los  legisladores  que  sostenían  sus  convicciones,  como  se  apresuró  a decirlo 
el  Ministro  de  Hacienda  don  Andrés  Lamas  debate  en  que  los  señores  Ro- 
mán Cortés  y Martín  , García  de  Zúñiga  sostuvieron  que  el  proyecto  era  in- 
constitucional por  cuanto  no  se  abonaba  de  inmediato  el  precio  a los  expro- 
piados, y además  antipolítico  en  cuanto  hacía  recaer  las  penas  sobre  los 
hijos  de  los  adversarios,  creando  así  odios  inextinguibles.  Pero  en  la  Cá- 
mara de  Senadores  el  proyecto  quedó  encarpetado. 

En  octubre  del  mismo  año  comentaba  así  el  diputado  don  Manuel 
Herrera  y Obes  la  actitud  del  Gobierno  de  Suárez  al  decretar  el  destierro  del 
coronel  Melchor  Pacheco  y Obes  y conceder  facultades  extraordinarias  al 
coronel  Venancio  Flores: 

«Los  periódicos  de  la  Capital  han  registrado  un  acto  gubernativo  que 
no  tiene  calificación  en  estos  momentos,  porque  de  tenerla  sería  para  exas- 
perar y hacer  desfallecer  el  corazón  de  todos  aquellos  que  de  buena  fe 
anhelan  hoy  por  consolidar  las  libertades  públicas  y entronizar  el  imperio 
de  las  instituciones.  El  Poder  Ejecutivo,  señores,  salvando  todas  las  barre- 
ras que  le  oponen  la  Constitución,  la  experiencia  y los  intereses  de  la  socie- 
dad que  representa,  ha  delegado  en  un  jefe  militar  que  comanda  el  ejér- 
cito y que  no  tiene  más  responsabilidad  que  su  espada,  una  de  las  más  deli- 
cadas e importantes  funciones  que  la  Constitución  confiere  al  Poder  Eje- 
cutivo, y al  hacerlo,  ha  dado  a esas  funciones  una  latitud  discrecional  bajo 
nombre  de  facultades  extraordinarias  que  dice  tener  por  la  Constitución  para 
la  conservación  de  la  tranquilidad  y de  la  seguridad  pública.  Semejante  su- 
ceso es  un  atentado  escandaloso  contra  las  garantías  de  la  libertad  y segu- 
ridad que  los  ciudadanos  tienen  consignadas  en  la  ley  fundamental.» 

Ni  el  Poder  Ejecutivo  tenía  efectivamente  otra  facultad  que  la  de 
adoptar  medidas  prontas  de  .seguridad  con  cargo  de  dar  cuenta  a la  Asam- 
blea, ni  tampoco  podía  delegar  en  un  tercero  el  ejercicio  personalísimo  de 
esa  autorización  constitucional. 

Algunas  semanas  después  abordaba  la  Comisión  Permanente  el  estudio 
de  ¡ese  mismo  asunto  sobre  la  base  de  un  dictamen  en  que  la  subcomisión 
informante  declaraba  que  era  «tan  notable  el  avance  del  Poder  Ejecutivo... 
que  la  Comisión  Permanente  no  podía  disimularlo».  Hubo  una  sesión  se- 
creta en  la  que  los  Ministros  dieron  explicaciones,  y terminadas  éstas  y 
reanudada  la  sesión  pública  se  irguió  el  diputado  Sagra  contra  la  tesis 
gubernativa  según  la  cual  había  que  sacrificarlo  todo  a la  patria  y que  nada 
era  tan  perjudicial,  durante  los  críticos  momentos  de  la  guerra,  como  la  dis- 
crepancia entre  los  Poderes  Ejecutivo  y Legislativo. 

«En  cuanto  al  primer  punto,  dijo  el  diputado  Sagra,  no  puede  dársele 
un  concepto  de  tal  latitud  que  para  salvar  la  patria  hagamos  el  sacrificio 
de  la  misma  patria,  porque  patria,  señores,  es  la  tierra,  es  todo  ,1o  que  hay 
en  ella,  las  cosas,  los  hombres,  su  fama;  y si  para  salvar  su  existencia  del 
riesgo  que  corre  destruimos  las  propiedades,  exterminamos  a los  hombres 
y ultrajamos  la  gloria,  no  la  salvaremos,  de  cierto;  por  el  contrario,  apre- 
suraremos su  ruina.» 

No  alcanzó  a votar  la  Comisión  Permanente  ninguna  resolución.  Pero 
la  atmósfera  quedaba  cargada  y los  antagonismos  tenían  que  reproducirse. 

Al  empezar  las  sesiones  extraordinarias  de  1845  la  Comisión  de  Ha- 
cienda de  la  Cámara  de  Diputados  pidió  y obtuvo  la  sanción  de  urna,  minuta 
por  la  que  se  exigía  del  Poder  Ejecutivo  la  presentación  de  las  Memorias 
anuales  de  los  ministerios,  y muy  especialmente  la  de  Hacienda,  ton  la 
expresa  advertencia  de  que  la  Comisión  había  resuelto  no  ocuparse  de  los 
proyectos  financieros  sometidos  a su  estudio  «ínterin  el  Poder  Ejecutivo, 
informando  al  Cuerpo  Legislativo  como  lo  ordena  una  disposición  constitu- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


167 


cional,  no  dé  todos  los  datos  que  la  Cámara  y el  puéblo  deben  tener  para  que 
puedan  sancionarse  los  recursos  que  pide». 

«Llamado  el  Cuerpo  Legislativo,  dijo  el  miembro  informante  de  la  Co- 
misión de  Hacienda  don  Manuel  Herrera  y Obes,  a ejercer  las  funciones  más 
augustas  dé  la  soberanía  nacional,  su  celo  en  examinar  y conocer  a fondo 
el  verdadero  estado  de  las  cosas  es  un  deber  sagrado  que  le  imponen  en  todo 
tiempo  su  conciencia,  la  misión  que  le  ha  confiado  el  pueblo  y los  más 
caros  intereses  de  la  República.» 

La  Cámara  de  Diputados,  agregó,  ha  venido  votando  recursos  «ante 
un  no  hay  qué  ciar  de  comer  al  soldado;  no  liay  con  qué  vestirlo;  la  patria  puede 
no  existir  mañana».  Pero  es  necesario  que  desde  hoy  en  adelante  ella  conozca 
las  necesidades  públicas  con  toda  precisión.  «Después  de  dos  años  de  una 
existencia  tan  azarosa  como  especial  la  experiencia  ha  dado  lecciones  a to- 
dos; y ¡al  Cuerpo  Legislativo  le  muestra  que  la  circunspección  y la  reserva 
es  hoy  una  necesidad  creada  por  nuestra  misma  situación  y apoyada  en  la 
justicia  y en  la  conveniencia  pública,  y que  la  ligereza  de  sus  actos,  su  apa- 
tía, una  actitud  menos  independiente  y firme  que  la  que  hoy  conviene  asu- 
mir, es  peligrosa  para  su  crédito  y para  la  causa  que  sirve». 

Un  mes  después  de  esta  honrosísima  actitud  parlamentaria  encaminada 
a salvar  los  fueros  constitucionales  dentro  de  la  plaza  de  guerra,  se  presen- 
taba a la  Asamblea  el  Presidente  de  la  República  en  demanda  de  venia  para 
asumir  el  mando  directo  de  la  guarnición  de  Montevideo.  Y la  Asamblea 
le  negaba  esa  autorización,  sin  desconocer  «el  pensamiento  de  eminente 
patriotismo»  que  informaba  su  pedido,  según  lo  hacía  constar  la  Comisión 
informante. 

En  noviembre,  con  ocasión  del  destierro  impuesto  al  coronel  Venancio 
Flores,  presentó  don  Joaquín  Sagra  a la  Comisión  Permanente  de  que  for- 
maba parte,  un  proyecto  de  nota  en  que  se  hablaba  de  la  «no  interrumpida 
serie  de  actos  con  que  mucho  hace  se  está  violando  la  Constitución  y ho- 
llándose los  derechos  de  los  ciudadanos  en  sus  personas,  honor  y fortuna»; 
y se  agregaba  que  ya  no  era  posible  mantener  esa  tolerancia  «ante  el  tras- 
torno en  que  se  halla  el  edificio  social,  minado  por  todos  sus  fundamentos» 
y que  se  imponía  una  reacción  parlamentaria  «para  que  palpado  de  un  modo 
oficial  este  mal.  enorme,  de  que  ninguno  de  los  miembros  que  componen  este 
Honorable  Cuerpo  ha  dejado  individualmente  de  participar  más  o menos, 
dicte  su  sabiduría  los  medios  conducentes  a cortarlo  antes  que  ni  escombros, 
ni  sombra  aún  haya  quedado  de  esa  Constitución  y libertad  con  tanta  sangre 
y tantos  desvelos  cimentada  y con  tan  heroico  sacrificio  sostenida». 

Haciendo  el  proceso  de  algunos  de  los  abusos  de  la  época  citaba  la 
nota  que  venimos  extractando  el  caso  de  las  fincas  desocupadas  por  los  que 
habían  abandonado  la  plaza  desde  la  iniciación  del  sitio  y de  que  el  Gobierno 
se  había  incautado  con  el  propósito  de  dar  albergue  a las  familias  arrojadas 
de  sus  hogares  por  el  ejército  de  Oribe.  Muchas  de  las  familias  que  debie- 
ron ser  amparadas,  decía  la  nota,  carecen  de  alojamiento  y en  cambio  ocu- 
pan los  mejores  edificios  personas  que  ninguna  consideración  merecen,  dán- 
dose a vechs  el  espectáculo  de  que  apenas  desocupada  una  casa  el  Ministe- 
rio o la  Policía  se  apoderan  do  las  llaves  «para  alojar  una  mujerzuela!». 

Al  finalizar  el  año  184  6 el  Senado  sancionó  un  importante  proyecto 
derogatorio  de  la  ley  de  ¡diciembre  de  1842  que  había  declarado  la  patria 
en  peligro  y suspendido  las  garantías  individuales.  Y continuando  en  el  ca- 
mino de  la  restauración  institucional  decretó  el  cese  de  uno  de  sus  miem- 
bros, el  eminente  don  Santiago  Vázquez  que  era  a la  vez  Ministro  de  Go- 
bierno y Relaciones  Exteriores  desde  febrero  de  1843,  en  que  fué  autorizado 
para  aceptar  esas  carteras  sin  perder  su  calidad  de  senador. 

Existía,  pues,  una  lucha  entre  el  Poder  Ejecutivo,  inclinado  a las  me- 
didas extraordinarias,  y el  Cuerpo  Legislativo  que,  en  ejercicio  de  sus  altos 
fueros,  exigía  el  respeto  a las  garantías  constitucionales. 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Por  eso  el  decreto  de  disolución  del  Cuerpo  Legislativo  de  que  vamos 
a hablar,  fué  reputado  por  algunos  como  un  verdadero  golpe  de  Estado,, 
como  un  medio  de  suprimir  toda  resistencia  a las  facultades  francamente 
dictatoriales  que  se  atribuía  el  Poder  Ejecutivo  a la  sombra  de  las  exi- 
gencias de  la  defensa  nacional.  ■ 

Sin  desconocer  que  tal  podía  ser  el  móvil  de  circunstancias,  es  lo  cierto 
que  constitucionalmente  el  Cuerpo  Legislativo  había  quedado  disuelto  por 
expiración  del  plazo  de  su  mandato  y que,  en  consecuencia,  el  Poder  Ejecu- 
tivo podía  decir,  como  dijo  en  su  decreto,  que  él  se  limitaba  a declarar  un 
hecljo  ya  existente  o consumado. 

El  Gobierno  de  la  Defensa  declara  disuelta  la  Legislatura  y crea  una  Asatn- 
blea  de  Notables. 

El  decreto  apareció  el  14  de  febrero  de  1846.  Declaraba  disuelta  la 
Legislatura  en  razón  de  haber  terminado  los  poderes  de  toda  la  Cámara  de 
Diputados  y de  no  quedar  en  el  Senado  sino  tres  \de  sus  miembros;  creaba 
una  Asamblea  de  Notables  de  la  que  formarían  parte  los  legisladores  cesan- 
tes, los  miembros  del  Poder  Judicial,  los  ministros,  los  jefes  militares,  los 
jefes  de  oficinas  y los  demás  ciudadanos  qué  designase  el  Poder  Ejecutivo, 
encargada  de  «velar  sobre  la  conservación  de  las  garantías  individuales  y 
observancia  de  la  Constitución  y*  de  las  leyes  en  la  forma  que  especificará 
su  Estatuto»;  y creaba  también  un  Consejo  de  Estado  «a  cuya  ilustración 
sometería  el  Poder  Ejecutivo  todos  sus  actos  y que,  por  consiguiente,  com- 
partiría con  él,  para  ante  la  Nación,  la  responsabilidad  de  ellos». 

Estaba  agitado  el  ambiente  político  por  efecto  de  las  disidencias  de  que 
emanaba  la  disolución  de  la  Asamblea  y el  Gobierno  resolvió  evitar  la  polé- 
mica mediante  una  disposición  monstruosa  que  estaba  concebida  así: 

«Es  considerado  como  un  ataque  a la  seguridad  y tranquilidad  inte- 
rior y crimen  contra  la  patria  cualquier  atentado  de  obra,  de  palabra  o por 
escrito  contrá  las  disposiciones  de  este  decreto  dictado  por  la  urgente  nece- 
sidad de  llenar  el  vacío  que  no  ha  previsto  el  Código  Fundamental,  e irre- 
misiblemente penados  en  consecuencia  por  los  tribunales  competentes». 

Juntamente  con  su  decreto  lanzó  el  Presidente  Suárez  un  manifiesto 
en  que  luego  de  recordar  que  no  había  alcanzado  a convertirse  en  ley  el 
proyecto  de  prórroga  de  la  Legislatura,  decía: 

«El  Poder  Ejecutivo,  poseído  de  un  religioso  temor  al  encontrarse  en  la 
nueva  posición  que  por  este  hecho  asume  y que  sin  • duda  le  estaba  re- 
servado en  los  inexcrutables  designios  de  la  Providencia,  siente  primero  que 
todo  la  necesidad  de  reproducir  solemnemente  ante  la  República  y la  hu- 
manidad entera  el  juramento  que  ha  hecho  de  proteger  la  religión  del  Es- 
tado, conservar  la  integridad  y la  independencia  de  la  República,  observar  y 
hacer  observar  fielmente  la  Constitución...  la  Constitución  que  no  perece 
jamás.  — Todos  los  principios  que  ella  consagra  son  el  código  y la  creencia 
política  firme  e inalterable  del  Poder  Ejecutivo;  — su  única  ambición,  la 
de  verlos  consolidados,  imperando  sobre  todas  las  individualida'des,  sobre 
todos  los  intereses  en  esta  tierra  de  la  independencia,  de  la  libertad  y de 
la  gloria  que  sabe  conquistarse.» 

Dos  días  después  quedaba  instalada  la  Asamblea  de  Notables  y ante 
ella  hablaba  así  el  Presidente  Suárez: 

«El  Gobierno  ha  tenido  el  profundo  pesar  de  ser  testigo  de  un  aconteci- 
miento gravísimo  que  no  estaba  en  su  mano  ni  prevenir  ni  evitar;  y esta 
verdad  no  podía  dejar  de  producir  su  efecto  entero,  porque  los  efugios  no 
bastan  a salvar  positivamente  la  inflexibilidad  de  la  ley,  ni  las  ficciones  son 
dignas  de  vuestra  nobleza  y de  vuestras  virtudes.  Cesaron  las  Cámaras 
constitucionales.  Pero  en  su  falta  inevitable  no  hay  medio  de  llenar  el  va- 
cío que  ellas  dejan,  salvando  la  Constitución  y la  patria.  Este  es  el  problema 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


169 


que  vuestra  reunión  resuelve.  ,E1  pensamiento  del  Gobierno  es  reunir  en  la 
Asamblea  todas  las  primeras  notabilidades  que  el  país  encierra  y someter 
a su  consideración  todos  los  negocios  que  con  arreglo  a la  Constitución  so- 
metería al  Cuerpo  Legislativo:  respetar  esas  deliberaciones,  como  respetaría 
las  de  aquella  Honorable  Corporación:  cercarse  de  un  Consejo  de  Estado  de 
reconocida  ilustración  y someter  a sus  luces  el  expediente  diario  y los 
negocios  urgentes,  sin  perjuicio  de  elevar  (los  que  correspondan  a la  Asam- 
blea de  Notables». 

Completando  su  obra  proyectó  en  seguida  el  ,Poder  Ejecutivo  el  esta- 
tuto o reglamento  orgánico  a que  habrían  de  ajustarse  los  dos  nuevos  or- 
ganismos, reglamento  que  con  pequeñas  enmiendas  fué  votado  por  la  Asam- 
blea de  Notables. 

De  acuerdo  con  sus  disposiciones  la  nueva  Asamblea  velaría  sobre  la 
observancia  de  la  Constitución  y de  las  leyes  y resolvería  como  cuerpo  de- 
liberante sobre  ;todos  los  asuntos  que  le  sometiera  el  Poder  Ejecutivo,  siendo 
entendido  que  éste  no  podría  adoptar  por  sí  mismo  ninguna  resolución  de 
carácter  legislativo.  Al  Consejo  de  Estado  correspondería  proponer  al  Po- 
der Ejecutivo  todas  las  mejoras  que  juzgare  convenientes;  dictaminar  en 
todo  asunto  relativo  a reconocimiento  de  deudas,  pago  o gravamen  de  la 
deuda  nacional;  resolver  las  dudas  a que  diere  lugar  el  ejercicio  de  la 
jurisdicción  administrativa;  y compartir  con  el  Poder  Ejecutivo  la  respon- 
sabilidad de  toda  medida  que  fuere  necesario  adoptar  ' para  la  conservación 
del  orden  público.  El  Poder  Ejecutivo  podría  separarse  bajo  su  responsabi- 
lidad del  dictamen  del  Consejo  de  Estado,  pero  en  caso  de  violación  de  la 
Constitución  y'  de  las  leyes  el  Consejo  debería  denunciar  la  violación  ante  la 
Asamblea. 

A la  Asamblea  de  Notables  se  le  mantenían,  pues,  todas  las  facultades 
legislativas  que  habían  prometido  darle  el  Gobierno  en  sus  decretos  y men- 
sajes. Pero  no  sucedía  ,1o  mismo  con  el  Consejo  de  Estado,  que  de  parte  in- 
tegrante del  Poder  Ejecutivo  quedaba  transformado  en  órgano  de  aseso- 
ramiento  o de  consulta. 


Prosigue  la  lucha  de  influencias. 


La  Legislatura  disuelta  era  obra  de  la  influencia  de  Rivera,  aislado  a la 
sazón  en  Río  de  Janeiro  por  efecto  de  una  orden  de  arresto  del  Gobierno 
brasileño  y'  de  un  decreto  de  proscripción  del  Gobierno  de  la  Defensa. 

Parecía  imposible  que  esa  influencia  resurgiera,  pero  pocos  días  después 
de  haber  empezado  a funcionar  la  Asamblea  de  Notables  llegó*  Rivera  a Mon- 
tevideo y estalló  una  revolución  que  dió  al  ex  Presidente  la  jefatura  del  ejército, 
la  presidencia  de  la  Asamblea  y la  presidencia  del  Consejo  de  Estado,  o sea 
el  dominio  de  los  tres  baluartes  de  la  plaza,  cesando  desde  ese  momento  la 
■perfecta  armonía  de  poderes  que  había  buscado  el  Gobierno  de  Suárez 
mediante  la  disolución  de  la  Legislatura  y la  creación  de  la  Asamblea  de 
Notables. 

Al  finalizar  el  año  1846  ocurrió  el  primer  conflicto.  El  Presidente  Suárez 
había  dictado  un  decreto  reglamentario  de  la  carrera  consular  y diplomática 
por  el  que  se  creaban  empleos  y se  autorizaba  su  provisión  con  mengua  de 
las  atribuciones  de  la  Asamblea  de  Notables.  Él  Consejo  de  Estado  expresó 
la  necesidad  de  que  ese  decreto  fuera  confirmado  por  la  Asamblea.  Pero  el 
Poder  Ejecutivo  lo  mandó  publicar  y cumplir  y entonces  el  doctor  Estanislao 
Vega,  miembro  del  Consejo  y a la  vez  de  la  Asamblea  de  Notables,  denunció 
ante  esta  última  la  violación  constitucional  en  que  había  incurrido  el  Go- 
bierno, «dando  con  esto,  decía,  una  muestra  del  desdén  con  que  mira  a la 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Asamblea  de  Notables  y a la  ley'  orgánica  de  su  creación  que  ese  mismo  Poder 
Ejecutivo  había  jurado  observar  y cumplir  fielmente». 

La  denuncia  del  doctor  Vega  fué  pasada  a estudio  de  una  Comisión, 
lo  cual  bastó  para  que  el  Poder  Ejecutivo  dirigiera  un  Mensaje  desconociendo 
el  derecho  de  la  Asamblea  para  avocarse  al  conocimiento  del  asunto. 

De  acuerdo  con  la  Constitución,  decía  el  Mensaje,  el  Presidente  y sus 
ministros  sólo  pueden  ser  acusados  ante  la  Cámara  de  Diputados  y tal  atri- 
bución no  puede  entenderse  transportada  a la  Asamblea  de  .Notables.  Es  cierto 
que  por  el  estatuto  corresponde  a dicha  Asamblea  velar  sobre  la  observancia 
de  las  leyes;  pero  el  Presidente  a su  turno  está  encargado  del  mantenimiento 
del  orden  público.  Por  otra  parte  la  Asamblea  de  Notables  sólo  puede  re- 
solver «en  los  negocios  y materias  que  someta  el  Poder  Ejecutivo  a su  cono- 
cimiento», y no  encontrándose  en  tal  caso  el  Reglamento  Consular,  «es  justo 
que  en  tiempo  se  aperciba  de  la  extemporánea  bulla  que  pretende  hacer». 

Era  saltante  el  sofisma.  La  Asamblea  de  Notables  había  venido  a llenar 
el  vacío  de  la  Legislatura  disuelta  y muy  especialmente  a asegurar  el  cumpli- 
miento de  la  Constitución  y'  de  las  leyes;  y la  creación  de  empleos  por  vía 
administrativa  caía,  en  consecuencia,  bajo  su  jurisdicción  privativa.  El  mismo 
Poder  Ejecutivo  tuvo  que  confesar  su  error,  pasado  el  primer  momento  de 
exaltación,  ante  la  actitud  del  notable  interpelante,  y solicitó  el  retiro  de  su 
Mensaje,  quedando  sin  efecto  el  decreto  reglamentario  de  la  carrera  consular 
que  había  dado  origen  al  incidente. 

Otro  incidente  parlamentario  de  resonancia  ocurrió  a fines  de  1847  con 
ocasión  del  nuevo  destierro  de  Rivera  decretado  por  el  Gobierno  de  Suárez. 

El  doctor  Estanislao  Vega  atacó  al  Gobierno  en  un  discurso  enérgico 
que  puede  presentarse  como  prueba  de  la  amplia  libertad  de  que  gozaban  los 
oradores  de  la  Asamblea  de  la  Defensa. 

Y le  replicó  el  coronel  César  Díaz  con  el.  proceso  «de  la  salvaje  ambición» 
de  Rivera.  «A  mediados  del  año  1843,  dijo  entre  otras  cosas,  cuando  el  ejér- 
cito invasor,  por  efecto  de  la  resistencia  del  país  concentrado  en  el  Cerrito, 
se  halló  reducido  a una  penosa  situación,  las  fuerzas  de  la  Campaña  y de  la 
Capital  combinadas  hubieran  podido  completar  su  anonadamiento;  pero  Ri- 
vera que  veía  en  los  defensores  de  Montevideo  los  odiosos  rivales  de  su  inme- 
recida fama,  consintió  en  prolongar  las  calamidades  de  la  guerra  a trueque 
de  no  compartir  con  ellos  la  gloria  de  su  triunfo.  Y para  que  a nadie  quedara 
duda  de  la  innoble  pasión  que  lo  impulsaba  a semejante  proceder,  hizo  osten- 
tación de  sus  fuerzas  casi  a las  puertas  de  la  Capital  y en  seguida  desapareció 
para  no  volverse  a mostrar  más.  Reforzado  después  el  enemigo,  la  ocasión 
de  vencerlo  se  perdió». 

En  esa  misma  oportunidad  presentó  el  Gobierno  a la  Asamblea  un  pro- 
yecto de  ley  que  declaraba  que  era  delito  de  traición  toda  maquinación  o con- 
juración contra  la  seguridad  interior  o exterior  de  la  República;  que  había 
conspiración  contra  la  seguridad  en  todo  acto  de  sedición,  asonada  o tumulto 
que  tuviera  por  objeto  derrocar  las  autoridades  u oponerse  a sus  mandatos; 
que  los  promotores,  cómplices  y perpetradores  quedaban  sujetos  a una  misma 
pena;  que  el  conocimiento  de  las  causas  de  alta  traición  correspondía  a loS 
tribunales  militares. 

Al  discutirse  a principios  de  1848  este  proyecto  al.  que  había  dado  pre- 
texto el  descubrimiento  de  una  conspiración  encaminada  a entregar  la  forta- 
leza del  Cerro  al  ejército  de  Oribe,  pronunció  el  mismo  doctor  Vega  un  fuerte 
discurso  contra  los  propósitos  que  en  el  fondo  perseguía  el  Gobierno. 

«Yo,  señores,  dijo,  miro  con  tal  horror  semejante  pretensión  que  desde 
luego  la  reputo  como  indigna  de  un  pueblo  que  lleva  soportados  cinco  años 
de  sitio  y de  desgracias  no  comunes  a trueque  de  conservar  sus  libertades;  y 
si  el  Gobierno  llegara  hoy  a la  tiranía,  todo  lo  habríamos  perdido  porque 
habríamos  arruinado  el  único  principio  moral  y sagrado  que  nos  sostenía: 
el  de  defender  las  libertades  públicas  y civiles  de  la  Nación.» 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


171 


Es  que  los  opositores  entendían  aue  el  Gobierno  se  proponía  encarcelar 
y desterrar  y que  para  eso  resolvía  echar  mano  de  la  justicia  militar.  No  obs- 
tante ello,  el  proyecto  fué  sancionado. 

En  octubre  del  mismo  año  se  ocupó  la  Asamblea  de  Notables  del  destierro 
impuesto  a uno  de  sus  miembros,  don  Antonio  Fernández,  acusado  por  el 
Ministerio  de  estar  en  correspondencia  escrita  con  el  campo  sitiador.  El  coro- 
nel César  Díaz  negó  al  Gobierno  la  facultad  de  desterrar  y pidió  el  nombra- 
miento de  una  Comisión  encargada  de  estudiar  el  punto,  suspendiéndose  entre- 
tanto la  orden  decretada.  Pero  la  Asamblea  aceptó  las  explicaciones  del  Mi- 
nistro. quien  luego  de  exhibir  los  antecedentes  del  asunto  sostuvo  la  tesis  de 
que  una  plaza  sitiada  es  una  plaza  de  guerra  y que  una  plaza  de  guerra  no 
puede  estar  regida  por  la  Constitución. 

Un  conflicto  más  grave  entalló  a mediados  de  1849. 

El  Gobierno,  que  se  veía  trabado  en  muchas  decisiones,  presentó  un  pro- 
yecto de  ley  por  el  cual  quedaban  suspendidas  las  sesiones  de  la  Asamblea 
ds  Notables  y'  se  transferían  sus  atribuciones  al  Consejo  de  Estado,  como  me- 
dio. decía  el  Mensaje,  de  que  los  enemigos  de  la  causa  pública  no  tengan 
«el  tiempo  necesario  para  que  sus  maquinaciones  y pérfidas  intrigas»  se  lleven 
adelante  y «las  traiciones  se  organicen  en  bandos  y colores  distintos». 

Abierto  el  debat°  parlamentario  pidió  el  coronel  Díaz  que  el  proyecto 
fuera  desechado  sin  discusión.  El  doctor  Vega  dijo  que  lo  que  pretendía  el 
Poder  Ejecutivo  estaba  reñido  con  la  Constitución  y'  que  si  el  proyecto  fuera 
sancionado  la  Asamblea  frannuearía  el  paso  a nuevos  Oribes  y a nuevos  Rosas. 
Para  don  Bernabé  Magariños  la  Asamblea  no  podía  declararse  en  receso  sin 
faltar  a las  razones  fundamentales  de  su  decreto  de  creación.  «En  este  lugar 
estamos,  dijo,  para  defender  los  derechos  del  pueblo  y su  libertad  con  entera 
abnegación,  con  energía  y con  tesón».  El  general  Enrique  Martínez  mani- 
festó nue  el  proyecto  gubernativo  no  tendía  «a  contener  a los  enemigos,  sino 
a dominar  y hacer  encorvar  a los  amigos  ante  la  cuchilla  del  Poder».  Llegado 
el  debate  al  final  triunfó  la  moción  del  coronel  César  Díaz  por  28  votos 
contra  18  que  pretendían  que  el  proyecto  corriera  el  trámite  ordinario  de 
pasar  a estudio  de  una  Comisión. 

El  Gobierno  de  la  Defensa  pasó  entonces  un  Mensaje  en  que  solicitaba 
explicaciones,  invocando  el  honor  y la  dignidad  de  ambos  Poderes.  La  Asam- 
blea de  Notab’es,  decía,  «no  es  ni  puede  ser  una  corporación  en  que  el  espíritu 
mezquino  y ciego  de  los  partidos  pue’da  tener  acogida.  . . El  enemigo  que 
no  ha  podido  tomar  la  plaza  por  la  fuerza  de  las  bayonetas,  espera  su  triunfo 
del  juego  y agitaciones  de  nuestras  pasiones  y está  afilando  sus  puñales  sobre 
nuestras  gargantas»...  Es  incomprensible  que  se  levante  «el  estandarte  de 
una  oposición  sistemada  en  el  seno  de  una  corporación  que  es  llamada  por  los 
objetos  de  su  institución  a secundar  los  esfuerzos  del  Poder  Ejecutivo  en  la 
honrosa  tarea  de  salvar  a la  República». 

Pedía  a la  vez  que  se  reprobara  la  actitud  de  los  notables  que  lo  habían 
ofendido  con  injuriosas  acriminaciones,  bajo  la  advertencia  de  que  la  Asam- 
blea «creada  con  ciertos  y determinados  objetos»  no  podía  «desentenderse  de 
ellos»  y que  si  lo  hiciera  tendría  el  Poder  Ejecutivo  «incuestionable  derecho 
para  oponerse  y hacer  exigencias». 

La  Asamblea  nombró  una  Comisión  encargada  de  entrevistarse  con  el 
Presidente  Suárez,  y esa  Comisión  luego  de  dar  cumplimiento  a su  cometido 
presentó  una  minuta  que  en  el  acto  fué  sancionada  y pasada  al  Poder  Ejecutivo. 

En  ella  se  decía  que  los  miembros  de  la  Asamblea,  a la  par  de  los  sena- 
dores y diputados  a quienes  reemplazaban,  no  eran  responsables  por  sus  opi- 
niones. Los  notables  «están  en  su  derecho,  diciendo  lo  que  sienten  y cómo 
lo  sienten,  sin  sujeción  a otro  juez  en  la  tierra  que  su  propia  conciencia  y 
la  opinión  pública  que  los  condene  o aplaude  según  concibe  que  lo  merecen». 
Eso  en  cuanto  «a  las  frases  más  o menos  alteradas»  de  los  oradores.  Hablando 
luego  del  proyecto  del  Poder  Ejecutivo,  decía  explicando  el  rechazo: 


172 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


«Es  absolutamente  inconciliable  con  nuestra  existencia  política,  con 
nuestro  modo  de  ser  constitucional  y'  con  la  mente  expresa  desplegada  en  el 
decreto  de  16*  de  febrero  de  1846,  qüe  creó  esta  corporación  para  suplir  en 
lo  posible  al  Cuerpo  Legislativo  aue  caducaba  por  falta  de  poderes  de  sus 
miembros  y sin  el  cual  no  es  posible  sostener  el  equilibrio  de  un  pueblo  que 
tiene  delegado  el  ejercicio  de  su  soberanía  en  los  tres  altos  Poderes  y demar- 
cado en  cada  uno  sus  improrrogables  límites.  La  primera  y principal  atribución 
de  la  Asamblea  de  Notables  fué  sustituirla  a la  Comisión  Permanente  de  la 
Legislatura,  a ese  centinela  perpetuo  y vigilante  de  la  observancia  de  la  Cons- 
titución y'  de  las  leyes;  y es  harto  evidente  que  función  de  esta  clase  e impor- 
tancia no  puede  estar  en  suspenso  ni  un  momento,  ni  menos  ser  suplida  por 
un  corto  número  de  personas  elegidas  por  el  Poder  Ejecutivo.» 

La  réplica  era  contundente  y el  Gobierno  se  limitó  a retirar  todos  lo<* 
asuntos  oue  había  pasado  a la  Asamblea,  invocando  en  su  Mensaje  «las  exi- 
gencias de  la  defensa  pública  y el  imperioso  deber  de  subordinarlo  y pospo- 
nerlo todo  a la  necesidad  de  salvar  a la  República  de  los  peligros  que  la 
rodean».  Pero  sin  tocar  a la  Asamblea  misma,  que  siguió  funcionando  con 
toda  la  libertad  que  habría  tenido  el  Cuerpo  Legislativo  cuyas  funciones  ejercía. 

Conjuraciones. 

No  era  sólo  el  funcionamiento  de  los  resortes  legislativos  lo  que  denun- 
ciaba el  régimen  de  relativa  libertad  de  la  plaza  sitiada.  Eran  también  sus 
movimientos  revolucionarios,  reveladores  de  que  no  existía  una  concentra- 
ción de  fuerzas  que  sofocara  todas  las  resistencias  y unificara  todas  las  opi- 
niones. 

Antes  de  ocuparnos  de  esos  movimientos  revolucionarios  es  necesario 
hablar  de  las  conjuraciones  estimuladas  desde  el  campo  sitiador. 

Corrió  con  relativa  tranquilidad  el  primer  año  del  sitio. 

Apenas  han  quedado  huellas  de  tres  tentativas  de  los  sitiadores  para 
debilitar  la  guarnición  de  Montevideo  o quizá  dominarla.  La  primera  de  ellas 
se  desarrolló  a fines  de  febrero  y dió  por  resultado  la  sublevación  de  algunas 
compañías  de  vascos  que  prestaban  servicio  en  la  plaza  y oue  se  pasaron  al 
enemigo.  La  segunda  tuvo  por  objeto  sublevar  el  batallón  del  coronel  César 
Díaz.  Los  contemporáneos  le  dieron  el  nombre  de  conspiración  «Alderete», 
seudónimo  de  que  se  valía  Oribe  en  su  correspondencia  con  los  conjurados. 
Esa  nueva  tentativa  en  la  que  fueron  envueltas  algunas  señoras  vinculadas  a 
jefes  del  ejército  sitiador,  dió  lugar  a la  expulsión  de  varias  familias,  deseoso 
el  Gobierno,  decía  el  decreto,  «de  no  empañar  su  gloria  ocupando  sus  cár- 
celes, sus  jueces  y sus  cadalsos  con  muieres».  La  tercera  tuvo  por  objeto 
ganarse  el  concurso  de  la  legión  francesa. 

En  alguna  de  ellas  tuvo  participación  el  Cónsul  de  Portugal  señor  Souza 
Leite,  viejo  amigo  de  Rosas  y actor  principal  en  la  trama  de  la  máquina 
infernal  de  que  hemos  hablado  en  otro  capítulo.  Tan  notoria  resultó  su  parti- 
cipación que  el  Gobierno  de  la  Defensa  se  vió  obligado  a adoptar  medidas 
radicales  contra  el  Cónsul.  Por  decreto  de  octubre  de  1843  le  fué  suspendido 
el  exequátur  y se  le  intimó  la  salida  de  Montevideo  dentro  de  un  plazo  peren- 
torio. «Ha  ultrajado,  'decía  el  decreto,  todos  los  respetos  sociales;  se  ha  hecho 
indigno  de  alternar  entre  las  personas  que  ejercen  en  esta  ciudad  funciones 
consulares  y ha  sido  un  agente  provocador  de  conspiraciones,  de  deserción  de 
los  empleados  militares  del  Gobierno  y está  desde  hace  mucho  tiempo  pres- 
tando servicios  de  importancia  a los  enemigos  de  la  República». 

Más  intranquilo  resultó  el  año  1844.  Hubo  una  sublevación  de  presos 
bajo  el  mando  de  Juan  Facundo  Saavedra,  que  fué  dominada  en  el  acto  y1 
castigada  con  el  fusilamiento  del  promotor;  Uno  de  los  jefes  de  la  legión 
italiana,  el  coronel  Mancini,  se  pasó  al  campo  sitiador  con  varios  de  sus 
soldados.  Otra  compañía  de  la  legión  italiana  se  amotinó  en  su  cuartel, 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


173 


dando  eso  lugar  al  destierro  de  los  promotores.  La  fortaleza  del  Cerro,  de 
que  estaba  en  posesión  el  Gobierno  de  la  Defensa,  hubo  de  volar  por  efecto 
de  una  conspiración  que  fué  descubierta  a tiempo  y castigada  con  el  fusila- 
miento del  principal  culpable. 

Dando  cuenta  a la  Comisión  Permanente  de  esta  última  conspiración 
decía  el  Gobierno: 

«Es  una  observación  importante  y altamente  consoladora,  que  debe  con- 
signarse aquí  y que  algún  día  recogerá  la  historia  con  avidez,  la  de  que  en 
la  serie  dilatada  de  las  intrigas,  maniobras  y seducciones  emprendidas  por 
los  asediadores  y casi  siempre  frustradas,  jamás,  ni  una  sola  vez  han  apare- 
cido complicadas  las  masas,  ni  siquiera  un  número  considerable:  jamás  han 
afectado  a ninguna  de  nuestras  influencias  militares  o de  nuestras  superio- 
ridades sociales:  siempre  han  figurado  meras  individualidades  e individua- 
lidades insignificantes,  vulgares  y trabajadas  de  antemano  por  la  acción  co- 
rrosiva del  vicio.» 

Aprovechaba  esa  misma  oportunidad  el  Poder  Ejecutivo  para  hacer 
una  manifestación  de  acatamiento  a las  leyes  tuterales  de  la  administración  de 
justicia.  Decía  que  si  el  enemigo  no  abandonaba  sus  planes  de  deserción, 
tendría  que  correr  nueva  sangre,  pero  agregaba: 

«No  traicionará  jamás  los  principios  salvadores:  hará  sí  suprimir  los 
trámites  y abreviar  las  formas  más  indispensables,  pero  mirará  como  sagra- 
das las  más  esenciales  y no  será  nunca  su  capricho  o su  albedrío  sino  la  ley' 
quien  fulmine  los  castigos.  Una  conducta  distinta  por  parte  del  Gobierno . . . 
importaría  su  suicidio,  pues  él  sabe  perfectamente»  que  la  legalidad  de  sus 
actos  es  un  elemento  constitutivo  de  su  ser,  una  condición  necesaria  de  su 
existencia.» 

A fines  de  1848  se  descubrió  otra  conspiración  para  entregar  el  Cerro 
a Oribe.  El  coronel  Tomás  Gómez,  jefe  de  la  fortaleza,  al  verse  descubierto, 
huyó  al  campo  sitiador. 

Persistían  todavía  los  comentarios  a que  había  dado  origen  ese  suceso, 
cuando  Rosas  dió  a la  publicidad  varios  documentos  sensacionales  relaciona- 
dos con  la  entrega  de  la  plaza  de  Montevideo,  en  los  que  intervenían  los 
señores  Torres,  Billmghurct,  Suso  y Costa,  como  agentes  del  dictador  argen- 
tino y el  Ministro  Herrera  y'  Obes  cuya  participación  se  había  reducido  a 
sugerir  la  idea  de  que  los  beligerantes  nombraran  comisarios  confidenciales 
para  la  celebración  de  la  paz. 

Inicia  las  revoluciones  el  Ministro  de  la  Guerra. 

Pero  a despecho  de  las  conjuraciones  estimuladas  desde  el  campo  sitia- 
dor y de  la  necesidad  de  sacrificar  todas  las  disidencias  internas  que  ellas 
imponían,  la  plaza  de  Montevideo  servía  de  teatro  a partidos  antagónicos  que 
más  de  una  vez  se  trabaron  en  lucha  violenta  por  la  conquista  del  rrandio. 

A mediados  de  1844  tuvo  el  general  Paz  que  renunciar  la  Cbmandancia 
de  Armas  por  efecto  de  esas  luchas.  «Salió  de  aquí  tan  en  absoluta  quiebra  con 
Pacheco  — escribía  el  Presidente  Suárez  a Rivera  — que  no  faltó  sino  que 
se  dieran  de  estocadas». 

Poco  después  don  Andrés  Lamas  abandonaba  el  Ministerio  de  Hacienda 
y pedía  el  nombramiento  de  una  Comisión  parlamentaria  encargada  de  exa- 
minar sus  actos  ante  una  publicación  sensacional  del  coronel  Venancio  Flores 
en  cue  aparecía  disponiendo  a su  antojo  de  los  dineros  públicos. 

Como  consecuencia  de  los  mismos  antagonismos  el  general  Pacheco  re- 
nunció el  Ministerio  de  la  Guerra  y fué  designado  para  sustituirlo  el  coronel 
Flores.  Hubo  un  principio  de  motín.  Los  coroneles  Thiébaut  y'  Garibaldi, 
jefes  de  las  legiones  francesa  e italiana,  fueron  a la  Casa  de  Gobierno  y 
dijeron  al  Presidente  Suárez  que  si  el  cambio  se  producía  ellos  no  respondían 
de  sus  soldados.  Y el  cambio  no  se  produjo. 


174 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Volvió  a plantearse  el  conflicto  antes  de  finalizar  el  año  1844,  pero 
esta  vez  con  resultado  adverso  para  el  Ministro  Pacheco.  El  Ministerio 
de  Hacienda,  vacante  por  renuncia  de  don  Andrés  Lamas,  había  sido  llenado 
con  un  ciudadano  que  respondía  a la  influencia  del  coronel  Flores.  Y he  aquí 
cómo  procuró  vengarse  de  ello  el  Ministro  de  la  Guerra,  según  carta  del 
Presidente  Suárez  al  general  Rivera: 

«Pacheco  proyectó,  el  día  antes  de  recibirse  Sayago  del  Ministerio,  echar 
abajo  por  entero  al  gobierno  constitucional,  quitar  las  Cámaras  y apoderarse 
de  toda  la  autoridad  bajo  el  carácter  de  general  o gobernador  militar.  En  efec- 
to, esa  tarde  trajo  a la  plaza  una  batería  volante  de  cuatro  piezas,  que  cáusó 
inquietud  y'  yo  mismo  pasé  a la  plaza  a informarme  del  oficial  que  la  conducía 
del  objeto  que  tenía  y órdenes  que  había  recibido.  Después  se  supo  que  esa 
noche  había  pensado  dar  el  golpe  y publicar  al  amanecer  un  manifiesto,  del 
cual  tal  vez  pueda  obtenerse  alguna  copia.  . . Parece  que.  . . nada  había 
dicho  a los  jefes  del  ejército  y que  a la  tarde  llamó  al  comandante  Tajes,  a 
quien  propuso  la  medida  imperiosamente.  Este  con  firmeza  se  retiró  escanda- 
lizado a dar  aviso  al  coronel  Flores,  quien  inmediatamente  pasó  acompañado 
del  mismo  Tajes  a casa  de  Hocquard,  donde  se  hallaba  Pacheco,  a decirle  con 
grande  resolución  que  se  expondría  con  tal  desatino  y le  hizo  meter  el 
resuello  para  adentro  y'  desistir  de  su  temeraria  empresa.» 

Era  un  compás  de  espera,  sin  embargo.  El  movimiento  revolucionario 
seguía  incubándose  y sólo  aguardaba  para  estallar  otra  oportunidad  más 
favorable,  que.  pareció  presentarse  a raíz  de  ese  primer  fracaso. 

Un  oficial  de  la  legión  italiana  arrestó  y condujo  a bordo  de  la  escua- 
drilla oriental  a un  marinero  brasileño  que  había  servido  con  Garibaldi  y 
desertado  luego.  El  comandante  Grenfell,  jefe  de  la  estación  naval  brasileña, 
se  dirigió  en  el  acto  con  varias  embarcaciones,  en  tren  de  combate,  a exigir 
la  entrega  del  preso,  y ante  esa  agresión  resolvió  el  Ministro  de  la  Guerra 
coronel  Pacheco  asumir  el  mando  de  la  escuadrilla,  resuelto  a rechazar  la 
fuerza  con  la  fuerza.  Pero  en  seguida  se  iniciaba  la  negociación  diplomática 
y accedía  el  Gobierno  a la  entrega  del  marinero  causante  del  incidente,  y 
Pacheco  enviaba  su  renuncia  en  términos  violentísimos. 

«Acaba  de  sancionarse  por  el  Gobierno,  decía,  un  acto  infame  que  baldo- 
nará para  siempre  el  decoro  de  la  República;  yo  no  puedo  hacer  parte  de  un 
Gobierno  cobarde;  no  quiero  compartir  la  terrible  responsabilidad  de  'un 
hecho  que  repruebo  y que  es  el  más  sucio  que  conocen  nuestros  anales.  . . 
Como  ciudadano  y como  soldado  me  había  trasportado  a bordo  de  la  escua- 
drilla para  sostener  el  decoro  de  la  República,  atropellado  con  torpeza  por 
una  fracción  de  la  escuadra  brasileña,  sin  que  pudiera  justificarse  tan  men- 
guada provocación.  Por  medio  de  discusión  se  había  adoptado  el  aparato  de 
cañones  y'  el  Gobierno  ante  ese  aparato  de  una  amenaza  ha  cedido  a las 
órdenes  que  se  le  intimaban  y comunicándomelas  me  ha  puesto  en  el  caso  o 
de  un  motín  que  nos  hubiera  entregado  de  pies  y manos  a Oribe  o de  suscribir 
con  mi  obediencia  a una  infamia.» 

Era  esa  renuncia  la  señal  de  un  movimiento  revolucionario  con  fuertes 
ramificaciones  en  la  guarnición  de  la  plaza. 

Los  principales  jefes  del  ejército  se  presentaron  en  la  C'asa  de  Gobierno, 
para  significar  «el  recelo  de  que  la  separación  del  mando  del  coronel  Pacheco 
provocase  defecciones  en  la  tropa».  El  Presidente  Suárez  que  veía  desplo- 
marse todo  propuso  como  fórmula  transaccional  el  retiro  de  la  renuncia  del 
coronel  Pacheco,  que  éste  rechazó  en  el  acto;  y los  jefes  dél  ejército  aumen- 
tando entonces  sus  pretensiones  exigieron  la  destitución  de  uno  de  los  minis- 
tros a quien  atribuían  malquerencia  con  el  de  la  Guerra. 

La  situación  era  gravísima,  y para  dominarla  el  Gobierno  confió  al  coro- 
nel Venancio  Flores  la  Comandancia  de  Armas,  con  autorización  expresa  para 
adoptar  «todas  las  medidas  de  salvación  que  por  las  leyes  de  la  República 
competan  en  casos  extraordinarios  para  asegurar  su  existencia». 


IjA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


175 


El  coronel  Flores  arrestó  y desterró  al  Ministro  Pacheco,  y tranquilizado 
el  ambiente  devolvió  sin  vacilar  el  decreto  original  que  le  confería  facultades 
extraordinarias,  considerando,  decía,  que  era  «innecesario  usar  por  más  tiem- 
po» de  esas  facultades.  Rasgo  hermoso  que  la  prensa  se  apresuró  a aplaudir 
y que  dió  motivo  al  Gobierno  para  dirigir  a Flores  una  expresiva  nota  en 
la  que  luego  de  hablar  «de  la  crisis  terrible  que  amenazaba  la  existencia 
de  la  patria»,  decía: 

«Sin  que  la  humanidad  se  resienta,  sin  que  las  libertades  públicas  padez- 
can, el  señor  Comandante  General  ha  marchado  con  firmeza,  con  tiñó  singular 
por  medio  del  peligro  que  ha  hecho  cesar,  levantando  con  nuevo  brillo  el 
imperio  de  la  Constitución  y de  la  ley'». 

No  era  solamente  la  influencia  de  la  guarnición  de  la.  plaza  la  que  así 
pretendía  sobreponerse  a la  autoridad  del  Presidente  en  la  organización  del 
Ministerio.  Era  también  la  del  ejército  de  campaña,  según  lo  demuestra  esta 
carta  de  Suárez  a Rivera  datada  en  el  mes  de  octubre,  precisamente  en  esos 
mismos  días  de  los  conflictos  con  Pacheco: 

«El  cargo  que  ejerzo  no  me  lo  ha  dado  la  patria  para  que  ceda  a 
amenazas  de  nadie.  Yo  no  tengo  pretensiones  de  ser  sabio,  pero  tengo,  com- 
padre, mucha  experiencia  del  mundo  y ejercito  como  puedo  mi  razón  y I03 
consejos  tanto  de  los  que  deben  como  de  los  que  pueden  darlos,  es  decir: 
oigo  las  razones  y aunque  valga  para  mí  la  confianza  y'  el  respeto  de  las 
personas  que  las  dicen,  es,  sin  embargo,  mi  juicio  meditado  el  que  sigo  en 
mis  deliberaciones.  En  esta  forma  he  gobernado  y al  cabo,  por  muy  descon- 
tento que  esté  con  algunos  de  los  ciudadanos  de  mi  administración,  me  cabe  la 
gloria  — que  nadie  me  puede  arrancar  — de  haber  presidido  la  defensa  he- 
roica de  esta  plaza  en  la  época  más  difícil  de  su  existencia.  . . Sin  embargo 
de  todo  quiero  decirle,  compadre,  que  yo  también  tengo  mi  genio,  y'  que  si 
otra  vez  me  dijese  usted  lo  que  en  la  carta  que  contesto,  cerrando  entera-' 
mente  los  ojos  al  porvenir  renunciaría  a todo  trance  mi  puesto.» 


La  revolnción  de  Rivera. 

El  coronel  Pacheco,  resuelto  a dar  por  terminado  su  destierro,  se  pre- 
sentó a fines  de  1845  en  el  puerto  de  Montevideo  con  procedencia  de  Río 
Grande  y solicitó  y obtuvo  autorización  par  bajar  a tierra. 

Pocos  días  después  readquiría  su  viejo  predominio  y era  nombrado  jefe 
de  la  guarnición,  produciéndose  con  ello  un  vuelco  completo  de  hombres  y' 
de  influencias.  El  coronel  Flores,  que  había  venido  llenando  hasta  entonces 
el  escenario,  recibió  orden  de  salir  del  país,  y'  fué  necesario  que  la  Comisión 
Permanente  asumiera  una  actitud  enérgica  para  que  el  destierro  quedara 
sin  efecto. 

Sugestionado  por  ese  ejemplo  resolvió  Rivera  regresar  también  a Monte- 
video. Ya  hemos  dicho  que  vivía  en  Río  de  Janeiro  desde  el  desastre  de 
India  Muerta,  bajo  arresto  del  Gobierno  brasileño  y bajo  proscripción  dictada 
por  el  Gobierno  de  la  Defensa  en  agosto  de  1845.  Sin  derogar  el  decreto  de 
proscripción  le  confirió  el  Presidente  Suárez  al  año  siguiente  una  plenipo- 
tencia ante  el  Paraguay,  en  el  concepto  de  que  haría  el  viaje  por  territorio 
brasileño  y sin  cruzar  absolutamente  por  el  puerto  de  Montevideo. 

Las  autoridades  brasileñas  pusieron  algunos  reparos  al  viaje  por  tierra 
y entonces  Rivera  se  embarcó  con  rumbo  a Montevideo  a despecho  de  todas 
las  prohibiciones. 

Algunos  rumores  llegaron  al  Gobierno  acerca  de  esos  propósitos  del 
desterrado.  DI  hecho  es  que  en  los  primeros  días  de  febrero  de  1846  se  dictó 
un  acuerdo  tendiente  a impedir  su  desembarco  «en  el  caso  inesperado  de  que 
se  presentase  en  contravención  a las  terminantes  órdenes  comunicadas». 
El  acuerdo  fué  trasmitido  a las  legaciones  de  Francia  e Inglaterra  para  que 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


impidieran  el  desembarco  y colocaran  al  expatriado  «en  alguno  de  los  buques 
de  guerra  de  sus  respectivas  naciones». 

A mediados  de  marzo  se  presentó  Rivera  en  el  puerto  de  Montevideo 
y el  Gobierno  adoptó,  de  acuerdo  con  el  Consejo  de  Estado,  las  siguientes 
decisiones:  mantener  el  destierro  hasta  la  instalación  del  gobierno  constitu- 
cional «como  un  sacrificio  a las  conveniencias  de  la  República»;  asignar  a 
Rivera  una  pensión  y ofrecerle  una  legación  de  primera  clase  en  el  caso  de 
que  al  transmitírsele  el  decreto  «se  mostrase  sumiso  a las  órdenes  del  Go  < 
bierno  y resignado  al  sacrificio  temporario  que  se  le  exige  en  bien  de  su  país». 

Pero  Rivera  que  tenía  numerosos  e influyentes  amigos  en  la  guarnición, 
resolvió  desacatar  las  decisiones  gubernativas  a la  espera  de  un  movimiento 
militar  que  le  permitiera  bajar  a viva  fuerza.  Como  medio  de  ir  ganando 
tiempo  dirigió  una  nota  al  Ministerio  de  la  Guerra  en  la  que  invocaba  las 
disposiciones  constitucionales  tutelares  de  las  garantías  individuales  que 
obstaban  a la  aplicación  de  una  pena  sin  forma  de  juicio. 

La  atmósfera  se  iba  caldeando  entretanto,  y para  contener  las  agita- 
ciones tumultuarias  que  empezaban  a producirse  lanzó  el  Gobierno  un  decreto 
«declarando  en  estado  de  sitio  a la  Capital  y’  sus  dependencias»,  y publicó  el 
coronel  Pacheco  en  su  carácter  de  Comandante  de  Armas  una  orden  general 
en  que  decía  que  había  tenido  que  realizar  varias  prisiones  «entre  ellas  las 
de  algunos  jefes  militares  a quienes  el  ejército  no  había  visto  un  solo  día 
en  los  gloriosos  combates  que  han  sostenido  a Montevideo,  de  esos  que  per- 
manecieron escondidos  cuando  el  peligro  era  grande  para  la  heroica  ciudad, 
que  no  tuvieron  voz  para  dar  vivas  a la  patria  cuando  su  existencia  estaba 
amenazada  y'  que  la  tienen  enérgica  para  darlos  a un  hombre  a despecho  de 
las  leyes». 

El  Gobierno  declaró  tumultuario  todo  grupo  «de  más  de  seis  personas 
reunidas  después  de  las  6 de  la  tarde»  y «todo  grupo  de  cualquier  número» 
que  profiriera  «vítores  o mueras  #h  la  calle». 

Se  dirigió  a la  vez  a la  Policía  para  que  llamara  a don  José  Luis  Busta- 
mante,  uno  de  los  propagandistas  más  entusiastas  de  Rivera,  a fin  de  adver- 
tirle «que  las  ideas  subversivas  al  orden  y a la  unidad  de  la  defensa  nacional 
que  venía  difundiendo  le  harían  acreedor  a otras  medidas  si  no  se  apresuraba 
a entrar»  en  la  senda  del  deber.  Hasta  ahora,  agregaba  el  Ministro,  ha  prefe- 
rido el  Gobierno  pecar  de  extremadamente  benevolente.  Una  dolorosa  expe- 
riencia le  demuestra  la  necesidad  de  reaccionar  y a la  reacción  irá  aunque  sin 
salir  de  los  límites  de  la  legalidad.  «El  Gobierno,  concluía  la  nota,  no  vio- 
lará las  garantías  ni  las  formas  de  la  ley,  pero  tampoco  excusará  el  castigo 
de  las  acciones  que  ella  reconoce  y manda  castigar  como  culpables.  No  será 
arbitrario  en  nada  ni  para  nadie:  ni  para  castigar  ni  para  perdonar». 

Seguía  entretanto  Rivera  en  el  puerto  a la  espera  del  movimiento  revo- 
lucionario que  estaban  preparando  sus  partidarios.  El  Gobierno  trató  de  ale- 
jarlo mediante  un  decreto  por  el  cual  se  le  mandaba  salir  fuera  de  cabos, 
bajo  apercibimiento  de  considerarse  toda  omisión  al  cumplimiento  de  esa 
orden  como  atentatoria  «a  la  tranquilidad  pública  y contraria  a la  defensa 
del  país». 

El  l.°  de  abril  estalló  en  la  plaza  el  motín  militar  que  se  incubaba,  y 
después  de  una  porfiada  lucha  en  que  hubo  varios  muertos  y heridos  el  coro- 
nel Pacheco  renunció  la  Comandancia  de  Armas  y buscó  asilo  en  un  buque  de 
guerra,  y el  Gobierno  declaró  que  la  . presencia  de  Rivera  «era  exigida  en  la 
Capital  por  la  conveniencia  pública»  a la  vez  que  le  confería  el  empleo  de 
General  en  Jefe  del  ejército  en  operaciones. 

Triunfante  así  el  motín  pasó  el  Ministro  de . Gobierno  a la  Policía  una 
nota  encaminada  a tranquilizar  el  agitado  ambiente,  deseosa  la  autoridad 
«de  que  todos  los  ciudadanos,  sin  excepción  de  ninguna  especie  o naturaleza, 
que  se  han  encontrado  envueltos  en  las  calamidades  de  la  situación,  se  persua- 


LA  DEFÉNSA  DE  MONTEVIDEO 


177 


dan  de  ios  principios  que  profesa  y vuelvan  al  goce  de  su  tranquilidad,  de 
sus  posesiones  y de  las  garantías  individuales  que  ha  de  conservarles  a todo 
trance,  llevando  sus  esfuerzos  para  que  todos  olviden  los  resentimientos  que 
hayan  dejado  los  desgraciados  sucesos  que  acaban  de  terminar». 

No  parecía  Rivera  dispuesto  a proceder  en  la  misma  forma.  Fresca  toda- 
vía la  tinta  de  esa  nota  intimó  a los  coroneles  César  Díaz,  Francisco  Tajes  y 
otros  jefes  que  habían  pedido  su  baja  a raíz  del  triunfo  del  motín  la  expatria- 
ción inmediata.  Reclamaron  los  interesados  y'  el  Ministerio  de  la  Guerra 
les  contestó  que  la  orden  de  destierro  «era  efecto  de  una  equivocación».  Rivera 
dirigió  entonces  al  Ministro  una  nota  agresiva  en  que  le  decía  que  los  coro- 
neles Díaz,  Tajes  y Lezica  habían  sido  arrojados  por  el  pueblo  y el  ejército 
«como  indignos  instrumentos  de  las  miras  ambiciosas  y altaneras  del  desen- 
frenado Melchor  Pacheco»,  y'  jnantenía  así  su  orden  de  destierro: 

«Obrando  en  la  órbita  que  me  determinan  mis  atribuciones  como  Gene- 
ral en  Jefe  no  be  faltado  ni  faltaré  jamás  a lo  que  me  compete,  ni  consentiré 
que  se  me  coarten  las  atribuciones  con  que  soy'  investido.» 

De  acuerdo  con  esta  monstruosa  tesis  que  transformaba  al  General  en 
Jefe  en  verdadero  dictador,  reiteró  Rivera  la  orden  de  destierro,  anticipando 
que  en  caso  contrario  «daría  por  concluida  su  misión,  no  considerándose  con 
fuerzas  bastantes  para  contener  la  indignación  del  ejército». 

Había  que  cerrar  la  polémica  y el  Ministerio  se  apresuró  a hacerlo  en 
esta  forma,  que  era  la  que  exigía  la  gravedad  de  las  circunstancias: 

«El  Gobierno  siente  sobremanera  la  equivocación  que  padece  el  señor 
general,  porque  después  de  haber  levantado  el  estado  de  sitio  en  que  se  puso 
la  Capital,  no  es  posible  seguir  haciendo  uso  de  las  facultades  extraordina- 
rias... No  coartará  el  Gobierno  las  facultades  que  ha  dado  al  General  en 
Jefe...  Pero  tampoco  permitirá  que  se  amengüe  su  dignidad  por  exigencias 
del  ejército . . . Primero  resignaría  el  poder.» 

Ante  una  declaración  tan  terminante  que  obligaba  a echar  abajo  las 
autoridades  contestó  Rivera  acatando  la  tesis  gubernativa. 

Siguen  las  agitaciones. 

Prosiguieron  con  igual  intensidad  las  agitaciones  políticas  en  1847. 

A mediados  de  año  fué  nombrado  Garibaldi  jefe  de  la  guarnición  de 
Montevideo.  C'on  él  triunfaban  los  partidarios  de  la  continuación  de  la  guerra 
civil.  Un  mes  después  caía  Garibaldi  y triunfaba  momentáneamente  el  partido 
pacifista  que  encabezaba  el  coronel  Venancio  Flores. 

De  esa  lucha,  tan  llena  de  alternativas,  emanó  un  motín  militar  en  el 
cuartel  del  batallón  de  línea  que  comandaba  don  Benito  Larraya,  del  partido 
pacifista.  El  batallón  desacató  una  orden  gubernativa  y entonces  el  Ministro 
de  Guerra  coronel  Batlle  fué  al  cuartel  y'  habiendo  sido  desacatado  también, 
resolvió  someter  por  la  fuerza  a los  amotinados.  En  los  momentos  en  que 
preparaba  el  ataque  concurrió  el  almirante  Le  Predour  y el  jefe  amotinado 
acató  al  Ministro  de  la  Guerra.  Pero  al  ponerse  en  marcha  el  batallón  volvió 
a producirse  el  conflicto,  y entonces  el  coronel  Batlle  se  lanzó  personalmente 
sobre  el  comandante  Larraya  para  desarmarlo  frente  a la  tropa  que  amarti- 
llaba sus  fusiles  contra  el  Ministro  y que  no  hizo  fuego  por  efecto  de  una 
nueva  interposición  del  almirante  Le  Predour. 

El  comandante  Larraya  fué  desterrado  y el  coronel  Flores  renunció  la 
Comandancia  de  Armas  y pidió  su  baja  del  ejército. 

Dando  cuenta  de  estos  sucesos  a la  Asamblea  de  Notables  decía  el  Mi- 
nistro de  Gobierno  don  Manuel  Herrera  y Obes: 

Se  ha  afianzado  la  moral  de  la  Defensa,  prevaleciendo  el  prestigio  de  la 
autoridad.  Pero  es  tiempo  de  que  desaparezcan  las  disensiones  intestinas. 


178 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Al  principio  de  la  Defensa  hicimos  prodigios,  porque  estábamos  unidos.  Ese 
vínculo  poderoso  desapareció  después  con  los  resultados  que  estamos  presen- 
ciando. . . «Volvámonos  a unir». 

El  Gobierno  de  la  Defensa  destierra  nuevamente  a Rivera. 

Era  una  unión  imposible,  sin  embargo.  Ya  se  estaban  incubando  en 
esos  mismos  momentos  otros  conflictos  de  mayor  resonancia  todavía  y el 
encargado  de  precipitar  la  crisis  era  precisamente  el  Ministro  que  así  convo- 
caba a la  concordia. 

Rivera,  que  después  de  los  desastres  de  su  ejército  en  Fay'sandú  y Mer- 
cedes se  había  refugiado  en  Maldonado,  envió  al  coronel  Báez  con  instrucciones 
para  gestionar  refuerzo  de  tropas  de  Montevideo.  A su  regreso  el  coronel 
Báez  respondió  a Rivera,  en  nombre  del  Gobierno  de  la  Defensa,  que  su  per- 
manencia en  Maldonado  o en  cualquier  otro  punto  del  territorio  nacional 
constituía  un  obstáculo  a los  planes  adoptados;  que  era  preferible  que  aban- 
donara el  país;  que  su  extrañamiento  sería  mirado  «como  un  sacrificio  para 
el  bien  de  la  patria»;-  y finalmente  que  la  guarnición  de  Maldonado  no  sería 
reforzada. 

Por  su  parte  Rivera,  a la  vez  que  pedía  auxilios  al  Gobierno  de  la  De- 
fensa, se  ponía  al  habla  con  los  coroneles  Barrios  y Acuña,  jefes  de  las 
fuerzas  sitiadoras  de  Maldonado  y'  les  entregaba  con  destino  a Oribe  un 
convenio  de  paz  compuesto  de  ocho  proposiciones  de  las  que  prometió  copia 
al  Gobierno,  sin  ánimo  de  remitirsela,  pues  su  contenido  recién  fué  divulgado 
por  «El  Conservador»  al  finalizar  el  año  1847,  después  que  el  conflicto  había 
sido  solucionado  con  el  destierro  de  Rivera.  He  aquí  el  contenido  de  esas 
proposiciones: 

«Se  establecerá  una  buena  inteligencia  entre  los  brigadieres  generales 
de  la  República  don  Manuel  Oribe  y don  Fructuoso  Rivera  y ambos  decla- 
rarán a la  faz  del  Estado  que  los  observa  que  se  comprometen  por  su  hono^ 
y ante  las  aras  de  la  patria,  por  la  que  han  hecho  inmensos  sacrificios,  que 
promoverán  cuanto  fuera  necesario  al  restablecimiento  de  la  paz  en  toda 
la  República  bajo  sus  principios  constitucionales.» 

«Resuelto  como  estoy  a no  omitir  ningún  sacrificio  hasta  ver  restable- 
cido el  reposo  en  toda  la  República,  garantido  en  sus  formas  constitucionales, 
me  resignaré  si  necesario  fuere  voluntariamente  a separarme  del  territorio 
de  la  República  por  todo  el  tiempo  que  se  hiciese  preciso  al  establecimiento 
del  gobierno  constitucional.  Al  hacer  esta  indicación  no  me  impele  otro 
motivo  que  el  no  querer  acarrear  sobre  mí  la  desconfianza  de  unos,  los  celos 
de  otros  y'  la  equivocación  que  no  sería  extraña  a todos,  de  que  yo  pueda 
aspirar  a la  próxima  Presidencia  de  la  República,  ni  menos  sustentar  inno- 
bles miras  contra  los  sagrados  intereses  de  la  patria.» 

Por  las  demás  bases  se  suprimía  el  uso  de  las  divisas  de  guerra  y se 
establecía  el  de  la  cucarda  nacional;  se  decretaba  la  celebración  de  comicios 
generales;  se  declaraba  que  todos  los  poderes  de  la  República  habían  termi- 
nado de  hecho  y de  derecho;  se  exigía  la  mediación  del  representante  de 
España  para  garantizar  el  convenio;  y se  proyectaba  el  nombramiento  de 
comisionados  que  en  nombre  de  ambos  jefes  darían  forma  definitiva  al  pacto. 

Rivera,  simple  jefe  del  ejército,  pactaba,  pues,  como  representante  del 
país  y daba  un  carácter  marcadamente  personal  a la  contienda  que  envolvía 
a todo  el  Río  de  la  Plata. 

Con  sobrada  razón  se  había  abstenido  de  enviar  a Montevideo  la  anun- 
ciada copia  de  las  bases.  Pero  el  Gobierno,  que  tenía  noticias  de  sus  pomu- 
nicaciones  escritas  y de  sus  entrevistas  Con  los  jefes  sitiadores  y que  conocía 
el  ambiente  desfavorable  que  esas  negociaciones  misteriosas  habían  produ- 
cido en  la  guarnición  de  Maldonado,  resolvió  destituirlo  y desterrarlo. 

Cuando  el  Ministro  de  la  Guerra  coronel  Batlle,  encargado  de  dar 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


179 


cumplimiento  a esas  resoluciones,  desembarcó  en  Maldonado  a principios  de 
octubre  de  1847,  estaba  próxima  a estallar  una  conjuración  de  la  tropa  cine 
habría  dado  por  resultado  el  asesinato  de  Rivera  y'  de  algunos  de  sus  jefes. 
El  coronel  Batlle  al  dar  cuenta  al  Presidente  Suárez  del  resultado  de  su 
misión  atribuía  la  conjuración  a la  miseria  en  que  vivía  el  soldado  y a las 
Sospechas  que  infundían  sus  jefes. 

Véase  cómo  se  expresaba  acerca  del  primer  punto: 

«Acordes  todos  decían  que  no  ignoraban  que  el  Gobierno  enviaba  lo 
muy  suficiente  para  racionarlos,  pero  que  no  alcanzaba  porque  más  de  la 
mitad  de  las  raciones  se  vendían  y regresaban  a Montevideo,  o bien  se 
daban  allí  mismo  en  pago  de  gastos  que  el  general  mandaba  hacer.  Así,  pues, 
con  los  alimentos  del  soldado  se  hacía  frente  a las  prodigalidades  y des- 
arreg7os  del  jefe.» 

En  cuanto  al  segundo  punto  decía  el  Ministro  de  la  Guerra: 

«Predispuestos  ya  a mirar  las  acciones  todas  del  general  bajo  una  luz 
desfavorable,  empezaron  sus  conferencias  y notas  con  los  sitiadores  y a tanto 
creció  la  desconfianza  que  muchos  oficiales  se  determinaron  a escribirme 
pidiendo  licencia  para  venir  a la  Capital  o a los  demás  puntos  que  ocupá- 
bamos. . . El  general  protesta  que  la  casualidad  proporcionó  la  entrevista  con 
Acuña  y'  Barrios  y todo  el  pueblo  de  Maldonado  sabe  que  estando  él  tran- 
quilo en  su  casa,  fué  hecho  llamar  por  aquéllos  que  estaban  en  conversación 
con  el  señor  Aguilar,  a cuy'o  efecto  mandó  éste  al  primer  oficial  que  acertó  a 
pasar.  Todos  saben  que  el  general  se  apresuró  a ir  a la  cita  y que  perma- 
neció en  ella  más  de  cuatro  horas.  Por  fin  su  tema  favorito  era  hablar  con- 
tra los  extranjeros  y las  legiones,  sembrando  esta  simiente  de  cizaña  entre 
sus  subalternos  y nuestros  auxiliares  y propendiendo  con  todo  esto  a llegar 
al  mismo  término.  No  teniendo  cierta  la  prueba  de  que  su  intento  fuera 
traicionar  la  causa,  me  abstendré  de  hacer  otros  relatos  que  he  oído,  porque 
no  ofrecen  tampoco  un  conocimiento  pleno:  no  obstante,  debo  asegurar  que 
todos  reunidos  hacen  un  conjunto  capaz  de  hacer  titubear  al  más  confiado.» 

Dando  cumplimiento  a su  mandato  el  coronel  Batlle  destituyó  a Rivera 
de  la  jefatura  del  ejército  y lo  envió  a bordo  del  buque  de  guerra  francés' 
«L’Alsacienne»  que  allí  aguardaba  y que  en  el  acto  emprendió  viaje  con  rumbo 
a Río  de  Janeiro.  El  coronel  Báez  y dos  o tres  jefes  más  resolvieron  acom- 
pañar al  desterrado. 

Esta  violenta  reacción  contra  Rivera  dió  origen  dentro  de  la  plaza  de 
Montevideo  a fuertes  protestas  que  obligaron  al  Ministerio  de  Gobierno  a 
dirigir  un  oficio  al  Jefe  de  Policía  en  que  le  hablaba  de  los  que  pretendían 
provocar  «desórdenes  y trastornos  políticos»  y le  advertía  que  debía  adoptar 
medidas  preventivas  para  impedirlo.  «El  Gobierno,  concluía,  quiere  que  se 
comprenda  bien  que  está  decidido  a castigar  con  la  misma  severidad  al  trai- 
dor que  conspira  y al  demagogo  revoltoso  que  anarquiza  y desquicia,  porque 
ambos  van  a un  mismo  fin,  aunque  por  distintos  caminos». 

I>espués  del  destierro,  el  proceso. 

En  viaje  ya  Rivera  para  Río  de  Janeiro  publicó  el  Ministro  de  Gobierno 
doctor  Herrera  y Obes  una  explicación  oficial  acerca  de  las  causas  del  destierro. 

«La  situación  del  general  Rivera  en  la  escena  política,  empezaba  diciendo, 
ha  mucho  tiempo  que  era  violenta  y difícil  de  conservarse.  Vuelto  a la  vida 
pública  contra  la  voluntad  del  Gobierno  y apoyado  sólo  en  las  exigencias 
de  un  motín,  desde  sus  primeros  pasos  manifestó  que  no  comprendía  a su 
época,  ni  a los  hombres  ni  a las  cosas  que  predominaban  en  su  país.  Acostum- 
brado a gobernar  desde  la  campaña;  lejos  del  contacto  de  la  parte  más  civili- 
zada de  la  población:  nutrido  en  esa  omnipotencia  de  poder  y facultades  que 
le  hacían  dueño  de  vidas  y de  haciendas,  sin  consideración  ni  responsabilidad 
de  ninguna  especie;  acostumbrado,  en  fin,  a no  mirar  las  formas  legales 


180 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


sino  como  una  pantalla  cuya  sombra  le  convenía  para  ocultar  la  deformidad 
de  su  existencia  política,  el  general  Rivera  entró  a figurar  después  del  l.o  de 
abril  de  1846,  como  había  figurado  en  las  épocas  anteriores.  En  la  desgracia, 
nada  había  aprendido;  en  lo  que  le  rodeaba  nada  veía,  y entregándose  a 
una  conducta  injustificable  e incomprensible,  marcó  su  nueva  carrera  con 
los  actos  más  escandalosos  y más  funestos  para  la  causa  que  defiende  la  Repú- 
blica. Las  propiedades  violadas,  las  personas  atacadas  sin  distinción  n,i 
respeto  de  ninguna  clase,  la  autoridad  del  Gobierno  desconocida  y despre- 
ciada al  más  alto  grado,  produjeron,  como  era  consiguiente,  un  conflicto  de 
posiciones  entre  el  Gobierno  de  la  República  que  no  podía  ni  debía  consentir 
en  aquellos  atentados,  y el  general  Rivera  que  apoyado  en  la  fuerza  que 
mandaba  y en  lo  espinoso  y'  grave  de  las  circunstancias  en  que  se  encontraba 
la  República,  pretendía  un  absolutismo  de  facultades  incompatible  con  las 
disposiciones  constitucionales  y el  orden  público  y que  cubría  de  ridículo  al 
Gobierno,  cuya  acción  paralizada  por  consideraciones  de  alta  política  aparecía 
como  un  instrumento  ciego  de  las  voluntades  del  citado  general...  Consi- 
derándose siempre  el  Presidente  de  la  República  en  ejercicio  de  sus  funciones, 
cualquiera  que  hay'a  sido  su  posición  social  y la  circunstancia  en  que  se 
encontrare,  en  dondequiera  que  personalmente  se  hallase  establecía  su  Go- 
bierno, hacía  prevalecer  su  política,  sistemaba  su  administración,  romp'a 
convenciones  lo  más  solemnemente  hechas,  hacía  otras  por  -sí  y ante  sí,  sin 
más  requisito,  ni  más  autorización  ni  objeto  que  los  cálculos  de  su  conveniencia 
individual.» 

Después  de  esta  introducción,  entraba  el  Ministro  a concretar  cargos 
contra  Rivera.  Le  dqcía  que  había  hostilizado  la  revolución  argentina  difi- 
cultando la  acción  de  Lavalle  hasta  la  batalla  del  Sauce  Grande,  y la  de 
Paz  antes  y después  de  Caa-Guazú;  que  había  cambiado  la  cooperación  mili- 
tar de  Francia  por  unos  cuantos  miles  de  pesos  tomados  bajo  una  prome«a 
que  no  cumplió,  ayudando  así  poderosamente  a Rosas  para  obtener  el  tratado 
Mackau;  que  había  dado  la  batalla  del  Arroyo  Grande  «contra  las  terminantes 
y expresas  órdenes  del  Gobierno,  que  esperando  por  momentos  el  resultado 
de  las  negociaciones  pendientes  en  Europa,  comunicadas  ya  por  el  Ministro 
Mandeville  sobre  la  intervención  para  hacer  cesar  la  guerra,  no  quería  correr 
los  azares  délos  combates»;  que  tomando  el  nombre  del  país  había  celebrado 
«un  tratado  de  alianza  ofensiva  y defensiva  con  los  revolucionarios  de  Río 
Grande  contra  el  Gobierno  de  Su  Majestad  el  Emperador  del  Brasil,  dando  así 
lugar  a que  el  Imperio  con  quien  tantos  intereses  nos  ligan  en  una  ¡estrecha 
y leal  mancomunidad  de  objetos  políticos,  tomara  en  la  lucha  en  que  hoy’ 
se  encuentra  empeñada  la  República  esa  posición  de  espectador  que  tanto  hn 
contrariado  los  esfuerzos  del  país  para  su  salvación»;  que  «sabedor  de  las 
negociaciones  que  se  habían  iniciado  con  el  Gobernador  de  Entre  Ríos  para 
que  tuviese  lugar  la  cesación  de  la  guerra  y de  los  compromisos  solemnes  que 
el  Gobierno  había  contraído,  se  lanzó  sobre  el  pueblo  de  Paysandú,  derramó 
a torrentes  la  sangre  oriental,  destruyó  uno  de  sus  más  hermosos  pueblos, 
perdió  el  fruto  de  todas  las  conquistas  que  se  habían  hecho  y'  desbarató  to- 
dos los  proyectos  de  paz  del  Gobierno».  Terminaba  la  larga  y contundente 
nota  oficial  con  una  referencia  a las  negociaciones  pacifistas  de  Maldonado, 
iniciadas  y seguidas  sin  conocimiento  del  Gobierno. 

Precisando  más  tarde  uno  de  los  cargos  formulados  en  esa  nota  ha 
dicho  el  doctor  Herrera  y Obes  en  sus  «Recuerdos  de  la  Defensa»,  que  lo 
primero  que  hizo  Rivera  a raíz  de  su  vuelta  violenta  a Montevideo  en  abril 
de  18  46  fué  desaprobar  la  negociación  con  Urquiza  y atacar  a Paysandú, 
hecho  que  indignó  al  Gobernador  de  Entre  Ríos  y le  indujo  a organizar 
fuerzas  que  obligaron  a Rivera  a recorrer  en  48  horas  toda  la  distancia  que 
media  entre  el  Uruguay  y Maldonado. 

Era  la  tercera  vez  que  el  Gobierno  eliminaba  a Rivera  del  escenario  de 
la  Defensa  en  castigo  de  sus  derrotas.  La  primera  a raíz  de  la  batalla  del 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


181  . 


Arroyo  Grande  en  territorio  de  Entre  Ríos.  Se  le  creía  anonadado  y sin 
bríos  para  emprender  la  organización  de  la  defensa  y en  consecuencia  fué 
sustituido  por  el  general  Paz,  de  quien  Rivera  estaba  profundamente  distan- 
ciado. La  segunda  después  de  la  batalla  de  India  Muerta,  cuando  Rivera 
se  dirigió  a Río  de  Janeiro  donde  fué  arrestado,  circunstancia  que  aprovechó 
el  Gobierno  de  la  Defensa  para  dictar  el  decreto  que  prohibía  su  regreso  a 
la  República.  Y la  tercera  a raíz  del  desbande  de  su  ejército  en  Paysandú. 
Mercedes  y Maldonado,  que  era  la  eliminación  definitiva,  porque  Rivera  no 
volvería  a actuar  más  en  el.  escenario  de  la  Defensa. 

Rivera,  a sn  turno,  procesa  al  Gobierno. 

Desde  Río  de  Janeiro  tomó  su  desquite  Rivera  mediante  la  presentación 
al  Ministro  inglés  lord  Howden  de  una  Memoria  en  la  que  figuraba  el  si- 
guiente párrafo: 

«Montevideo  está  sometido  exclusivamente  a la  influencia  francesa  y a 
la  voluntad  de  Garibaldi:  esa  influencia  y esa  voluntad  conspiran  hace  tiempo 
y han  conseguido  en  gran  parte  aniquilar  toda  influencia  y'  todo  elemento 
oriental  y'  no  existe  por  consiguiente  en  Montevideo  autoridad  alguna  que 
revista  carácter  ni  represente  intereses  nacionales.» 

Eran  también  esas  las  ideas  que  tres  años  antes,  a mediados  de  1844, 
había  exteriorizado  así  doña  Bernardina  Fragoso  de  Rivera  en  una  carta 
dirigida  a su  esposo  y que  fué  secuestrada  en  el  campo  de  batalla  de  India 
Muerta: 

«Aquí  y'a  no  hay  más  que  extranjeros,  porque  del  país  sólo  es  lo  que  está 
contigo,  ¿y  qué  podemos  esperar  de  esta  gente  que  no  siendo  de  aquí  nada 
le  importa  sino  su  bolsillo?» 

La  Memoria  de  Rivera  a la  Legación  inglesa  tuvo  tan  honda  repercusión 
en  la  Corte  de  Río  de  Janeiro,  que  a fines  de  1847  llegó  a discutirse  si  debía 
o no  ser  recibido  el  nuevo  Ministro  oriental  doctor  Lamas  que  gestionaba  en 
esos  momentos  el  reconocimiento  de  sus  credenciales. 

El  Gobierno  de  la  Defensa  continúa  luchando  con  sus  opositores  de  la  plaza 

Abrió  el  año  18  48  con  nuevas  y'  fuertes  agitaciones  dentro  de  la  plaza 
de  Montevideo.  La  Mesa  que  presidía  las  elecciones  de  Alcalde  Ordinario  y 
Defensor  de  Menores  «fué  dispersada  a palos»,  escribía  el  Ministro  Herrera  y 
Obes  al  plenipotenciario  oriental  en  Río  de  Janeiro  doctor  Lamas. 

El  Gobierno  se  dirigió  con  tal  motivo  a la  Asamblea  de  Notábles  solici- 
tando una  regla  de  conducta.  Según  decía  en  su  Mensaje  el  interés  por  un 
lado  y la  pasión  de  partido  por  otro  habían  provocado  una  serie  de  escán- 
dalos y obligado  a la  Mesa  instalada  en  el  atrio  de  la  Matriz  a' suspender 
el  acto.  Pero  al  considerarse  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Legislación  el 
doctor  Estanislao  Vega  fustigó  al  Gobierno  por  su  intromisión  en  las  elec- 
ciones y dijo  que  la  Mesa  había  sido  levantada  a causa  de  que  el  Ministerio 
era  derrotado  en  los  comicios. 

Una  semana  después  de  esos  incidentes,  a mediados  de  enero,  el  Go- 
bierno desterraba  a los  coroneles  Guerra  y Espinosa,  a los  comandantes  Ortega, 
Rebollo  y Clemente  y a otras  personas  acusadas  de  sedición^ 

«El  orden  y la  tranquilidad  pública,  decía  en  su  Mensaje  a la  Asamblea 
de  Notables,  han  estado  a punto  de  ser  perturbados  seriamente  y'  para  pre- 
venir tan  funestos  sucesos  el  Poder  Ejecutivo  ha  tenido  que  hacer  uso  de  las 
facultades  que  le  acuerda  el  artículo  81  de  la  Constitución  de  la  República  y 
más  que  todo  la  situación  muy  especial  en  que  se  encuentra  la  plaza.» 

Las  agitaciones  continuaron,  y a pedido  del  Gobierno  dictó  la  Asamblea 
de  Notables  a fines  de  abril  una  ley  por  la  que  se  declaraba  el  estado  de  sitio, 
se  suspendían  las  garantías  individuales  y'  se  establecía  que  las  medidas  que 
el  Poder  Ejecutivo  resolviera  aplicar  a consecuencia  de  esa  declaración  se- 


. 182 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


rían  acordadas  con  una  Comisión  delegada  de  la  misma  Asamblea.  Antes  y 
después  de  esa  ley  hubo  deportaciones  de  opositores. 

A mediados  de  julio  estalló  una  revolución.  El  teniente  Ramírez  al  frente 
de  su  compañía  ocupó  la  pTaza  Constitución  y el  Cabildo,  incorporándosele  allí 
el  general  Enrique  Martínez,  los  coroneles  Juan  P.  Rebollo,  José  Mora  y Ber- 
nardo Dupuy'.  Pero  el  ejército  no  respondió  al  movimiento  y entonces  el 
Presidente  Suárez  se  presentó!  solo  ante  los  soldados,  les  reconvino  por  su 
actitud  y obtuvo  su  sometimiento.  Fueron  arrestados  luego  los  promotores 
del  motín,  con  excepción  del  teniente  Ramírez,  quien  fué  muerto  «al  parecer 
porque  se  resistió»,  decía  «El  Comercio  del  Plata». 

«Aquí  seguimos  luchando  con  dificultades  incesantes,  escribía  en  esos 
momentos  el  Ministro  Herrera  y Obes  al  plenipotenciario  oriental  en  Fran- 
cia doctor  Ellauri.  Esta  situación  es  un  pugilato  . insoportable.  Si  ese  Go- 
bierno no  toma  una  actitud  definitiva,  es  probable  que  el  Diablo  nos  lleve.» 

A principios  de  18  49  hubo  un  ruidoso  debate  en  el  seno  de  la  Asamblea 
de  Notables  con  ocasión  de  un  pedido  de  explicaciones  al  Ministro  acerca  de 
apuntos  diplomáticos  e inversión  de  caudales  públicos.  El  notable  don  Angel 
Elias  se  había  opuesto  a que  la  interpelación  fuera  votada  sobre  tablas  y a 
la  salida  fué  agredido  por  don  Martiniano  Mouliá,  don  Pedro  Díaz  y don  San- 
tiago Botana.  Comprobado  el  hecho  el  Gobierno  puso  a los  tres  agresores  a 
disposición  del  Ministerio  de  la  Guerra  «para  que  en  calidad  de  soldados, 
decía  el  decreto,  sean  destinados  a servir  activa  y1  personalmente  en  los 
cuerpos  del  ejército  por  el  tiempo  que  dure  el  presente  sitio  y que  en  el  sufri- 
miento, la  resignación  y la  heroica  abnegación  de  sus  compañeros  de  armas 
aprendan  el  ejercicio  de  las  virtudes  cívicas  que  forman  el  verdadero  patrio- 
tismo». 

A mediados  de  año  escribía  el  Ministro  Herrera  al  plenipotenciario  doc- 
tor Lamas: 

«Esto  es  un  caos».  Y explicando  su  pensamiento,  le  decía  que  Pacheco 
antes  de  embarcarse  para  Francia  había  organizado  un  club  político  bajo  la 
denominación  de  «Sociedad  Patriótica»  con  el  objeto  ostensible  de  promover 
la  fusión  de  todos  los  grupos  que  actuaban  en  la  plaza  de  Montevideo;  que 
a ese  club  se  habían  incorporado  casi  todos  los  jefes  del  ejército  y que  ellos 
con  el  coronel  César  Díaz  a la  cabeza  recurrían  a la  fuerza  para  echar  abajo 
ministerios. 

Al  finalizar  el  mismo  año  escribía  el  Ministro  Herrera  al  propio  fundador 
del  club,  que  estaba  en  París,  para  anunciarle  que  se  habla  tramado  una  revo- 
lución pero  que  felizmente  el  Gobierno  la  había  dominado  a tiempo. 

Un  año  después,  en  diciembre  de  1850,  pedía  el  Gobierno  autorización 
a la  Asamblea  de  Notables  para  suprimir  los  comicios  de  Alcalde  Ordinario  y 
Defensor  de  Menores  durante  el  asedio  y proveer  esos  cargos  del  modo  que 
reputase  más  compatible  con  la  seguridad  de  la  plaza.  Y fundando  la  reforma 
decía  el  Ministro  de  Gobierno  que  en  el  caso  de  realizarse  los  comicios  habría 
que  recurrir  a la  fuerza  para  evitar  los  escándalos  de  la  elección  anterior  y 
que  era  más  leal  entonces  autorizar  el  nombramiento  por  vía  administrativa. 
Tras  un  largo  debate  fué  aceptado  con  modificaciones  el  proyecto  limitándose 
la  intervención  gubernativa  al  año  18  51  y bajo  la  condición  de  que  las  designa- 
ciones de  magistrados  se  harían  de  acuerdo  con  el  Consejo  de  Estado. 

La  oposición  era  al  Ministerio  más  que  al  Presidente. 

Rara  vez  la  oposición  de  los  defensores  de  Montevideo  tomaba  por  blanco 
al  Presidente  Suárez.  Generalmente  se  dirigía  contra  los  Ministros  y para 
obtener  cambio  de  los  mismos.  Cada  círculo  tenía  sus  prohombres  y procuraba 
imponerlos  hasta  con  ayuda  de  la  fuerza.  Pero  sin  arrancar  de  su  sitial  al 
primer  magistrado  que  cedía  invariablemente  a la  presión  de  las  circuns- 
tancias. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


183 


Por  eso,  cuando  a fines  de  1850  presentó  don  José  Luis  Bustamante  a 
la  Asamblea  de  Notables  un  proyecto  que  declaraba  que  don  Joaquín  Suárez 
había  merecido  bien  de  la  patria  y'  le  otorgaba  una  compensación  de  50,000, 
pesos;  otro  que  acordaba  al  ejército  el  título  de  benemérito  en  grado  heroico; 
y otro  más  mandando  erigir  una  columna  conmemorativa  de  la  Defensa  de 
Montevideo,  hubo  unanimidad  de  opiniones  *a  favor  de  lo  primero,  y hasta  se 
aproveohó  la  oportunidad  para  tejer  el  elogio  amplio  y vibrante  del  ciudadano 
que,  según  se  encargó  de  decirlo  el  general  Correa,  había  surgido  a la  vida 
política  del  pais  en  1810,  al  iniciarse  el  primer  movimiento  revolucionario 
contra  el  dominio  español,  incorporándose  al  año  siguiente  a Artigas,  y lu- 
chando a su  lado  desde  la  batalla  de  Las  Piedras. 

Don  Joaquín  Suárez  aceptó  la  declaración,  pero  rechazó  la  suma  de  di- 
nero, alegando  que  ella  le  impediría  participar  de  los  inmensos  quebrantos 
que  habían  sufrido  y'  seguían  sufriendo  los  demás  servidores  del  Estado. 

Contra  la  libertad  de  la  prensa. 

Varias  veces  echó  mano  de  la  mordaza  el  Gobierno  de  Suárez  en  el  curso 
de  esa  larga  lucha  contra  los  opositores  de  la  plaza. 

En  diciembre,  de  1845  «El  Constitucional»,  que  no  hacía  buenas  migas 
con  los  emigrados  argentinos,  empezó  una  campaña  a la  que  puso  término 
un  oficio  del  Ministro  de  la  Guerra  don  Francisco  Joaquín  Muñoz,  que  decía 
así: 

«El  autor  del  comunicado  en  cuestión  puede  asegurarse,  sin  temor  de 
equivocarse,  que  es  uno  de  esos  seres  miserables  en  quienes  está  contorneada 
la  fisonomía  inequívoca  dé  la  vileza.  El  Gobierno  prohíbe  a usted,  señor 
editor,  publicar  comunicados  de  esa  clase  y así  se  lo  previene,  haciéndolo 
responsable  de  las  consecuencias  en  el  caso  que,  por  cualquier  motivo,  no 
preste  usted  toda  su  cooperación  a la  efectividad  de  esta  orden.» 

A mediados  de  1846  ‘presentó  el  Gobierno  a la  Asamblea  de  Notables  un 
proyecto  de  ley  por  el  que  se  facultaba  al  Poder  Ejecutivo  para  adoptar 
medidas  contra  la  prensa. 

«Esas  medidas  se  dirigirán  solamente  contra  el  abuso  que  se  haga 
en  las  publicaciones  periódicas  hasta  mandar  cesar  las  que  fueran  contrarias 
a los  principios  de  moderación  y templanza  que  todos  deben  respetar».  Tal  era 
la  fórmula  que  propiciaba  el  Gobierno,  fórmula  de  enorme  vaguedad  que  la 
Comisión  de  Legislación  sustituyó  por  la  que  subsigue:  «Esas  medidas  se 
dirigirán  únicamente  contra  el  abuso  que  se  haga  en  las  publicaciones  perió- 
dicas y que  de  cualquier  modo  tienda  a perjudicar  la  defensa  en  que 'el  país 
se  ve  empeñado». 

«El  Montevideano»,  que  actuaba  en  la  misma  campaña  contra  los  emi- 
grados argentinos,  se  despidió  de  sus  lectores  con  estas  palabras  reveladoras 
de  advertencias  análogas:  «Obligados  por  su  propio  honor  los  redactores  de 
este  diario  abandonan  la  noble  tarea  a que  estaban  prometidos». 

En  julio  de  1847  se  decretó  el  cese  por  seis  meses  del  «Courrier  de  la 
Plata»  a causa  de  su  propaganda  agresiva  contra  los  agentes  franceses.  A soli- 
citud de  los  mismos  agentes  quedó  luego  sin  efecto  el  cese.  Un  año  después 
hubo,  sin  embargo,  que  aplicar  la  pena  en  razón  de  haberse  reanudado  la 
campaña  contra  los  representantes  de  Francia,  y él  Ministro  de  Gobierno 
publicó  entonces  un  aviso  «de  mandato  del  Presidente»,  en  el  que  luego  de 
hablar  de  los  ataques  emprendidos  contra-  los  representantes  de  los  países 
amigos,  prohibía  «del  modo  más  formal  toda  producción  de  la  prensa  que 
llevando  un  carácter  de  ofensa  directa  a las  personas,  ponga  en  compromiso 
la  quietud  de  los  habitantes  de  esta  ciudad,  la  tranquilidad  pública  o los  inte- 
reses del  Estado». 

A mediados  de  18  50  recrudecieron  las  agitaciones  contra  los  agentes 
franceses,  especialmente  contra  el  almirante  Le  Predour,  y el  Gobierno  sus- 


184 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


pendió  la  publicación  de  «Le  Patrióte  Frangais»  y dictó  un  acuerdo  que  limi- 
taba formidablemente  la  libertad  de  la  prensa. 

«En  la  situación  especial  en  que  se  encuentra  el  país,  decía  ese  acuerdo, 
el  ejercicio  de  los  derechos  y libertades,  tanto  políticos  como  individuales  que 
garanten  sus  instituciones,  no  pupde  dejar  de  estar  sometido  a las  exigencias 
de  esa  situación...  La  conservación  y seguridad  de  un  pueblo  es  anterior  a 
sus  libertades,  porque  ante  todo  es  preciso  existir.  . . En  materia  de  programa 
político  el  Gobierno  no  admitirá  más  que  aquellos  que  comprendan  la  defensa 
de  los  grandes  principios  e intereses  que  forman  la  causa  de  la  República 
en  la  presente  guerra  contra  el  Gobierno  de  Buenos  Aires,  abogando  por  su 
justicia  y conveniencia  con  abnegación,  verdad,  circunspección,  dignidad  y sin 
más  limitaciones  que  las  de  no  trabar  la  política  del  Gobierno  con  oposiciones 
y discusiones.» 

La  circular  que  en  seguida  dirigió  la  Policía  a la  prensa  de  Montevideo 
prevenía,  de  conformidad  con  el  mismo  acuerdo,  que  no  podría  publicarse 
ningún  diario  sin  autorización  especial  del  Ministerio  de  Gobierno;  que  la 
autorización  se  concedería  siempre  «a  menos  que  hubiera  causas  graves  para 
negarla»,  reputándose  como  tales  las  que  tuvieran  «relación  con  la  religión, 
con  la  moral  y'  los  intereses  de  la  causa  pública»;  que  no  se  podría  «trabar 
la  política  del  Gobierno  con  oposiciones  y discusiones»;  que  los  diarios  debe- 
rían mantener  el  orden  y la  tranquilidad  «predicando  la  subordinación  y el 
sometimiento  y'  el  respeto  a las  autoridades  constituidas»;  que  al  apreciar  los 
actos  de  los  Gobiernos  extranjeros  debían  evitar  «toda  acrimonia  en  el  len- 
guaje y aquellos  epítetos  con  que  los  designan  los  partidos  opositores  en  sus 
respectivos  países»;  que  de  los  agentes  de  esos  Gobiernos  en  Montevideo  te- 
nían que  hablar  «con  el  respeto  que  se  les  debe,  haciéndolo  sólo  cuando  sea 
absolutamente  necesario  para  la  claridad  de  la  narración  y la  comprensión 
de  los  hechos,  cosas  todas  que  no  se  oponen  a que  el  asunto  se  discuta  con 
firmeza,  con  libertad  y en  el  sentido  que  más  convenga  a la  causa  pública»; 
que  las  transgresiones  serían  castigadas  con  multa,  prisión  y destierro  que 
graduaría  el  Gobierno. 

Ya  casi  al  terminar  la  guerra,  en  agosto  de  1851,  volvía  eb gobierno  a 
adoptar  medidas  contra  la  prensa  que  atacaba  a los  agentes  franceses  y'  sus- 
pendía la  publicación  de  «La  Semana»,  diario  del  poeta  Mármol. 

La  vida  institucional  en  el  campo  sitiador. 

Hemos  seguido  la  lucha  entre  el  Gobierno  de  la  Defensa  y sus  opositores, 
lucha  intensa  y'  continua  que  tenía  por  teatro  alternativamente  las  salas  del 
Parlamento  y los  cuarteles  de  los  batallones.  ¿Ocurría  lo  mismo  dentro  de  los 
límites  del  campo  sitiador? 

Oribe  convoca  la  Legislatura  disuelta  por  Rivera  en  1838. 

En  febrero  de  1844  don  Carlos  Anaya,  invocando  su  calidad  de  presi- 
dente de  la  Asamblea  disuelta  por  Rivera  en  1838,  pasó  una  circular  a sus 
ex  compañeros  de  Legislatura  invitándoles  a reanudar  las  tareas  parlamen- 
tarias. 

Don  Carlos  Anaya  había  renunciado  la  presidencia  del  Senado  con  ante- 
rioridad al  decreto  de  disolución  y'  a su  vez  las  Cámaras  disueltas  habían  sido 
reemplazadas  por  otras  que  también  habían  ya  terminado  su  mandato. 

Pero  como  Oribe  seguía,  llamándose  Presidente,  aquél  resolvió  restaurar 
su  vicepresidencia  y los  senadores  y diputados  resolvieron  exhumar  sus  diplo- 
mas a despecho  de  los  seis  años  corridos  desde  la  dictadura  de  Rivera. 

La  reunión  quedó  luego  aplazada  hasta  el  mes  de  agosto  de  1845,  en  que 
los  ex  senadores,  los  ex  diputados  y los  ex  suplentes  de  la  Legislatura  de  1838 
que  vivían  en  el  campo  de  Oribe,  se  congregaron  en  el'  distrito  del  Peñarol 
bajo  la  presidencia  de  Anay'a. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


185 


El  objeto  era  demostrar  a la  Francia  y a la  Inglaterra  que  Oribe  presi- 
día una  situación  constitucional  en  todo  el  territorio  de  la  Renública,  excluido 
el  espacio  comprendido  dentro  de  las  trincheras  de  Montevideo.  «Presidente 
de  extramuros»,  decía  «El  Liberal»  de  Río  de  Janeiro! 

Oribe  inauguró  las  sesiones  con  un  Mensaje  en  que  pedía  a sus  oyentes 
que  volvieran  la  vista  «a  las  aciagas  ocurrencias  del  año  1838...  a loc 
desórdenes  y crímenes  de  los  rebeldes  salvajes  unitarios  sublevados  contra  el 
Gobierno  legal  desde  1836»;  a los  actos  «no  menos  desleales,  injustos  y vitu- 
perables» de  la  intervención  de  los  agentes  y de  la  escuadra  de  Francia;  y 
agregaba : 

«Forzado  por  esa  escandalosa  intervención  el  Presidente  constitucional 
de  la  República  a hacer,  antes  de  vencido  su  término  legal,  una  resignación 
del  mando  que  vosotros,  a la  altura  de  las  circunstancias  y de  la  violencia 
que  contra  nuestras  leyes  se  ejercía  por  los  torpes  agentes  de  un  poder  extran- 
jero, admitisteis  con  la  amargura  en  vuestros  corazones,  emigró  con  sus  minis- 
tros, el  presidente  del  Senado,  algunos  diputados  y varios  de  los  otros  em- 
pleados de  la  Nación  a la  capital  de  Buenos  Aires,  dejando,  sin  embargo, 
una  protesta  que  se  presentó  en  el  seno  de  la  Asamblea  General,  contra  los* 
inauditos  atentados  cometidos  por  los  agentes  de  la  estación  naval  de  Franda 
así  como  contra  la  fuerza  que  lo  obligaba  a abandonar  el  puesto  que  el  voto 
libre  de  la  Nación  le  confió.» 

Y don  Carlos  Anaya  contestaba  poco  después  desde  la  presidencia  de 
la  Legislatura  exhumada: 

«La  Asamblea  General  ha  sentido  la  más  viva  complacencia  al  oir  resonar 
en  su  seno,  por  primera  vez,  la  voz  patriótica  y elevada  del  Poder  Ejecutivo, 
desde  aquel  tiempo  de  triste  recordación  en  que  la  rebelión  triunfante,  auxi- 
liada por  los  agentes  y fuerzas  navales  de  la  Francia,  logró  derrumbar  los 
poderes  constitucionales  y sentarse  osada  en  el  lugar  de  la  ley . . . Grande  fué 
en  verdad  la  amargura  de  que  se  halló  poseída  la  representación  nacional, 
cuando  cediendo  a la  dura  ley  de  la  necesidad,  asistió  resignada  al  descenso 
violento  e ilegítimo  del  Poder  Ejecutivo.  Sus  actos  en  esos  días  aciagos  tu- 
vieron por  único  fin  salvar  al  Presidente  de  la  República  y'  mitigar  en  lo 
posible  las  iras  vengativas  del  jefe  del  bando  rebelde  de  salvajes  unitarios, 
en  favor  del  pueblo  leal  de  la  Capital,  que  tan  contrario  se  había  mostrado 
siempre  a sus  pretensiones.  Sus  votos,  empero,  sus  esperanzas  todas  por  aue 
se  restauraran  las  autoridades  legales,  siguieron  en  silencio  al  Poder  Ejecutivo 
en  su  retirada  del  país,  considerándole  entonces,  como  lo  consideran  ahora, 
el  único  poder  a quien  el  Código  Fundamental  y la  naturaleza  misma  de  su 
carácter  han  encomendado  defender  el  orden  y'  la  seguridad  de  la  Nación 
contra  las  conmociones  interiores  y los  ataques  exteriores.» 

Dos  meses  antes  había  instituido  Oribe  un  Tribunal  Superior  de  Justicia, 
bajo  la  presidencia  del  propio  don  Carlos  Anaya,  y'  este  ciudadano  había  dicho 
en  el  acto  de  la  instalación: 

«Cerca  de  siete  años  ha,  señores,  que  el  santuario  de  la  Justicia  se  vió 
desierto  en  el  Estado.  Sus  puertas  cerradas  al  clamor  público;  y cuando  °e 
abrieron,  fué  para  el  despojo  y el  escándalo  con  que  todas  las  pasiones  asal- 
taron la  sociedad  oriental  a fuer  de  traición  y de  tiranía.» 

Propósitos  que  perseguía  Oribe  con  la  restauración  de  la  Legislatura. 

Trataba  Oribe,  como  se  ve,  de  retrotraer  el  país  al  jnomento  y'a  remoto 
en  que  él  había  renunciado  la  Presidencia  de  la  República.  El  tiempo  corrido 
desde  fines  de  1838  hasta  mediados  de  1845  sólo  encerraba,  en  su  concepto, 
actos  nulos,  y era  necesario,  en  consecuencia,  hacer  tabla  rasa  de  esos  actos 
y considerarlos  como  no  existentes.  Al  Presidente  faltábanle  cuatro  meses 
de  ejercicio  cuando  renunció  y esos  cuatro  meses  debían  serle  restituidos. 
A la  Asamblea  disuelta  por  Rivera  faltábanle  varios  meses  de  funcionamiento 


186 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


y esos  meses  debían  ser  completados.  Pero  los  meses  de  complemento  debían 
empezar  a correr,  naturalmente,  desde  la  captura  de  Montevideo,  continuando, 
entretanto,  con  vida  la  Presidencia  y*  la  Legislatura  de  1838! 

Nada  más  absurdo  que  esa  tentativa  de  restauración  institucional.  Con- 
tra la  obra  resultante  de  la  dictadura  de  Rivera,  hubiera  sido  posible  reac- 
cionar a su  tiempo,  mediante  una  contrarrevolución,  pero  no  a los  siete  años 
de  consumada  la  obra,  a menos  de  dar  carácter  vitalicio  a mandatos  de  plazo 
fijo,  como  son  los  mandatos  de  senadores  y diputados. 

¿Cómo  se  explica  entonces  que  al  emprenderse  esa  restauración  rodearan 
a Oribe  hombres  patriotas,  inteligentes  y absolutamente  desinteresados  como 
muchos  de  los  que  ocupaban  las  bancas  de  la  pretendida  Asamblea,  de  la  Admi- 
nistración de  Justicia  y de  las  Secretarías  de  Estado,  porque  hasta  ministros 
tenía  Oribe?  ; 

En  1845,  como  hemos  dicho  en  otro  capítulo,  resolvieron  intervenir  la 
Inglaterra  y la  Francia  en  las  contiendas  del  Río  de  la  Plata  con  escuadras 
y tropas  de  desembarco  que  pusieron  al  servicio  del  Gobierno  de  la  Defensa. 
t La  contienda  uruguaya  tenía  desde  los  comienzos  del  sitio  marcado 
cariz  internacional,  porque  Oribe  a la  vez  que  «Presidente  Legal»,  era  jefe 
de  Rosas,  con  un  fuerte  ejército  argentino  bajo  su  mando,  y porque  en  las 
trincheras  de  Montevideo  predominaban  por  su  número  las  legiones  de  fran- 
ceses, italianos  y argentinos.  ' 

Pero  nada  había  ahí  de  nuevo  o de  inquietante,  en  lo  que  respecta  a 
Rosas,  porque  los  hombres  y los  partidos  de  aquende  y1  de  allende  el  Plata 
estaban  acostumbrados  a confundirse  y vivían  en  guerra  más  o menos  abierta 
desde  los  sucesos  que  siguieron  a la  muerte  de  Dorrego;  y en  lo  que  respecta 
a la  guarnición  de  Montevideo,  porque  la  más  importante  de  las  legiones,  la 
francesa,  vivía  en  pugna  con  su  Gobierno  cuyos  mandatos  había  desacatado. 

Lo  nuevo,  lo  inquietante  surgía  recién  al  hacerse  europea  la  contienda. 
Dos  naciones  fuertes  se  ponían  del  lado  del  Gobierno  de  Montevideo  con  un 
programa  que  podía  ser  desinteresado,  pero  que  también  podía  ser  de  con- 
quista o de  absorción  de  territorios  anarquizados.  Y era  ante  el  temor  de  esa 
concilista  o de  esa  pérdida  de  la  nacionalidad,  que  la  ficción  de  la  Presidencia 
legal  de  Oribe  y'  de  la  Legislatura  de  1838  agrupaba  elementos  y prestigiaba 
la  causa  del  campo  sitiador. 

¿Qué  raro  es  que  así  pensaran  muchos  de  los  prohombres  uruguayos, 
cuando  el  general  San  Martín,  que  vivía  en  Francia,  lejos  del  teatro  de  los 
sucesos,  había  y'a  decretado  a Rosas  el  más  grande  de  los  homenajes  a que  un 
gobernante  argentino  podía  aspirar,  precisamente  por  su  actitud  contra  las 
potencias  europeas  f 

En  enero  de  18  44,  creyendo  próximo  su  fin,  resolvió  San  Martín  otorgar 
testamento  y en  ese  documento  escribió  la  cláusula  que  sigue: 

«El  sable  oue  me  ha  acompañado  en  la  guerra  de  la  Independencia  de 
la  América  del  Sur  le  será  entregado  al  general  de  la  Remiblica  Argentina 
don  Juan  Manuel  de  Rosas,  como  una  prueba  de  la  satisfacción  que  como 
argentino  he  tenido  al  ver  la  firmeza  con  que  ha  sostenido  el  honor  de  la 
República  contra  las  injustas  pretensiones  de  los  extranjeros  que  trataban  de 
humillarla.» 


La  Legislatura  restaurada  ratifica  la  dictad'ura  de  Oribe. 

Pero  el  ambiente  en  el  campo  sitiador  no  era  propicio  a la  vida  institu- 
cional, y el  resurgimiento  parlamentario  fracasó  después  de  unas  breves  sesio- 
nes inspiradas  en  el  propósito  exclusivo  de  regularizar  la  dictadura  de  Oribe. 

Empezó  la  Legislatura  restaurada  por  desconocer  al  Gobierno  de  la 
Defensa. 

«Dondequiera  que  se  halle  reunida  la  3.»  Legislatura  constitucional  de 
la  República  y los  otros  poderes  constitucionales,  dijo,  allí  están  represen- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


187 


tados  la  Nación  Oriental  y'  su  legítimo  Gobierno.  En  la  plaza  de  Montevideo 
sometida  a las  armas  extranjeras  no  existe  ningún  gobierno  erigido  por  la 
libre  y espontánea  voluntad  del  pueblo  oriental.» 

Luego  de  aprobar  la  entrada  de  las  tropas  argentinas  al  territorio  orien- 
tal y de  conceder  a Oribe  el  título  de  «gran  ciudadano»,  que  el  agraciado  no 
quiso  aceptar  invocando  sus  principios  republicanos,  sancionó  las  declara- 
ciones fundamentales  que  subsiguen: 

«Se  reconoce  como  excepcional  el  tiempo  transcurrido  desde  el  descenso 
violento  del  Presidente  de  la  República  brigadier  general  don  Manuel  Oribe. 

«Se  aprueban  todos  los  actos  y disposiciones  que  con  el  carácter  de  jefe 
supremo  del  Estado  ha  ejercido  y expedido  hasta  hoy. 

«Continuará  para  la  salvación  de  la  República  investido  de  todo  el  lleno 
de  las  facultades  extraordinarias  que  ha  ejercido  hasta  aquí  mientras  no  se 
consolide  completamente  su  independencia  y su  tranquilidad  interior.» 

Pronunciada  esta  última  declaración,  copia  servil  de  la  que  diez  años 
antes  había  sancionado  la  Sala  de  Buenos  Aires  a favor  de  Rosas,  la  Legis- 
latura pidió  a Oribe  la  clausura  de  sus  sesiones  y dirigió  un  manifiesto  al*país. 

La  guerra  tocaba  ya  a su  fin,  decía  en  el  manifiesto,  cuando  los  gobier- 
nos europeos  pusieron  sus  soldados  y'  cañones  al  servicio  de  la  guarnición  de 
Montevideo.  «La  cuestión  primitiva  de  legalidad  ha  degenerado  en  una 
verdadera  cuestión  de  independencia:  la  Francia  y la  Inglaterra  entran  en 
ella  por  la  parte  contraria  como  beligerante  principal,  por  intereses  suyos  y 
con  una  dirección  puramente  suya».  Esos  países  se  han  apoderado  de  la 
escuadra  argentina  que  está  en  el  puerto  de  Montevideo,  han  desembarcado 
tropas  en  la  plaza  sitiada,  han  ocupado  la  ciudad  de  la  Colonia  y la  isla  de 
Martín  García,  han  saqueado  y bombardeado  puertos  y puntos  de  la  costa, 
«Atacados  bárbara  e injustamente  por  la  Francia  e Inglaterra,  lucharemos 
hasta  el  último  extremo;  y antes  que  ceder  a las  tiránicas  pretensiones  que 
en  su  nombre  mueven  sus  agentes,  nos  sepultaremos  todos  con  nuestra  patria 
en  una  vasta  ruina». 

Las  sesiones  quedaron  clausuradas  a principios  de  diciembre  de  1845, 
cuatro  meses  después  de  su  apertura,  y la  Asamblea  sólo  volvió  a dar  señales 
de  vida  a fines  de  1846,  con  motivo  de  un  decreto  que  había  expedido  Oribe 
poniendo  en  posesión  del  Poder  Ejecutivo  al  presidente  del  Senado  en  virtud 
de  haber  resuelto  salir  a campaña. 

Luego  de  publicado  el  decreto  de  transmisión  del  mando  debió  arrepen- 
tirse Oribe,  y'  no  deseando  derogarlo  por  sí  mismo  recurrió  a la  Legislatura 
para  que  declarara,  como  declaró,  que  el  Presidente  no  podía  delegar  sus 
funciones  ni  abandonar  su  puesto  en  el  Cerrito. 

El  señor  Dañobeytia,  uno  de  los  miembros  de  la  Legislatura,  fué  el  encar- 
gado de  explicar  las  razones  determinantes  de  esa  declaración. 

Por  ley  de  noviembre  del  año  anterior,  dijo,  fueron  concedidas  a Oribe 
«facultades  omnímodas  que  lo  revisten  con  la  suma  del  poder  público».  Pero 
sólo  por  tratarse  de  la  persona  de  Oribe.  Son  muy'  raros1  bajo  el  régimen 
representativo  estos  casos  en  que  un  cuerpo  político  enajena  su  soberanía. 
«En  cada  siglo  quizá  una  sola  vez».  Y eso  porque  «cada  siglo  sólo  una  vez 
hace  aparecer  hombres  tan  magnánimos  y patriotas  como  el  general  don  Ma- 
nuel Oribe». 


Oribe  era  partidario  de  la  dictadura. 

A fines  de  1846  empezó  a debatirse  por  la  prensa  la  vieja  y'  ardorosa 
cuestión  de  la  Presidencia  legal  de  Oribe.  Contestando  a los  diarios  de  Monte- 
video, decía  «El  Defensor»: 

«Cualquiera  que  los  oiga  sin  estar  en  antecedentes  se  figurará  que  la 
cuestión  actual  versa  exclusivamente  sobre  la  Presidencia  del  Excmo.  general 
Oribe,  y que  no  nos  proponemos  otra  cosa  los  orientales  que  perpetuar  en  su 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


puesto  a la  cabeza  de  la  República  a ese  ilustre  ciudadano.  . . Esas  insinua- 
ciones son  las  que  hemos  llamado  torpísimas  y muy  maliciosas.  El  Excmo. 
Presidente  de  la  República  no  sostiene  ahora,  ni  ha  sostenido  nunca,  nada 
que  le  sea  personal:  sostiene  únicamente  la  libertad  y la  independencia  de 
la  patria,  dirigiendo  el  pronunciamiento  unánime  del  pueblo  oriental.  No  sólo 
ha  declarado  ai  aceptar  las  bases,  que  estaría  por  el  resultado  de  una  nueva 
elección  constitucional,  cualquiera  que  ella  fuera,  sino  que  conformándose  a 
las  disposiciones  de  nuestra  ley  fundamental  que  prohíbe  la  reelección  inme- 
diata del  Presidente,  ni  siquiera  figurará  en  la  próxima  elección.» 

Algunos  días  después  se  ocupaba  «El  Comercio  del  Plata»  de  la  impre- 
sión causada  en  el  campo  sitiador  por  el  editorial  que  acabamos  de  transcribir. 
«Esto,  decía,  parece  que  se  le  indigestó  a Oribe»,  y que  de  resultas  de  ello 
el  redactor  de  «El  Defensor»,  «se  vió  esa  noche  insultado  y amenazado  pcrr  la 
Sociedad  Popular  que  también  hay  en  el  Cerrito». 

No  se  trataba  de  una  invención  de  la  prensa  de  Montevideo.  La'mazor- 
cada  se  había  producido  efectivamente,  como  largos  años  después  se  encargó 
de  atestiguarlo  doña  Joaquina  Vásquez  de  Acevedo,  en  los  apuntes  biográ- 
ficos de  su  esposo  el  doctor  Eduardo  Acevedo,  redactor  accidental  de  «El  De- 
fensor» en  ese  año  y uno  de  los  ciudadanos  que  llegó  al  campo  sitiador  y se 
incorporó  a Oribe  a raíz  de  la  violenta  intervención  de  la  Inglaterra  y de  la 
Francia  en  la  cuestión  del  Plata,  cuando  se  temía  que  de  esa  intervención, 
armada  pudiera  resultar  la  desaparición  de  la  nacionalidad  oriental. 

Reproducimos  e¿a  escena  de  los  apuntes  biográficos: 

«En  aquel  entonces  Acevedo  redactaba  «El  Defensor  de  las  Leyes»  y 
sostenía  una  polémica  con  Florencio  Varela,  redactor  de  «El  Comercio  del 
Plata»  de  Montevideo  sobre  la  manera  cómo  se  harían  las  elecciones  una  vez 
terminada  la  guerra.  Acevedo  decía  en  un  artículo  que  don  Manuel  Oribe 
no  sería  nombrado  Presidente  y1  que  ni  siquiera  figuraría  como  candidato. 
Ese  artículo,  del  que  se  tuvo  noticia  en  el  cuartel  general  antes  de  salir,  causó 
gran  impresión.  Algunas  personas  estuvieron  a pedirle  a Acevedo  que  retirase 
el  artículo,  pero  él  no  accedió  diciéndoles  que  él  pensaba  así  y que  nunca 
escribía  sino  con  sus  ideas.  Ese  día  estaba  todo  conmovido,  parecía  un  día 
de  revolución,  reinaba  gran  agitación.  Acevedo  vivía  en  una  casita  del  Faso 
de  las  Duranas,  mal  construida,  con  malísimos  herrajes  y sin  ninguna  segu- 
ridad. Esa  noche,  que  era  la  noche  del  11  de  octubre  de  1846,  se  encontraba 
Acevedo  como  de  costumbre  leyendo  a su  esposa  ante  una  débil  luz.  La  lectura 
versaba  sobre  un  fragmento  de  Víctor  Hugo  titulado  «El  último  día  de  un 
condenado  a muerte».  La  lectura  era  triste  y’  parecía  predisponer  los  ánimos 
para  las  amargas  horas  que  se  iban  a pasar.  De  pronto  se  sintió  un  estreme- 
cimiento, como  un  temblor  de  tierra  y en  seguida  se  vió  llegar  un  escuadrón 
de  .caballería  y formar  alrededor  de  la  casa;  la  fuerza  parecía  de  línea  y 
compuesta  de  oficiales  a juzgar  por  la  profusión  de  plata  con  que  estaban 
adornados  los  caballos;  y formando  como  a sesenta  metros  de  la  casa  empe- 
zaron a gritar:  ¡Muera  el  salvaje  -unitar  o Acevedo!  ¡Muera  el  redactor  de  «El 
Defensor »!  Era  una  lindísima  noche  de  primavera;  la  luna  iluminaba  la  tierra 
como  si  fuera  el  propio  día:  podían  distinguirse  los  objetos  más  distantes. 
En  esa  posición  permanecieron  los  oficiales  gritando  siempre,  pero  sin  que 
nadie  se  acercara  a la  casa;  en  seguida  tocaron  retirada  y se  alejaron  del 
mismo  modo  que  habían  venido.  Acevedo  permaneció  todo  ese  tiempo  de  pie 
en  la  puerta  con  una  pistola  en  cada  mano.  «Tranquilícense,  dijo  a su  familia: 
cuando  estos  miserables  no  me  han  muerto,  es  porque  no  tienen  orden  de 
hacerlo». 

Oribe  era  un  devoto  de  Rosas  y de  su  dictadura,  desde  la  época  de  su 
Presidencia  en  183  5,  valga  el  testimonio  de  uno  de  sus  propios  ministros. 
Véase  lo  que  escribía  «El  Comercio  del  Plata»  a raíz  del  fallecimiento  de  don 
Francisco  Joaquín  Muñoz: 

Cuando  la  influencia  de  Rosas  empezaba  a ganarse  al  Presidente  Oribe 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


189 


ocupaba  uno  de  los  ministerios  don  Francisco  Joaquín  Muñoz.  La  divergencia 
de  opiniones  acerca  de  Rosas  producía  frecuentes  debates.  Un  día  le  dijo 
Oribe:  «Desengáñese  usted:  el  sistema  de  Rosas  es  el  mejor  modo  de  gobernar 
a estos  países».  A lo  que  contestó  Muñoz:  «Diga  usted,  señor  Presidente,  que 
es  el  más  cómodo;  pero  que  con  él  se  sale  por  la  ventana  y se  causa  al  país 
inmensos  males». 

Esa  devoción  por  Rosas  y por  su  sistema  político  inspiró  más  de  un 
documento  sensacional  durante  el  sitio  de  Montevideo. 

La  orden  general  expedida  por  el  Estado  Mayor  del  Cerrito  a fines  de 
marzo  de  1845,  horas  después  de  la  batalla  de  India  Muerta,  terminaba  con 
estas  palabras: 

«.huevad  dobles  agradecimientos  al  Eterno  porque  os  presenta  este  grande 
acontecimiento  la  víspera  del  fausto  día  en  que  vió  la  luz  primera  el  eminente 
americano  brigadier  general  don  Juan  Manuel  de  Rosas,  Gobernador  y'  Capitán 
General,  cuyo  brazo  fuerte  y'  enérgica  resolución  han  deparado  los  triunfos 
del  valiente  ejército  de  la  Confederación  Argentina  en  todos  los  puntos  que 
ha  pisado.» 

En  abril  del  mismo  año  el  Estado  Mayor  del  ejército  de  Oribe  volvía  a 
publicar  una  orden  general  con  el  lema  «¡Viva  la  Confederación  Argentina! 
¡Mueran  los  salvajes  unitarios!»,  denunciador  de  su  sumisión  a Rosas,  decre- 
tando embanderamientos,  dianas  y salvas  de  21  cañonazos  por  el  aconteci- 
miento que  indicaba  en  la  forma  que  sigue: 

«¡Soldados:  mañana  es  el  décimo  aniversario  de  la  patriótica  y acertada 
determinación  por  la  cual  la  Honorable  Junta  de  Representantes  de  la  Provin- 
cia ue  Buenos  Aires  depositó  con  el  Gobierno  de  ésta  la  suma  del  peder 
publico  en  la  persona  del  eminente  americano  ciudadano  ilustre  brigadier 
general  don  Juan  Manuel  de  Rosas.» 

Rosas,  lejos  de  retribuir  estos  enormes  agasajos,  no  perdía  oportunidad 
de  deprimir  a su  admirador. 

En  1849  resolvió  Oribe  regalarle  una  espada  de  honor  «que  por  lo 
esmerado  del  trabajo  y su  valor  correspondiera  en  cuanto  fuera  posible  al 
objeto  a que  se  le  destina»,  decía  el  decreto.  La  espada  fué  enviada  en  julio 
y teosas  la  devolvió  dos  meses  después  con  esta  nota: 

«Desearía  aceptarla;  mas  un  deber  de  justicia  hacia  usted  y su  heroica 
patria,  una  adhesión  irrevocable  a los  principios  constantes  de  mi  vida  pú- 
blica y un  miramiento  debido  a objetos  de  honra  y'  de  interés  para  la  conxe- 
deración,  me  impulsan  decididamente  a rogar  a usted  se  digne  conservar  en 
sus  manos,  en  nombre  de  la  Confederación  Argentina  y en  el  mío,  esa  va- 
liosa espada,  como  un  homenaje  amistoso  y fraternal  a los  hechos  gloriosos 
y esclarecidos  con  que  usted,  dirigiendo  a sus  valientes  compatriotas,  ha  ilus- 
trado la  guerra  de  justa  alianza  y defensa  común  de  la  independencia  y dere- 
chos de  una  y otra  Repúblicas  contra  la  intervención  angio  - francesa  y los 
salvajes  unitarios.» 

La  espaua  así  devuelta  fué  destinada  por  Oribe  al  Museo  Nacional. 


La  vida  cívica  en  uno  y otro  campo. 

Es  saltante,  como  se  ve,  el  contraste  entre  el  régimen  que  presidía  don 
Joaquín  Suárez  dentro  de  los  muros  de  la  ciudad  sitiada,  y el  régimen  que 
presidia  don  Manuel  Oribe  en  el  campo  sitiador. 

En  la  piaza  de  Montevideo,  donde  más  excusables  podían  ser  el  íégimen 
dictatorial  y la  supresión  de  las  garantías  individuales,  era  precisamente  donde 
meuoa  repercusión  tenia  el  estado  de  sitio.  La  Legislatura  elegida  en  la  vís- 
pera de  la  invasión  de  Oribe  prosiguió  tranquilamente  hasta  el  día  mismo 
de  la  expiración  del  plazo  constitucional  de  su  mandato,  y cuando  el  mandato 
hubo  caducado  el  ciudadano  que  estaba  al  frente  del  Gobierno,  lejos  de  eli- 
girse en  dictador,  instituyó  una  Asamblea  de  Notables  con  las  mismas  facul- 


190 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


tades  y la  misma  independencia  que  la  Constitución  atribuía  a las  Legislaturas 
elegidas  por  el  pueblo. 

Como  consecuencia  de  esa  vida  de  libertad  y de  garantías,  el  partido 
de  la  Defensa  podía  fraccionarse  y'  se  fraccionaba  frecuentemente  en  grupos 
antagónicos  que  hacían  revoluciones  formidables  bajo  el  fuego  mismo  de  los 
cañones  de  la  línea  sitiadora. 

Hubo  paréntesis,  sin  duda  alguna,  en  que  las  facultades  extraordinarias 
se  abrieron  camino  a despecho  de  todas  las  medidas  adoptadas  para  evitar 
la  dictadura;  pero  paréntesis  cortos  e invariablemente? .seguidos  de  acatamiento 
a la  Asamblea  que,  real  o ficticiamente,  representaba  al  pueblo  en  el  curso 
de  la  larga  lucha. 

Hasta  las  elecciones  de  Alcalde  Ordinario  y Defensor  de  Menores  si- 
guieron haciéndose  durante  casi  todo  el  transcurso  del  sitio,  con  escasos  vo- 
tantes es  cierto,  pero  con  votantes  al  fin,  que  contribuían  a mantener  el 
carácter  popular  de  los  magistrados  judiciales  subalternos.  Con  escasos  vo- 
tantes, hemos  dicho,  y así  resulta  efectivamente  de  las  informaciones  de  la 
prensa  que  batía  palmas  en  enero  de  1847  ante  la  lista  triunfante  que  había 
obtenido  cerca  de  150  votos  contra  veintitantos  en  los  años  anteriores! 

Dentro  de  la  amplia  zona  del  ejército  sitiador  se  vivía  en  cambio  perma- 
nentemente bajo  el  régimen  del  estado  de  sitio.  Todo  lo  absorbía  el  «Presi- 
dente Legal»,  y cuando  ese  Presidente  legal,  después  de  dos  años  de  dictadura, 
creyó  necesario  rodearse  de  un  aparato  constitucional  y restauró  con  tal 
objeto  la  Legislatura  disuelta  por  Rivera  en  1838,  la  propia  Legislatura 
resolvió  suicidarse  y confirmar  a Oribe  en  el  ejercicio  de  la  dictadura  que 
ya  ejercía  por  obra  de  su  propia  voluntad.  Lejos  de  haber  fracciones  anta- 
gónicas en  plena  lucha,  como  las  había  en  la  ciudad  sitiada,  todo  vivía  some- 
tido en  el  campo  sitiador  al  capricho  de  un  solo  hombre,  que  a su  turno  estaba 
sometido  a otro  hombre,  Rosas,  que  era  el  verdadero  árbitro  de  los  destinos 
de  la  campaña. 

Tales  son  las  dos  fojas  de  la  Guerra  Grande:  foja  de  instituciones,  de 
libertad,  de  luchas  constantes  dentro  del  partido  de  la  Defensa;  foja  de  dicta- 
dura, de  sometimiento,  de  supresión  absoluta  de  la  vida  política  dentro  del 
campo  sitiador. 

El  himno  nacional  fué  completado  en  pleno  sitio,  dentro  de  los  muros  de 
Montevideo.  Su  letra,  obra  de  don  Francisco  Acuña  de  Figueroa,  estaba  adop- 
tada desde  1833.  Pero  su  música,"  obra  de  don  Fernando  Quijano,  fué  com- 
puesta en  1847,  declarada  oficial  a mediados  del  año  siguiente  y cantada 
desde  entonces  en  todas  las  festividades  cívicas  de  la  plaza. 

Vale  la  pena  de  agregar  que  del  laboratorio  cívico  de  la  Defensa  salió 
otro  himno,  destinado  a un  país  hermano,  el  Paraguay,  cuando  por  efecto  de 
la  intervención  franco  - inglesa,  quedó  franqueada  la  navegación  del  Paraná 
y'  roto  el  aislamiento  económico  en  que  vivía  aquel  país;  y que  ese  himno, 
obra  también  de  nuestro  gran  poeta  Figueroa,  fué  entregado  por  su  autor  a 
fines  de  1846  a los  delegados  paraguayos  señores  Jóvellanos  y González. 


★ ★ 


CAPITULO  XI 


MOVIMIENTO  ECONÓMICO 
La  población  de  Montevideo. 

Un  texto  de  geografía  del  Uruguay  publicado  por  don  José  Catalá  en  1840, 
fijaba  la  población  de  la  ciudad  de  Montevideo  y sus  suburbios  en  40,000  al- 
mas y la  de  toda  la  República  en  200,000. 

Tres  años  después,  en  octubre  de  18  43,  cuando  el  sitio  de  Montevideo 
tenía  ya  ocho  meses  de  existencia,  se  levantó  un  padrón  de  la  población  del 
que  resultó  un  monto  dentro  de  las  trincheras  de  31,189  habitantes.  Los  se- 
xos, según  ese  padrón,  estaban  bastante  equilibrados  tratándose  de  una  plaza 
de  guerra:  16,603  varones,  14.347  mujeres,  y 239  planillas  en  que  se  había 
omitido  la  especificación- del  sexo.  Por  nacionalidades,  distribuíanse  así  los 
habitantes  censados:  i 


Uruguayos  . 



. . 11,431 

Franceses  . 

. . 5,324 

Italianos 

. . 4,205 

Españoles 

. . 3,406 

Argentinos  . 

. . 2,553 

Africanos 

. . 1,344 

Portugueses 

. . 659 

Ingleses. 

. . 606 

Brasileños  . 

. . 492 

Diversos 

. . 1,169 

Había  disminuido  fuertemente  la  cifra  con  relación  a la  fijada  por  el 
señor  Catalá  en  1840  sobre  la  base  de  todos  los  datos  estadísticos  de  la  época. 
No  se  trataba,  ciertamente,  de  una  baja  gradual  en  el  curso  de  los  tres  años 
transcurridos.  Al  contrario:  el  número  de  habitantes  de  Montevideo  siguió 
creciendo  de  una  manera  vigorosa  en  1841  y 1842  por  efecto  del  incesante 
arribo  de  inmigrantes  europeos.  Pero  al  producirse  la  invasión  de  Oribe,  y 
sobre  todo  al  establecerse  el  sitio,  empezó  una  emigración  considerable  con 
rumbo  al  Brasil,  a Buenos  Aires  y al  campo  sitiador,  bajo  la  presión  de  fac- 
tores bien  distintos,  entre  los  que  descollaban  los  antagonismos  de  partido, 
el  peligro  del  bombardeo  y'  del  asalto,  las  estrecheces  de  la  vida  y la  falta  de 
trabajo,  la  falta  de  trabajo  especialmente,  de  que  da  idea  este  aviso  que 
reproducimos  de  «El  Constitucional»  de  marzo  de  18  43: 

« Sirvientes  sin  sveldo.  Colonos  recién  llegados  de  ambos  sexos,  se  pueden 
obtener  en  casa  de  don  Patricio  Vázquez.» 

Aumenta  la  emigración. 

Esa  emigración,  y'a  notable  en  octubre  de  18  43,  continuó  acentuándose 
en  el  transcurso  del  sitio.  Los  no  combatientes  estaban  expuestos  a morirse 
de  hambre  y se  iban  a montones.  En  una  sola  gestión  correspondiente  a no- 
viembre de  1843,  posterior  al  levantamiento  del  padrón,  solicitó  el  Consulado 
de  Francia  pasaportes  gratis  para  trescientos  de  sus  connacionales  que  iban 
allende  el  Plata  en  busca  de  trabajo.  . 

En  1846  trataron  las  autoridades  de  uno  y otro  campos  de  Liar  el  nu- 


192 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  TTRTTOUAY 


mero  de  los  habitantes  pasados.  Los  registros  del  campo  sitiador  anotaban 
2,050  hombres  procedentes  de  la  plaza.  Pero  la  Comandancia  de  Armas  de 
Montevideo  sostuvo  que  en  esa  cifra  estaban  englobados  los  que  habían  obte- 
nido pasaporte  para  Buenos  Aires.  l a misma  Comandancia  publicó  la  lista 
nominal  de  los  pasados  del  campo  sitiador  que  arrojaba  6 oficiales  y 305  sol- 
dados. Con  el  propósito  sin  duda  de  evitar  observaciones  las  autoridades  del 
Cerrito  publicaron  más  tarde  una  relación  nominal,  día  por  día,  de  los  pasados 
de  la  plaza  que  arrojaba  la  cifra  de  1,158  desde  enero  de  1845  hasta  septiem- 
bre de  1849. 

Al  producirse  la  intervención  franco  - inglesa  volvió  la  ciudad  de  Monte- 
video a recobrar  su  anterior  actividad  por  efecto  del  bloqueo  de  los  puertos 
argentinos  que  concentraba  en  ella  todo  el  movimiento  comercial  del  Río  de  la 
Plata.  En  un  solo  mes  del  año  1845  llegó  a anotarse  una  entrada  de  cerca 
de  dos  mil  pasajeros  de  Buenos  Aires! 

Dando  cuenta  de  la  extraordinaria  transformación  operada  decía  edito- 
rialmente «El  Nacional»: 

La  ma^a  principal  de  la  población  no  trabajaba  antes  porque  no  tenía 
en  qué  ocuparse'.  Todos  eran  consumidores;  los  locales  estaban  cerrados;  las 
calles  estaban  desiertas.  Pero  ahora  el  comercio  reanuda  su  actividad;  los 
locales  cerrados  vuelven  a abrirse;  las  calles  están  llenas  de  gente;  se  levantan 
.nuevos  edificios.  Lo  contrario  de  lo  que  ocurre  en  Buenos  Aires,  concluía  el 
mencionado  diario,  donde  el  comercio  languidece  y"  las  mercaderías  suben  de 
precio. 

Desde  mediados  de  184  7 en  que  la  Inglaterra  resolvió  separarse  de  la 
intervención  comenzó  a operarse  un  movimiento  inverso  que  remató  en  desas- 
tre al  año  siguiente,  al  quedar  sin  efecto  el  bloqueo  de  las  costas  argentinas 
por  la  escuadra  francesa. 

Señalando  los  efectos  de  la  crisis  escribía  el  Ministro  Herrera  y Obes  al 
doctor  Lamas  en  marzo  de  1848: 

«Hemos  vuelto  a los  afligidísimos  días  en  que  a las  ocho  de  la  noche 
aún  no  había  qué  dar  de  comer  a la  guarnición  » 

A fines  del  mismo  año  escribía  el  doctor  Herrera  al  plenipotenciario  en 
Francia  doctor  Ellauri: 

«En  Buenos  Aires  todo  sigue  el  curso  impreso  por  los  acontecimientos 
y de  que  tanto  partido  Rosas  ha  sabido  sacar.  Los  capitales  y la  población  han 
afluido  allí  con  tanta  abundancia  como  era  de  esperarse.  . . Según  datos  muy 
seguros  la  Aduana  ha  producido  el  mes  pasado  600,000  duros.» 

Y algunos  meses  después,  a mediados  de  1849,  trazaba  así  el  Ministro 
de  la  Defensa  al  doctor  Lamas  el  cuadro  de  la  plaza  de  Montevideo: 

«Todo  el  mundo  se  va  a Buenos  Aires;  todos  los  establecimientos  se 
cierran;  todos  los  capitales  emigran  o se  esconden;  y lo  que  es  peor,  la  plaza 
se  encuentra  falta  de  renglones  alimenticios.  Esto  dará  a usted  una  idea  de 
cómo  estaremos  de  afligidos  y exasperados.  Todos  piden,  y como  no  hay 
qué  dar,  se  enojan,  porque  nadie  se  pone  a la  altura  de  la  situación.» 

La  población  francesa  del  Uruguay,  calculada  en  16,000  almas  en  la 
víspera  de  la  invasión  de  Oribe,  quedó  reducida  a la  mitad  de  esa  cifra  seis 
años  después  según  un  cómputo  del  almirante.  Le  Predour  aue  la  Comisión  de 
Créditos  de  la  Asamblea  Nacional  de  Francia  reprodujo  en  diciembre  de  1849. 
De  los  datos  del  almirante  resultaba  que  la  plaza  de  Montevideo  sólo  contaba 
ya  con  4,000;  con  una  cantidad  igual  los  departamentos  de  campaña;  y aue 
en  cambio  el  número  de  los  residentes  franceses  en  Buenos  Aires  había  subido 
a 8,000. 

Ese  movimiento  migratorio  que  enriquecía  a Buenos  Aires  a expensas 
do  Montevideo  continuó  acentuándose  en  los  años  subsiguientes.  Todas  las 
informaciones  de  la  prensa  correspondientes  a los  años  1850  y 1851  demues- 
tran que  el  estado  económico  de  la  plaza  sitiada  empujaba  incesantemente  a 
los  colonos  franceses  a trasladarse  a Buenos  Aires  en  busca  de  trabajo. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


193 


Fué  necesario  el  levantamiento  del  sitio  para  que  una  parte  de  los  que 
habían  ido  en  busca  de  trabajo  o de  mayores  comodidades  regresara  a sus 
hogares.  En  los  dos  meses  corridos  desde  principios  de  octubre  hasta  fines 
de  noviembre  de  1851  desembarcaron  en  Montevideo  con  procedencia  de 
Buenos  Aires  2,044  pasajeros  según  la  estadística  siempre  verídica  de  «El 
Comercio  del  Plata». 

Abolición  de  la  esclavitud. 

Ya  hemos  dicho  que  a principios  de  18  43,  ante  el  avance  del  ejército  de 
Oribe,  los  esclavos  fueron  libertados,  destinándose  los  hombres  a los  bata- 
llones de  línea  y quedando  los  menores  y las  mujeres  en  calidad  de  pupilos 
a cargo  de  sus  antiguos  amos.  «Los  soldados  de  color,  decía  en  los  comienzos 
del  sitio  el  «Boletín  del  Ejército»,  son  dignos  de  la  libertad  que  les  ha  conce- 
dido la  República  y la  corresponden  con  entusiasmo  desplegando  una  valentía 
que  les  hace  altamente  acreedores  a la  estimación  pública». 

El  general  Paz  ,se  propuso  completar  la  obra.  Quería  que  el  heroísmo 
de  los  soldados  sirviese  para  aliviar  la  triste  condición  en  que  habían  quedado 
las  mujeres  y los  hijos,  libres  también  en  principio,  pero  condenados  a vivir 
bajo  un  pupilaje  que  era  la  ratificación  plena  de  la  vieja  esclavitud.  Pocas 
semanas  después  se  dirigía  efectivamente  al  Ministerio  de  la  Guerra  para 
significarle  que  el  comportamiento  de  los  esclavos  emancipados  continuaba 
siendo  «digno  del  mayor  elogio»  y que  por  tanto  creía  que  había  llegado  el 
caso  de  que  se  declarara  la  libertad  absoluta  de  ambos  sexos. 

No  tuvo  eco  esa  hermosa  gestión,  y como  consecuencia  de  ello  la  escla- 
vitud de  las  mujeres  y de  los  niños  prosiguió  todavía  durante  algunos  años. 

En  enero  de  1844  publicaba  uno  de  los  diarios  de  Montevideo  este  aviso 
revelador  de  la  subsistencia  del  lazo  que  se  había  pretendido  cortar:  «Se  tras- 
pasa el  patronato  de  una  morena  que  costó  200  patacones,  por  60.  El  que  se 
interese  en  ello  ocurra  a esta  imprenta,  que  hallará  con  quien  tratar». 

Dos  años  después  otro  de  los  diarios  de  la  plaza  denunciaba  editorial- 
mente la  reanudación  del  tráfico  de  esclavos  sobre  la  base  de  negros  de  corta 
edad  embarcados  clandestinamente  en  Montevideo  y vendidos  en  el  Brasil. 
El  Cónsul  oriental  en  Río  de  Janeiro  se  encargó  de  probar  a principios  de 
1846  que  esas  denuncias  eran  ciertas,  gestionando  la  libertad  de  tres  mujeres 
enviadas  por  el  comercio  de  Montevideo  para  su  venta  en  el  Brasil. 

La  ley1  de  emancipación  de  1843  quedó  circunscripta  a la  zona  de  terri- 
torio ocupada  por  el  Gobierno  de  la  Defensa  hasta  octubre  de  1846,  en  que  la 
Legislatura  de  Oribe  declaró  a su  turno  abolida  la  esclavitud  y a cargo  de 
la  Nación  el  valor  de  los  esclavos  liberados. 

Medidas  encaminadas  a suavizar  las  miserias  de  la  población. 

Desde  los  primeros  momentos  del  asedio  adoptó  el  Gobierno  de  la 
Defensa  diversas  medidas  tendientes  a evitar  el  encarecimiento  de  las  subsis- 
tencias y la  miseria  extrema  de  la  población. 

Fueron  creadas  entonces  y más  adelante,  entre  otras  grandes  comisiones, 
una  llamada  de  Inspección  de  Víveres,  otra  de  Subsistencias  y otra  de  Compra 
Y suministro  de  raciones. 

El  Mensaje  de  apertura  de  las  sesiones  ordinarias  de  la  Asamblea  corres- 
pondiente a febrero  de  1844  establecía  que  aparte  de  las  raciones  distribuidas 
a los  soldados  de  la  guarnición  y sus  familias,  la  Comisaría  de  Guerra  atendía 
2,800  personas  con  raciones,  ropas  y alojamiento. 

Muchos  de  los  socorridos  procedían  de  la  campaña.  Según  un  aviso  publi- 
cado por  el  Ministerio  de  la  Guerra  a fines  de  1843  los  indigentes  de  los 
departamentos  que  habían  corrido  a la  plaza  en  busca  de  refugio  llegaban 
a 3,150.  1 1 


194 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Una  de  las  comisiones  creadas  por  el  Gobierno  de  la  Defensa  estaba 
encargada  de  presentar  semanalmente  una  tarifa  de  precios  corrientes,  un 
cálculo  de  las  subsistencias  y otro  cálculo  dei  los  consumos.  Los  decretos 
respectivos  imponían  a los  ocultadores  de  víveres  penas  que  variaban  desde 
la  multa  hasta  la  expulsión;  prohibían  la  exportación;  prohibían  la  venta  al 
por  mayor  sin  venia  de  la  Comisión;  y'  concedían  franquicias  a los  introduc- 
tores encaminadas  a evitar  que  los  víveres  fueran  a mano  de  especuladores 
intermediarios. 

La  miseria  emanada  de  la  falta  de  trabajo  fué  agravada  más  de  una 
vez  por  las  intemperancias  políticas.  A mediados  de  1843  el  ejército  sitiador 
expulsó  un  grupo  de  familias  vinculadas  a los  defensores  de  la  plaza,  y esta 
medida  que  fué  contestada  en  el  acto  con  represalias  aumentó  el  número  de 
las  personas  que  era  necesario  amparar.  La  Jefatura  Política  distribuyó  esas 
familias  entre  los  vecinos  pudientes  de  la  plaza  mediante  una  circular  en 
que  decía; 

«Ejercitemos  nuestros  sentimientos  nacionales,  abriendo  los  brazos  a la 
desgracia:  fortifiquemos  con  estos  hechos  nuestras  costumbres,  que  ésta  tam- 
bién es  victoria  para  la  patria,  victoria  sobre  Rosas ...  El  Jefe  Político  sabe 
qué  todos  sus  conciudadanos  desean  asociarse  al  alivio  y consuelo  de  estas 
familias  y'  tiene  el  honor  de  anunciar  a usted  que  ha  destinado  a su  casa  a 
la  señora.  . . seguro  de  que  el  techo  de  la  casa  de  usted  será  para  ella  gene- 
rosamente hospitalario.» 

La  población  solía  anticiparse  a estas  medidas  coercitivas  de  la  Policía, 
imitando  al  poeta  Hilario  Ascasubi  que  en  la  víspera  de  la  invasión  de  Oribe, 
cuando  Rosas  hacía  sentir  sus  furores  con  mayor  intensidad,  publicaba  en 
la  prensa  de  Montevideo  un  aviso  «A  los  argentinos  desgraciados»,  en  que 
decía: 

«A  aquéllos  más  desvalidos,  que  emigraren  en  lo  sucesivo  perseguidos 
por  el  tirano  de  Buenos  Aires,  y también  a aquéllos  que  hoy  se  hallan  en 
esta  ciudad  en  igual  caso,  se  les  ofrece  de  comer  gratis  aunque  pobremente, 
pero  con  la  mayor  voluntad  y'  mientras  hallen  dónde  refugiarse,  por  lo  que 
pueden  ocurrir  con  franqueza  a casa  del  que  firma.» 

No  se  habían  acentuado  los  rigores  del  sitio.  Había  todavía  cierta  hol- 
gura en  el  hogar  de  los  emigrados  y estaban  éstos  exentos  del  tributo  del 
trabajo  casero  a que  tuvieron  que  recurrir  más  tarde,  valga  este  significativo 
y honroso  aviso  de  uno  de  los  próceres  de  la  emigración,  que  reproducimos 
de  «El  Comercio  del  Plata»  de  1849: 

«En  casa  del  general  La  Madrid,  calle  del  Cerrito  N.o  23,  se  vende  dulce 
de  naranja  y de  zapallo  bien  trabajado,  a 12  vintenes  la  libra.» 

Ni  los  empleados  públicos,  ni  las  familias  procedentes  de  campaña  po- 
dían pagar  el  alquiler  de  las  casas  que  ocupaban,  requisadas,  según  antes 
hemos  dicho,  a raíz  de  la  emigración  de  sus  dueños.  Una  ley  de  fines  de  1847 
trató  de  regularizar  esa  situación  extraordinaria  declarando  a cargo  del 
Tesoro  público,  con  calidad  de  reembolso  una  vez  que  se  abonaran  los  sueldos 
respectivos,  los  alquileres  de  fincas  ocupadas  por  empleados  civiles  y mili- 
tares, emigrados  de  campaña  y deudos  de  individuos  muertos  en  servicio 
público  desde  la  iniciación  del  sitio  en  adelante.  Tratábase  simplemente  del 
reconocimiento  de  una  deuda  y no  de  su  pago  inmediato,  para  lo  que  faltaban 
recursos. 

Esa  misma  falta  de  recursos  obligaba  a las  autoridades  a estimular  dona- 
tivos que  a veces  repercutían  en  el  extranjero.  A fines  de  1844  el  Ministerio 
de  la  Guerra  comisionó  a don  Julián  Paz  para  realizar  una  colecta  entre  los 
emigrados  residentes  en  la  isla  de  Santa  Catalina,  y como  consecuencia  de 
esa  iniciativa  llegaron  a Montevideo  algunos  centenares  de  sacos  de  fariña, 
arroz  y tabaco. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


196 


Era  peor  la  situación  de  las  familias  que  siguieron  al  ejército  dé  Rivera. 

En  mayo  de  1843  escribían  de  la  costa  del  Pedernal  a «El  Constitu- 
cional»: 

«Del  otro  lado  del  Yí  tenemos  un  mundo  de  familias,  porque  todas  las 
poblaciones  han  corrido  en  busca  de  la  protección  de  nuestras  armas.  Según 
el  padrón  que  ha  formado  el  benemérito  padre  Vidal  están  reunidas  allí  diez 
mil  almas.» 

Toda  esa  población  emigró  al  Brasil  como  consecuencia  de  la  destruc- 
ción del  ejército  de  Rivera  en  India  Muerta,  y allí  sufrió  enormes  penalidades. 
El  Gobierno  de  la  Defensa  pidió  en  agosto  de  18  45  autorización  Ipara  enviar 
algunos  recursos  por  intermedio  del  diputado  don  Mateo  García  de  Zúñiga. 
La  Cámara  se  apresuró  a votar  una  partida  de  $ 20,000  con  destino  a esa 
masa  de  emigrados,  compuesta  según  dijo  uno  de  los  oradores  «de  más  de 
diez  mil  individuos  de  lo  más  escogido  y benemérito  de  nuestra  población  de 
la  campaña». 

De  otra  emigración,  igualmente  dolorosa,  fué  teatro  el  litoral  uruguayo 
a raíz  de  los  desastres  de  Rivera  en  Paysandú  y¡  Mercedes  en  1847.  Las  fami- 
lias que  habían  buscado  la  protección  del  ejército  se  corrieron  a la  costa  y 
allí  se  dispersaron  algunas  y'  otras  fueron  embarcadas  con  destino  a la  isla 
de  Martín  García  donde  la  miseria  era  espantosa. 


Algunos  precios  corrientes. 

A mediados  de  1845  regían  en  Montevideo  los  siguientes  precios  corrien- 
tes reveladores  del  estado  de  completa  normalidad  del  mercado  a despecho 
del  sitio: 


Pesos 

Reales 

Aceite  en  cascos,  arroba 

5 

4 

Azúcar  blanca  ” 

2 

6 

” rubia  ” 

1 

5 

” refinada  ” 

3 

% 

” blanca  de  la  Habana,  arroba 

3 

— 

Aguardiente,  pipa 

160 

— 

Arroz  de  la  Carolina,  arroba 

1 

5 

Café  del  Brasil,  quintal 

• 10 

— 

Carbón  de  piedra,  tonelada 

16 

— 

Carne  en  salmuera,  quintal 

17 

— 

Harina,  barrica 

11 

— 

Porotos  del  Brasil,  arroba 

1 

4 

Yerba  misionera  ’’ 

3 

— 

’’  paraguaya  ’’ 

7 _ 

— 

El  ganado,  en  cambio,  solía  cotizarse  a precios  de  crisis.  Así  en  octubre 
de  1844  el  Ministerio  de  la  Guerra  sacó  a remate  32  animales  vacunos  y 
10  animales  mulares  extraídos  de  la  zona  del  ejército  sitiador  en  una  de  las 
salidas  de  las  fuerzas  de  la  plaza.  Pues  bien:  los  animales  vacunos  obtuvieron 
$ 70,  con  excepción  de  las  vacas  lecheras  que  alcanzaron  de  $ 160  a 180  cada 
una.  Las  muías  fueron  vendidas  a $ 25.  El  remate  produjo  $ 2,700  y su 
importe  fué  invertido  en  2,000  pares  de  zapatos  y en  gastos  de  hospital. 


196 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Las  comunicaciones  entre  la  plaza  y la  campaña. 

Estaba  lejos  de  ser  rigurosa  la  incomunicación  entre  la  plaza  sitiada  y 
la  zona  ocupada  por  el  ejército  sitiador.  Prescindiendo  de  los  días  de  armis- 
ticio, en  que  las  poblaciones  de  uno  y otro  lado  se  confundían  y fraterni- 
zaban, rara  era  la  época  en  que  el  que  deseaba  entrar  o salir  no  pudiera 
hacerlo  libremente  o con  permiso  especial. 

Hasta  diciembre  de  1844  era  tolerada  la  entrada  y salida  de  comerciantes 
«para  no  agravar  los  trastornos  del  asedio»,  decía  el  Gobierno  de  la  Defensa 
en  un  decreto  de  aquella  fecha.  A causa  de  los  abusos  cometidos  tuvo  el 
Gobierno  que  reaccionar  contra  esa  liberalidad;  pero  al  hacerlo,  lejos  de  mos- 
trarse radical,  se  limitó  a establecer  que  los  comerciantes  que  salieran  por 
tierra  con  rumbo  al  campo  sitiador  sóld  podrían  regresar  en  casos  graves  que 
el  Gobierno  se  reservaba  estudiar. 

En  marzo  de  1847  llegaron  a la  plaza  numerosas  familias,  unas  por  la 
vía  terrestre  y otras  por  la  bahía,  a proveerse  de  mercaderías.  En  un  solo 
día  contó  «El  Constitucional»  hasta  50  señoras  que  habían  cruzado  la  línea 
con  ese  objeto.  La  Policía  dictó  una  ordenanza  haciendo  cesar  los  permisos 
concedidos  a las  familias  del  campo  sitiador  y estableciendo  que  cada  persona 
sólo  podría  regresar  con  un  bulto  o atado  de  mercaderías  compradas  en  la 
plaza.  Pero  las  visitas  continuaron,,  y en  tal  forma  que  a principios  de  1848 
«El  Conservador»,  temiendo  que  las  señoras  pudieran  ser  utilizadas  como 
instrumentos  de  comunicaciones  políticas  o militares,  insinuaba  la  idea  de 
prescribir  que  entre  la  entrada  y la  salida  de  la  plaza  mediara  siempre  un 
período  amplio  de  cuatro  meses.  Creyó  el  Gobierno  de  la  Defensa  que  se  im- 
ponían las  medidas  radicales  y por  un  decreto  de  marzo  del  mismo  año  pro- 
hibió absolutamente  toda  comunicación  con  el  campo  sitiador,  bajo  apercibi- 
miento a los  infractores  de  reputárseles  reos  del  delito  de  alta  traición. 

Nadie  tomó  a lo  serio,  sin  embargo,  las  amenazas  gubernativas,  según 
se  encargó  de  comprobarlo  seis  meses  después  el  Ministro,  de  la  Guerra  coronel 
Batlle,  mediante  un  oficio  a la  Capitanía  del  Puerto  en  que  decía  que  las 
comunicaciones  proseguían  a despecho  de  las  prohibiciones  dictadas  y que  en 
vista  de  ello  se  ha*bía  resuelto  ordenar  la  confiscación  de  las  embarcaciones 
destinadas  al  tráfico  de  pasajeros  desde  los  puntos  de  la  costa  de  la  bahía, 
ocupados  por  las  fuerzas  sitiadoras  hasta  el  muelle  y asimismo  de  las  merca- 
derías que  condujeren. 

A fines  de  1847  la  Asamblea  de  Notables  interpeló  al  Gobierno  por  «la 
relajación  completa,  decía  la  moción,  en  que  se  hallaban  las  medidas  dictadas 
por  la  autoridad  para  evitar  el  escandaloso  tráfico  y comunicaciones  que  se 
hace  por  nuestro  propio  puerto  con  el  campo  enemigo,  frustrando  hasta  cierto 
punto  el  bloqueo  de  las  costas». 

Y véase  lo  que  contestó  él  Ministro  a la  Asamblea: 

«La  franca  comunicación  entre  la  población  exterior  que  está  en  el 
campo  enemigp  y la  de  esta  plaza,  és  un  hecho  que  la  actual  Administración 
encontró  establecido.  Ella  no  se  ha  contraído  a reglamentarla,  porque  aten- 
ciones de  otra  preferencia  se  lo  han  impedido.  LO  dice  así,  porque  su  prohi- 
bición absoluta  y medios  de  llevarla  a efecto  presenta  objeciones  y dificul- 
tades que  hasta  ahora  han  hecho  fracasar  todas  las  tentativas  que  se  han, 
ensayado.  Un  sitio  de  5 5 meses  que  separa  dos  poblaciones  pertenecientes  a 
una  misma  familia  y ligadas  por  tantos  vínculos  de  afección  e intereses,  crea 
necesidades  de  que  no  puede  desentenderse  un  gobierno  liberal  y que  sufre, 
con  el  sufrimiento  de  todos.» 

En  ese  mismo  año  cruzó  la  línea  y se  vino  a hospedar  en  su  casa  de  Monte- 
video don  Gregorio  Lecocq,  ex  Ministro  de  Hacienda  de  Oribe  y uno  de  ¿os 
hombres  salientes  del  campo  sitiador.  La  Policía  lo  arrestó  en  el  acto  por 
infracción  de  la  ordenanza  que  obligaba  a todos  los  que  entraban  a la  plaza 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


197 


a presentarse  a la  Jefatura.  Pero  un  par  de  horas  después  Lecocq  volvió  a su 
casa  y allí  vivió  tranquilamente  hasta  que  se  marchó  a Entre  Ríos,  donde 
sufrió  otro  arresto  bajo  la  acusación  de  haber  promovido  un  movimiento 
contra  Rosas.  Conducido  luego  a Buenos  Aires  fué  fusilado  por  orden  del 
dictador  en  los  mismos  momentos  en  que  Urquiza  preparaba  su  cruzada  con- 
tra Oribe. 

Progresos  de  Montevideo. 

Al  finalizar  el  año  1850  publicó  la  prensa  de  Montevideo  un  resumen 
estadístico  revelador  de  los  progresos  realizados  a despecho  de  los  ocho  años 
de  asedio  transcurridos  hasta  entonces. 

La  edificación  había  aumentado,  prueba  evidente  de  que  los  cañones 
no  tomaban  por  blanco  a la  ciudad.  De  un  padrón  levantado  en  1848  para 
la  numeración  resultó  que  en  la  vieja  ciudad  había  16,945  puertas  y ventanas 
bajas  y que  hasta  ese  momento  habían  sido  edificados  o reparados  unos  1,500 
hogares,  incluidos  los  cuartos  con  puerta  a la  calle.  Agregandoi  las  edifica- 
ciones y reparaciones  subsiguientes,  excedían  de  dos  mil  las  nuevas  habita- 
ciones. Entre  los  edificios  construidos  figuraban  un,  teatro  y'  el  templo  pro- 
testante. 

El  movimiento  demográfico  de  la  población  durante  los  años  de  asedio 
ya  transcurridos  arrojaba  3,000  nacimientos  y 1,000  matrimonios. 

En  las  riberas  de  la  playa  habían  sido  construidos  cuatro  muelles  de 
hierro  y doscientas  embarcaciones  de  pequeño  tonelaje. 

La  población  disponía  de  sesenta  quintas  para  el  cultivo  de  hortalizas 
que  no  existían  en  los  comienzos  del  asedio  y1  que  se  habían  ido  organizando 
progresivamente  en  terrenos  ganados  a las  avanzadas  del  ejército  sitiador. 

Estaban  en  plena  actividad  seis  canteras,  dos  hornos  de  ladrillo,  dos 
caleras,  dos  máquinas  de  aserrar  grandes  maderas,  tres  máquinas  de  hacer 
fideos  y cuatro  fábricas  de  sombreros. 

Existía  una  biblioteca  pública  con  cinco  mil  volúmenes. 

La  vida  social  durante  el  sitio. 

Pasados  los  primeros  días  del  sitio  la  población  de  Montevideo  recuperó 
su  movimiento  normal,  persuadido  todo  el  mundo  de  que  ni  Oribe  asaltaría 
las  trincheras,  ni  la  plaza  dejaría  de  recibir  por  la  vía  marítima  los  alimentos 
necesarios  para  su  consumo. 

Funcionaban  dos  teatros:  el  del  Comercio,  instalado  en  la  calle  l.o  de 
Mayo,  donde  después  se  construyó  el  teatro  de  San  Felipe,  y el  Italiano  en 
la  calle  Uruguay,  actuando  en  el  primero  una  «Sociedad  Patriótica  de  Aficio- 
nados», con  dramas  y números  líricos,  y en  el  segundo  otra  compañía  de  aficio- 
nados con  un  repertorio  de  dramas,  tragedias  y funciones  líricas. 

De  la  absoluta  tranquilidad  del  público  instruye  este  párrafo  de  una 
crónica  de  don  Alejandro  Magariños  Cervantes  describiendo  una  función 
teatral  realizada  a mediados  de  1843,  es  decir,  a los  cuatro  meses  de  esta- 
blecido el  sitio: 

«La  platea  cubierta  de  un  numeroso  gentío,  los  palcos  pululando  de  bellí- 
simas figuras,  la  cazuela  coronada  de  una  vistosa  y elegante  concurrencia  y 
los  corredores  embarazados  por  la  multitud  que  cruzaba  en  todas  direcciones. 
Era  un  golpe  de  vista  magnífico;  parecía  q.ue  por  encanto  se  había  depositado 
allí  lo  más  selecto  que  encierra  Montevideo.» 

Pocas  semanas  después  se  llenaba  otra  vez,  el  teatro  del  Comercio  para 
aplaudir  a la  compañía  de  aficionados  que  dirigía  don  Fernando  Quijano. 
Luego  de  cantarse  el  himno  triunfal  de  Cagancha,  obra  de  don  Francisco 
Acuña  de  Figueroa,  fué  representada  una  pieza  cómica  titulada  «¡Quién  diría!», 
escrita  por  el  propio  Quijano,  alusiva  al  sitio,  que  el  público  aplaudió  estrepi- 
tosamente y que,  según  decía  Rivera  Indarte  en  «El  Nacional»,  «no  era  indigna 


198 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


de  figurar  entre  las  más  celebradas  que  habían  producido  los  talentos  dramá- 
ticos de  Madrid  para  celebrar  la  ruina  del  partido  Carlista  y la  exaltación 
del  Liberal». 

Con  el  producto  de  las  funciones  teatrales  eran  atendidos  los  servicios 
de  los  hospitales  de  la  ciudad  con  una  liberalidad  que  demuestra  la  notable 
afluencia  de  espectadores.  En  octubre  de  1844  recogió,  en  una  sola  función,  la 
«Sociedad  Filantrópica  de  Damas  Orientales»,  $ 1,049,  por  concepto  de  entra- 
das y asientos,  y en  noviembre  del  mismo  año  la  Sociedad  de  Aficionados  en- 
tregó al  Ministerio  de  la  Guerra,  por  concepto  de  beneficios  líquidos  de 
dos  funciones,  $ 1,014. 

Hasta  los  bailes  populares  fueron,  reanudados  una  vez  que  el  público 
se  persuadió  de  que  Oribe  no  venía  con  el  propósito  de  asaltar  la  plaza. 
Y con  tal  entusiasmo  y'  tal  afluencia  de  bailarines  que  en  agosto  de  184*3  la 
Policía  se  vió  obligada  a reglamentar  esos  espectáculos  que  se  difundían  por 
toda  la  ciudad,  mediante  una  ordenanza  que  prescribía  que  en  adelante  sólo 
podría  bailarse  en  los  días  festivos  desde  las  2 de  la  tarde  hasta  las  8 de 
la  noche. 

El  aniversario  de  la  batalla  de  Cagancha  fué  celebrado  ese  mismo  año 
con  embanderamiento,  iluminación,  salvas  y proclamas  patrióticas. 

Pero  fué  en  1844  que  las  manifestaciones  patrióticas  alcanzaron  su  más 
alto  desarrollo.  El  aniversario  de  la  Jura  de  la  Constitución  dió  lugar  a tres 
días  de  festejos  con  una  parada  militar  en  que  hicieron  acta  de  presencia 
5,300  soldados,  bailes  públicos,  iluminación,  fuegos  artificiales.  La  Policía 
concedió  el  libre  uso  del  disfraz,  formándose  entonces  una  veintena  de  com- 
parsas que  recorrieron  las  calles  y animaron  el  ambiente  con  sus  bailes  y 
canciones.  El  aniversario  de  la  Revolución  de  Mayo  fué  solemnizado  con  otros 
tres  días  de  festejos  en  forma  más  brillante  todavía.  Al  rayar  el  día  concu- 
rrieron a la  plaza  Constitución  los  niños  de  las  escuelas  públicas  y privadas, 
acompañados  por  la  banda  de  música  de  la  «Sociedad  Amigos  de  la  Libertad». 
Concluidos  los  cantos  escolares  pronunciaron  alocuciones  patrióticas  el  gene- 
ral Pacheco  y el  doctor  Andrés  Lamas.  Durante  los  tres  días  hubo  conciertos 
populares  por  bandas  de  aficionados,  iluminación,  funciones  teatrales,  rema- 
tando los  festejos  en  forma  inolvidable  una  gran  ceremonia  oficial  que  tuvo 
lugar  en  el  teatro  del  Comercio,  con  el  doble)  fin  de  instalar  el  Instituto  His- 
tórico y Geográfico  y realizar  el  acto  final  de  un  certamen  poético  al  que 
habían  concurrido  varios  de  los  eminentes  literatos  que  vivían  dentro  de  las 
murallas  de  Montevideo. 

Al  instalar  el  Instituto  Histórico  y Geográfico  anunció  su  presidente  don 
Andrés  Lamas  que  don  Esteban  Echeverría  estaba  escribiendo  una  obra  sobre 
educación  primaria  cuya  presentación  señalaría  el  primer  paso  encaminado  a dar 
a las  fiestas  populares  un  fin  de  ilustración  y de  mejora  moral.  En  seguida  fueron 
leídas  por  don  Francisco  Acuña  de  Figueroa,  don,  José  Rivera  Indarte,  don 
Luis  Domínguez,  don  Bartolomé  Mitre,  don  Esteban  Echeverría,  don  José  Ma- 
ría Cantilo  y don  Alejandro  Magariños  Cervantes  las  composiciones  poéticas 
presentadas  al  certamen  que  había  organizado  la  Policía  a cargo  del  doctor 
Lamas. 

«En  medio  de  estas  fiestas,  decía  «El  Nacional»,  se  olvidaron  por  algunas 
horas  los  pesares  del  asedio,  y después  dei  ellas  se  sintieron  los  pechos  más' 
robustecidos  en  la  fe  de  nuestro  triunfo  sobre  Rosas  y del  gran  porvenir  de 
la  democracia  americana.» 

Las  fiestas  del  año  1845  abrieron  con  un  brillante  Carnaval  en  que  hubo 
juego  libre,  grandes  mascaradas  y numerosas  tertulias,  presentando  en  esa 
oportunidad  Montevideo  un  aspecto  bien  distinto  del  que  ofrecía  Buenos  Aires, 
donde  Rosas,  por  decreto  de  febrero  del  año  anterior,  había  prohibido  el  juego 
y amenazado  a los  infractores  con  tres  años  de  cárcel  y trabajos  públicos. 
El  4 de  octubre,  aniversario  del  canje  de  las  ratificaciones  de  la  Cbnvención 
Preliminar  de  Paz  de  1828,  fué  solemnizado  con  tres  días  de  embandera- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


199 


mientos,  cantos  escolares,  iluminaciones,  fuegos  artificiales,  comparsas  de 
máscaras  y carreras  de  sortijas  en  la  plaza  Constitución. 

En  1846  hubo  un  espléndido  baile  dado  por  el  Vicecónsul  de  España 
don  Pedro  Sáenz  de  Zumarán,  el  primero  de  la  serie  de  los  bailes  de  San 
Pedro  que  durante  largos  años  habrían  de  constituir  el  acontecimiento  social 
más  culminante  del  Río  de  la  Plata;  y fué  solemnizado  el  aniversario  de  la 
Jura  de  la  Constitución  con  iluminaciones,  embanderamientos,  banquetes, 
tedéum,  y un  programa  de  arcos  de  triunfo  en  honor  a las  victorias  de  Ri- 
vera que  el  Gobierno  presentó  a la  Asamblea  de  Notables  y que  no  alcanzó 
a realizarse  íntegramente. 

A principios  de  1847  la  población  española  de  Montevideo  festejó  el 
matrimonio  de  la  reina  de  España  con  un  banquete  de  trescientos  cubiertos 
y un  baile  de  ochocientas  personas,  cifras  jamás  alcanzadas  hasta  entonces  en 
las  fiestas  sociales  del  Río  de  la  Plata.  El  banquete  y el  baile  tuvieron  lugar 
en  una  casa  de  la  plaza  Independencia,  propiedad  de  don  Genaro  Rivas. 

En  esos  mismos  momentos  daba  Montevideo  otra  elocuentísima  prueba 
de  la  admirable  animación  de  su  ambiente  con  la  apertura  del  teatro  San 
Felipe  edificado  por  el  señor  Figueira.  El  nuevo  teatro  era  digno  de  una 
reglamentación  especial  y la  Policía  se  apresuró  a dictarla,  prohibiendo  las 
funciones  de  aficionados  y los  beneficios;  estableciendo  que  el  teatro  sólo 
podría  abrir  sus  puertas  con  venia  del  censor  y noticia  de  la  Policía;  y1  fi- 
jando los  precios  a razón  de  12  vintenes  la  entrada  general,  medio  patacón 
las  lunetas  y tres  patacones  los  palcos. 

En  1848,  terminadas  ya  las  obras  de  reparación  del  muelle  que  habían 
sido  licitadas  tres  años  antes  a raíz  del  movimiento  comercial  promovido  por 
la  intervención  franco  - inglesa,  se  convirtió  la  Aduana  en  un  verdadero  paseo 
público  al  que  concurrían  tarde  a tarde  las  principales  familias  de  Montevideo 
y ún  grupo  de  músicos  aficionados. 

Al  finalizar  el  año  1849  alguien  lanzó  la  idea  de  realizar  un  gran  baile 
mensual  y'  el  público  estaba  tan  de  acuerdo  con  ella  que  en  el  acto  quedó 
instalada  una  sociedad  de  cien  adherentes  que  se  obligaban  a pagar  veinti- 
cuatro patacones  por  semestre  y a realizar  un  programa  de  acercamiento,  de 
fomento  de  la  cultura  y de  divulgación  de  hábitos  civilizadores.  El  primer 
baile  tuvo  lugar  el  31  de  diciembre  de  ese  mismo  año  con  una  nutrida  asis- 
tencia de  160  señoras  y señoritas  y un  número  bastante  may'or  de  caballeros. 
Y desde  ese  momento  el  baile  mensual  no  dejó  de  realizarse  una  sola  vez. 

En  1850  trabajaba  en  el  teatro  San  Felipe  una  compañía  lírica  con 
artistas  procedentes  de  teatros  europeos,  ante  una  concurrencia  siempre  nume- 
rosa que  hacía  exclamar  a la  prensa  a raíz  de  una  de  las  funciones:  «Nadie 
diría  anoche  que  nos  hallábamos  en  una  ciudad  sitiada  desde  hace  siete  años 
y medio». 

Corresponde  a esa  misma  época  la  inauguración  del  espléndido  local  de 
la  Confitería  Oriental  en  la  calle  25  de  May'o,  que  por  el  lujo  y buen  gusto 
de  sus  instalaciones  superaba,  al  decir  de  «El  Comercio  del  Plata»,  a todas  las 
confiterías  del  Río  de  la  Plata. 

Sólo  el  Tesoro  público  pasaba  angustias.  De  ahí  estas  palabras  del'. 
Ministro  de  Gobierno  doctor  Herrera  y Obes  a don  Andrés  Lamas  en  febrero 
del  mismo  año: 

«Seguimos  en  nuestras  miserias  y nuestros  sufrimientos,  lo  que  no  quita 
que  haya  bailes,  máscaras  y teatros  concurridísimos,  sin  que  hay’a  tenido  lugar 
el  más  pequeño  desorden.  Esto  dará  a usted  una  idea  de  la  tranquilidad, 
orden  y seguridad  que  reina  en  esta  ciudad.» 

Y la  animación  no  decayó  en  el  año  1851,  el  último  del  sitio.  Descri- 
biendo la  situación  de  Montevideo  en  ese  momento  decía  Fermín  Ferreira  y 
Artigas: 

«En  el  estado  a que  se  halla  reducido  Montevideo  después  de  más  de 
ocho  años  de  asedio,  nos  hemos  ido  acostumbrando  a una  vida  metódica  y 


200 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


regular,  y si  me  es  permitido  explicarme  así,  nos  hemos  ido  familiarizando 
con  nuestra  situación . . . Las  reuniones^  los  paseos,  el  teatro,  se  suceden 
periódicamente,  desaparecen  y vuelven  de  nuevo  a animar  el  espíritu  de  la 
población.»  , 

El  comercio  exterior. 

Existen  muy  pocos  datos,  y1  esos  mismos  truncos  e incompletos,  acerca 
del  movimiento  comercial  de  Montevideo  en  los  dos  primeros  años  del  asedio. 

El  puerto  estaba  abierto  a despecho  de  la  presencia  de  la  escuadra  de 
Rosas,  cuyas  intimaciones  eran  burladas  por  las  estaciones  navales  extranjeras 
y por  los  buques  mercantes  de  ultramar  que  entraban  y salían  libremente. 
Pero  el  movimiento  de  entradas  y salidas,  circunscripto  a la  plaza  sitiada, 
era  nulo  en  cuanto  a la  exportación  y pobrísimo  en  cuanto  a la  importación. 

Es  recién  a fines  de  18  45,  con  motivo  de  la  intervención  franco  - inglesa 
y especialmente  con  el  bloqueo  impuesto  a los  puertos  argentinos  y la  aper- 
tura a viva  fuerza  de  la  navegación  del  Paraná,  que  vuelve  el  puerto  de 
Montevideo  a llenarse  de  barcos  y mercaderías  con  destino  al  comercio  entero 
del  Río  de  la  Plata. 

Las  importaciones. 


En  el  último  cuatrimestre  del  año  1845,  que  corresponde  precisamente 
al  comienzo  de  la  intervención  armada  de  la  escuadra  franco  - inglesa,  llega- 
ron al  puerto  de  Montevideo,  entre  otros  artículos  de  consumo  grueso,  18,216 
barricas  de  harina,  2,432  barricas  de  azúcar,  3,438  sacos  y 1,776  bolsas  de 
arroz,  5,026  tercios  y 3,472  medios  tercios  de  yerba,  8,420  ibotijuelas,  1,652 
cajones  y 403  barriles  de  aceite  de  oliva,  3,946  pipas,  1,227  medias  pipas 
y 1,689  cajones  de  vino,  amén  de  diversas  cantidades  de  las  mismas  merca- 
derías en  otros  envases. 

También  llegaron  con  procedencia  de  los  puertos  del  litoral  argentino 
algunas  partidas  de  frutos  del  país,  descargándose  en  los  meses  de  octubre, 
noviembre  y'  diciembre  56,973  cueros  vacunos  secos  y 7,470  cueros  vacunos 
salados. 

Buena  parte  de  las  mercaderías  europeas  y la  totalidad  de  los  frutos 
del  país  que  en  esa  forma  llegaban  al  puerto  de  Montevideo  no  estaban  desti- 
nados ciertamente  al  consumo  de  la  población  sitiada,  sino  a la  reexporta- 
ción. Las  mercaderías  europeas  debían  seguir  a los  puertos  argentinos  y los 
frutos  del  país  a los  puertos  europeos,  y el  Gobierno  de  la  Defensa  se  propuso, 
en  consecuencia,  sacar  fuertes  rentas  del  nuevo  y valioso  movimiento  de  que 
era,  teatro  el  puerto  de  Montevideo. 

Una  ley  dictada  a mediados  de  noviembre  de  1845  estableció  que  las 
mercaderías  destinadas  al  río  Uruguay  y al  río  Paraná  pagarían  el  8 % 
cuando  siguieran  en  los  mismos  buques  de  ultramar,  el  6 % cuando  fueran 
trasbordadas  de  un  barco  de  ultramar  a otro  de  cabotaje  ye  14%  cuando 
fueran  bajadas  a los  depósitos  aduaneros  y vueltas  a cargar  después. 

i 

Un  convoy  valioso. 

A fines  de  1845  salió  de  Montevideo,  con  rumbo  a los  puertos  de  la 
provincia  de  Corrientes  y del  Paraguay,  un  gran  convoy  de  setenta  y tantos 
barcos  con  la  misión  de  llevar  a esas  regiones,  hasta  entonces  aisladas  por 
Rosas,  las  mercaderías  europeas  que  abundaban  en  nuestros  depósitos  adua- 
neros y de  traer  en  cambio  de  ellas  los  cueros  vacunos  que  se  apilaban  y 
perdían  allí  por  falta  de  medios  de  embarque.  Ese  convoy  marchaba  al  amparo 


LA,  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


201 


de  la  escuadra  franco  - inglesa  encargada  de  abrir  la  navegación  del  Paraná, 
mediante  la  destrucción  de  las  baterías  de  Obligado. 

Según  una  liquidación  oficial  de  la  Colecturía  de  Corrientes  el  valor  de 
las  mercaderías  conducidas  a esa  Provincia  por  el  convoy  de  Montevideo  as- 
cendía a seiscientos  noventa  nruil  pesos. 

La  misma  flota,  complementada  por  una  treintena  de  barcos  que  estaban 
anclados  a lo  largo  dél  Paraná,  recibió  en  los  puertos  de  Corrientes,  con 
destino  a Montevideo,  un  valioso  cargamento  de  455,000  cueros  vacunos, 
6,754  tercios  y 5,347  medios  tercios  de  yerba,  2,214  petacas  de  tabaco  y otros 
productos  correntinos  y1  paraguayos. 

En  junio  de  1846,  antes  del  regreso  de  la  totalidad  de  la  flota,  fijaba 
«El  Comercio  del  Plata»  el  precio  corriente  de  los  frutos  ya  desembarcados 
en  $ 1.616,703  contra  un  precio  de  compra  en  los  mercados  de  origen  que 
sólo  alcanzaba  a 889,805.  La  diferencia  correspondía  a los  fletes  fluviales 
por  $ 370,000  y a intereses  y comisiones  del  comercio  importador.  Véase  cuá- 
les eran  las  principales  partidas  del  cuadro: 


432,371  cueros  vacunos  secos $ 1.080,000. 

69,924  arrobas  de  yerba " 244,000 

22,680  ídem  de  tabaco ” 90,000 


Un  segundo  convoy  forzó  a mediados  de  1846  el  paso  del  Paraná,  bajo 
la  protección  de  los  fuegos  de  la  escuadra  franco  - inglesa.  Pero  Rosas,  que 
reconstruía  sus  baterías  a raíz  de  cada  derrota  fluvial  y'  hacía  a la  vez  manio- 
brar hábilmente  a su  diplomacia,  obtuvo  al  fin  que  la  escuadra  interventora 
lo  dejara  tranquilo  en  el  Paraná,  con  lo  cual  el  comercio  de  Corrientes  y del 
Paraguay  volvió  a lo  que  había  sido  antes  del  combate  de  Obligado. 

En  Montevideo  se  reconcentra  el  comercio  de  todo  el  Río  de  la  Plata. 

Al  puerto  de  Montevideo  afluía,  pues,  la  producción  entera  del  Río  de 
la  Plata,  en  busca  de  la  única  salida  ¡para  Europa  que  dejaba  abierta  el 
bloqueo  de  la  escuadra  franco  - inglesa. 

Englobados  todos  los  arribos  fijaba  así  la  estadística  comercial  de  la 
época  el  monto  de  los  cueros  llegados  en  1846; 

Número  de  cueros  vacunos  secos 1.398,236 

Idem  ídem  salados ....  202,667 

Idem  ídem  de  carnero ....  453,283 

«El  Comercio  del  Plata»  se  encargó  de  advertir  que  muchos  de  los  barcos 
que  figuraban  como  de  procedencia  uruguaya  llegaban  en  realidad  de  la 
costa  entrerriana,  sólo  que  sus  patrones  visaban  los  papeles  ante  nuestras 
capitanías  o resguardos.  El  bloqueo,  agregaba,  resulta  burlado,  puesto  que 
buena  parte  de  los  cueros  y demás  frutos  que  recibe  Montevideo  proceden  de 
saqueos  realizados  por  nuestros  enemigos,  y buena  parte  también  de  las 
mercaderías  extranjeras  que  salen  de  nuestros  depósitos  van  a alimentar  al 
Entre  Ríos  y al  ejército  de  Oribe. 

Era  de  tal  magnitud  la  importación  de  frutos  del  país  que  la  estadística 
portuaria  anotó  en  un  solo  día  de  septiembre  de  1847  la  entrada  a Monte- 
video de  un  centenar  de  barcos  de  cabotaje,  con  cien  mil  cueros  vacunos  y' 
un  millar  de  pipas  de  sebo,  y como  resultado  de  todo  el  movimiento  de  ese 
mismo  mes  313,594  cueros  vacunos  secos  y salados,  94,564  cueros  de  carnero 
y 59,350  arrobas  de  tasajo.  i 1 

En  forma  igualmente  notable  crecían  las  importaciones  de  mercaderías 
extranjeras  destinadas  al  consumo  de  la  población  sitiada  y de  los  puertos 
bloqueados  por  la  escuadra  franco  - inglesa.  Lo  revela  el  cuadro  del  comercio 


202 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


de  harinas  correspondiente  a 1846.  Abrió  el  año  con  una  existencia  en  los 
depósitos  aduaneros  de  8,787  barricas  y ese  stock  fué  subiendo  hasta  alcanzar 
la  cifra  de  91,326,  con  el  siguiente  destino: 


Barricas 


Para  raciones  del  ejército *.  31,480 

” las  fuerzas  navales  extranjeras 16,100 

” reexportación 13,511 

” consumo  de  la  población 3,400 

’’  consumo  y reexportación 5,400 

Existencia  disponible  al  finalizar  el  año 21,435 


Rosas  se  propuso  cortar  el  comercio  de  Montevideo  con  los  puertos  argen- 
tinos mediante  un  decreto  de  octubre  de  1847  que  prohibía  la  importación 
de  mercaderías  en  barcos  que  hubieran  tocado  en  puerto  uruguayo  y que  pro- 
hibía asimismo  la  exportación  de  frutos  en  buques  que  hicieran  escala  o que 
tocaran  en  Montevideo. 

Su  propósito  era  restarle  valiosas  rentas  al  Gobierno  de  la  Defensa. 
Pero  el  comercio  se  encargaba  de  burlar  sus  prohibiciones  mediante  arbitrios 
que  triunfaban  siempre.  Según  la  prensa  de  la  época  las  mercaderías  de  la 
Aduana  de  Montevideo  eran  trasbordadas  a otros  buques  en  la  mitad  del  río 
o expedidas  ficticiamente  a Río  Grande,  sobre  la  base  de  tornaguías  fraguadas 
que  permitían  dirigir  luego  los  cargamentos  a Buenos  Aires. 

Las  exportaciones.  ; , j 

Todavía  existían  al  tiempo  de  iniciarse  el  sitio  algunos  millares  de  cue- 
ros en  las  barracas  de  la  plaza  procedentes  de  las  remesas  de  frutos  hechas 
con  todo  apresuramiento  al  anunciarse  la  invasión  de  Oribe.  Durante  los 
meses  de  febrero  y marzo  de  1843  fueron  embarcados  con  destino  a puertos 
de  ultramar,  91,446  cueros  vacunos  secos  y 71,593  cueros  vacunos  salados. 
Pero  después  el  movimiento  cesó  y’  la  estadística  quedó  interrumpida  por 
espacio  de  varios  meses. 

En  18  44  apenas  salieron  del  puerto  de  Montevideo  tres  barcos  mercantes  de 
ultramar  cargados  de  frutos,  y en  1845  siete  y esto  mismo  gracias  al  impulso 
dado  por  la  escuadra  franco  - inglesa  al  finalizar  el  año  mediante  el  bloqueo 
de  los  puertos  argentinos.  Por  concepto  de  derechos  de  exportación  percibió 
la  Aduana  $ 384  en  1844  y', 12, 854  en  el  año  siguiente. 

Formalizado  ya  el  bloqueo  de  los  puertos  argentinos  el  valor  de  los 
frutos  exportados  y el  monto  de  los  derechos  aduaneros  subieron  en  la  forma 
que  subsigue:  i 


Valor  corriente 

Derechos 

AÑOS  i 

de  los 

recaudados  por  la 

frutos  exportados 

Aduana 

1846 

$ 3.758,599 

$ 299,932 

1847 

” 8.461,350 

” 659,899 

Para  el  transporte  de  la  valiosa  exportación  de  1847  fueron  empleados 
336  buques  mercantes  de  ultramar  con  un  registro  de  56,321  toneladas. 

He  aquí  cuáles  era  los  principales  renglones  de  la  exportación  de  Monte- 
video en  ese  período,  según  la  prolija  estadística  de  la  prensa  de  la  época: 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


203 


FRUTOS  EXPORTADOS 

1846 

1847 

Cueros  vacunos  secos  . 

$ 

972,101 

$ 

1.756,118 

” ” salados 

11 

175,220 

II 

455,640 

” de  carnero  .... 

11 

195,761 

II 

1.528,656 

Astas  

M 

218,042 

11 

1.407,117 

Carne  tasajo  

II 

50,076 

II 

669,913 

Carras  de  cuero 

II 

117,151 

II 

308,361 

Lanas  

» I 

110,835 

II 

298,361 

Véase  ahora  cuáles  eran 

los 

principales 

compradores, 

según 

otro  cuadro 

que  abarca  todo  el  año  1846 

y el 

primer 

semestre  de  1847: 

COMPRADORES 

1846 

1847 

Alemania  y Bélgica. 

$ 

996,774 

$ 

874,246 

Francia 

ii 

834,159 

1.009,855 

Inglaterra 

ti 

586,823 

II 

939,447 

España 

• 

ii 

449,033 

II 

535,541 

Italia 

• 

ii 

365,010 

— 

Estados  Unidos 

■ 

ii 

323,517 

— 

En  la  creencia  de  que  el  movimiento  continuaría  el  señor  Arsene  Jsa- 
belle  propuso,  a fines  de  1847,  al  Directorio  de  la  Aduana  de  Montevideo,  la 
creación  dé  una  Oficina  de  Estadística  Comercial  sobre  un  plan  que  en  el  acto 
fué  aceptado,  pero  del  que  hubo  que  desistir  al  año  siguiente  a consecuencia 
del  levantamiento  del  bloqueo  por  la  escqadra  francesa.  De  acuerdo  con  ese 
plan  debían  funcionar  los  siguientes  registros:  de  importaciones  generales 
por  países  de  procedencia;  de  exportaciones  generales  por  países  de  destino; 
de  importaciones  y exportaciones  correspondientes  al  comercio  especial  o sea 
el  relativo  a mercaderías  despachadas  para  el  consumo  y a los  productos  de 
las  industrias  nacionales  embarcados  para  el  exterior. 


Vuelve  el  comercio  d'e  Montevideo  a su  triste  nivel  de  los  comienzos  del  sitio. 


Desde  mediados  de  1847,  en  que  la  escuadra  inglesa  levantó  el  bloqueo 
de  los  puertos  argentinos,  empezó  a debilitarse  nuestra  corriente  comercial. 
Pero  como  el  bloqueo  proseguía  a cargo  de  la  escuadra  francesa  Montevideo 
seguía  siendo  todavía  el  principal  comprador  de  los  frutos  del  Río  de  la  Plata 
y el  principal  vendedor  de  las  mercaderías  de  ultramar. 

De  un  quadro  estadístico  que  abarca  el  período  de  cinco  meses  transcu- 
rrido dé  enero  a mayo  de  1848  resulta  que  el  puerto  de  Montevideo  exportó 
395,363 "cueros  va,cunos  secos  y salados  con  destino  a Estados  Unidos,  Ingla- 
terra y Francia  y 19,370  quintales  de  carne  tasajo  con  destino  a la  Habana; 
e importó  16,000  barricas  de  harina,  3,695  barricas  y bolsas  de  arroz  y'  14,857 
barricas  y bolsas  de  azúcar  de  Estados  Unidos  y del  Brasil. 

Pero  a mediados  de  ese  año  la  escuadra  francesa  levantó  también  el 
bloqueo  y en  el  acto  quedaron  reducidas  las  importaciones  al  consumo  cada 
vez  más  restringido  de  la  plaza  y las  exportaciones  a la  nada,  mientras  que 
el  comercio  de  Buenos  Aires  adquiría  un  vuelo  extraordinario. 

«¿Calcula  usted,  escribía  el  doctor  Herrera  y Obes  al  doctor  Lamas  en 
diciembre,  en  qué  estado  debe  estar  esta  población  después  de  seis  años  de 
calamidades,  de  miserias,  de  sufrimientos?  Tal  vez  no,  porque  eso  es  preciso 
verlo  y tocarlo,  como  aquí  lo  vemos  y lo  tocamos.  Toda  ponderación  es  aún 


204 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


lejos  de  la  realidad:  muy  especialmente  después  de  la  última  misión.  No  hay 
comercio,  no  hay  trabajo,  no  hay  dinero:  las  calles  y las  casas  están  vacías, 
porque  tal  ha  sido  la  emigración,  ¿y  es  para  declamar  y afligirse  que  los  que 
sufren,  que  los  que  se  mueren  de  hambre  traten  de  huir  de  cualquier  modo 
y salir  de  una  situación  tan  horrible?» 

«Buenos  Aires,  escribía  el  propio  doctor  Herrera  al  señor  Le  Long, 
Cónsul  del  Uruguay  en  París,  a principios  de  1849,  sigue  en  un  pie  de  pros- 
peridad admirable:  es  hoy  el  centro  de  todo  el  comercio  del  Río  de  la  Plata, 
favor  que  Rosas  sólo  debe  a la  intervención.  ¿Qué  interés  puede,  pues,  tener 
en  la  paz?  Su  país  prospera,  su  poder  se  afirma  cada  vez  más;  nuestra  Repú- 
blica a quien  sólo  teme,  se  arruina,  porque  ella  es  el  teatro  de  la  guerra,  y 
antes  de  muy  poco  si  continúa  no  habrá  sino  aquello  de  «aquí  fué  Cartago» 
por  cualquier  parte  que  se  recorra  su  territorio». 

El  «Journal  des  Debats»,  el  más  caracterizado  de  los  diarios  de  París, 
se  encargó  de  explicar  el  violento  cambio  operado  en  un  editorial  de  princi- 
pios de  noviembre  de  1848  que  puede  sintetizarse  así: 

Cerrados  los  puertos  del  Plata  al  comercio  europeo  por  el  bloqueo, 
Montevideo  resultaba  el  único  mercado  abierto  a los  buques  extranjeros. 
Las  mercaderías  afluían  allí,  pagaban  los  derechos  aduaneros  correspon- 
dientes, y'  luego  salían  en  forma  de  contrabando  con  el  consentimiento  de  la 
escuadra  bloqueadora.  Pero  levantado  el  bloqueo  de  Buenos  Aires  dejó 
de  percibir  la  Aduana  de  Montevideo  las  rentas  que  ingresaban  por  ese  con- 
cepto, y entonces  el  agente  diplomático  de  Francia  tuvo  que  acordar  un  sub- 
sidio mensual  de  doscientos  mil  francos  para  la  alimentación  de  los  fran- 
ceses armados.  , , ' * 

Con  el  propósito  de  auxiliar  a la  plaza  en  circunstancias  tan  críticas 
pidió  el  Gobierno  a la  Asamblea  de  Notables  una  declaración  general  de  mora- 
torias. De  acuerdo  con  un  proyecto  presentado  en  diciembre  de  1848  no  se- 
rían ejecutables  durante  la  guerra  las  obligaciones  posteriores  a 1843,  ni 
tampoco  los  inmuebles  de  propiedad  particular  ocupados  accidentalmente  por 
el  Estado  en  virtud  del  estado  de  guerra.  Ya  cuatro  años  antes,  en  octubre 
de  1844,  había  solicitado  el  Gobierno  una  ley  análoga  a la  Legislatura  con 
motivo  de  haberse  presentado  un  comerciante  en  demanda  de  un  decreto  de 
moratorias  que  lo  amparara  contra  sus  acreedores. 

El  comercio  de  ganados. 

Hay  un  cuadro  que  refleja  con  exactitud  el  efecto  de  las  oscilaciones 
comerciales  de  la  plaza.  Es  el  que  subsigue,  relativo  a las  importaciones  de 
animales  destinados  al  consumo  de  la  población: 


AÑOS 

Vacunos 

Ovinos 

Porcinos 

1846  Caño  completo) 

14,220 

12,000 

1,131 

1847  ( ” ” ) 

8,822 

5,784 

1,108 

1848  ( 8 meses) 

5,168 

303 

363 

1849  (11  ” ) 

5,751 

1,893 

643 

1850  ( S ” ) ... 

3,856 

1,713 

407 

El  considerable  movimiento  del  primer  año  debió  emanar  de  la  necesidad 
de  organizar  un  stock  ya  totalmente  agotado  al  producirse  la  intervención 
franco  - inglesa.  El  del  segundo  año  y parte  del  tercero  corresponden,  sin  duda, 
al  consumo  normal.  Con  el  levantamiento  del  bloqueo  tenía  que  iniciarse 
y se  inició  luego  el  descenso,  porque  una  parte  de  la  población  emigraba  a 
Buenos  Aires  y la  que  quedaba  carecía  de  recursos  para  mantener  sus  compras 
a los  niveles  anteriores, 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


205 


Los  ganados  destinados  al  abasto  de  Montevideo  provenían  en  1846  de 
la  costa  uruguaya  y de  la  provincia  de  Río  Grande,  y desde  principios  de  1847 
de  Río  Grande  exclusivamente,  en  razón  de  haber  perdido  el  Gobierno  de  la 
Defensa  sus  posiciones  del  litoral  y de  haber  dictado  Oribe  un  decreto  decla- 
rando que  el  patrón  y tripulantes  de  los  barcos  transportadores  de  ganados 
serían  juzgados  como  piratas  y'  castigados  con  la  pena  de  muerte. 

El  movimiento  marítimo  en  el  puerto  de  Montevideo. 

El  puerto  de  Montevideo  estaba  en  pleno  movimiento  al  tiempo  de  produ- 
cirse la  invasión  de  Oribe. 

Tomando  un  día  cualquiera  del  mes  de  enero  de  1843  resulta,  por  ejem- 
plo, que  el  23  estaban  fondeados  115  buques  mercantes  de  ultramar,  contra  58 
que  albergaba  el  puerto  de  Buenos  Aires. 

Tres  meses  después,  en  un  día  de  abril  que  también  tomamos  al  acaso, 
había  en  el  puerto  de  Montevideo  69  buques,  contra  J.17  que  existían  en  el  de 
Buenos  Aires.  Las  proporciones  se  habían  invertido  como  consecuencia  del 
asedio. 

Muchos  de  los  barcos  llegados  en  los  primeros  meses  de  1843  venían 
rebosantes  de  colonos.  En  enero  desembarcaron  524  inmigrantes  españoles, 
494  italianos  y 103  franceses  y el  movimiento  prosiguió  en  los  primeros 
momentos  del  sitio  hasta  que  se  supo  en  Europa  que  estaban  cegadas  las 
fuentes  del  trabajo  y que  el  país  vivía  en  una  horrenda  crisis. 

La  estadística  del  primer  año  de  la  Guerra  Grande  arroja  una  entrada 
de  664  buques  mercantes  de  ultramar  y de  1,772  inmigrantes  o colonos. 

En  1844  quedaron  reducidas  las  entradas  a 431  barcos  y'  los  pasajeros 
a 512.  | , ! i 

A fines  de  1845  volvió  el  puerto  de  Montevideo  a entrar  en  notable  acti- 
vidad por  efecto  de  la  intervención  armada  de  la  Inglaterra  y de  la  Francia, 
del  bloqueo  de  los  puertos  de  Rosas  y de  Oribe,  de  la  apertura  a viva  fuerza 
de  la  navegación  del  Paraná  y de  la  colaboración  de  la  escuadra  interventora 
en  las  operaciones  militares  del  Gobierno  de  la  Defensa.  En  el  solo  mes  de 
octubre  anotó  la  estadística  portuaria  la  entrada  de  216  buques  de  ultramar 
y de  los  ríos,  con  1,229  pasajeros.  Computando  algunos  centenares  de  per- 
sonas transportadas  por  los  buques  de  guerra  .calculaba  «El  Comercio  del 
Plata»  en  2,000  el  número  efectivo  de  pasajeros,  y agregaba  que  de  las  tripu- 
laciones de  los  barcos  fondeados,  compuestas  de  1,683  hombres,  sólo  432 
se  habían  reembarcado,  incorporándose  todos  los  demás  a la  población  de 
Montevideo.  Un  mes  después,  en  noviembre,  era  tan  fuerte  el  movimiento 
que  la  prensa  empezó  a preocuparse  de  la  necesidad  de  un  reglamento  marí- 
timo encaminado  a evitar  colisiones  en  caso  de  temporal:  el  día  29  estaban 
fondeados  en  el  puerto  de  Montevideo  114  buques  mercantes  de  ultramar  y 
muchos  otros  de  cabotaje. 

Había,  además,  en  ese  momento  32  barcos  de  guerra  extranjeros  dise- 
minados en  los  puertos  de  Montevideo,  Maldonado,  Martín  García,  Colonia  y 
Buenos  Aires,  y 11  de  la  escuadrilla  uruguaya  que  secundaban  su  acción  en 
los  mismos  puntos  y en  otros  del  litoral. 

Las  escuadras  extranjeras  fueron  aumentando  gradualmente  sus  efecti- 
vos hasta  reunir  a mediados  de  1846  la  respetable  cantidad  de  48  buques 
con  726  cañones  que  se  distribuían  así:  ingleses,  19  buques  con  286  cañones; 
franceses,  18  con  245;  sardos,  4 con  54;  españoles,  1 con  44;  brasileños, 
3 con  41;  norteamericanos,  2 con  34  y portugueses,  1 con  22  cañones. 

Durante  el  primer  trimestre  de  1846  entraron  a Montevideo  con  proce- 
dencia de  ultramar  125  barcos  mercantes  de  22,903  toneladas  y durante  el 
cuarto  trimestre  233  barcos  de  45,509  toneladas.  El  movimiento  se  había 
duplicado  gracias  al  bloqueo  de  los  puertos  argentinos  y al  contrabando  tole- 
rado por  las  escuadras  bloqueadoras. 


206 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Tal  impulso  cobró  el  cabotaje  nacional,  por  efecto  del  contrabando  que 
mantenía  Montevideo  con  los  puertos  argentinos  bloqueados,  que  desde  agosto 
de  1845  hasta  enero  del  año  siguiente  habían  adoptado  la  bandera  uruguaya 
155  buques  que  hasta  entonces  pertenecían  a matrículas  extranjeras.  Es  que 
sólo  al  pabellón  nacional  se  le  toleraba  el  contrabando  con  los  puertos  blo- 
queados. 

En  1847  descendió  el  movimiento  portuario  a causa  de  los  grandes  arri- 
bos del  año  anterior,  del  abandono  de  la  navegación  del  Paraná  por  la  escua- 
dra bloqueadora,  y'  del  relajamiento  del  bloqueo.  Durante  el  primer  tri- 
mestre entraron  126  buques  mercantes  de  ultramar  de  21,610  toneladas,  y 
salieron  145  buques  de  25,876;  destacándose  entre  las  banderas  de  los  salidos 
la  italiana  y española  respectivamente  representadas  por  30  barcos  de  4,029 
toneladas  y por  22  barcos  con  4,441.  A principios  de  año  el  número  de  barcos 
mercantes  de  ultramar  fondeados  en  el  puerto  de  Montevideo  era  de  88  y a 
mediados  sólo  de  49,  en  dos  días  tomados  al  acaso. 

Hemos  invocado  entre  las  causas  del  descenso  el  relajamiento  del  bloqueo. 
Según  cifras  oficiales  de*la  Aduana  de  Buenos  Aires,  repreducidas  por  Bour- 
guignat  en  un  opúsculo  sobre  la  cuestión  del  Plata,  desde  noviembre  de  1847 
hasta  mayo  de  18  49  habían  entrado  a Buenos  Aires  «a  pesar  del  bloqueo» 
2,704  buques  y habían  salido  3,590. 

Pero  fué  recién  a mediados  de  1848  que  el  desastre  se  produjo  bajo  la 
presión  del  levantamiento  del  bloqueo  por  la  escuadra  francesa.  El  30  de 
septiembre  había  en  el  puerto  de  Montevideo  26  buques  mercantes  de 
ultramar  y 16  el  l.o  de  enero  siguiente.  Todos  los  barcos  franceses  pasaban 
ya  de  largo  con  rumbo  a Buenos  Aires. 

Fué  menester  que  la  Guerra  Grande  llegara  a su  término  para  que  vol- 
viera el  puerto  de*  Montevideo  a congregar  un  centenar  de  barcos  de  ultramar 
en  tren  de  descarga  de  mercaderías  extranjeras  y de  carga  de  frutos  del  país. 
Es  lo  que  ocurrió  el  28  de  diciembre  de  1851  en  que  aparecieron  fondeados 
103  barcos  mercantes  de  ultramar:  21  de  ellos  con  bandera  sarda,  14  con 
banderas-brasileña,  13  con  bandera  inglesa,  10  con  bandera  española,  9 con 
bandera  francesa,  7 con  bandera  uruguaya,  7 con  bandera  dinamarquesa, 
5 con  bandera  norteamericana  y 17  de  otros  pabellones. 

Accidentes  marítimos. 

Hemos  hablado  del  movimiento  comercial  del  puerto  de  Montevideo  du- 
rante la  Guerra  Grande  y'  debemos  hablar  ahora  de  los  accidentes  ocurridos 
en  ese  largo  lapso  de  tiempo  que  fué  naturalmente  de  olvido  absoluto  del 
plan  de  obras  de  abrigo  y de  profundización  de  fondos  elaborado  en  los  ante- 
riores períodos  de  paz. 

A mediados  de  mayo  de  1844  hubo  un  formidable  pampero  que  hizo 
grandes  estragos  en  el  puerto  de  Montevideo  y en  el  del  Buceo.  Las  aguas 
inundaron  parte  de  la  zona  Norte  de  la  ciudad.  Ante  la  magnitud  de  los 
perjuicios  sufridos  se  habló  en  el  seno  del  Gobierno  de  la  necesidad  da 
organizar  una  flotilla  de  salvatajes. 

Las  últimas  grandes  pamperadas  databan  de  enero  de  1842,  en  que  las 
aguas  alcanzaron  a cubrir  los  terraplenes  de  acceso  al  muelle  y /estuvieron 
las  embarcaciones  bajo  la  acción  del' huracán  por  espacio  de  dos  y medio 
días;  de  septiembre  de  1826,  en  que  más  de  cien  barcos  sufrieron  averías, 
con  hundimiento  completo  de  muchos  de  ellos;  de  octubre  de  1824,  en  que 
hubo  una  gran  helada  seguida  de  violentísimos  huracanes;  y de  junio  de  1791, 
en  que  fueron  arrojados  a la  playa  más  de  sesenta  barcos,  grandes  y chicos, 
entre  ellos  la  fragata  española  «Loreto»,  hundida  en  la  punta  de  la  fortaleza 
de  San  José. 

Después  de  la  pamperada  de  1844  hubo  un  largo  paréntesis  de  tranqui- 
lidad portuaria,  hasta  julio  de  1851  en  que  bajo  la  acción  de  un  violentísimo 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


207 


huracán  fueron  arrojados  a la  costa  numerosos  barcos  e inundados ' por  las 
aguas  los  extremos  de  varias^  calles  de  la  ciudad.  Este  largo  paréntesis  fué 
llenado  en  parte  por  temblores  de  tierra,  los  primeros  que  presenciaba  la 
población  de  Montevideo. 

En  la  noche  del  9 de  agosto  de  1848  se  oyó  un  ruido  semejante  «a  la 
detonación  de  una  pieza  de  artillería  menor»,  acompañado  - de  fuertes  vibra- 
ciones en  que  «las  armas  se  chocaban  en  los  armeros  y’  las  personas  que  esta- 
ban de  pie  tenían  que  apoyarse».  Su  duración  fué,  según  algunos,  de  6 a 8 
segundos  y según  otros  de  10  a 12  segundos.  El  piloto  de  un  barco  fondeado 
cerca  del  muelle  oyó  algo  así  «como  un  trueno  lejano»,  pareciéndole  a la 
vez  «que  la  cadena  golpeaba  reciamente  contra  la  quilla  del  buque,  produ- 
ciendo un  movimiento  tembloroso»,  lo  que  era  imposible  que  sucediera  «en 
razón  de  que  el  buque  estaba  fuertemente  metido  en  el  limo».  Personas 
conocedoras  de  estos  accidentes  afirmaban  que  nunca  habían  oído  un  ruido 
mayor.  Cinco  días  después  se  experimentó  un  segundo  temblor  más  débil  y' 
de  menor  duración.  Cuatro  días  más  adelante  hubo  un  tercer  temblor  de 
8 segundos  «semejante  a un  trueno  lento  y lejano»,  seguido  a la  media  hora 
de  un  cuarto  temblor  mucho  menos  perceptible. 

Tales  son  los  datos  de  «El  Comercio  del  Plata».  La  prensa  del  campoi 
sitiador  agregaba  otro  temblor  ocurrido  según  ella  a mediados  de  septiembre, 
lo  cual  daría  cinco  vibraciones  en  el  espacio  de  38  días,  con  duraciones 
variables  de  4 a 16  segundos.  ¡ 

Veintitantos  días  después  aparecieron  en  la  costa  inmediata  al  arroyo 
Solís,  en  una  extensión  de  cuatro  a cinco  leguas,  varias  piedras  que  fueron 
analizadas  en  Montevideo  por  el  químico  Lenoble  y en  el  Cerrito  por  el 
doctor  Robert,  coincidiendo  ambos  observadores  en  que  se  trataba  de  pro- 
ductos volcánicos  lanzados  de  un  cráter  submarino.  Según  otra  versión  de 
que  también  se  hizo  eco  la  prensa  apenas  se  trataría  de  algún  carbón  mineral 
calcinado  arrojado  desde  a bordo.  Pero  los  químicos  Lenoble  y'  Méndez,  luego 
de  practicar  el  análisis  de  las  muestras  de  carbón  calcinado,  mantuvieron  las 
conclusiones  del  informe  anterior  sosteniendo  que  las  piedras  encontradas 
en  la  costa  del  Solís  eran  realmente  de  procedencia  volcánica. 

La  divulgación  de  estos  análisis  dió  lugar  a que  un  vecino  de  Maldonado 
dijera  que  diez  años  atrás,  encontrándose  cerca  del  arroyo  Solís  en  las  faldas 
del  cerro  Betete,  había  presenciado  una  explosión  volcánica  que  durante  va- 
rios minutos  iluminó  toda  la  Sierra. 

En  febrero  de  1851  volvió  a sentirse  un  temblor  muy  semejante  al 
de  1848.  «Un  ruido  subterráneo,  especie  de  trueno  prolongado  por  espacio 
de  medio  minuto»,  decía  una  de  las  revistas  de  la  época. 

Tratados  de  comercio  con  Italia  y España. 

El  Gobierno  d«*la  Defensa  ratificó  en  1844  el  tratado  ajustado  cuatro 
años  antes  entre  e^  Rey  de  Cerdeña  y1  el  representante  del  Uruguay  doctor, 
Ellauri. 

Establecía  la  reciprocidad  en  materia  de  comercio  y'  de  navegación;  el 
tratamiento  de  la  Nación  más  favorecida;  la  advertencia  de  que  las  ventajas 
especiales  que  cualquiera  de  las  partes  acordase  a una  tercera  potencia, 
se  acordarían  a la  otra  gratuitamente,  si  habían  sido  concedidas  en  esa  forma 
y con  iguales  o equivalentes  concesiones  en  caso  contrario;  y la  libertad 
absoluta  a favor  de  cada  parte  para  reglamentar  su  comercio  de  cabotaje. 

A fines  del  año  siguiente  llegó  al  puerto  de  Montevideo  una  flotilla  de 
guerra  española  conduciendo  a don  Carlos  Creus  en  calidad  de  Cónsul  general. 
Los  españoles  no  habían  tenido  representante  en  los  treinta  años  transcurridos 
desde  la  caída  de  las  autoridades  coloniales,  y tal  circunstancia  explica  la 
extraordinaria  demostración  de  que  fueron  objeto  el  Cónsul  y"  la  escuadra. 


208 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


«Mientras  unos  abrazaban  y besaban  los  cañones,  otros  se  arrodillaban  delante 
de  la  bandera  y todos  derramaban  lágrimas  de  alegría»,  decía  el  Cónsul  en 
su  oficio  4 la  Cancillería  de  Madrid,  al  describir  la  entusiasta  recepción  de 
que  había  sido  objeto. 

El  señor  Creus  gestionó  y obtuvo  en  el  acto  que  sus  connacionales  fueran 
eximidos  del  servicio  militar  que  prestaban  a la  par  de  los  uruguayos  de 
acuerdo  con  la  tesis  de  la  época  que  equiparaba  a los  nacionales  a los  extran- 
jeros sin  Cónsul 

Y al  año  siguiente  firmó  un  tratado  mediante  el  cual  el  Gobierno  español 
reconocía  la  independencia  uruguaya  y el  Gobierno  de  la  Defensa  se  obligaba 
a pagar  la  deuda  contraída  por  las  autoridades  españolas  de  Montevideo  hasta 
julio  de  1814  en  que  desalojaron  la  plaza. 

Cuando  ese  tratado  pasó  a estudio  del  Consejo  de  Estado,  dos  de  sus 
miembros,  don  Andrés  Lamas  y don  Joaquín  Sagra,  aconsejaron  la  aceptación 
en  un  notable  informe,  que  empezaba  recordando  que  el  Uruguay  había  abierto 
desde  doce  años  atrás  sus  puertos  a la  bandera  española  y enviado  negocia- 
dores a España  para  ajustar  un  tratado  que  llegó  a firmarse,  pero  que  no 
pudo  ser  ratificado  en  tiempo  hábil.  Y entrando  luego  en  otro  orden  de  consi- 
deraciones decía  que  estos  tratados  con  el  extranjero  pueden  y deben  juzgarse 
y'  prestigiarse  como  auxiliares  de  nuestra  organización  naóional,  en  cuanto  sustraen 
una  parte  de  la  población  a la  arbitrariedad,  hacen  palpar  los  beneficios  de 
la  protección,  disminuyen  los  elementos  de  que  se  alimenta  la  guerra  civil; 
como  elementos  de  prosperidad,  en  cuanto  fomentan  la  incorporación  de  brazos 
y de  capitales  extranjeros,  mediante  la  seguridad  de  las  personas  y de  las 
propiedades;  y como  garantía  de  independencia,  en  cuanto  propenden  a la  conso- 
lidación del  orden  y'  a la  estabilidad  de  los  gobiernos. 

Los  agasajos  a la  bandera  española  se  repitieron  tres  años  después  en 
honor  de  la  bandera  italiana,  hasta  entonces  reemplazada  por  la  sarda. 
A mediados  de  1848  entró  al  puerto  de  Montevideo  el  primer  buque  con 
bandera  italiana.  En  el  acto  el  Consulado  arrió  su  pabellón  y desplegó  el 
de  la  nacionalidad  que  acababa  de  quedar  reconstituida,  festejándose  el 
acontecimiento  con  iluminaciones,  tedéum,  función  de  teatro  y fuegos  arti- 
ficiales. 

Sobre  jurisdicción  de  los  ríos. 

Con  la  apertura  del  río  Paraná  se  creyó  en  gran  parte  resuelta  la  con- 
tienda contra  Rosas.  E'ra  el  medio  de  promover  el  fuerte^  desenvolvimiento 
económico  de  una  parte  de  la  Argentina  y del  Paraguay  y de  crear  poderosos 
factores  de  pacificación. 

«El  secreto  de  mantener  la  paz  en  los  pueblos  consiste  en  crearles  inte- 
reses materiales,  decía  en  tal  oportunidad  «El  Comercio  del  Plata»:  esta 
verdad,  demostrada  por  el  estudio  de  los  hechos  que  dieron  nacimiento  a lo 
que  se  llama  la  ciencia  económico -política,  se  aplica  lo  ifHsmo  a las  relacio- 
nes de  unos  Estados  con  otros  independientes  que  a los  diversos  miembros 
de  un  mismo  Estado.  Los  pueblos  ricos  y prósperos  abominan  de  la  guerra 
civil  que  destruye  su  propiedad;  los  que  nada  tienen  qüe  perder  son  los  únicos 
que  ganan  en  la  revuelta:  el  objeto,  pues,  de  los  que  gobiernan  debe  ser^ 
propender  por  todos  los  medios  a crear  en  las  diversas  provincias  del  Estado 
los  mismos  intereses,  los  mismos  estímulos,  salvas  siempre  las  diferencias 
que  la  Naturaleza  ofrece.» 

Precisamente  por  eso'  era  que  Rosas  obstaculizaba  en  toda  forma  la  nave- 
gación de  los  ríos,  atribuyéndose  el  dominio  sobre  el  Paraná  y'  una  super- 
intendencia en  el  Uruguay  que  reducía  a la  nada  el  principio  que  él  no  desco- 
nocía de  la  absoluta  comunidad  de  sus  aguas. 

A fines  de  1846  abordó  «La  Gaceta  Mercantil»  de  Buenos  Aires  el 
estudio  de  la  navegación  de  ese  último  río,  de  acuerdo  naturalmente  con  el 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


209 


criterio  de  Rosas.  Aceptaba  como  línea  de  límites  entre  la  Confederación 
Argentina  y la  República  Oriental  la  mitad  del  álveo  del  río;  reconocía  que 
cada  una  de  las  dos  naciones  era  dueña  del  río  y de  las  islas  existentes  hasta 
la  línea  media  o hasta  el  canal  navegable  a partir  de  su  respectiva  .orilla; 
pero  agregaba  que  el  Gobierno  .oriental  no  tenía  el  derecho  de  abrir  su  parte 
de  río  a la  bandera  extranjera  sin  el  acuerdo  previo  del  Gobierno  argentino. 
De  ahí  que  Rosas  hubiera  rechazado  como  atentatorio  el  decreto  de  octubre 
de  1841  del  Gobierno  oriental  que  autorizaba  a las  embarcaciones  extranjeras 
a navegar  entre  Montevideo  y'  Paysandú  y Salto,  y la  concesión  otorgada  a la 
empresa  de  Buigland  por  ley  de  1844. 

Era,  sin  duda,  un  absurdo  reconocer  el  dominio  oriental  hasta  la  mitad 
del  río  y negar  al  dueño  de  esa  mitad  el  derecho  de  autorizar  la  navegación 
dentro  de  la  zona  de  su  dominio  y aún  dentro  de  la  zona  común  del  canal  ¡o 
línea  divisoria.  Pero  ese  absurdo  enorme  en  sí  mismo,  resultaba  insignificante 
con  relación  a la  tesis  que  Rosas  había  aplicado  ya  a la  navegación  del  río 
Paraná,  privativa  en  su  concepto  de  la  Argentina,  y'  más  insignificante  toda- 
vía con  relación  a otra  tesis  sobre  el  Río  de  la  Plata ‘que  pertendió  sostener1 
algunos  meses  después  en  una  oportunidad  interesante  que  conviene  recordar. 

Contestando  una  interpelación  parlametaria  había  dicho  lord  Palmerston 
desde  la  tribuna  del  Parlamento  inglés  en  diciembre  de  1847: 

«Lo  que  propiamente  se  llama  Río  de  la  Plata  es  un  estuario  del  mar  y 
por  lo  tanto  no  puede  haber  cuestión  a su  respecto  sobre  apertura  al  comercio 
de  todas  las  naciones.  . . En  cambio  los  ríos  interiores  que  desaguan  en  el 
Río  de  la  Plata,  como  el  Uruguay  y el  Paraná,  están  sujetos  a la  ley  general 
de  las  naciones  que  asigna  el  dominio  al  país  por  cuyo  territorio  corren.  . . 
Por  consiguiente,  si  estos  ríos  corren  por  el  Estado  de  Montevideo  o de  Bue- 
nos Aires,  están  sujetos  al  uno  u otro  de  ellos,  y si  están  entre  los  dos  Estados 
o los  dividen,  entonces  cada  Estado  tiene  derecho  y dominio  sobre  una  por- 
ción particular  de  dichos  ríos.» 

Véase  ahora  cómo  contestaba  «La  Gaceta  Mercantil»  las  palabras  del  jefe 
del  gabinete  inglés: 

«La  boca  del  Río  de  la  Plata  no  es  un  estuario  y ella  corresponde  exclu- 
sivamente a la  Provincia  d,e  Buenos  Aires  y por  consiguiente  a la  Confedera- 
ción Argentina,  según  la  ley  de  las  naciones,  teniendo  nuestro  Gobierno  per- 
fecto derecho  de  negar  el  tránsito  para  subir  o bajar  por  dicha  boca  del  Río  de  la 
Plata  los  ríos  interiores  que  desaguan  en  él.  . . En  cuanto  al  Uruguay,  que  es 
un  río  divisorio  entre  el  Estado  Oriental  y la  Confederación,  no  sólo  tiene 
cada  una  de  esas  repúblicas  por  la  ley  de  las  naciones  el  perfecto  derecho  y 
dominio  de  su  respectiva  particular  porción  hasta  el  álveo  o mitad  del  río,  sino 
también  el  perfecto  derecho  en  común  para  ambos  Estados  de  excluir  a los 
pabellones  extranjeros.» 

En  resumen:  el  Gobierno  inglés  abandonaba  a Rosas  el  dominio  exclu- 
sivo del  Paraná  con  mengua  de  los  derechos  paraguay'os,  después  de  haber 
recurrido  a la  fuerza  para  abrir  ese  río  a la  navegación  extranjera.  Pero 
reivindicaba  a favor  del  mundo  entero  la  navegación  del  Río  de  la  Plata  a 
título  de  estuario  del  mar  o de  mar  libre.  Y Rosas  entonces,  olvidando  la 
tesis  que  ya  había  aplicado  al  Uruguay,  negaba  a los  orientales  el  condominio 
del  Plata  y declaraba  que  todo  el  río  estaba  bajo  la.  jurisdicción  de  uno  solo 
de  los  dos  Estados  bañados  por  sus  aguas! 

La  navegación  a vapor. 

En  febrero  de  1844  la  Asamblea  sancionó  el  proyecto  de  ley1  de  que 
hemos  hablado  en  otro  capítulo,  que  concedía  a la  empresa  Buigland  «el  pri- 
vilegio exclusivo  de  navegar  en  buques  movidos  por  el  vapor  u otro  poder, 
mecánico,  entre  los  puertos  y sobre  los  ríos  de  la  República  Oriental,  durante 
el  término  de  doce  años»,  de  acuerdo  con  las  siguientes  bases: 

Los  buques  navegarían  con  bandera  inglesa  y no  serían  secuestrados 


210 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


ni  embargados  en  ningún  caso,  fueren  cuales  fueren  las  relaciones  entre  el 
Uruguay  y'  la  Gran  Bretaña;  a bordo  de  cada  barco  irían  dos  jóvenes  orien- 
tales para  realizar  ejercicios  de  ingeniería  y de  practicaje;  la  empresa  empe- 
zaría operaciones  con  dos  barcos  de  300  toneladas  arriba  y una  fuerza  motriz 
•de  cien  caballos. 

Esta  ley  sancionada  un  año  después  del  establecimiento  del  sitio  no 
alcanzó  naturalmente  a tener  ejecución,  por  efecto  del  estado  convulsivo  en 
que  vivía  el  país,  y'  su  forzoso  abandono  coincidió  con  el  desenlace  de  las 
experiencias  europeas  que  habrían  de  asegurar  la  navegación  a vapor  trans- 
atlántica. 

Fué  ¿recién  a principios  de  18  45,  efectivamente,  que  se  adoptó  la  hélice, 
a raíz  de  un  viaje  de  prueba  del  «Great  Britain»  de  Bristol  a Londres.  Hasta 
entonces  sólo  se  había  aplicado  el  vapor  en  barcos  a ruedas  que  no  podían- 
lanzarse  a través  del  Océano  sin  inmensos  riesgos. 

Pocos  meses  después  y'a  la  prensa  europea  daba  la  noticia  de  que  la  em- 
presa Hodgoon  había  iniciado  la  construcción  de  una  flota  de  siete  vapores 
que  harían  el  viaje  entré  Inglaterra,  Río  de  Janeiro  y el  Plata.  Al  reproducir 
tan  importante  información  advertía  la  prensa  de  Montevideo  que  dentro  del 
régimen  de  la  navegación  a vela  eran  necesarios  seis  meses  para  el  cumpli- 
miento de  cualquier  orden  comercial  enviada  del  Río  de  la  Plata  a Europa, 
mientras  que  con  la  navegación  a vapor  la  nueva  orden  podría  quedar  eje- 
cutada antes  de  los  tres  meses. 

Pero  las  dificultades  para  organizar  una  empresa  de  esa  índole  debieron 
ser  muy'  considerables.  El  hecho  es  que  el  servicio  recién  quedó  establecido 
en  los  primeros  días  del  año  1851,  mediante  dos  líneas  de  vapores:  una  de 
Southampton  a Río  de  Janeiro,  inaugurada  por  el  vapor  «Teriot»  de  1,800 
toneladas  y 500  caballos  de  fuerza  motriz,  que  realizó  la  travesía  en  29  días; 
y otra  de  Río  de  Janeiro  al  Plata,  inaugurada  por  el  vapor  «Esck»,  más  pe- 
queño, que  recorrió  el  trayecto  hasta  Montevideo  en  6 días. 

En  su  segundo  viaje  a Montevideo,  realizado  el  20  de  marzo  del  mismo 
año,  el  «Esck»  trajo  diarios  de  Londres  hasta  el  10  de  febrero,  de  París  hasta 
el  9 y de  Madrid  hasta  el  8,  con  verdadero  asombro  de  la  plaza  que  no  ee 
cansaba  de  admirar  esa  considerable  rapidez  de  las  comunicaciones. 

Los  viajes  eran  mensuales  y el  pasaje  de  Montevideo  a Southampton  cos- 
taba de  55  a 85  libras  esterlinas,  según  que  se  tratara  de  camarote  para  una 
sola  persona  o para  varias,  y de  48  a 65  los  de  segunda  clase  en  las  mismas' 
condiciones. 

Los  puertos  de  Oribe.  i 

Hemos  dicho  ya  que  desde  los  comienzos  del  sitio  fué  habilitado  por  Oribe 
el  puerto  del  Buceo  para  las  operaciones  comerciales  y movimiento  de  pasa- 
jeros del  campo  sitiador  y,  asimismo,  que  a raíz  de  la  intervención  franco- 
inglesa  de  1845  fueron  habilitados  para  el  comercio  de  exportación  e impor- 
tación los  puertos  orientales  sobre  el  río  Yaguarón,  trasladándose  con  tal 
motivo  la  Colecturía  del  Buceo  a la  villa  de  Meló. 

Sólo  existen  datos  aislados  acerca  del  movimiento  comercial  de  esos 
puertos. 

Uno  de  los  más  importantes  acusa  la  exportación  por  el  Buceo  de  323,000 
cueros  vacunos  durante  los  meses  comprendidos  desde  noviembre  de  1843 
hasta  julio  de  1845.  Otro  establece  que  desde  fines  de  agosto  hasta  noviembre 
de  1848  fondearon  en  el  Buceo  36  buques  mercantes  de  ultramar  y"  76  de. 
cabotaje. 

Pero  lo  que  resulta  claro  de  todas  las  informaciones  comerciales  de  la 
época  es  que,  con  excepción  de  algunos  períodos  cortos  en  que  el  bloqueo  fué 
mantenido  con  rigor,  el  puerto  del  Buceo  prosiguió  abierto  a la  navegación 
mercante  de  ultramar  y de  cabotaje.  <■ 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


211 


En  cambio  el  movimiento  comercial  por  la  .frontera  fué  desde  el  co- 
mienzo materia  de  graves  incidentes  internacionales,  según  lo  hemos  demos- 
trado en  capítulos  anteriores,  y de  escasa  utilidad  para  el  ejército  sitiador. 

En  las  demás  esferas  de  la  actividad  industrial. 

Fuera  del  desarrollo  extraordinario  del  comercio  exterior  a que  dió  mé- 
rito el  bloqueo  de  los  puertos  de  Rosas,  tenían  que  ser  de  estancamiento  y* 
de  ruina  los  efectos  de  la  guerra  eri  todas  las  demás  esferas  de  la  actividad 
económica. 

En  la  campaña  la  obra  era  de  saqueo  de  las  estancias  y en  la  Capital 
de  plena  y absoluta  paralización. 

En  1847  surgieron,  sin  embargo,  dentro  de  la  plaza  sitiada  dos  empresas 
con  obras  reveladoras,  decía  «El  Comercio  del  Plata»,  de  aquel  admirable  espí- 
ritu de  iniciativa  que  pocos  años  antes  había  duplicado  la  extensión  de  Monte- 
video y que  habría  fomentado  la  edificación  de  una  nueva  ciudad  en  las  costas 
del  Pantanoso  y del  Miguelete  si  la  invasión  de  Oribe  no  lo  hubiera  impedido. 

Eran  ellas  la  barraca  de  Antonini  al  lado  del  muelle  principal,  notable 
por  la  solidez  y amplitud  de  sus  instalaciones  consistentes  en  cinco  almacenes 
bajos  y cinco  almacenes  altos,  que  ocupaban  media  manzana;  y el  muelle  de 
Gouland  en  la  prolongación  de  la  calle  Colón,  con  fondos  de  17  pies  entre 
agua  y barro  suelto,  donde  podían  atracar  los  más  grandes  buques  que  llega- 
ban entonces  al  Río  de  la  Plata. 

Mientras  que  del  lado  de  tierra,  decía  «El  Conservador»  comentando  esos 
progresos,  todo  es  ruina  y devastación,  del  lado  del  puerto  todo  es  vida,  edifi- 
cación y movimiento. 

En  18  45  fué  aplicado  por  primera  vez  en  Montevideo  el  nuevo  procedi- 
miento para  dorar  y'  platear  metales  llamado  «galvanoplastia  eléctrotípica», 
que  recién  empezaba  a difundirse  en  Europa.  Describiendo  el  primer  ensayo 
decía  «El  Constitucional»: 

«Hemos  visto  una  moneda  de  cobre  plateada  perfectamente  por  este 
método  y'  podemos  asegurar  que  no  se  empleó  más  de  dos  minutos.  La  pieza 
de  cobre  fué  cubierta  de  una  capa  espesa  de  plata,  no  como  si  fuera  aplicada 
mecánicamente,  pero  combinada  al  metal.» 

Al  año  siguiente  se  instaló  un  taller  de  retratos  sistema  Daguerrotipo, 
con  colorido,  que  tuvo  notable  movimiento. 

¡Y  nada  más  permitían  las  angustias  de  la  situación! 

Acuñación  de  moneda. 

Desde  los  comienzos  del  sitio  procuró  el  Gobierno  de  la  Defensa  — de 
acuerdo  con  el  voto  de  la  Asamblea  que  le  autorizaba  a procurarse  fondos 
por  toda  clase  de  arbitrios  «menos  la  emisión  de  papel  moneda»  — mantener 
en  toda  su  integridad  el  régimen  metálico,  que  hasta  ese  momento  había* 
destacado  al  Uruguay  entre  todos  los  demás  países  importantes  de  la  Amé- 
rica del  Sur,  víctimas  del  papelismo  y de  la  inestabilidad  de  los  precios. 

Por  un  decreto  de  marzo  de  1843  declaró  nulas  todas  las  convenciones 
pactadas  en  papel  moneda  de  Buenos  Aires  que  Oribe  había  empezado  a 
introducir,  y en  seguida  se  preocupó  de  reforzar  la  exhausta  circulación  con 
ayuda  de  monedas  metálicas  de  cuño  nacional. 

El  Ministro  de  la  Guerra  coronel  Pacheco  y Obes  promovió  una  suscrip- 
ción pública  de  plata  labrada,  que  concentró  en  la  Casa  de  Gobierno  muchas 
alhajas  y artículos  valiosos  bajo  la  presión  del  celo  partidario  en  algunos 
casos  y del  temor  a las  medidas  de  violencia  en  otros. 

De  la  importancia  de  la  colecta  instruye  un  oficio  del  Ministro  de  la 
Guerra  al  Ministro  de  Hacienda,  adjuntándole  a mediados  de  1843,  con  destino 
a la  Casa  de  Moneda,  19  arrobas  de  plata  y'  una  lista  en  la  que  figuraba  do>n 


212 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Juan  Francisco  Giró,  prohombre  del  partido  blanco,  con  «una  palangana  de 
plata». 

La  Junta  de  Patronato  de  San  Francisco,  en  nota  de  su  presidente  don 
José  Luis  García  de  Zúñiga  al  coronel  Pacheco,  dejó  constancia  de  la  falta 
de  espontaneidad  de  su  donativo.  «La  Junta,  decía,  en  cumplimiento  de  lo 
ordenado  por  Y.  E.  en  su  respetable  comunicación  del  l.o  del  corriente 
(diciembre)  ha  acordado  se  pongan  a disposición  de  V.  E.  las  únicas  alhajas 
que  están  bajo  su  administración  y de  que  puede  disponer,  a saber:  una  cruz 
grande  de  plata,  una  ídem  chica,  cuatro  arandelas  de  plata  para  hachas  de 
cera  y dos  platillos  chicos  de  plata,  todo  con  peso  de  siete  libras  doce  onzas». 

Una  vez  obtenida  la  materia  prima  se  dirigió  el  Gobierno  a la  Asamblea 
solicitando  autorización  para  acuñar  $ 80,000  en  piezas  de  cobre,  de  cinco, 
veinte  y cuarenta  centésimos  de  real  y piezas  de  plata  sin  limitación  de  canti- 
dad, con  título  de  10  y 14  dineros,  en  pesos  fuertes,  del  peso  y valor  del  duro 
español  y medios  fuertes,  llevando  en  el  anverso  la  inscripción  «República 
Oriental  del  Uruguay»  y el  año  de  la  acuñación  y en  el  reverso  el  C'erro  y* 
la  inscripción  «Asedio  de  Montevideo»,  modificada  luego  por  la  de  «Sitio  de 
Montevideo». 

La  autorización  fué  concedida  y en  el  acto  se  procedió  a la  instalación 
del  taller  en  un  departamento  de  la  Jefatura  de  Policía  mediante  el  trabajo 
de  los  presos  allí  alojados  y de  otros  operarios  reclutados  en  la  forma  que 
indica  este  aviso: 

«Necesitándose  peones  en  la  Casa  de  Moneda  Nacional,  después  de 
obtenida  la  autorización  superior  se  ofrece  infaltablemente  al  que  desee  tra- 
bajar en  ella  ración  entera  todos  los  días  y un  patacón  de  gratificación  los 
domingos.» 

La  inauguración  del  taller  o Casa  de  Moneda  tuvo  lugar  en  febrero  de 
1844,  acuñándose  en  esa  oportunidad  cuatro  monedas  de  plata  que  fueron 
entregadas  al  Presidente  y a sus  ministros,  bajo  una  salva  de  21  cañonazos. 

Apenas  anunciada  la  apertura  de  la  Casa  de  Moneda  se  apresuró  Oribe 
a tomar  represalias  contra  el  decreto  del  Gobierno  de  la  Defensa  proscribiendo 
el  papel  moneda  de  Buenos  Aires.  Por  resolución  de  febrero  de  1844  pro- 
hibió la  circulación  de  monedas  acuñadas  «por  los  rebeldes  salvajes  unitarios», 
en  razón  — decía  el  decreto  — de  que  dichas  monedas  «no  representan  otra 
cosa  que  el  fruto  de  las  expoliaciones  y rapiñas  notorias  de  aquellos  malvados». 

Tuvo  muy  escasa  actividad  el  taller  inaugurado  con  tanta  pompa.  Según 
un  aviso  publicado  en  abril  del  mismo  año  por  el  Ministerio  de  la  Guerra, 
en  razón  «de  haber  fallado  algunos  de  los  procedimientos»  y de  haberse  dado 
subsiguientemente  la  plata  en  garantía  de  contratos  para  el  suministro  de  víve- 
res al  ejército.  Agregaba  el  aviso  que  el  Ministerio  tenía  el  propósito  de 
levantar  el  empeño  y reanudar  la  acuñación.  La  Casa  de  Moneda  no  volvió  a 
funcionar  más,  sin  embargo,  por  falta  de  materia  prima,  y el  ensayo  quedó 
abandonado. 

El  valor  de  la  moneda. 

Las  monedas  que  circulaban,  principalmente  en  Montevideo,  durante  la 
Guerra  Grande  eran  la  onza  de  oro  con  un  valor  de  16  patacones  o pesos, 
fuertes;  el  peso  fuerte  o patacón  de  plata  con  valor  de  960  reis;  y el  peso 
corriente  de  plata  con  valor  de  800  reis.  Las  cuentas  comerciales  se  llevaban 
a pesos  corrientes. 

La  ley  de  1831,  de  extinción  de  la  moneda  de  cobre  brasileña,  al  fijar 
el  valor  de  algunas  de  las  piezas  circulantes  no  se  ocupó  absolutamente  ni  de 
la  libra  esterlina,  ni  del  dólar  americano,  ni  de  la  moneda  de  cinco  francos, 
y a consecuencia  de  ello  el  comercio  recibía  estas  dos  últimas  por  800  reís 
contra  960  que  asignaba  al  patacón  brasileño  y al  peso  de  las  repúblicas  ameri- 
canas de  habla  española. 


IiA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


213 


La  prensa  indicó  en  diversas  oportunidades  la  necesidad  de  fijar  el  valor 
de  las  monedas  de  Inglaterra,  Francia  y Estados  Unidos,  como  medio  de  acre- 
centar el  stock  metálico  del  Uruguay.  Pero  el  asunto  quedó  sin  resolverse  a 
la  espera  de  mejores  tiempos. 

Mientras  el  Gobierno  de  la  Defensa  trataba  de  conjurar  la  crisis  finan- 
ciera mediante  la  acuñación  de  monedas  de  plata  y de  cobre,  la  Argentina 
era  empapelada  por  Rosas. 

Buenos  Aires  conocía  el  billete  bancario  desde  1822  en  que  tuvo  lugar 
la  fundación  del  Banco  de  Descuentos.  Cada  onza  de  oro  equivalía  entonces 
a $ 17  en  billetes. 

En  1826  el  Banco  de  Descuentos  fué  transformado  en  Banco  Nacional  y 
sus  billetes  fueron  declarados  inconvertibles  por  dos  años,  y luego  por  tiempo 
indefinido,  iniciándose  desde  ese  momento  la  depreciación  del  papel. 

Cuando  Rosas  asumió  por  segunda  vez  la  dictadura  en  1835  el  peso 
fuerte  de  plata  equivalía  a $ 7 en  billetes  y al  mismo  tipo  continuó  cotizán- 
dose durante  dos  años.  En  183  7 atribuía  Rosas,  en  un  Mensaje  a la  Sala  de 
Representantes,  esa  estabilidad  en  el  valor  de  la  moneda,  «a  la  conciencia  que 
habían  formado  el  público  y el  Gobierno  de  que  sería  un  crimen  de  lesa  patria 
acrecentar  la  emisión  de  moneda  corriente». 

Fresca  todavía  la  tinta  con  que  se  había  escrito  ese  Mensaje,  obtuvo  el 
mismo  Rosas  de  la  Sala  de  Representantes  autorización  para  lanzar  cuatro 
millones,  y luego  otras  cantidades,  hasta  que  finalmente  se  hizo  votar  una  ley 
en  1846  que  le  facultaba  para  emitir  dos  y medio  millones  de  pesos  cada  año. 

Por  efecto  de  ello  la  onza  de  oro  que  valía  $ 122  papel  en  1836  fué 
subiendo  progresivamente  hasta  alcanzar  el  precio  de  $ 570  en  1840,  y aun- 
que en  seguida  se  inició  una  baja  el  tipo  corriente  de  las  cotizaciones  se 
mantuvo  oscilando  de  400  a 440,  desde  1845  hasta  1848. 

No  era  ciertamente  como  para  estimular  este  ejemplo  y resultaba  expli- 
cable entonces  que  el  Gobierno  de  la  Defensa  realizara  tantos  sacrificios  para 
salvar  al  Uruguay,  como  lo  salvó,  de  la  plaga  del  billete  inconvertible. 


¥ ¥ 


CAPITULO  XII 


MOVIMIENTO  ADMINISTRATIVO 
Los  primeros  recursos  para  la  organización  de  la  defensa. 

Cuando  el  ejército  de  Oribe  cruzó  el  Uruguay"  y se  puso  en  marcha  con 
rumbo  a Montevideo  el  Gobierno  de  Suárez  se  dirigió  a la  Asamblea  en  de- 
manda de  recursos  extraordinarios  para  hacer  frente  a los  gastos  de  organi- 
zación de  la  defensa,  dictándose  con  tal  motivo  algunas  de  las  leyes  que  ya 
hemos  tenido  oportunidad  de  mencionar.  Se  creó  un  derecho  adicional  de 
exportación  del  8 % sobre  todos  los  frutos,  excepto  los  cueros  que  debían  pagar 
un  real,  y fué  autorizado  el  Poder  Ejecutivo  para  procurarse  la  suma  de 
$ 500,000  y asimismo  para  disponer  durante  dos  meses  del  producto  de  varias 
rentas  que  estaban  enajenadas  a particulares,  tales  como  el  papel  sellado,  las 
patentes  y la  alcabala,  y de  otras  municipales  y"  de  caridad. 

De  acuerdo  con  una  de  esas  leyes  el  Gobierno  decretó  la  venta  del  im- 
puesto de  patentes,  alcabala  y papel  sellado  a recaudarse  en  1844  por 
$ 130,000,  y repartió  esa  suma  en  cuotas  de  250  entre  un  grupo  de  capitalistas 
bajo  la  amenaza,  en  caso  de  resistencia,  de  aplicarse  las  penas  de  prisión, 
deportación,  servicio  militar  en  el  ejército  de  línea  o expropiación  de  bienes 
muebles.  El  decreto  acordaba  a los  contribuyentes  la  administración  del 
impuesto  y les  permitía  abonar  sus  respectivas  cuotas  mitad  al  contado  en 
monedas  de  oro,  plata  o en  chafalonías,  y la  otra  mitad  a los  quince  días. 

Dentro  de  esos  procedimientos  violentos  estimulados  por  las  circunstan- 
cias angustiosas  del  día  debían  naturalmente  quedar  suspendidas  todas  las 
obligaciones  del  Tesoro  y"  así  resolvió  declararlo  el  Gobierno  desde  principios 
de  febrero,  mediante  un  decreto  en  el  que  invocando  la  carencia  de  fondos 
para  cubrir  las  letras  de  Tesorería  giradas  establecía  que  en  adelante  sólo  se 
abonaría  el  interés  pactado. 

Formalizado  ya  el  sitio  hubo  que  echar  mano  de  nuevos  y más  abun- 
dantes recursos. 

Empezó  el  Gobierno  por  contratar  un  préstamo  de  $ 150,000  con  ga- 
rantía de  las  rentas  de  Aduana,  sobre  la  base  de  letras  que  serían  aceptadas 
en  pago  de  derechos  y por  gestionar  la  sanción  de  una  ley  que  mandaba  ver- 
ter en  la  Tesorería  General  los  depósitos  judiciales  que  hasta  ese'  momento 
eran  administrados  por  particulares. 

En  seguida  pidió  y obtuvo  otra  ley  que  le  facultaba  para  negociar  un 
anticipo  de  $ 500,000  sobre  las  rentas  de  Aduana,  y asimismo  para  vender 
la  mitad  de  las  de  1844  y 1845,  dejando  burlados  en  uno  y otro  caso  a todos 
los  prestamistas  anteriores  que  habían  dado  sus  capitales  sobre  la  base  de 
hipotecas  que  los  facultaban  para  entregar  sus  documentos  de  crédito  en  pago 
de  derechos  de  importación  y exportación. 

El  anticipo  de  $ 500,000  fué  consumido  en  el  acto  y hubo  que  autorizar 
otro  por  igual  cantidad,  bajo  forma  de  obligaciones  que  devengaban  el  .interés 
mensual  del  1 T/¿  %,  garantizadas  por  la.  mitad  de  la  renta  que  se  había 
reservado  el  Tesoro. 

La  ley  de  enajenación  de  la  renta  aduanera  fué  dictada  a raíz  de  la 
organización  de  una  sociedad  que  debía  llegar  a constituir  el  eje  del  movi- 
mientQ  financiero  de  la  Defensa  de  Montevideo.  Estaba  integrada  en  esos 
momentos  por  140  socios  o accionistas  con  un  capital  suscrito  de  $ 500,000, 
el  mismo  capital  ofrecido  en  préstamo  al  Tesoro  público  juntamente  con  la 
mitad  del  producto  líquido  de  las  rentas  de  1844. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


215 


Otra  ley  muy'  importante  pidió  y obtuvo  el  Gobierno:  la  que  le  facultaba 
«para  empeñar,  hipotecar  y vender  todas  y cualesquiera  propiedades’  públicas 
existentes  en  todo  el  territorio  de  la  República,  sin  restricción,  ni  limitación 
de  ninguna  especie». 

Con  el  propósito  de  descubrir  todo  el  alcance  de  la  autorización  gestio- 
nada pidió  el  Ministro  de  Hacienda  al  Senado  que  quedara  constancia  en  el 
acta,  «de  que  el  Gobierno  podría  verse  en  la  necesidad  de  hacer  uso  de  la 
Casa  de  la  Representación  y de  la  plaza  Pública  contigua  a ella,  no  obstante 
que  respetase  en  mucho  esa  especie  de  veneración  que  naturalmente  se  les 
tenía». 

Todo  lo  que  fuera  de  la  Nación  podía,  pues,  venderse  sin  otra  retranca 
en  las  escrituras  que  la  inclusión  de  un  pacto  de  retroventa  con  plazo  sufi- 
cientemente largo  como  para  poder  verificar  el  rescate  en  el  caso  de  mejorar 
las  circunstancias  del  Erario  público. 

No  había  exagerado  el  Ministro.  Poco  después  eran  enajenados  el  Ca- 
bildo y casi  todos  los  inmuebles  públicos  y hasta  algunos  particulares  como 
el  teatro  Solís  de  que  también  echó  mano  el  Gobierno  para  hacerse  de  recursos. 
Gracias  a la  previsora  cláusula  de  la  retroventa  pudo  operarse  el  rescate  de 
algunos  de  ellos  después  de  la  paz. 

Entre  los  arbitrios  financieros  del  primer  año  del  sitio  figura  también 
la  creación  de  un  impuesto  sobre  la  venta  del  pan  y la  inmediata  enajenación 
de  ese  impuesto  a una  empresa  particular  que  anticipaba  su  importe.  Después 
de  ejecutado  el  Gobierno  sometió  ese  decreto  a la  ratificación  legislativa  inclu- 
yéndolo entre  los  arbitrios  de  que  podía  echar  mano  de  acuerdo  con  la  auto- 
rización general  que  había  recibido  en  la  víspera  del  sitio  para  proveerse  de 
recursos.  La  Comisión  de  Hacienda  de  la  Cámara  de  Diputados  declaró  con  tal 
motivo  que  la  facultad  de  crear  impuestos  era  privativa  de  la  Asamblea  y que 
sólo  por  efecto  «de  una  injustificable  interpretación»  había  podido  el  Gobierno 
dictar  ese  decreto.  Pero  aconsejó  la  ratificación  invocando  que  los  actos  del 
Gobierno  requerían  «el  mayor  vigor  y'  prestigio  posibles»,  y la  Asamblea 
fué  de  su  parecer. 

Tales  fueron  los  principales  impuestos  y arbitrios  del  primer  año  de  la 
guerra.  Refiriéndose  a la  venta  de  propiedades  decía  el  Presidente  Suárez  al 
inauguradlas  sesiones  ordinarias  de  1844: 

Un  pueblo  que  se  dejara  dominar  por  Rosas  y su  mazorca  «a  trueque  de 
conservar  algunos  edificios  que  abrigarían  sólo  a sus  enemigos,  plazas  que 
sólo  servirían  para  contener  cadalsos  o el  alarde  odioso  de  falanges  opre- 
soras, templos  que  se  destinarían  sólo  para  teatro  de  un  orgullo. insensato . . . 
habría  olvidado  lo  pasado,  y renunciado  al  porvenir.  . . sería  un  pueblo  estú- 
pido y1  vil». 

i ' 

Deberes  de  los  empleados. 

Las  angustiás  del  Tesoro  no  eran  un  obstáculo  a las  medidas  moraliza- 
doras  de  la  Administrapión  pública.  Lo  demuestra  una  hermosa  ordenanza 
policial  de  mediados  de  1843. 

El  pago  de  los  presupuestos  estaba  suspendido  y con  toda  probabilidad 
había  empezado  a implantarse  entre  los  más  necesitados  la  costumbre  de  pedir 
o recibir  propinas.  El  hecho  es  que  la  Jefatura  resolvió  dar  una  orden  del 
día  prohibiendo  las  gratificaciones  bajo  pena  de  perdimiento  del  empleo. 

«Los  empleados  públicos,  decía  el  Jefe  Político  fundando  esa  prohibición, 
no  tienen  deberes  voluntarios  en  el  ejercicio  de  su  oficio:  todos  son  necesarios 
y en  su  desempeño  no  cabe  el  más  o el  menos.  El  empleado  público  no  puede 
hacer  o dejar  de  hacer,  según  le  parezca:  debe  siempre  llenar  su  obligación 
del  mismo  modo  y*  obrar  con  el  mismo  celo,  con  la  misma  imparcialidad, 
cuando  se  trata  de  amigos  que  de  enemigos,  de  pobres  que  de  ricos.» 


216 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Los  contratos  de  enajenación  de  la  renta  aduanera. 

Ya  hemos  dicho  que  desde  los  primeros  momentos  del  sitio  obtuvo  el 
Gobierno  de  la  Defensa,  por  concepto  de  la  mitad  de  los  derechos  a recaudarse 
en  el  transcurso,  del  año  1844,  la  cantidad  de  $ 500,000. 

A partir  de  esa  primera  ley  y'  bajo  la  presión  cada  día  más  acentuada 

de  las  estrecheces  del  Erario  público  fueron  alargándose  los  plazos  entre  la 

fecha  de  la  entrega  de  los  anticipos  por  la  Sociedad  compradora  fundada  enton- 
ces y la  fecha  de  la  recaudación  efectiva  de  la  renta. 

En  febrero  de  18  44  la  Asamblea  sancionó  el  contrato  de  enajenación 

de  las  rentas  de  1845.  La  Sociedad  compradora  se  obligaba  a entregar 

$ 300,000  pagaderos  en  cuotas  mensuales  y la  mitad  líquida  del  producto  de 
la  renta.  Vale  la  pena  de  destacar  dos  de  las  cláusulas  de  ese  contrato. 

Por  la  primera  se  declaraba  que  la  Sociedad  era  de  índole  «meramente 
mercantil»  y ajena  de  todo  punto  «a  la  política  del  país . . . para  que  ni  di- 
recta ni  indirectamente  puedan  ser  complicados  en  ella  los  neutrales,  que 
forman  una  parte  muy'  considerable  de  la  asociación». 

«Queda  entendido,  decía  la  segunda,  sin  que  sea  visto  defraudarse  en 
lo  más  mínimo  la  superintendencia  general  que  compete  al  Estado  por  las  leyes 
fundamentales  de  la  República  sobre  todas  sus  rentas,  que  la  administración 
de  la  Aduana  y Resguardo  de  Montevideo  hasta  la  terminación  del  presente 
contrato  corresponde  a los  accionistas,  cuya.  Comisión  Directiva  tiene  el 
derecho  de  elegir,  conservar  y remover  los  empleados  que  ha  nombrado  y 
nombre,  según  lo  estime  más  conveniente  a sus  intereses.  Así  como  el  Go- 
bierno para  la  fiscalización  que  compete  a los  suyos,  tiene  el  de  conservar  o 
establecer  oficinas  y empleados  en  dichos  ramos,  pero  con  atribuciones  que 
estén  en  consonancia  con  las  que  para  el  mejor  éxito  de  la  empresa  adopte 
la  Comisión.»  . 

Antes  de  finalizar  el  año  18  44  tuvo  el  Gobierno  de  la  Defensa  que  recu- 
rrir de  nuevo  a la  Sociedad  compradora  para  enajenarle  la  renta  del  año  1846. 
De  acuerdo  con  el  nuevo  contrato  que  la  Asamblea  sancionó  en  noviembre, 
la  Sociedad  se  obligaba  a entregar  $ 200,000,  pagaderos  en  cuotas  mensuales 
de  20,000  y la  mitad  líquida  de  la  renta  que  fuera  recaudada.  C’omo  por  efec- 
to de  los  nuevos  compromisos  contraídos  la  Sociedad  compradora'  se  vería 
obligada  a desatender  a sus  propios  acreedores,  prevenía  el  contrato  que  el 
Estado  abonaría  a esos  acreedores  una  indemnización  mensual  del  1 % % 
mientras  no  recibieran  su  capital. 

Había  ido  descendiendo  gradualmente,  como  se  ve,  el  precio  de  compra 
de  la  mitad  de  los  derechos  de  Aduana:  $ 500,000  por  la  renta  del  primer 
año,  300,000  por  la  del  segundo,  y 200,000  por  la  del  tercero.  Dando  la 
explicación  del  descenso  dijo  el  Ministro  de  Hacienda  ante  la  Cámara  de 
Diputados  al  discutirse  el  último  de  esos  contratos  que  la  Sociedad  compra- 
dora lejos  de  tener  ganancias  había  sufrido  pérdidas,  y que  por  otra  parte 
el  interés  del  dinero  se  había  encarecido  tanto  que  los  $ 200,000  obtenidos 
como  precio  de  la  renta  de  1846,  representaban  el  equivalente  de  los  500,000 
obtenidos  por  la  renta  de  1844. 

Estaba  reducido  el  movimiento  aduanero  al  consumo  de  la  población  de 
Montevideo  y'  como  la  gente  emigraba  bajo  la  presión  de  las  estrecheces  del 
sitio  y los  recursos  se  agotaban  por  falta  de  trabajo  la  renta  de  Aduana  dis- 
minuía en  proporciones  más  considerables  que  las  calculadas  al  tiempo  de  la 
contratación  de  los  anticipos. 

Prosiguió  el  descenso  hasta  el  año  18  45.  La  intervención  armada  de  la 
Inglaterra  y de  la  Francia  en  las  contiendas  contra  Rosas  concentró  desde 
ese  momento  en  Montevideo  todo  el  .movimiento  comercial  del  Plata.  Los 
puertos  argentinos  estaban  bloqueados  para  el  intercambio  directo  con  los 
mercados  de  ultramar;  pero  comerciaban  ampliamente  por  intermedio  del 
cabotaje  uruguayo  con  el  acuerdo  de  las  escuadras  bloqueadoras.  Se  había 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


217 


querido  con  ello  suministrar  al  Gobierno  de  la  Defensa  una  importante  fuente 
de  recursos  y esta  nueva  situación  tenía  que  repercutir  y'  efectivamente  reper- 
cutió en  los  contratos  con  la  Sociedad  compradora. 

Una  ley  de  noviembre  de  1845  autorizó  la  enajenación  de  la  cuarta  parte 
de  la  renta  de  18  48  por  $ 300,000,  dejando  libres  las  rentas  de  18  47,  a la. 
espera  de  mejores  precios.  La  ley  partía  del  supuesto  de  que  la  Aduana  pro- 
duciría dos  millones  de  pesos  y establecía  que  los  compradores  de  la  cuarta 
parte  percibirían  $ 500,000.  En  el  caso  de  que  los  ingresos  aduaneros  fueran 
inferiores  percibirían  el  mismo  precio  de  500,000  cubriéndose  el  déficit  con 
las  rentas  de  1849.  Y en  el  caso  de  que  excediesen  de  dos  millones  los 
compradores  percibirían  600,000  en  vez  de  500,000. 

Este  contrato  fué  realizado  con  el  concurso  de  los  ministros  anglo- 
franceses,  quienes  garantizaron  «la  intervención  diplomática  de  sus  respectivos 
gobiernos  para  la  perfecta  observancia  de  las  condiciones  pertinentes  al  Go- 
bierno oriental,  con  preferencia  a cualquier  otro  empeño  que  contrajere  con 
quien  fuere  y cualesquiera  que  pudieran  ser  los  acontecimientos». 

La  operación  se  realizó  con  capitalistas  distintos  de  los  que  habían  inter- 
venido en  los  negocios  anteriores  y eso  dió  lugar  a un  reclamo  de  la  Sociedad 
de  accionistas  que  se  juzgaba  con  derecho  a tener  la  preferencia  de  acuerdo 
con  su  contrato  vigente.  Entonces  el  Poder  Ejecutivo,  previo  un  arreglo  entre 
la  empresa  vieja  y la  nueva,  resolvió  enajenar  a la  primera  la  renta  de  los 
años  1847  y1  1848,  mediante  el  precio  de  un  millón  de  pesos  pagaderos  de 
inmediato  en  cuotas  mensuales,  y la  mitad  del  producto  líquido  de  las  respec- 
tivas recaudaciones.  El  precio  por  cada  año  era  el  mismo  que  se  había  obte- 
nido en  los  comienzos  del  sitio  y’  debía  empezar  a pagarse  desde  marzo  de  1846. 

Al  aconsejar  la  sanción  del  nuevo  contrato  la  Comisión  de  Hacienda  de 
la  Cámara  de  Diputados  reflejaba  en  esta  forma  las  angustias  del  momento: 

«Con  cuantiosas,  urgentes  e imprescindibles  obligaciones  a hacer;  sin 
medios  regulares  y fijos  para  satisfacerlas;  sin  país  de  dónde  sacarlas;  con 
una  población  extenuada  y aniquilada  en  sus  recursos  por  una  consecuencia 
necesaria  de  todos  los  sacrificios  que  ha  hecho  en  tres  años  de  asedio  para 
defenderse  y mantener  incólume  el  honor,  las  libertades  y la  independencia 
de  la  República,  ¿quién  puede  poner  en  duda  que  esas  anticipaciones,  esos 
sacrificios;  si  tal  puede  decirse  cuando  ellos  son  el  precio  de  la  existencia  de 
la  patria,  son  el  único  camino  que  nos  está  expedito  para  continuar  en  nuestra 
honrosa  carrera?» 

Y que  los  tintes  sombríos  de  ese  cuadro  no  estaban  recargados  se  encargó 
de  comprobarlo  un  convenio  realizado  en  mayo  del  mismo  año  1846  entre  el 
Gobierno  de  la  Defensa  y un  numeroso  grupo  de  acreedores  cuyos  créditos  te- 
nían garantía  hipotecaria  sobre  la  parte  de  renta  aduanera  que  correspondía 
al  Fisco.  De  acuerdo  con  ese  convenio  cedían  $ 30,000  mensuales  durante  el 
plazo  de  seis  meses,  con  destino  al  racionamiento  de  los  soldados  de  la  guar- 
nición y sus  familias,  bajo  la  obligación  que  contraía  el  Gobierno  de  abonar 
el  interés  del  dos  por  ciento  mensual  y de  cubrir  el  capital  con  ayuda  de  los 
propios  ingresos  aduaneros.  No  hacían  los  acreedores  desembolso  alguno. 
Se  limitaban  a dejar  de  recibir  de  inmediato  la  tercera  parte  de  las  rentas 
que  por  sus  contratos  tenían  derecho  a percibir. 

A principios  de  1847  hubo  ya  necesidad  de  arbitrar  otros  recursos,  y la 
Asamblea  de  Notables  autorizó  al  Gobierno  para  enajenar  la  renta  aduanera 
de  1850  por  el  precio  de  $ 500,000  pagaderos  de  inmediato  en  cuotas  men- 
suales de  20,000  a 40,000,  y la  mitad  líquida  del  producto  de  las  recaudaciones. 

La  perfecta  cordialidad  de  relaciones  entre  el  Gobierno  y*  la  empresa 
compradora  estuvo  a punto  de  alterarse  con  motivo  de  la  creación  de  un  dere- 
cho adicional  de  exportación.  La  Sociedad  compradora  entendía  que  sus 
contratos  aseguraban  el  mantenimiento  del  régimen  arancelario  vigente  desde 
1837.  Pero  resuelta  a transigir  se  dirigió  al  Gobierno  proponiéndole  las  can- 
tidades que  procuraba  levantar  mediante  ese  impuesto. 


218 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


En  abril  de  1848  vendió  el  Gobierno  la  renta  de  1851  mediante  el 
mismo  precio  obtenido  anteriormente  de  $ 500,000  y la  mitad  líquida  de 
los  ingresos,  y eso  no  obstante  que  la  intervención  europea,  debilitada  desde 
el  año  anterior  por  el  retiro  de  la  escuadra  inglesa,  tocaba  a su  fin  por  laj 
decisión  del  Gobierno  francés  de  levantar  el  bloqueo  contra  Rosas  con  notable 
quebranto  de  las  rentas  enajenadas  que  ya  no  alcanzarían  más  a cubrir  los 
precios  de  compra. 

La  Sociedad  compradora  de  la  renta  de  Aduana. 

La  administración  de  las  rentas  públicas  por  empresas  concesionarias 
estaba  incorporada  a la  legislación  uruguaya  desde  las  primeras  administra- 
ciones constitucionales,  por  juzgarse  que  era  el  medio  de  obtener  rendimientos 
más  estables  y altos.  Entre  las  leyes  de  esa  época  inicial  se  destaca  la  de 
junio  de  1834  que  facultaba  al  Poder  Ejecutivo  para  vender  o rematar  la 
mitad  de  los  derechos  aduaneros  por  uno  o dos  años,  dando  a los  compradores 
la  intervención  necesaria.  En  vez  de  rematar  toda  la  renta  se  remataba  la 
mitad  como  medio  de  que  el  Fisco  sacara  partido  del  crecimiento  de  los  ingresos. 

Y en  esa  misma  forma  siguió  desenvolviéndose  la  administración  finan- 
ciera durante  todo  el  transcurso  del  sitio  y se  fué  robusteciendo  la  Sociedad 
de  accionistas  hasta  conquistar  una  absoluta  autonomía  que  el  Gobierno  de 
la  Defensa,  de  acuerdo  con  el  contrato  de  enajenación  de  las  rentas  de  1847 
y 1848,  reconoció  y declaró  así  mediante  un  decreto  de  marzo  de  1846: 

«La  Sociedad  que  compró  y1  administra  la  renta  de  Aduana  de  la  Capital 
y departamentos  es  la  única  administradora  y recaudadora.  Ninguna  auto- 
ridad civil  ni  militar  de  la  República  se  ingerirá  directa  ni  indirectamente 
en  la  recaudación  y en  la  administración  de  la  expresada  renta.» 

Los  $ 500,000  del  capital  de  la  Sociedad  estaban  representados  por  400 
acciones  de  $ 1,250  cada  una  y"  fueron  cubiertos  en  esta  forma:  100  al  con- 
tado y el  resto  a plazos  en  vales  suscritos  por  los  accionistas  y entregados  a 
la  Tesorería  para  que  ésta  los  hiciera  descontar  y levantara  recursos.  Los  va- 
les fueron  pagados  a sus  respectivos  vencimientos  y el  capital  social  quedó 
totalmente  integrado  después  de  corridos  los  primeros  meses  de  operaciones. 

Véase  cuál  era  la  distribución  de  los  accionistas  por  nacionalidades  en 
el  año  1846:  < ; , 


Alemanes 
Argentinos. 
Brasileños  . 
Españoles  . 
Franceses  . 
Ingleses 
Italianos 
Norteamericanos 
Orientales  . 
Portugueses 


Accionistas 


'Acciones 


26 

.35 

6 

9 

10 

19 

28 

64 

53 

86 

29 

76 

19 

21 

1 

2 

44 

80 

6 

7 

Gradualmente  se  fueron  ensanchando  y complicando  las  operaciones  de 
la  empresa  en  tal  forma  y con  tal  amplitud  que  la  Aduana,  administrada  por 
particulares,  vino  a quedar  convertida  en  un  verdadero  establecimiento  ban- 
cario.  El  Gobierno  giraba  órdenes  de  pago  contra  la  empresa  hasta  concu- 
rrencia del  precio  de  compra  y del  producto  de  la  mitad  de  las  rentas  que  se 
habla  reservado;  y sobre  la  base  de  esas  órdenes  de  pago,  la  empresa  emitía 
obligaciones  por  un  valor  equivalente  que  eran  lanzadas  a la  plaza  y recibidas 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


219 


como  dinero,  vinculándose  entonces  todos  los  capitalistas  y comerciantes  di- 
recta o indirectamente  a la  suerte  de  la  empresa  administradora  de  la  Aduana. 

Ningún  otro  mecanismo  financiero  habría  podido,  dentro  del  angustioso 
medio  ambiente  de  la  ciudad  sitiada,  sunfinistrar  tan  abundantes  recursos 
como  ese  al  Gobierno  de  la  Defensa. 

Una  interesante  polémica  periodística  que  se  desarrolló  en  1846  dió 
base  a Florencio  Varela  para  fijar  exactamente  los  servicios  prestados  por  la 
empresa  al  Tesoro  público  durante  sus  tres  primeros  años  de  funcionamiento. 

El  Gobierno  había  recibido  por  la  mitad  de  la  renta  aduanera  de  1844 
la  cantidad  de  $ 500,000;  por  la  mitad  de  la  renta  de  1845,  300,000; 
por  la  mitad  de  la  renta  de  1846,  200,000.  En  conjunto  un  millón  de  pesos 
sin  recargo  de  intereses,  ventaja  enorme  si  se  considera  que  durante  el  sitio 
el  interés  subía  al  2 al  3 y hasta  al  3 y2  % mensual. 

Por  ese  millón  había  dado  el  Gobierno  la  mitad  de  la  renta  aduanera;  y 
el  producto  líquido  de  esa  mitad  computado  hasta  noviembre  de  1846  sólo 
alcanzaba  a $ 1.072,647,  o sea  un  excedente  de  setenta  y tantos  mil  pesos  sobre 
el  monto  del  préstamo.  A dicho  excedente  había  que  agregar  el  producto  de 
diciembre  no  conocido  todavía  al  tiempo  del  debate  periodístico  a que  nos 
referimos. 

Un  año  después  «El  Comercio  del  Plata»  volvió  a ocuparse  de  la  nego- 
ciación de  la  renta  aduanera  sobre  la  base  de  los  estados  formulados  por  la 
empresa  administradora,  y'  lo  hacía  en  esta  forma: 

Capital  social:  $ 500,000;  producto  líquido  de  la  mitad  de  la  renta  recau- 
dada durante  los  cuatro  años  corridos  de  1844  a 1847  inclusive:  2.517,500; 
otros  ingresos:  5,384.  Total:  $ 3.022,884. 

La  empresa  había  entregado  al  Estado  por  concepto  de  precio  de  compra 
de  1844  a 1848  y anticipos  a cuenta  de  los  años  1849  y 1850  la  cantidad  de* 
? 2.458,750. 

Y había  distribuido  a sus  accionistas,  bajo  forma  de  dividendos,  $ 560,000. 
La  pequeña  diferencia  hasta  igualar  los  ingresos  con  los  egresos  correspondía 
a existencia  en  caja  y deudas  del  Gobierno. 

En  resumen,  decía  el  expresado  diario:  es  recién  a los  cuatro  años  de 
formalizado  el  contrato  que  la  empresa  compradora  ha  podido  recuperar  su 
capital  de  $ 500,000  y recibir  60,000  por  concepto  de  intereses. 

Pero  como  se  encargó  de  hacerlo  notar  otro  diario  a esa  partida  de 
intereses  había  que  agregar  el  producto  de  la  parte  de  rentas  de  1849  y 
1850  anticipado  con  ayuda  de  los  mismos  proventos  aduaneros  por  la  Socie- 
dad compradora. 

A principios  de  1850  se  publicó  un  balance  más  completo  que  abarcaba 
los  seis  años  corridos  hasta  ese  momento.  La  Empresa  había  pagado  al  Go- 
bierno por  concepto  de  precio  de  los  derechos  de  Aduana  $ 2.877,365;  había 
pagado  por  concepto  de  gastos  de  administración  221,511,  y percibido  por 
concepto  de  su  mitad  de  renta  3.227,430,  todo  ello  según  el  detalle  que  sub- 
sigue (prescindiendo  de  fracciones) : 


AÑOS 

Pagado 
al  Gobierno 

Pagado  por  gastos 
de  administración 

Producto  bruto  de  la  mitad 
de  las  rentas  pertenecientes 
a la  Empresa 

1844 

¥ 500,000 

¥ 

13,981 

¥ 

208,608 

1845 

. • • 

” 300,000 

f » 

18,341 

»> 

236,477 

1846 

• • • 

’’  200,000 

i f 

40,362 

M 

797,124 

1847 

. * • 

” 1.010,000 

1 1 

70,276 

tt 

1.418,252 

1848 

Comprendido  en  la  venta  de  1847 

f f 

48,659 

tt 

377,216 

1849 

• • • 

$ 500,000 

»» 

29,890 

tt 

189,753 

1850 

• • • 

” 242,715 

— 

— 

1851 

• • • 

” 124,650 

— 

— 

220 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Hechas  otras  deducciones  pequeñas  resultaba  un  saldo  de  $ 626,000 
a favor  de  los  accionistas  por  concepto  de  capital  e intereses,  pero  que  no 
era  ciertamente  definitivo  desde  que  en  el  balance  se  cargaban  los  anticipos 
correspondientes  a las  rentas  de  1850  y 1851  pendientes  todavía  de  recau- 
dación. ! ; i i i . * 

El  bloqueo  como  fuente  de  recursos  para  el  Gobierno  de  la  Defensa. 

Vale  la  pena  de  destacar  el  cuadro  del  movimiento  rentístico  correspon- 
diente a la  época  del  bloqueo  de  los  puertos  argentinos. 

La  renta  aduanera  dió  al  finalizar  el  año  de  1845  un  gran  salto.  De 
treinta  y tantos  mil  pesos  mensuales  que  era  su  rendimiento  medio  subió  en 
noviembre  a $ 55,548  y'  en  diciembre  a $ 110,068. 

Pero  fué  en  los  dos  años  subsiguientes  que  adquirió  todo  su  desarrollo, 
por  efecto  de  las  gruesas  cantidades  de  mercaderías  de  ultramar  que  Monte- 
video remesaba  a los  puertos  argentinos,  previo  pago  de  derechos  de  impor- 
tación cuando  habían  sido  despachadas  o simplemente  de  tránsito  cuando 
eran  trasbordadas  o reexportadas. 

Hubo  varios  meses  durante  el  año  1846  en  que  la  recaudación  aduanera 
dió  más  de  doscientos  mil  pesos.  Y en  1847  varios  en  que  excedió  de  tres- 
cientos mil! 

Véase  el  monto  total  de  los  ingresos  de  la  Aduana  de  Montevideo  en 
esos  dos  años  del  bloqueo  de  los  puertos  de  Rosas: 


. RUBROS 

1846 

1847 

Importación 

$ 1.283,537 

$ 1.980,358 

Exportación 

” 230,386 

” 102,604 

Tránsito 

” 144,068 

” 732,251  . 

Hospital 

” 26,248 

’’  43,411 

Almacenaje 

’’  15,048 

” 22,775 

Arqueo  y guardas  

” 49,974 

” 55,815 

Eslingaje 

” 15,079 

” 18,796 

»» 

” 1,760 

” 7,407 

If 

” 1,676 

" 189 

Guías 

" 969 

” 1,887 

En  números  redondos  un  millón  ochocientos  mil  pesos  en  1846  y tres 
millones  en  1847,  debiendo  atribuirse  el  fuerte  descenso  de  la  renta  de  expor- 
tación al  abandono  de  la  navegación  del  Paraná  después  de  las  grandes  remesas 
de  frutos  a raíz  del  combate  de  Obligado,  y el  notable  progreso  de  la  renta  de 
tránsito  a que  el  derecho  empezó  a recaudarse  en  el  último  cuatrimestre 
de  1846. 

Si  el  bloqueo  hubiera  continuado  el  Tesoro  de  la  Defensa  habría  estado 
siempre  repleto.  Pero  los  Gobiernos  interventores  se  dieron  cuenta  de  que 
la  escuadra  no  terminaría  absolutamente  la  guerra,  porque  su  acción  militar 
era  insuficiente  y porque  su  acción  económica  era  nula  desde  que  Rosas 
seguía  importando  y exportando  por  intermedio  del  puerto  de  Montevideo. 

El  Gobierno  inglés  fué  el  primero  en  levantarlo  a mediados  de  1847'.¡ 
Un  año  después  seguía  su  ejemplo  el  Gobierno  francés,  pero  más  vinculado  a 
la  contienda  del  Río  de  la  Plata  acordaba  a la  vez  al  Gobierno  de  la  Defensa 
un  subsidio  mensual  a modo  de  indemnización  . por  el  enorme  descenso  que 
debía  producirse  en  la  renta  aduanera. 

Desde  ese  momento  la  renta,  reducida  a los  consumos  de  la  plaza  de 
Montevideo,  volvió  al  modestísimo  nivel  de  que  la  había  arrancado  la  inter- 
vención franco  - inglesa.  • 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


221 


£1  impuesto  de  puertas  y ventanas. 

La  Aduana  continuó  siendo,  sin  embargo,  el  eje  del  movimiento  finan- 
ciero. Ninguno  de  los  demás  impuestos  del  Gobierno  de  la  Defensa  podía 
producir  lo  que  ella  daba,  aún  reducida  a las  exigencias  de  la  población 
sitiada. 

Vamos  a enumerar  algunos  de  los  más  importantes  de  esos  impuestos. 

A mediados  de  1844  pidió  el  Po.der  Ejecutivo  a la  Asamblea  la  creación 
de  un  impuesto  sobre  los  bienes  de  los  propietarios  que  no  residían  en  Monte- 
video. La  Comisión  de  Hacienda  de  la  Cámara  de  Diputados  encontró  que  el 
impuesto  a los  ausentes  tenía  que  ser  arbitrario,  mientras  no  se  conociera 
la  situación  de  cada  uno,  y en  reemplazo  de  ese  arbitrio  propuso  una  contri- 
bución general  sobre  todos  los  edificios.  Cada  casa  habitación,  cada  casa  de 
comercio,  cada  cuarto  destinado  a habitación  pagaría  una  cuota  mensual  con 
mínimum  de  un  peso  y máximum  de  ocho  pesos  por  cada  puerta  y cada  ven- 
tana que  contuviera,  a cargo  del  propietario,  pero  que  anticiparía  el  inquilino 
con  autorización  para  reembolsarse  de  su  importe  al  tiempo  de  pagar  los 
alquileres. 

Tal  es  el  origen  de  la  ley1  de  agosto  de  1844  según  la  cual  por  cada 
abertura  «a  la  calle»  pagarían  las  casas  de  familia  una  cuota  mensual  fija 
de  $ 2 tratándose  de  puertas  y de  400  reis  tratándose  de  ventanas  o balcones, 
y las  casas  de  comercio  de  4 a 8 pesos  en  el  primer  caso  y de  400  reis  en 
el  segundo. 

Se  buscaba  un  impuesto  de  rápida  recaudación,  pero  a expensas  • de  la 
higiene  de  los  habitantes,  interesados  desde  ese  momento  en  reducir  el  nú- 
mero de  las  aberturas  gravadas. 

Su  producto  llegó  en  los  años  1845  y 1846  a $ 184,000,  según  uno  de 
los  diarios  de  la  época. 

Era  una  cantidad  inferior,  sin  duda,  a la  que  se  había  calculado.  El  hecho 
es  que  en  1847  el  Gobierno  se  dirigió  a la  Asamblea  de  Notables  solicitando 
la  suspensión  de  ese  impuesto  que  el  Mensaje  llamaba  de  «luces»,  y el  esta- 
blecimiento en  su  lugar  de  una  contribución  equivalente  a un  mes  de  alquiler 
tratándose  de  propietarios  radicados  en  la  plaza  y'  de  dos  meses  tratándose 
de  propietarios  ausentes. 

Por  otro  proyecto  complementario  mandábase  devolver  a sus  dueños 
todas  las  fincas  embargadas  o secuestradas  por  cualquier  causa,  sin  excluir 
las  políticas;  y se  autorizaba  al  Poder  Ejecutivo  para  gravar  esas  propiedades 
con  una  contribución  mensual  extraordinaria  durante  todo  el  transcurso  de 
la  guerra.  Como  las  fincas  a que  se  refería  el  proyecto  estaban  ocupadas  por 
empleados  y familias  amparadas  advertía  el  Poder  Ejecutivo  que  desde  ese 
momento  cesaría  la  obligación  de  dar  alojamiento  y que  los  empleados  civiles 
y militares  recibirían  certificados  o vales  hasta  el  monto  de  sus  haberes  utili- 
zables  para  el  pago  de  alquileres.  Una  vez  levantado  el  sitio  volvería  a recau- 
darse «el  impuesto  de  luces»  y la  mitad  de  su  producto  se  aplicaría  a la  amor- 
tización de  los  vales  o certificados  de  sueldos  que  se  hubieran  emitido. 

No  habiendo  encontrado  ambiente  favorable  la  transformación  proyectada, 
continuó  en  vigencia  el  impuesto  de  puertas  y ventanas  y el  Poder  Ejecutivo 
resolvió  echar  mano  de  otros  resortes  financieros  para  procurarse  los  fondos 
que  necesitaba. 

Impuestos  departamentales. 

A un  plan  más  amplio  respondía  otro  impuesto  que  el  Poder  Ejecutivo 
recabó  en  esa  misma  oportunidad  de  la  Asamblea. 

Deseaba  el  Gobierno  de  la  Defensa  una  ley'  general  que  .dotara  a todos 
los  departamentos  de  la  República  de  rentas  propias  que  aplicarían  las  Jun- 
tas Económico  - Administrativas  al  fomento  material  y moral  de  sus  respec- 


222 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


tivas  localidades.  Por  el  momento  sólo  regiría  en  Montevideo,  pero  se  iría 
extendiendo  a la  campaña  a medida  que  lo  permitiera  la  suerte  de  la  guerra. 
El  impuesto  departamental  consistiría  en  un  derecho  sobre  diversos  artículos 
de  consumo  como  el  vino,  las  bebidas  alcohólicas,  la  cerveza,  el  aceite,  el 
azúcar,  el  tabaco,  el  café,  la  yerba  mate,  las  conservas,  el  queso,  la  manteca, 
el  carbón,  la  sal  y los  naipes;  y se  abonaría  en  la  Aduana,  al  tiempo  del 
despacho,  sin  perjuicio  de  percibirse  la  primera  vez  sobre  la  base  de  las 
existencias  de  las  casas  de  comercio. 

«Es  tiempo  ya,  decía  el  Gobierno  en  su  Mensaje,  de  que  nuestros  depar- 
tamentos rompan  su  marcha  hacia  los  grandes  destinos  a que  los  llama  su 
localidad,  la  fertilidad  de  su  suelo,  la  actividad  y el  genio  de  sus  hijos;  es 
necesario  que  dejen  de  ser  aldeas  y que  se  decrete  que  dentro  de  pocos  años 
puedan  ser  ciudades  que  constituyan  con  su  íntima  unión  espontánea,  recípro- 
camente ventajosa,  una  grande  Nación  que  hace  circular  toda  su  riqueza  inte- 
lectual y física  por  toda  su  superficie,  de  su  centro  a sus  extremidades  y que 
no  engrandece  uno  de  sus  extremos  con  la  substancia  necesaria  a la  vida  de 
los  otros  puntos  del  territorio . . . Tal  vez  los  mismos  que  reconozcan  la  uti- 
lidad de  ese  acercamiento  crean  cuestionable  su  oportunidad.  El  Gobierno 
cree,  y cree  con  la  historia  de  todos  los  pueblos,  que  del  seno  de  los  grandes 
sacudimientos  es  de  donde  nacen  las  instituciones  reparadoras,  las  creaciones 
del  porvenir.» 

Tal  era  el  hermoso  y patriótico  programa  de  progresos  departamentales 
que  el  Gobierno  de  la  Defensa  enarbolaba  en  medio  de  los  rigores  y estreche- 
ces del  sitio,  que  en  vez  de  empequeñecer  ampliaba  los  horizontes  del  esta- 
dista con  ideas  que  todavía  hoy'  reflejan  algunos  de  los  más  grandes  postulados 
nacionales.  ¡ 

De  ese  programa  resultó  la  ley  de  diciembre  de  1844,  aplicable  desde 
el  primer  momento  a Montevideo,  que  creó  un  impuesto  del  3 % sobre  los 
comestibles,  del  5 % sobre  el  tabaco  y la  yerba,  del  10  % sobre  el  vino  y las 
bebidas  alcohólicas,  del  15  % sobre  los  naipes,  y'  otros  porcentajes  intermedios 
sobre  las  demás  mercaderías  de  consumo  gravadas. 

Papel  sellado,  patentes  y alcabala. 

Este  impuesto  sirvió  de  base  al  Gobierno  de  la  Defensa  para  diversas 
operaciones  de  anticipo  de  fondos.  A mediados  de  1845  fueron  enajenadas 
las  rentas  de  1847  y 1848  por  ochenta  mil  pesos  a una  sociedad  de  accionistas 
que  el  propio  Gobierno  organizó  mediante  un  decreto  en  que  fijaba  el  valor 
de  las  acciones  en  $ 1,200  y transfería  la  administración  del  impuesto  a los 
que  integraran  esas  acciones. 

La  Asamblea  otorga  un  voto  de  confianza  al  Gobierno  para  establecer  impuestos. 

Era  desesperante  la  situación  de  la  Hacienda  pública  a mediados  de  1847, 
no  obstante  el  extraordinario  rendimiento  de  los  derechos  de  Aduana. 

La  Asamblea  de  Notables  autorizó  un  préstamo  de  $ 150,000  men- 
suales con  destino  a la  defensa  de  la  plaza.  Pero  los  gastos  militares  excedían 
de  la  mensualidad  votada,  según  se  apresuró  a decirlo  el  Gobierno  a raíz  de 
la  sanción  de  la  ley,  y'  el  déficit  siguió  creciendo. 

Al  finalizar  el  año  circulaba  en  la  plaza  una  abultada  deuda  de  más  de 
dos  millones  de  pesos  constituida  por  créditos  situados  sobre  la  renta  adua- 
nera, según  carta  del  Ministro  de  Gobierno  doctor  Herrera  al  doctor  Lamas. 

Para  hacer  frente  a las  exigencias  de  la  situación,  cada  día  más  premio- 
sas, resolvió  el  Gobierno  pedir  a la  Asamblea  «una  autorización  plena  y am- 
plia», para  proveer  «por  todo  y cualquier  medio  a las  necesidades  públicas  de 
manutención,  defensa  y seguridaí  de  la  República,  sin  más  restricciones  que 
las  de  dar  cuenta  a la  Asamblea  de  Notables». 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


223 


Por  ley  de  marzo  de  1848  concedió  la  Asamblea  la  autorización  pedida 
y en  uso  de  ella  dictó  el  Gobierno  en  el  acto  diversas  contribuciones:  un  im- 
puesto sobre  la  propiedad  territorial  a cargo  de  los  propietarios,  pero  que 
debían  anticipar  los  inquilinos,  con  cuotas  variables  de  30  a 100  reis  según  la 
ubicación  por  cada  vara  cuadrada,  quedando  afectados  a su  pago  los  muebles 
de  la  finca:  un  derecho  sobre  el  ganado  en  pie  que  se  introdujera  para  el 
consumo  de  la  plaza  de  ocho  pesos  por  animal  vacuno,  cuatro  pesos  por 
animal  porcino  y cuatro  reales  por  animal  lanar;  un  derecho  municipal  del 
4 c/0  sobre  el  valor  de  todas  las  mercaderías  despachadas  para  consumo  o 
reembarque;  y un  impuesto  sobre  la  reventa  de  las  casas  de  comercio  de  $ 10 
por  cada  pipa  de  vino  común,"  de  $ 15  por  cada  pipa  de  vino  blanco  y 
aguardiente,  de  $ 1 por  cada  arroba  de  azúcar  refinada,  etc. 

Dió  lugar  el  impuesto  sobre  las  ventas  a vivas  protestas  del  comercio. 
Varias  casas  minoristas  resolvieron  cerrar  sus  puertas  como  medio  de  ejercer 
presión.  El  Gobierno  contestó  con  un  decreto  en  que  prevenía  que  el  cierre 
significaba  «una  sublevación  contra  las  determinaciones  gubernativas  con  todo 
el  carácter  de  una  verdadera  sedición  y con  el  dañado  y'  criminal  intento  de 
suscitar  conflictos»;  que  las  casas  de  comercio  que  permanecieran  cerradas, 
«no  podrían  abrirse  en  lo  sucesivo»;  y que  sus  dueños  quedarían  «inhibidos 
de  poder  tener  jamás  en  la  República  ninguna  clase  de  ^iro». 

Pero  a raíz  de  formulada  la  amenaza  resolvió  el  Gobierno  dejar  sin 
efecto  el  impuesto,  invocando  que  sólo  recaía  sobre  una  clase  comercial  deter- 
minada, y'  además  que  su  recaudación  era  dispendiosa.  Y en  su  lugar  creó 
un  impuesto  mensual  sobre  las  casas  de  comercio  equivalente  a la  cuarta 
parte  de  la  patente  de  giro  que  estaban  obligadas  a sacar,  sin  mayor  éxitoí 
puesto  que  antes  de  concluir  el  año  1848  y'a  había  que  derogar  también  el 
nuevo  decreto  en  virtud  de  los  perjuicios  que  ocasionaba  al  comercio. 

El  estanco  del  pan. 

En  los  comienzos  del  sitio  eran  libres  la  fabricación  y la  venta  del  pan. 
Pero  a raíz  de  fraudes  ocurridos  en  la  proveeduría  del  ejército  se  resolvió 
pasar  del  régimen  de  libertad  al  del  estanco  o monopolio  por  el  Estado. 

Uno  de  los  proveedores  violando  los  términos  de  su  contrato  había  sumi- 
nistrado pan  falto  de  peso  a los  inválidos  y piquetes  de  servicio.  Denunciado 
y probado  el  hecho  resolvió  el  Ministro  de  la  Guerra  arrestar  al  culpable, 
confiscarle  las  bolsas  de  harina  existentes  en  su  establecimiento,  y evitar  la 
repetición  del  fraude  mediante  esta  prevención  que  fué  comunicada  en  marzo 
de  1844  a la  Comisaría  de  Guerra  a fin  de  que  la  hiciera  saber  a todos  los 
panaderos  del  ejército: 

«Que  las  faltas  en  las  raciones  del  soldado  son  un  salteamiento  público 
y que  aquel  que  de  él  s»  hiciera  culpable,  además  de  pagar  el  céntuplo  de 
lo  que  hubiere  fabricado,  será  entregado  irremisiblemente  al  tribunal  militar 
para  que  se  le  aplique  el  rigor  justo  de  la  ordenanza.» 

Para  el  director  de  «El  Nacional»  «ese  rigor  justo»  no  podía  ser  otro 
que  la  pena  de  muerte,  según  lo  demuestra  este  párrafo  del  editorial  consa- 
grado al  e'studio  del  incidente: 

«La  pena  impuesta  al  señor  Ibaceto  no  ha  podido  ser  más  benigna  y espe- 
ramos que  no  tendrá  ejemplo.  Según  hemos  oído  decir  el  señor  Ministro  ha 
capturado  a otros  acusados  de  especular  también  con  el  alimento  de  la  tropa 
y no  dudamos  que  si  se  les  convence  de  ese  delito  serán  entregados  irremisi- 
blemente al  tribunal  militar,  quien  no  podrá  menos  que  sentenciarlos  conforme 
a ordenanza,  y nos  cabrá  la  satisfacción  de  anunciar  que  han  sido  fusilados: 
fusilados  deben  ser  cuantos  usurpan  en  estos  momentos  un  solo  peso  al  Erario, 
sea  cual  fuere  su  categoría  y los  vínculos  que  a ellos  nos  ligan.  Fusilados 
por  la  espalda,  como  viles  ladrones.» 

Bajo  la  presión  de  estos  fraudes  y sobre  todo  con  el  propósito  de  aumen- 


224 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


tar  los  recursos  del  Erario  resolvió  el  Gobierno  de  la  Defensa  a mediados 
del  mismo  año  1844  prohibir  la  elaboración  y la  venta  del  pan  por  particu- 
lares y nacionalizar  ambas  tareas,  creando  a ese  efecto  una  Comisión  encar- 
gada de  comprar  las  harinas,  recaudar  los  impuestos,  elaborar  el  pan.  y la 
galleta,  distribuir  las  raciones  y vender  ambos  productos  al  público. 

Ese  decreto  fué  sometido  luego  a la  ratificación  de  la  Asamblea  donde 
mereció  un  informe  muy  favorable  de  la  Comisión  de  Hacienda  de  la  Cámara 
de  Diputados. 

«El  estanco  del  pan,  decía  la  Comisión  de  Hacienda,  que  es  a lo  que  está 
reducido  el  decreto  del  Poder  Ejecutivo,  no  puede  ni  debe  considerarse  sino 
bajo  el  aspecto  de  una  dolorosa  necesidad.  . . Cuando  los  pueblos  en  la  carrera 
de  sus  sacrificios  han  llegado  a la  altura  honrosa  en  que  se  encuentra  el  que 
con  tanto  honor  representamos,  todos  los  principios  saludables  de  un  buen 
gobierno  en  tiempos  ordinarios  tienen  que  subordinarse  a exigencias  inexora- 
bles por  su  importancia  en  la  vida  de  las  naciones.  En  política  esto  es  ya  un 
axioma;  y la  Comisión,  que  en  las  circunstancias  actuales  no  ve  sino  Aquellas 
exigencias,  ni  en  los  medios  de  satisfacerlas  más  que  el  principio  de  aquel 
precepto  de  disciplina  política,  — si  es  permitido  darle  ese  nombre  — ha 
formado  desde  luego  su  opinión.  . . El  Poder  Ejecutivo  alimenta  hoy  a la  mi- 
tad de  la  población,  en  cuy'o  número  entra  muy  particularmente  la  clase  me- 
nesterosa, de  donde  resulta  que  la  carestía  del  pan  estancado  que  sería  en 
estos  momentos  su  principal  inconveniente,  no  va  a pesar  sobre  aquella  clase, 
ni  sobre  el  soldado,  sino  sobre  aquel  que  teniendo  cómo  comprarlo  o que  no 
teniendo  un  fusil  en  las  filas  del  ejército,  está  en  aptitud  de  poder  soportar 
un  recargo  en  su  consumo  que  tal  vez  no  le  sería  dado  a los  demás.»  1 

El  estanco  continuó  hasta  fines  de  agosto  de  1845  en  que  el  Gobierno 
resolvió  devolver  su  libertad  a la  industria,  manteniendo  sólo  la  obligación 
de  estampar  en  cada  producto  el  peso  del  pan  y las  iniciales  del  fabricante. 

Había  sido,  sin  embargo,  de  beneficiosos  resultados  para  el  Tesoro  pú- 
blico, según  se  encargó  de  probarlo  la  Comisión  Administradora  mediante 
la  presentación  de  un  estado  que  abarcaba  los  10  meses  corridos  desde  no- 
viembre de  1844  hasta  septiembre  de  1845. 

Durante  ese  lapso  de  tiempo  la  población  de  Montevideo,  no  incluidos  el 
ejército  y las  familias  racionadas  por  el  Estado,  había  consumido  3,382  ba- 
rricas de  harina  en  forma  de  pan,  y 1,743  en  forma  de  galleta,  o sea  en  con- 
junto 5,125  barricas.  El  producto  general  de  la  venta  había  sido  de  $ 122,127 
y deducidos  los  gastos  que  subían  a 70.356,  resultaba  a favor  del  Tesoro 
público  una  utilidad  líquida  de  más  de  $ 51,000. 

Al  restablecerse  la  libertad  de  fabricación  ftré  suprimido  a la  vez  un 
impuesto  de  seis  pesos  por  cada  barrica  de  harina  que  figuraba  entre  los 
primeros  recursos  del  sitio,  creándose  en  su  lugar  a título  de  «vendaje», 
el  derecho  de  un  real  por  cada  peso  de  pan  elaborado. 

Según  un  estado  de  recaudación  correspondiente  a la  segunda  quincena 
de  enero  de  18  46  funcionaban  a la  sazón  en  Montevideo  22  panaderías  y esas 
panaderías  habían  elaborado  38,500  libras  de  pan  y entregado  al  Erario  pú- 
blico por  concepto  de  vendaje  $ 437.  Era,  pues,  un  impuesto  escasamente 
remunerador.  Menos  de  $ 900  mensuales.  A fines  de  1847  fué  suprimido 
por  eso  mismo,  previo  restablecimiento  del  impuesto  de  seis  pesos  por  cada 
barrica  de  harina  importada. 

Y así  continuaron  las  cosas  hasta  mediados  de  1848  en  que  el  Gobierno 
restauró  el  estanco  de  la  elaboración  y venta  del  pan  y de  la  galleta,  medida 
inconsulta  que  fué  derogada  al  día  siguiente  de  su  publicación  elevándose  a 
la  vez  el  impuesto  sobre  las  barricas  de  harina  a $ 15. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


225 


Otros  tres  estancos. 

Al  estanco  del  pan  resolvió  el  Gobierno  agregar  el  de  algunos  productos 
de  importación,  votando  la  Asamblea,  como  consecuencia  de  esa  iniciativa, 
la  ley  de  julio  de  18  44  que  establecía  el  monopolio  del  carbón  de  piedra  y de 
la  sal  por  un  plazo  que  podría  oscilar  de  cinco  a diez  años  y autorizaba  al 
Poder  Ejecutivo  para  enajenar  ese  monopolio  a favor  de  casas  importadoras 
que  se  obligaran  a mantener  una  provisión  suficiente  y a aceptar  un  máximum 
de  precio  para  la  venta  en  plaza.  Pero  nadie  se  interesó  por  el  privilegio  y 
los  dos  nuevos  estancos  quedaron  en  estado  de  proyectos. 

De  un  cuarto  estanco  resolvió  echar  mano  el  Gobierno  dos  años  más 
tarde,  al  proyectar  un  empréstito  de  cinco  millones  de  pesos:  el  del  tabaco 
en  rama  y manufacturado,  para  ser  enajenado  en  la  misma  forma  que  el  del 
carbón  y la  sal,  iniciativa  que  tampoco  alcanzó  a realizarse. 

i i : l i 

Suscripciones  públicas. 

Frecuentemente  recurría  el  Ministerio  de  la  Guerra  al  procedimiento  de 
las  suscripciones  públicas,  más  o menos  espontáneas  o forzadas,  para  cubrir 
las  erogaciones  del  servicio.  Durante  largos  meses  los  fondos  así  obtenidos 
iban  directamente  a las  cajas  del  Ejército,  pero  en  noviembre  de  1844  resol- 
vió el  Gobierno  que  fueran  vertidos  en  la  Tesorería  General  con  intervención 
de  la  Contaduría. 

Las  cuentas  parciales  que  generalmente  se  daban  a la  prensa  arrojaban 
a veces  cantidades  de  cierta  consideración.  Así  en  septiembre  de  18  44  obtuvo 
el  Ministerio  de  la  Guerra  con  destino  a la  compra  de  un  cargamento  de  arroz 
para  el  ejército  $ 12,501  por  concepto  de  donaciones  y $ 2,880  por  concepto 
de  préstamos. 

Los  ciudadanos  que  no  estaban  en  las  trincheras  concurrían  con  una 
cuota  mensual  al  sostenimiento  de  la  Defensa.  Un  decreto  de  junio  de  1844 
reglamentó  esa  forma  de  suscripción  y le  dió  carácter  obligatorio  estable- 
ciendo en  cambio  que  las  sumas  mensuales  que  entragaran  los  no  comba- 
tientes serían  reembolsables  y que  sus  comprobantes  o recibos  se  admitirían  en 
pago  de  los  impuestos  de  guerra  que  votara  el  Cuerpo  Legislativo.  El  importe 
de  esas  suscripciones  no  excedería  de  quince  mil  pesos  mensuales,  según  el  mismo 
decreto. 

Una  suscripción  más  espontánea  resolvieron  promover  a mediados  de 
1844  don  Miguel  Barreiro,  don  Gabriel  Antonio  Pereyra  y otros  ciudadanos 
para  asegurar  la  alimentación  de  todas  las  personas  sujetas  a racionamiento 
público.  El  capital  que  se  gastara  con  tal  motivo  sería  reembolsado  por  el 
Estado  después  de  levantado  el  asedio  con  una  parte  de  la  renta  aduanera. 
El  proyecto  pasó  a la  Asamblea  donde  se  le  juzgó  «como  un  acto  muy  notable 
de  patriotismo».  Pero  no  alcanzó  a tener  ejecución. 

Lo  que  absorbía  el  racionamiento. 

Eran  muy  considerables  los  desembolsos  por  concepto  de  racionamiento. 
Basta  leer,  para  persuadirse  de  ello,  opalquiera  de  los  contratos  de  la  época. 
Por  ejemplo  los  otorgados  en  junio  dé  18  46.  ' 

Uno  de  ellos  celebrado  entre  la  Comisión  de  Víveres  y don  Esteban  Anto- 
nini,  obligaba  a ^ pagar  $ 4 5,000  mensuales  por  concepto  de  raciones  a las 
tropas  de  la  guarnición  y familias  amparadas.  Pero  como  dicha  suma  no 
alcanzaba  a cubrir  el  importe  de  todas  las  raciones  prevenía  el  contrato  que 
por  el  saldo  que  resultara  pendiente  abonaría  el  Erario  público  el  dos  por 
ciento  de  interés  mensual.  Conviene  advertir  que  los  gobiernos  de  Francia  e 
Inglaterra  sufragaban  la  tercera  parte  de  los  $ 45,000. 


226 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Por  el  otro,  celebrado  entré  el  Gobierno  directamente  y el  mismo  Anto- 
nini,  se  obligaba  el  proveedor,  mediante  $ 15,000  mensuales,  a suministrar  a 
las  fuerzas  destacadas  en  la  isla  de  Gorriti,  Martin  García,  Colonia  e isla  del 
Vizcaíno  y'  a las  familias  indigentes  refugiadas  en  Montevideo  una  cantidad 
dada  de  galleta,  vino,  fariña,  menestras,  jabón,  grasa,  tabaco  y leña.  Para 
el  pago,  que  no  podía  hacerse  de  contado,  se  establecían  plazos  escalonados 
bajo  la  garantía  de  los  legaciones  de  Francia  e Inglaterra. 

En  septiembre  de  18  47  el  Ministro  de  la  Guerra  coronel  Batlle  pasó  al 
Presidente  Suárez  el  presupuesto  del  Ministerio  a su  cargo  con  un  total  de 
ciento  sesenta  mil  pesos  mensuales,  así  distribuidos: 


Fuerzas  nacionales  de  Montevideo:  Pret  y raciones.  ...  $ 32,000 

Legión  Francesa ” 26,236 

Cazadores  vascos ” • 14,553 

Legión  Italiana . ” 13,123 

2,510  raciones  de  tropa  y 5,249  de  familias,  diarias.  . . ” 33,580 

Fuerzas  de  Maldonado,  Colonia  y Martín  García.  ...”  20,000 

Calzado,  vestuario  y municiones.  . ” 20,000 


Un  desembolso  anual  de  cerca  de  dos  millones  de  pesos,  cifra  enorme 
para  el  Tesoro  de  la  época  que  sólo  durante  los  dos  añós  del  bloqueo  de  los 
puertos  argentinos  alcanzó  a sacar  de  la  Aduana  recursos  de  importancia. 

Fatalmente  tenía  el  Gobierno  que  limitarse  a cubrir  las  erogaciones  mili- 
tares más  urgentes  y a relegar  todo  lo  demás  a la  bolsa  de  la  deuda. 

Extractamos  de  un  estado  de  los  egresos  de  la  Tesorería  nacional  durante 
el  mes  de  enero  de  18  48,  que  corresponde  al  período  del  bloqueo  de  los  puertos 
argentinos  y por  consiguiente  al  período  de  abundancia  para  el  Gobierno  de 
la  Defensa: 


Socorros  a las  tropas  del  país $ 12,800 

Pagado  a la  Legión  Italiana ” 9,300 

Idem  a los  Cazadores  vascos..  ” 9,600 

Idem  a la  Legión  Francesa ” 21,200 

Víveres  para  la  tropa  y familias ” 43,600 

Idem  ídem  ídem ” 16,600 

Vestuarios  .1 ” 14,000 


En  conjunto  $ 127,100  para  «gastos  militares»,  sobre  un  monto  total  de 
egresos  de  $ 170,000. 

A la  pesca  de  empréstitos. 

Varias  veces  intentó  el  Gobierno  de  la  Defensa  regularizar  su  situación 
mediante  un  gran  empréstito  interno. 

A mediados  de  18  46  propuso  a la  Asamblea  de  Notables  una  operación 
de  cinco  millones  de  pesos  sobre  la  base  de  la  mitad  de  la  renta  aduanera 
no  enajenada.  Según  el  proyecto,  «el  modo,  condición  y'  premios  del  emprés- 
tito, los  arreglaría  el  Poder  Ejecutivo,  dando  cuenta  oportunamente». 

Ese  voto  de  confianza  que  anulaba  realmente  la  acción  legislativa  en- 
contró viva  resistencia  en  el  seno  de  la  Asamblea,  y en  su  lugar  propuso 
la  Comisión  informante  que  el  Poder  Ejecutivo  proyectara  la  operación  y 
recabara  luego  la  sanción  parlamentaria. 

Dos  años  más  adelante,  en  octubre  de  1848,  el  Ministro  del  Uruguay" 
en  París  doctor  Ellauri  se  ponía  al  habla  con  don  José  Buschental,  representante 
de  varias  casas  bancarias  de  Londres  con  vinculaciones  de  negocios  en  Río 
de  Janeiro,  arribando  a un  proyecto  de  empréstito  de  siete  millones  de  pesos 
nominales  con  5 % de  interés  al  año  y una  comisión  de  corretaje  de  2 y2  %• 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


227 


Aparentemente  era  un  interés  muy  moderado.  Pero  la  casa  contratista 
se  reservaba  otra  fuente  de  ganancias  en  el  tipo  de  lanzamiento  de  los  títulos. 
Por  los  siete  millones  sólo  ofrecía  cuatro  y medio  en  oro.  Además  exigía  la 
garantía  del  Brasil  y'  para  atender  tal  exigencia  insinuaba  el  doctor  Ellauri 
a la  Cancillería  uruguaya  la  idea  de  hipotecar  al  Imperio  toda  la  zona  comprendida 
entre  el  Ibicuí  y el  Cuareim,  recurso  desgraciado  que  denuncia  hasta  qué  extremo 
las  angustias  de  la  guerra  contra  Rosas  oscurecían  el  criterio  de  los  hombres 
más  patriotas  y bien  intencionados  de  la  época. 

Lleno  de  confianza  en  el  éxito  de  su  operación  trazaba  a la  vez  el  doc- 
tor Ellauri  al  Ministro  de  Relaciones  doctor  Herrera  y Obes  un  plan  de 
reformas  tributarias  del  más  alto  valimiento.  En  su  concepto  habría  que  crear 
«sobre  toda  renta  o ganancia  de  cualquier  origen»  una  contribución  directa 
general  no  mayor  del  5 % de  las  ganancias  gravadas,  a cuyo  efecto  todos  los 
habitantes  declararían  «bajo  juramento  ante  el  Juez  de  Paz  respectivo,  al 
principio  de  cada  año,  sus  rentas  o sus  ganancias,  por  un  cálculo  arreglado  a 
lo  ganado  el  año  precedente». 

Era  el  «income  - tax»  o impuesto  general  sobre  el  rendimiento  vigente 
en  Inglaterra  lo  que  el  doctor  Ellauri  procuraba  implantar  en  su  país,  ade- 
lantándose a todos  los  estadistas  americanos  contemporáneos  que  sólo  a la 
Aduana  sabían  recurrir  cada  vez  que  las  exigencias  financieras  obligaban  a 
levantar  fuertemente  los  niveles  de  la  renta. 

Proponía  también  el  doctor  Ellauri  una  emisión  de  bonos  por  todo  el 
monto  de  la  deuda  interna  y'  que  esos  bonos  fueran  recibidos  a la  par  de  la 
moneda  en  pago  de  la  mitad  del  proyectado  impuesto,  como  medio  de  cancelar 
una  masa  de  créditos  que  devengaba  los  enormes  intereses  de  24  y 36  % 
al  año. 

Fracasó  ese  proyecto  por  la  resistencia  del  Brasil  a la  prestación  de  la 
garantía,  según  se  encargó  de  avisarlo  a principios  de  1849  el  doctor  Ellauri. 

Pero  don  José  Buschental  se  trasladó  en  el  acto  a Río  de  Janeiro  y allí 
planeó  otra  operación  más  modesta  por  dos  millones  de  pesos  con  el  Ministro 
doctor  Lamas,  también  sobre  la  base  de  la  garantía  del  Brasil.  ¿Qué  podía 
ofrecerse  al  Imperio  por  su  fianza?  Es  lo  que  va  a decirnos  la  correspondencia 
cambiada  entre  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  doctor  Herrera  y Obes 
y el  plenipotenciario  oriental  en  Río  de  Janeiro: 

«Ya  le  he  dicho  a usted  en  mis  anteriores,  — escribía  Lamas  a Herrera 
en  enero  de  1849,  — que  si  algo  hacemos  en  dinero  con  el  Brasil  será  sobre 
límites.  Yo  no  desecho  la  base,  porque  concibo  que  con  dinero  cambiará  nues- 
tra situación.» 

«Negocio  muy'  reservadamente  sobre  la  base  de  límites»,  agregaba  antes 
de  terminar  el  mismo  mes. 

Pero  la  idea  de  ceder  territorios  al  Brasil  levantaba  resistencias  en  la 
Cancillería  de  Montevideo. 

«Si  negocia  sobre  los  terrenos  en  cuestión  con  el  Brasil,  contestaba  He- 
rrera en  el  mismo  mes  de  enero,  no  deje  de  tener  presente  que  el  asunto 
es  impopular  y que  por  lo  mismo  ha  de  estar  sujeto  a críticas  severas.» 

«Una  cesión  definitiva  del  terreno  en  cuestión  sería  impopular»,  volvía 
a decir  el  doctor  Herrera  al  doctor  Lamas  en  febrero. 

Simultáneamente  hacía  trabajos  el  plenipotenciario  uruguayo  para  obte- 
ner la  garantía  del  Paraguay,  persuadido  sin  duda  de  que  para  el  Brasil  no 
había  llegado  todavía  la  oportunidad  de  entrar  en  la  contienda  contra  Rosas. 

En  enero  del  mismo  añ^  anunciaba  que  la  Legación  paraguaya  ofrecía 
su  garantía  a favor  de  una  operación  de  crédito  por  la  suma  de  treinta  a 
cuarenta  mil  pesos  mensuales  durante  todo  el  tiempo  del  sitio;  y'  que  ese  ofreci- 
miento daba  base  para  autorizar  la  contratación  de  un  empréstito  por  un 
millón  y medio  de  pesos. 

De  todas  estas  gestiones  realizadas  en  el  aire,  sin  base  financiera  alguna, 
vino  a resultar  en  abril  de  1849  un  nuevo  proyecto  de  empréstito  con  Bus- 


228 


ANALES  HISTORICOS  DEL  URUGUAY 


chental  y Hobkirk,  de  la  plaza  de  Río  de  Janeiro,  por  dos  millones  de  pesos 
con  garantía  de  las  rentas  de  Aduana,  previamente  liberadas  de  todos  los  em- 
peños que  las  gravaban. 

Era  imposible  atender  esta  última  condición  dada  la  enormidad  de  las 
deudas  que  gravitaban  sobre  la  Aduana,  y gracias  a ello  se  libró  el  Uruguay 
de  una  operación  arriesgadísima,  pues  según  el  contrato  firmado  por  el  doc- 
tor Lamas  la  venta  de  los  títulos  del  proyectado  empréstito  se  haría  «por 
cuenta  del  Gobierno»  y nada  podría  saberse,  en  consecuencia,  acerca  del 
verdadero  monto  de  la  operación  hasta  que  los  intermediarios  lanzaran  en  el 
Brasil  o én  otros  mercados  papeles  que  tenían  interés  en  malbaratar  para 
percibir  su  comisión  de  corredores. 

De  la  negociación  con  Buschental  siguió  hablándose  hasta  mediados  de 
1850  en  que  el  Ministro  Herrera  volvió  a urgir  al  doctor  Lamas  presentán- 
dole el  cuadro  afligente  de  las  finanzas  nacionales. 

«Tenga  usted  presente,  le  decía,  que  las  rentas  de  Aduana  están  vendidas 
hasta  el  año  51.  El  25  % y el  derecho  de  ganados  están  afectados  al  contrato 
de  víveres.  El  derecho  municipal  de  5 % sobre  la  importación  y el  impuesto 
de  luces  están  afectados  al  pago  de  70  a 80,000  pesos  de  vestuarios,  calzados 
y equipos  del  ejército.» 

Pocas  semanas  después  suscribía,  finalmente,  el  doctor  Lamas  un  con- 
trato mediante  el  cual  don  Evangelista  de  Souza  entregaba  doscientos  cua- 
renta mil  pesos  con  garantía  de  las  rentas  de  Aduana  para  costear  el  trans- 
porte de  una  división  de  tropas  europeas  que  en  esos  momentos  gestionaban 
el  doctor  Ellauri  y el  general  Pacheco;  y para  cubrir  gastos  de  la  guarnición 
de  Montevideo. 

El  subsidio  del  Gobierno  de  Francia. 

Hasta  entonces  el  Gobierno  de  la  Defensa  sólo  había  podido  realizar 
una  operación  extranjera  de  importancia:  la  de  junio  de  1848  a raíz  del 
levantamiento  del  bloqueo  de  los  puertos  argentinos  por  la  escuadra  fraD- 
cesa.  Con  la  cesación  del  bloqueo  desaparecían  los  gruesos  ingresos  adua- 
neros que  había  percibido  durante  dos  años  el  Tesoro  uruguayo,  y para  ate- 
nuar las  consecuencias  de  ese  formidable  golpe  resolvió  otorgar  el  Gobierno 
de  Francia  un  préstamo  mensual  de  cuarenta  mil  pesos  con  la  garantía  hipo- 
tecaria de  las  rentas  de  Aduana  a partir  de  1852,  en  razón  de  estar  ya  afec- 
tadas las  anteriores. 

Las  cuotas  mensuales  fueron  entregadas  desde  junio  de  1848  hasta 
abril  de  1851  en  que  el  Gobierno  de  la  Defensa  — que  ya  contaba  con  la 
alianza  de  Entre  Ríos  y'  del  Brasil  para  voltear  a Rosas  y que  necesitaba 
absolutamente  desvincular  a la  Francia  de  la  contienda  del  Río  de  la  Plata 
como  medio  de  impedir  la  ratificación  del  tratado  Le  Predour  que  figuraba 
en  la  orden  del  día  del  Parlamento  francés  — pidió  y obtuvo  la  cesación  del 
subsidio. 

No  se  abonaban  en  metálico  sino  bajo  forma  de  letras  giradas  contra 
el  Tesoro  francés  que  el  Gobierno  uruguayo  daba  en  pago  a los  proveedores 
de  víveres  y que  éstos  vendían  en  plaza  o remitíanla  París,  donde  eran  cubiertas. 
Varias  veces  el  Tesoro  francés  redujo  la  cuota  mensual  y varias  veces  tam- 
bién, según  lo  atestiguan  las  informaciones  de  la  prensa,  dejó  de  cumplir  pun- 
tualmente sus  compromisos,  viéndose  obligado  el  Gobierno  de  la  Defensa  a 
indemnizar  a los  proveedores  de  víveres  por  el  retardo  sufrido. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


229 


He  aquí  el  monto  de  todos  los  préstamos,  computadas  25  mensualidades 
de  $ 40,000,  1 ^ de  32,000  y 8 de  28,000: 


1848  (junio  a diciembre) $ 260,000 

1849  ” 480,000 

1850  • . ” 420,000 

1851  (enero  a abril) ” 112,000 

$ 1.272,000 


Después  de  su  operación  con  el  Gobierno  francés,  realizó  el  Gobierno 
de  la  Defensa  otra  importante  operación  extranjera  planeada  de  tiempo  atrás: 
el  tratado  de  subsidios  de  octubre  de  1851,  mediante  el  cual  obtenía  del  Brasil 
138,000  patacones  de  inmediato  y’  una  cuota  mensual  de  60,000  patacones 
con  garantía  de  las  rentas  públicas,  dándose  a la  vez  carácter  internacional 
a 288,000  patacones  de  préstamos  anteriores  en  que  no  había  figurado  direc- 
tamente el  Gobierno  brasileño. 

Fué  en  cumplimiento  de  ese  tratado  que  a fines  del  mismo  año,  ya 
normalizada  la  situación  de  la  plaza  por  el  levantamiento  del  sitio  y la 
cesación  del  estado  de  guerra,  nombró  el  Gobierno  de  la  Defensa  una  Junta 
de  Crédito  Público  encargada  de  correr  con  todo  lo  relativo  a la  liquidación 
y consolidación  de  la  deuda. 

Bajo  la  presión  de  las  estrecheces  del  erario. 

Hemos  hecho  mención,  en  otro  capítulo,  de  las  medidas  financieras  adop- 
tadas en  el  transcurso  del  primer  año  del  sitio:  la  apropiación  de  «todas  las 
rentas,  alquileres  y bienes  raíces»  de  los  enrolados  en  el  ejército  de  Oribe  o 
que  hubieran  salido  de  Montevideo  sin  pasaportes;  la  adjudicación  forzosa  del 
impuesto  de  patentes,  papel  sellado  y'  alcabala  a un  grupo  de  capitalistas,  bajo 
amenazas  de  prisión,  deportación,  servicio  en  el  .ejército  de  línea,  o apodera- 
miento  de  bienes  muebles  por  el  cuádruplo  de  la  suma  fijada  a cada  contri- 
buyente; la  apropiación  de  los  depósitos  judiciales;  algunas  de  las  requisas 
de  plata  para  la  acuñación  de  monedas  y la  firma  de  vales  para  el  levanta- 
miento de  fondos. 

En  ese  primer  año  del  sitio  obtuvo  también  el  Gobierno  unía  ley' -que 
aplazaba  hasta  después  de  la  guerra  el  pago  de  diversos  créditos  situados 
sobre  la  renta  aduanera,  como  medio  de  aumentar  los  ingresos  fiscales.  Y el 
recurso  volvió  a emplearse  al  año  siguiente  con  otra  categoría  de  créditos 
cuyo  pago  quedó  suspendido  como  consecuencia  del  contrato  de  enajenación 
de  la  renta  aduanera  de  1845. 

Cuando  este  último  asunto  fué  a la  Asamblea  observó  la  Comisión  in- 
formante del  Senado  que  «el  aniquilamiento  de  las  garantías  que  una  ley 
establece  para  crearse  recursos,  es  un  arbitrio  no  sólo  perjudicial,  sino  opuesto 
a los  principios  de  toda  buena  legislación».  Pero  los  administradores  de  la 
Aduana  ya  estaban  en  posesión  de  las  rentas  afectadas  y los  primitivos  dueños 
quedaron  burlados. 

Al  levantamiento  de  fondos  y'  a la  suspensión  de  pagos  agregábase  con 
frecuencia  en  los  primeros  tiempos  del  asedio  la  requisa  de  mercaderías  en 
los  depósitos  de  Aduana  o en  las  casas  de  comercio.  En  abril  de  1844  lá.‘ 
Asamblea  sancionó  una  ley  que  afectaba  los  derechos  de  eslingaje  y de  puerto 
al  pago  de  $ 150,000  tomados  en  mercaderías  y en  dinero.  Los  requisados 
quedaban  autorizados  para  administrar  esas  rentas,  percibiendo  mientras  no 
quedaran  canceladas  las  deudas  el  interés  de  1 J4  % mensual. 

A raíz  de  esa  ley  se  propuso  el  Gobierno  de  la  Defensa  cambiar  de  pro- 
grama. Mandó  cesar  «las  requisiciones  de  efectos»  y anunció  que  en  adelante 
compraría  las  mercaderías  «a  sus  dueños,  sean  extranjeros  o nacionales,  en 


230 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


los  términos  que  convenga  con  ellos».  Reconocía  en  su  decreto  que  en  diversas 
épocaá  del  asedio  había  tenido  que  realizar  «requisiciones  con  calidad  de  dar 
cuenta  al  Poder  Legislativo  y de  establecer  lo  necesario  al  pago  de  los  valores 
aplicados  a las  necesidades  de  la  defensa»,  pero  «hoy,  agregaba,  los  momentos 
son  menos  urgentes  y puede  el  Gobierno  ocuparse  de  dar  a las  provisiones 
de  la  defensa  otras  bases  por  métodos  que  consulten  más  la  igualdad»;  aparte 
de  que  «los  ciudadanos  que  encierran  actualmente  nuestros  muros  son  en 
general  ciudadanos  leales  a la  p’atria,  comprometidos  en  su  salvación  y dis- 
puestos a hacer  espontáneamente  cuantos  sacrificios  ella  les  demande». 

Las  violencias  continuaron,  sin  embargo,  en  otra  forma. 

A principios  de  agosto  de  1847,  por  ejemplo,  el  Ministerio  de  Hacienda 
publicó  un  aviso  sobre  levantamiento  de  fondos  en  forma  coercitiva.  Las  per- 
sonas que  tengan  contratos  sobre  la  renta  de  Aduana,  decía  el  aviso,  «harán 
un  empréstito  al  Gobierno  de  la  República  de  la  mitad  de  los  productos  de 
las  referidas  rentas».  Tratábase  de  obtener  un  ingreso  de  $ 85,000  a $ 100,000 
mensuales  para  el  sostenimiento  del  ejército.  Hubo  con  tal  motivo  una  re- 
unión de  acreedores  en  el  Ministerio  y en  ella  se  resolvió  acordar  el  préstamo 
de  $ 85,000  mensuales  por  el  plazo  de  seis  meses,  y pedir  para  el  reembolso 
de  los  $ 510,000  del  monto  total  del  préstamo,  la  adjudicación  de  la  mitad- 
de  la  renta  aduanera  de  1850  correspondiente  al  Estado. 

Pasados  los  antecedentes  a la  Asamblea  ésta  amplió  la  base  de  la  ope- 
ración autorizando  al  Gobierno  para  obtener  $ 150,000  mensuales  durante 
un  año,  con  lo  que  se  elevaba  a 1.800,000  el  monto  del  préstamo.  Y los  acree- 
dores reunidos  nuevamente  accedieron  al  aumento  y transfirieron  al  Estado  el 
50  % de  las  cantidades  que  por  sus  respectivos  contratos  tenían  derecho  a 
percibir  de  la  Aduana. 

Dentro  de  este  ambiente  de  requisición  de  mercaderías,  de  suspensión 
de  pagos,  de  violación  de  garantías,  de  confiscaciones,  de  violencias  contra  las 
personas  para  arrancarles  su  firma  o su  dinero,  en  que  era  preciso  echar 
mano  de  todos  los  arbitrios  para  cubrir  las  exigencias  de  la  guerra,  tenían 
los  miembros  del  Gobierno  que  sostener  violentas  luchas  morales  que  a veces 
los  desalojaban  de  sus  puestos. 

A mediados  de  1844  don  Andrés  Lamas,  que  ocupaba  a la  sazón  el 
Ministerio  de  Hacienda,  se  dirigió  al  Presidente  Suárez  para  pedirle  su  apoyo 
a favor  de  la  idea  del  nombramiento  por  la  Cámara  de  Diputados  de  una 
Comisión  encargada  de  examinar  sus  actos  como  Ministro  y"  como  Jefe  Político. 

En  épocas  comunes,  decía  el  doctor  Lamas  en  ese  documento,  resultan 
fáciles  las  publicaciones  ministeriales.  «Pero  cuando  no  existen  fuentes  ordi- 
narias de  rentas,  cuando  exigencias  superiores  que  tocan  a la  vida  misma  de 
la  República,  fuerzan  a los  administradores  a recurrir  para  satisfacerlas  a 
medios  excepcionales  y aún  violentos,  sin  más  regla,  ni  hora  ni  forma  que  la 
necesidad  que  quiere  ser  satisfecha  inmediatamente;  entonces,  señor  Presi- 
dente, ni  la  Nación  ni  sus  representantes  tienen  medio  de  velar  sobre  la  admi- 
nistración de  los  caudales  públicos,  si  el  que  los  maneja  no  se  anticipa  a 
darles  conocimientos  que  solo  él  puede  tener:  entonces  también  la  sospecha 
y la  malevolencia  hallan  abierto  espacio  para  desplegarse,  si  no  se  ataja  su 
vuelo,  haciendo  patente  la  verdad». 

Leyes  tributarias  del  campo  sitiador. 

Como  hemos  dicho  en  otro  capítulo  tuvo  brevísima  actuación  la  Legis- 
latura disuelta  por  Rivera  en  18  38  y restaurada  por  Oribe  en  1845.  Su  acto 
más  trascendental  consistió  en  proclamar  su  propia  inutilidad,  o más  bien 
dicho  en  decretar  su  suicidio  al  conferir  a Oribe  la  dictadura  para  que  no 
hiciera  contraste  frente  a Rosas. 

Esa  Legislatura  autorizó  a Oribe,  por  ley  de  noviembre  de  1845,  para 
arbitrar  seis  millones  de  pesos»  mediante  un  empréstito  que  era  de  imposible 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


231 


contratación,  o la  venta  de  propiedades  públicas  que  era  lo  único  hacedero 
y lo  único  que  se  hizo. 

Entre  las  leyes  tributarias  dictadas  por  Oribe  en  uso  de  sus  facultades 
extraordinarias  se  destaca  la  de  patentes  de  giro. 

Establecía  «patentes  fijas»  en  número  de  27  desde  la  de  $ 2,  a cargo 
de  los  tambos,  hasta  la  de  $ 200  que  tenían  que  pagar  los  saladeros,  las  joye- 
rías, las  droguerías,  las  panaderías  y los  almacenes  de  muebles  de  lujo;  y' 
«patentes  proporcionales»,  a cargo  de  los  establecimientos  de  pastoreo,  según 
el  número  de  cabezas  de  ganado,  y de  los  establecimientos  de  labranza  según 
el  número  de  fanegas  de  trigo  y de  maíz  cosechados.  Las  casas  de  comercio 
y establecimientos  industriales  de  propiedad  de  extranjeros  tenían  que  sopor- 
tar una  patente  más  alta  que  las  similares  de  los  nacionales.  Pero  esas  mismas 
casas  y establecimientos  quedaban  exentos  del  impuesto  en  el  caso  de  que 
permitieran  el  aprendizaje  de  tres  hijos  del  país,  mediante  contratos  en  que 
tuvieran  intervención  las  Juntas  Económico  - Administrativas  o las  Jefaturas 
de  Policía. 

La  instrucción  primaria  durante  el  sitio. 

Desde  los  primeros  meses  del  sitio  se  preocuparon  el  Gobierno  y las 
comisiones  populares  encargadas  de  atender  a las  familias  procedentes  de  la 
campaña  de  asegurar  una  banca  escolar  a los  niños  que  llegaban  en  completo 
desamparo.  El  Ministro  de  la  Guerra  instaló  con  ese  objeto  una  «escuela  de 
niños  de  emigrados». 

«Cuando  todo  conspira  a embrutecer  y a destruir,  decía  uno  de  los  dia- 
rios de  la  época,  es  muy  grato  para  nosotros  ver  a la  autoridad  y a los  ciuda- 
danos patriotas  empeñarse  en  que  la  juventud,  que  los  acontecimientos  aglo- 
meran en  esta  Capital,  no  pierda  un  tiempo  precioso  en  el  ocio  y se  dedique 
al  estudio  de  las  letras.» 

Esa  escuela  que  dirigía  don  Plumencio  José  Muñoz  llegó  a tener  una 
fuerte  población  escolar  de  149  alumnos  en  abril  de  1844,  de  252  en  mayo 
y de  368  en  agosto,  por  efecto  de  la  incorporación  de  niños  de  la  Capital. 
La  escuela  siguió  creciendo  y ante  los  desembolsos  cada  día  mayores  que  ella 
imponía  resolvió  su  verdadero  creador,  el  Ministro  de  Guerra  coronel  Pa- 
checo, pedir  a un  grupo  de  personas  representativas  que  se  hiciera  cargo  de 
ese  establecimiento  que  yá  tenía  una  inscripción  de  quinientos  alumnos. 

Pocas  semanas  después  el  coronel  Pacheco  daba  una  orden  general  del 
ejército  en  su  doble  carácter  de  Ministro  de  la  Guerra  y de  Comandante 
de  Armas.  Decía  en  ella  que  era  necesario  educar  a la  juventud  para  que 
no  se  repitieran  las  desgracias  del  coloniaje,  imputables  a falta  de  ilustra- 
ción en  su  concepto.  Advertía  que  había  fundado  dos  escuelas  y que  se  pro- 
ponía inaugurar  una  tercera  bajo  el  nombre  de  «Escuela  del  Ejército»,  a la 
que  sólo  concurrirían  los  hijos  de  los  militares  en  armas,  bajo  un  programa 
que  comprendería  primeras  letras,  educación  moral,  gramática  castellana, 
francés,  dibujo  y matemáticas.  Pedía  el  coronel  Pacheco  a sus  camaradas  el 
envío  de  sus  hijos  a la  nueva  escuela,  a fin  de  prepararles  «era  mejor  que  a 
la  que  nosotros  nos  ha  tocado». 

«Es  ante  nuestras  lanzas,  concluía,  que  caerá  el  yugo  del  extranjero;  es 
ante  el  brillo  de  la  ilustración  y"  del  poder  de  la  educación  popular  que  caerán 
las  aspiraciones  individuales,  que  esconderán  su  frente  los  caudillos  y se 
alzará  sólo  poderosa  la  ley,  asegurando  a la  patria  prosperidad,  libertad 
y gloria.» 

Al  comunicar  la  instalación  de  esa  escuela  al  jefe  de  la  Legión  francesa 
prevenía  el  Ministro  de  la  Guerra  que  los  alumnos  serían  vestidos  por  la 
Comisaría  del  Ejército. 

De  todas  las  inmensas  dificultades  con  que  tropezaban  estas  patrióticas 
iniciativas  instruye  un  aviso  del  mismo  Ministerio  de  la  Guerra  pidiendo  al 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


público  algunos  ejemplares  de  gramáticas  y'  de  diccionarios  españoles  y fran- 
ceses con  destino  a la  escuela  que  estaba  en  vías  de  fundarse. 

La  Escuela  del  Ejército  no  pudo  sostenerse.  Pero  la  iniciativa  del  coro- 
nel Pacheco  fué  reanudada  con  éxito  dos  años  después  por  el  coronel  Correa, 
su  reemplazante  en  la  Comandancia  de  Armas,  quien  fundó  la  «Escuela  de 
Vanguardia»  destinada  a los  hijos  de  los  militares  en  actividad,  y estimulado 
por  el  éxito  agregó  en  seguida  una  escuela  de  niñas  destinada  también  a las 
familias  de  los  soldados,  ambas  ubicadas  fuera  de  la  línea  interior  de  defensa, 
en  el  Cordón,  sobre  la  zona  primitivamente  ocupada  por  las  avanzadas  de 
Oribe  y poco  a poco  ganada  por  la  plaza  y sostenida  por  una  línea  llamada  de 
defensa  exterior. 

Las  familias  que  en  los  comienzos  del  sitio  habían  buscado  refugio  den- 
tro de  muros  volvieron  desde  fines  de  1846  a ocupar  sus  casas  comprendidas 
entre  las  líneas  interior  y exterior  y'  era  para  ellas  que  el  coronel  Correa 
fundaba  sus  dos  escuelas.  , 

Con  el  propósito  de  estimular  la  concurrencia  a las  escuelas  públicas  y 
particulares  autorizó  el  Gobierno  a todos  los  maestros  desde  fines  de  1847 
para  expedir  a sus  alumnos  certificados  de  exención  del  servicio  de  las  armas, 
derogando  así,  porque  ya  no  lo  requerían  los  apremios  de  la  defensa  nacional, 
otra  resolución  gubernativa  de  julio  de  1843,  obra  del  Ministro  Pacheco, 
que  había  llamado  a las  armas  «a  todos  los  estudiantes  de  artes  y ciencia^ 
que  hubieran  cumplido  14  años  de  edad»,  con  este  expresivo  exordio: 

«El  primer  estudio  del  hombre  es  el  amor  a la  patria.  Este  es  el  senti- 
miento que  más  debe  cultivarse,  porque  es~la  fuente  de  todas  las  virtudes: 
domésticas  y'  públicas.  Y no  puede  amar  a la  patria  el  que  mientras  todas 
las  clases  de  la  sociedad  trabajan  sustentando  la  independencia  nacional  per- 
manece inútil  para  su  país  privándolo  de  sus  servicios  a título  de  que  estudia 
arte  o ciencia.  . . Si  la  patria  perece,  nada  le  servirá  la  ciencia  al  joven  ciu- 
dadano. El  egoísmo  prepara  el  alma  a la  servidumbre  y es  egoísmo  no 
pelear  cuando  todos  pelean.» 

Mediante  un  decreto  dictado  a principios  de  1848  se  impuso  a los  maes- 
tros particulares  la  obligación  de  suministrar  por  cada  10  alumnos  de  fami- 
lias acomodadas  que  tuvieran  una  banca  gratuita  con  destino  a los  hijos  de 
los  militares  que  hubieran  muerto  en  la  guerra  o a otros  niños  seleccionados 
por  el  Gobierno  entre  los  de  may'or  precocidad  intelectual. 

La  oleada  educadora  a que  periódicamente  daba  impulso  el  Gobierno  de 
la  Defensa  repercutía  también  en  las  ciudades  de  campaña  accidentalmente 
arrebatadas  al  ejército  sitiador. 

A fines  de  1847  el  Jefe  Político  de  la  Colonia  don  Felipe  Fraga  escribía 
al  Ministro  de  Gobierno  doctor  Herrera  y Obes  pidiéndole  maestro  y útiles 
de  enseñanza  para  la  fundación  de  una  escuela. 

«La  instrucción  primaria  en  los  jóvenes,  decía,  es  uno  de  los  primeros 
y principales  deberes  a que  la  autoridad  civil  debe  contraerse.  Y el  Superior 
Gobierno  que  presta  hoy  su  decidida  protección  en  la  Capital  a esta  importan- 
tísima rama,  la  prestará  también  a los  puntos  de  la  República  donde  imperen 
nuestras  armas.  No  hay’  en  esta  ciudad  escuela  alguna  de  primeras  letras, 
ni  de  enseñanza  de  ningún  género,  y entretanto  se  ve  vagar  por  las  calles 
porción  de  jóvenes  de  las  desgraciadas  familias  emigradas  de  otros  puntos 
que  a más  de  la  miseria  en  que  viven,  lamentan  ver  sus  hijos  que  se  crían 
sin  enseñanza  alguna,  sin  ocupación  a qué  destinarlos,  y sin  oir  más  palabras 
de  instrucción  que  guerra,  muerte,  sangre .» 

Los  exámenes  de  fin  de  año  tenían  lugar  con  gran  solemnidad,  presididos 
de  ordinario  por  alguno  de  los  miembros  del  Gobierno.  Al  realizarse  los  de\ 
año  1846  en  la  escuela  del  Cordón  que  dirigía  don  Juan  Manuel  de  la  Sota, 
todo  el  ejército  formó  en  traje  de  parada  entre  la  línea  interior  y exterior,’ 
como  un  homenaje  a la  juventud  que  habría  de  regir  los  destinos  de  la  ciudad 
sitiada. 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


233 


Esa  misma  escuela  funcionaba  en  1850  bajo  la  dirección  del  presbítero 
don  Carlos  Palomar  ,y  al  clausurar  los  exámenes  de  dicho  año  dijo  el  Presi- 
dente de  la  Mesa  examinadora  doctor  Luis  José  de  la  Peña,  haciendo  el  elogio 
de  los  militares  que  contribuían  con  su  peculio  al  sostén  del  establecimiento: 

«Los  jefes  del  ejército  han  comprendido  bien  que  la  causa  que  la  Repú- 
blica sostiene  es  una  causa  de  principios,  es  la  causa  de  su  independencia  y' 
de  su  libertad.  Ellos  saben  que  estos  grandes  objetos  no  se  pueden  conservar 
si  no  son  ayudados  y garantidos  por  el  poder  moral  que  da  el  saber,  por  la¡ 
fuerza  intelectual  de  la  educación  del  pueblo.  Así,  proteger  su  educación, 
difundir  en  él  conocimientos  útiles,  es  concurrir  a la  defensa  de  la  causa  de 
la  República,  es  contribuir  al  triunfo  que  le  preparan  sus  hijos  leales  y todos 
sus  heroicos  defensores.» 

El  Gobierno  de  la  Defensa  que  así  lo  entendía  también  sacaba  recurso? 
de  lo  imposible  para  que  el  movimiento  escolar  no  decayera.  En  1850,  año 
de  grandes  penurias  financieras,  tiró  un  decreto  destinando  a gastos  de  ins- 
trucción pública  el  precio  de  varios  terrenos  de  la  ciudad  nueva,  el  10  % de 
toda  venta  de  propiedades  públicas,  el  10  % del  impuesto  de  herencias  tras- 
versales, y'  a la  vez  se  dirigió  a la  Sociedad  de  la  Aduana,  en  demanda  de 
una  cuota  mensual  de  $ 100,  que  la  Sociedad  acordó,  «aunque  apartando  la 
vista  del  estado  ruinoso  de  los  intereses  sociales»,  hacía  constar  su  presidente 
don  Juan  Miguel  Martínez. 

La  enseñanza  inedia  y secundaria. 

Tres  y medio  años  después  del  sitio,  a fines  de  1846,  funcionaban  en  la 
plaza  de  Montevideo  las  siguientes  escuelas  de  enseñanza  primaria  y secun- 
daria: 

De  niños  — Seminario  Inglés,  de  Negrotto;  Colegio  de  estudios  comer- 
ciales, de  Muía;  Colegio  de  Humanidades,  de  Cabré  y Mendoza;  Colegio  Orien- 
tal, de  Bonifaz;  Instituto  de  las  Buenas  Letras,  del  abate  Semidei;  Escuela 
de  Lamas;  Liceo  Montevideano,  de  Cordero  y'  Suárez;  Escuela  de  Oses;  Es- 
cuela de  Vanguardia,  de  de  la  Sota;  Escuela  de  Lira;  Colegio  Francés,  de 
Puifourcat;  Escuela  de  Giralde. 

De  niñas  — Seminario  Inglés,  de  Negrotto;  Colegio  de  San  Martín;  Es- 
cuela de  Bercouet;  Escuela  de  Lesuer;  Escuela  de  Lira;  Escuela  de  Guyot; 
Escuela  de  Zaensdorf;  Colegio  de  Raneé;  Escuela  de  Duret. 

En  conjunto:  12^  escuelas  de  varones,  con  825  alumnos,  y 9 escuelas  de 
niñas,  con  352  alumnas,  al  finalizar  el  año  1846. 

Poco  podemos  decir  acerca  de  sus  planes  de  estudio.  En  el  Colegio  Orien- 
tal de  don  Juan  Manuel  Bonifaz,  se  enseñaba  lectura,  escritura,  gramática 
española,  aritmética,  álgebra,  geometría,  filosofía,  estenografía,  catecismo, 
francés,  inglés,  italiano  y latín;  en  el  Colegio  Francés  de  Puyfourcat,  lectura, 
recitado,  gramática,  geografía,  aritmética,  escritura,  historia;  teneduría  de 
libros,  latín  y griego;  y en  el  Colegio  de  Humanidades  de  los  padres  jesuítas 
Vargas,  Mendoza  y Cabré,  lectura,  escritura,  aritmética,  doctrina,  teneduría 
de  libros,  francés,  filosofía,  matemáticas  y'  latín. 

El  número  de  escuelas  fué  aumentando  de  tal  manera  que  en  1851  hacía 
constar  una  de  las  revistas  de  la  época  que  la  plaza  de  Montevideo  tenía  ca- 
torce o quince  escuelas  de  niños  y otras  tantas  de  niñas  contra  seis  u ocho 
de  las  primeras  y cuatro  o cinco  de  las  segundas  que  funcionaban  en  los 
comienzos  del  asedio. 

Entre  los  más  importantes  de  esos  nuevos  establecimientos  escolares 
figuraba  el  Gimnasio  fundado  a mediados  de  1847  por  don  Luis  José  de  la 
Peña  y nacionalizado  en  el  acto  mediante  un  decreto  gubernativo  que  daba 
valor  oficial  a sus  cursos,  que  le  concedía  el  usufructo  de  la  «Gasa  de  Ejerci- 
cios» y fijaba  así  su  plan  de  materias:  doctrina,  lectura,  escritura,  gramática 
práctica,  aritmética,  geografía,  constitución,  aritmética  comercial,  álgebra, 


234 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


geometría,  astronomía  física,  gramática  nacional  comparada  con  la  francesa, 
inglesa  o latina,  amén  de  todos  los  estudios  de  enseñanza  preparatoria. 

«Decidido  el  Gobierno  — agregaba  el  decreto  — a hacer  cuanto  esté  en 
sus  facultades  para  mejorar,  difundir  y nacionalizar  la  educación  pública; 
reconociendo  la  urgencia  de  que  la  enseñanza  rigurosamente  primaria  se  armo- 
nice con  las  condiciones  políticas  de  la  República.  . . » 

«La  Casa  de  Ejercicios»  estaba  situada  en  la  calle  Sarandí  esquina  Ma- 
ciel,  el  mismo  sitio  donde  funcionó  después  la  Universidad.  Antes  de  la  gue- 
rra corría  bajo  la  administración  de  la  Iglesia  que  tenía  allí  una  de  sus  capi- 
llas. Pero  luego  fué  dada  por  el  Gobierno  a las  familias  menesterosas  que 
llegaban  de  campaña.  A fines  de.  18  48  la  pidió  la  Vicaría  con  destino  a una 
escuela  de  padres  jesuítas,  y éstos  sin  aguardar  el  resultado  de  las  gestiones 
se  lanzaron  a la  toma  de  posesión,  siendo  necesario  entonces  que  el  Gobierno 
decretara  el  desalojo  para  que  el  doctor  Peña  pudiera  ocupar  el  edificio  que 
se  le  había  concedido.  i 

Tenía  el  Gimnasio  al  tiempo  de  su  traslado  al  nuevo  local,  a principios 
de  1849,  más  de  200  alumnos  en  sus  secciones  de  enseñanza  primaria  inferior, 
enseñanza  primaria  superior  y en  los  cursos  de  filosofía,  matemáticas,  latín, 
dibujo,  francés  e inglés. 

A mediados  del  mismo  año  recibió  el  establecimiento  una  nueva  organi- 
zación bajo  el  nombre  de  «Colegio  Nacional».  Todo  su  presupuesto  de  gastos 
quedó  desde  ese  momento  a cargo  del  Tesoro  público.  Justificando  la  reforma 
decía  el  Gobierno  de  la  Defensa  en  su  decreto: 

«Considerando  que  si  el  cuidado  y fomento  de  la  educación  es  un  deber 
para  todo  gobierno  ilustrado  y'  benéfico,  para  aquéllos  que  se  hallan  al  frente 
de  una  sociedad  que  apenas  organizada  sobre  principios  e instituciones  nuevas, 
es  enérgicamente  combatida  por  opuestos  y numerosos  intereses  que  la  ame- 
nazan en  su  existencia,  aquel  deber  se  convierte  en  una  exigencia  primordial; 
teniendo  presente,  además,  que  la  causa  que  hoy  defiende  la  República  no  es 
otra  que  la  de  aquellos  principios  e instituciones  base  de  su  nacionalidad  y 
condición  de  su  independencia  y prosperidad,  en  cuyo  caso  todo  cuanto  se 
haga  con  el  objeto  de  darles  arraigo  y solidez  entra  en  el  programa  de  guerra 
que  hoy  sostiene  la  República.» 

Sus  pruebas  de  fin  de  año  daban  lugar  a hermosas  ceremonias  invaria- 
blemente encaminadas  a fomentar  el  sentimiento  de  la  patria. 

En  1848  hubo  un  certamen  de  filosofía,  conmemorativo  de  la  Jura  de 
la  Constitución,  en  que  intervinieron  algunos  de  los  alumnos  premiados,  entre 
ellos  Fermín  Ferreira  y Artigas,  a quien  se  adjudicó  como  recompensa  por 
su  labor  del  año  «una  corona  cívica».  El  doctor  Peña,  que  había  sido  maestro 
de  varios  de  los  hombres  que  formaban  parte  del  Gobierno  y"  de  las  autori- 
dades superiores  del  Instituto  de  Instrucción  Pública,  dijo  al  clausurar  el  acto: 

«En  presencia  de  los  jóvenes  a quienes  hace  veinte  años  impulsaba  al 
sendero  del  saber,  dirigiendo  sus  primeros  pasos  en  él,  y que  hoy  presiden  los 
destinos  del  país,  y de  la  ciencia,  volviendo  sobre  mí  mismo  el  impulso  recibido 
para  estimularlo  o comunicarlo  todavía  a la  nueva  generación  que  ha  venido 
a cambiar  las  relaciones  existentes  y a crear  otras  nuevas,  yo  no  puedo  me- 
nos que  decir  que  este  momento  resume  mi  pasado  con  mi  porvenir  y resume 
toda  mi  vida.» 

A los  exámenes  de  1850  concurrieron  240  alumnos.  La  Mesa  fué  presi- 
dida por  el  Ministro  de  Gobierno  don  Manuel  Herrera  y Obes.  Del  resultado 
de  las  pruebas  da  idea  el  hecho,  verdaderamente  notable,  de  que  casi  todos 
los  alumnos  resultaron  premiados,  destacándose  en  las  clases  de  enseñanza 
primaria  Jacobo  Varela,  de  9 años  de  edad,  quien  tuvo  a su  cargo  las  palabras 
de  clausura  que  pronunció  en  francés. 

Sintetizando  el  vasto  programa  que  se  había  trazado,  pronunció  en  esa 
oportunidad  el  Ministro  de  Gobierno  estas  palabras  dignas  de  la  tradición 
de  Artigas: 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


235 


«Nuestra  patria  está  destinada  a plantificar  y difundir  en  estas  regiones 
los  principios  y las  instituciones  de  una  alta  civilización:  esa  misión  es  una 
ley  de  su  existencia:  en  ella  está  todo  su  porvenir;  renegarla,  desconocerla 
sólo,  importaría  el  cobarde  abandono  de  sus  más  caros  intereses:  sería  un 
acto  de  verdadera  traición;  y he  aquí  la  razón  del  acendrado  anhelo  con  que 
el  Gobierno  hace  de  la  educación  una  de  sus  primeras  atenciones.» 

El  Instituto  de  Instrucción  Pública  y la  Universidad. 

No  se  contentó  el  Gobierno  de  la  Defensa  con  fundar  escuelas  de  ense- 
ñanza primaria  y de  enseñanza  secundaria.  Se  propuso  también  crear  institu- 
ciones dirigentes/  que  tuvieran  a su  cargo  los  organismos  que  ya  existían  y" 
promovieran  todos  los  otros  que  fueran  reclamando  las  exigencias  nacionales. 

Por  un  primer  decreto  de  septiembre  de  1847  creó  el  Instituto  de  Ins>- 
trucción  Pública,  con  el  encargo  de  «promover,  difundir,  uniformar,  sistemar 
y metodizar»  la  enseñanza,  especialmente  la  enseñanza  primaria;  autorizar 
o negar  la  apertura  o continuación  de  todo>  establecimiento  de  enseñanza;  y 
reglamentar  las  condiciones  de  su  existencia. 

«La  educación  del  hombre,  decía  el  preámbulo  de  ese  decreto,  es  el 
germen  de  la  prosperidad  de  lasi  naciones  y de  la  felicidad  de  los  pueblos, 
porque  en  ella  reside  el  saber  que  da  las  buenas  instituciones  y"  la  virtud 
que  las  consolida  y arraiga  en  las  costumbres.  El  cuidado  de  su  desarrollo, 
de  su  aplicación  y de  su  tendencia  no  puede  ser,  pues,  la  obra  de  la  especu- 
lación, de  las  creencias  individuales,  o de  los  intereses  de  secta.  Esa  atribu- 
ción es  exclusiva  de  los  gobiernos.  Mandatarios  únicos  de  los  pueblos  que 
representan,  es  a ellos  a quienes  se  ha  confiado  el  depósito  sagrado  de  los 
dogmas  y principios  que  basan  la  existencia  de  la  sociedad  a que  pertenecen: 
de  ellos  solos  es  la  responsabilidad  y ellos  son,  por  consiguiente,  los  que 
tienen  el  forzoso  deber  de  apoderarse  de  los  sentimientos,  de  las  ideas,  de 
los  instintos  y'  aún  de  las  impresiones  del  hombre  desde  que  nace,  para  va- 
ciarlo en  las  condiciones  y exigencias  de  su  asociación:  de  otro  modo  no  puede 
existir  el  civismo,  esa  armonía  social  sin  la  que  no  hay  orden,  tranquilidad, 
fuerza  ni  vida  para  los  Estados.» 

Pocos  meses  después  eran  aprobados  la  Carta  Orgánica  y el  Reglamento 
proyectados  por  el  propio  Instituto  de  Instrucción  Pública  y'  entraba  éste  de 
lleno  al  cumplimiento  de  su  grande  y fecunda  labor,  actuando  como  presi- 
dente el  Ministro  de  Gobierno  don  Manuel  Herrera  y Obes,  como  vicepresidente 
don  José  Luis  de  la  Peña  y como  secretario  don  José  G.  Palomeque., 

De  acuerdo  con  su  Carta  Orgánica  incumbía  al  Instituto,  de  una  manera 
permanente,  todo  lo  relativo  a la  enseñanza  primaria,  y'  mientras  no  fuera 
creada  la  Universidad  la  inspección  de  la  enseñanza  secundaria  y profesional, 
correspondiéndole  por  el  primer  concepto  determinar  el  plan  de  estudios,  los 
métodos  y textos  de  las  escuelas  públicas,  inspeccionar  las  escuelas  privadas 
con  el  solo  fin  de  que  no  se  enseñase  en  ellas  nada  que  fuera  contrario  a 
la  moral  ni  a los  principios  constitucionales  de  la  República;  fijar  las  cali- 
dades que  deberían  reunir  y las  pruebas  a que  habrían  de  someterse  los 
aspirantes  al  título  de  maestro;  proteger  y fomentar  los  establecimientos 
de  enseñanza. 

El  Reglamento  dividía  la  enseñanza  primaria  pública  en  dos  grados:  la 
enseñanza  inferior  y la  enseñanza  superior,  fijando  como  mínimum  de  la  pri- 
mera las  siguientes  asignaturas:  doctrina  cristiana  y principios  de  moral, 
lectura,  escritura,  las  cuatro  reglas  fundamentales  de  la  aritmética,  nociones 
sobre  la  gramática  del  idioma  patrio,  idea  general  sobre  la  geografía  de  la 
República;  y como  mínimum  de  la  segunda  la  ampliación  de  las  materias 
del  primer  grado,  nociones  sobre  los  derechos  y deberes  del  ciudadano,  dibujo 
lineal,  nociones  de  geometría,  ideas  de  cosmografía  y geografía  en  general, 
noticia  sobre  la  historia  nacional  y principios  de  la  Constitución  del  Estado. 


236 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Creado,  organizado  y en  plena  marcha  ya  el  Instituto  de  Instrucción 
Pública  resolvió  el  Gobierno  de  la  Defensa  por  medio  de  un  segundo  decreto, 
tan  inmortal  como  el  primero,  instalar  la  Universidad  de  Montevideo. 

No  era  una  idea  nueva  ciertamente.  La  leyi  de  junio  de  1833,  dictada 
durante  la  primera  Presidencia  de  Rivera,  había  mandado  erigir  la  Univer- 
sidad luego  que  la  mayoría  de  las  cátedras  que  esa  misma  ley  creaba  estu- 
vieran en  ejercicio.  Un  decreto  de  diciembre  de  1835,  dictado  durante  la 
Presidencia  de  Oribe,  había  instalado  las  cáteras  de  matemáticas,  derecho 
civil  y teología  incluidas  en  la  ley  de  Presupuesto  General  de  Gastos,  y pro- 
movido la  redacción  de  un  reglamento  que  la  Asamblea  convirtió  en  ley  a 
mediados  de  183  7.  Una  ley  del  año  siguiente,  obra  de  la  misma  Administra- 
ción de  Oribe,  había  creado  la  Academia  Teórico  - Práctica  de  Jurisprudencia, 
institución  que  recién  empezó  a funionar  bajo  el  Gobierno  de  Rivera.  Otro 
decreto  de  Oribe  de  mediados  de  1838  había  declarado  «instituida  y erigida» 
la  Universidad,  y que  se  pasara  a la  Asamblea  un  reglamento  orgánico  que 
no  alcanzó  a sancionarse  a causa  do  la  guerra  que  derrumbó  primero  a Oribe 
y luego  a la  Asamblea. 

Pero  el  organismo  que  tales  resoluciones  legislativas  y administrativas 
habían  provocado  no  funcionaba  todavía  y el  Gobierno  de  la  Defensa  resolvió 
solemnizar  el  18  de  julio  de  1849,  aniversario  de  la  Jura  de  la  Constitución, 
con  la  instalación  efectiva  de  la  Universidad  que  ilesde  ese  día  quedó  fun- 
cionando. 

El  Gobierno  de  la  Defensa  invocó  en  su  decreto  expresamente  la  ley 
de  1833,  obra  de  la  Administración  Rivera,  y el  decreto  de  1838,  obra  de  la 
Administración  Oribe,  hermanando  así  en  el  campo  de  la  enseñanza  pública 
a los  dos  partidos  y a los  dos  caudillos  que  habían  ensangrentado  al  país  y 
que  seguían  ensangrentándolo  en  el  campo  de  la  política.. 

La  inauguración  de  la  Universidad  dió  lugar  a una  ceremonia  imponente, 
en  la  que  habló  el  Presidente  Suárez.  para  decir  que  la  posteridad  colocaría 
«ese  acto  entre  los  más  preciosos  monumentos  del  sitio  de  Montevideo»,  y en 
la  que  hablaron  también  para  felicitar  al  primer  mandatario  Lucas  Herrera, 
a nombre  de  los  alumnos  de  filosofía,  y Jacobo  Varela  por  los  de  enseñanza 
primaria.  Jacobo  Varela,  hermano  de>  reformador  de  la  enseñanza  primaria, 
recibió  de  manos  del  Ministro  de  Gobierno,  al  bajar  de  la  tribuna,  una  medalla 
de  plata,  «como  testimonio  del  aprecio  con  que  el  Gobierno  miraba  sus  pro- 
gresos y de  las  esperanzas  que  sobre  él  fundaba  la  patria». 

De  acuerdo  con  el  nuevo  Reglamento  el  Instituto  de  Instrucción  Pública 
quedaba  como  parte  integrante  de  la  Universidad  y a ésta  correspondía,  en 
consecuencia,  la  enseñanza  primaria,  la  secundaria  y la,  científica  o profesio- 
nal, bajo  la  dirección  y administración  de  un  Rector  y de  un  Consejo  formado 
por  los  catedráticos  y por  los  miembros  fundadores  del  Instituto  de  Instruc- 
ción Pública. 

La  enseñanza  secundaria  según  el  mismo  Reglamento  comprendería  el 
latín,  el  francés,  el  inglés,  los  estudios  comerciales,  las  ciencias  físico -mate- 
máticas, la  filosofía,  la  retórica,  la  historia  nacional  y'  principios  de  la  Cons- 
titución de  la  República.  Y la  profesional  o científica  debería  abarcar  la 
Facultad  de  Ciencias  Naturales,  comprendiendo  las  matemáticas  trascenden- 
tales, el  dibujo,  la  agricultura,  la  botánica,  la  química,  la  navegación  y la 
arquitectura;  la  Facultad  de  Medicina,  Cirugía  y Farmacia;  la  Facultad  de 
Teología;  y la  Facultad  de  Jurisprudencia,  con  cátedras  de  derecho  civil, 
derecho  mercantil,  derecho  de  gentes  y economía  política. 

En  esos  mismos  días  de  julio  de  18  49  quedó  aprobada  una  resolución 
del  Instituto  de  Instrucción  Pública  creando  en  el  Colegio  Nacional  una  es- 
cuela normal  encargada  de  suministrar  maestros  a las  escuelas  primarias. 

Ningún  conjunto  de  títulos  más  grandes  y'  saneados  podía  ofrecer  el 
Gobierno  de  Suárez  a lá  consideración  de  la  posteridad  que  el  de  estos  tres 


■V 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


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decretos  que  impulsaban  y organizaban  la  enseñanza  pública  en  medio  de  las 
guerrillas  y de  las  angustias  de  un  sitio  que  ya  contaba  seis  años  de  duración! 

Otro  capítulo  del  programa  educador  del  Gobierno  de  la  Defensa. 

No  se  trataba  ciertamente  de  un  cambio  de  orientación,  sino  de  la  misma 
orientación  que  ya  había  contribuido  a dar  relieve  memorable  al  Gobierno  de 
la  Defensa  desde  los  comienzos  del  asedio. 

Tres  meses  después  de  formalizado  el  sitio  de  la  plaza  solemnizaba  efec- 
tivamente el  Gobierno-  el  aniversario  de  la  Revolución  de  May'o  con  dos 
grandes  decretos  debidos  a la  iniciativa  del  Jefe  Político  don  Andrés  Lamas. 
Por  el  primero  de  ellos,  creaba  el  Instituto  Histórico  y Geográfico  Nacional, 
y por  el  segundo  dictaba  una  nueva  nomenclatura  para  las  calles  y plazas 
de  Montevideo. 

Fundando  la  necesidad  del  Instituto  Histórico  y Geográfico  decía  don 
Andrés  Lamas: 

«Estas  regiones  no  han  sido  estudiadas  en  ningún  sentido:  todo  está 
por  explotar  y'  la  Europa  poco  más  sabe  de  ella  que  merezca  apreciarse  que 
lo  que  han  dicho  Azara  y D’Orbigni.  El  misterio  que  envuelve  nuestra  natu- 
raleza física  es  común  a nuestra  historia  generalmente  desconocida  hasta  de 
gran  parte  de  los  hijos  de  estas  regiones.  Promover  el  gusto  por  estos  estu- 
dios; conocer  y valorar  las  condiciones  geográficas  de  nuestro  país,  los  des- 
tinos a que  ellas  lo  llaman;  organizar  su  estadística  sin  cuyo  pleno  conoci- 
miento es  imposible  establecer  sobre  bases  sólidas  ningún  sistema  de  admi- 
nistración y de  renta:  son  los  primordiales  objetos  del  Instituto.  . . Formar 
un  depósito  de  manuscritos,  libros,  mapas,  pertenecientes  a la  historia  antigua 
y'  moderna  de  estas  regiones,  es  otro  de  sus  encargos».  . . Si  el  establecimiento 
echa  raíces,  podrá  más  adelante  abrir  alguna  cátedra,  «donde  la  historia  y 
los  principios  de  la  administración  puedan  ser  aplicados  sobre  bases  y datos 
nacionales»...  Podfá  también  tratar  de  resucitar  en  su  posible  pureza  la 
lengua  guaraní  que  hablaban  los  dueños  del  país  antes  de  la  conquista  y 
que  con  pocas  alteraciones  se  habla  en  las  últimas  clases  de  nuestra  campaña 
y en  el  inmenso  litoral  del  Paraná,  Uruguay'  y Paraguay. 

Tal  era  el  programa  del  Instituto:  el  estudio  intenso  de  la  historia,  de 
la  geografía  y de  la  estadística  del  Río  de  la  Plata,  especialmente  del  Uruguay. 

«La  reunión  de  todos  los  hombres  de  letras  que  tenga  el  país,  agregaba 
el  doctor  Lamas,  llamados  a despojarse  en  las  puertas  del  Instituto  de  sus 
prevenciones  y colores  políticos,  para  entrar  a él  a ocuparse  tranquilamente 
en  objetos  de  interés  común  y'  permanente,  empezará  por  aproximarlos  y aca- 
bará también  por  nivelar  las  opiniones  todas  y reunirlas  en  el  centro  de  la 
utilidad  y la  gloria  de  esta  patria,  en  que  tanto  noble,  bello  y útil  puede 
ejecutarse...  La  creación  del  Instituto  será  para  todos  una  prueba  de  las 
miras  civilizadoras  del  Gobierno  que  se  empeña  en  echar  los  fundamentos 
de  grandes  edificios  sociales  cuando  todo  conspira  ai  minar  los  elementos 
de  la  sociedad.» 

El  Gobierno  de  la  Defensa  acogió,  en  el  acto  la  noble  iniciativa  de  la 
Policía  y nombró  los  ocho  primeros  miembros  fundadores;  pero  aplazando  la 
ceremonia  de  la  inauguración  oficial  hasta  después  de  la  cesación  de  la 
guerra,  en  que  habría,  según  el  decreto,  una  gran  fiesta  con  reparto  de  pre- 
mios al  mejor  trabajo  manual,  a las  mejores  composiciones  literarias  eD 
honor  de  las  glorias  patrias  y de  la  Defensa  de  Montevideo,  a,  la  mejor  Me-< 
moría  sobre  organización  de  nuestro  régimen  municipal  y a la  mejor  Memo- 
ria sobre  hospitales  y cárceles  nacionales. 

No  se  creía  en  la  larga  duración  del  sitio  y por  eso  se  aplazaba  en  forma 
indefinida  la  fiesta  proyectada.  Desvanecida  la  ilusión  o mejor  dicho  habi- 
tuado el  pueblo  a la  normalidad  del  sitio  se  apresuró  el  Gobierno  a inaugurar 


238 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


oficialmente  el  Instituto  el  25  de  mayo  de  1844  mediante  el  gran  certamen 
poético  de  que  hemos  hablado  en  otro  capítulo. 

En  cuanto  al  segundo  decreto  bastará  recordar,  en  apoyo  de  la  oportu- 
nidad de  la  iniciativa  del  Jefe  Político,  que  las  calles  y'  plazas  de  Montevideo 
o carecían  absolutamente  de  nombre  o lo  habían  tomado  del  Santoral  según 
prácticas  del  coloniaje  que  todavía  daban  a la  Capital  de  la  República  un  cariz 
de  pueblo  primitivo. 

Por  efecto  de  ese  decreto  la  calle  de"  San  Gabriel  recibió  el  nombre  de 
calle  del  Rincón,  la  calle  de.  Santiago  el  nombre  de  Solís,  la  de  San  Agustín 
el  de  Alzaibar,  la  de  San  Francisco  el  de  Zabala,  la  de  San  Felipe  el  de 
Misiones,  la  de  San  Joaquín  el.  de  Treinta  y Tres,  la  de  San  Juan  el  de 
Ituzaingó,  la  de  San  Fernando  el  de  Cámaras,  la  de  San  Miguel  el  de  Piedras, 
la  de  San  Pedro  el  de  25  de  May'o,  la  de  San  Luis  el  de  Cerrito,  la  de  San  Car- 
los el  de  Sarandí,  la  de  San  Sebastián  el  de  Buenos  Aires,  la  dé  San  Benitoi 
el  de  Colón,  la  de  San  Vicente  el  de  Pérez  Castellano  y la  calle  central  el 
de  18  de  Julio. 

La  plaza  de  la  nueva  ciudad  mantuvo  su  nombre  de  plaza  de  Cagancha, 
la  contigua  al  Mercado  de  la  Ciudadela  recibió  el  nombre  de  plaza  Indepen- 
dencia, y la  llamada  Mayor  el  de  plaza  Constitución. 

Estas  sustituciones,  a las  que  podríamos  agregar  otras  más,  demuestran 
que  el  plan  de  nomenclatura  incluido  entre  los  festejos  conmemorativos  de 
la  Revolución  de  Mayo  obedecía  también  a un  sentimiento  educador  enca- 
minado a honrar  a*  los  sucesos  y a los  hombres  que  habían  contribuido  a la 
consolidación  del  país.  Estaban  excluidos  algunos,  sin  duda;  pero  el  doc- 
tor Lamas  decía  a su  respecto  en  la  Memoria  explicativa: 

«Al  par  que  me  he  apresurado  a rendir  homenaje  a las  glorias  nacio- 
nales que  están  ya  fuera  del  dominio  de  la  discusión  y son  objeto  de  respeto 
y amor  para  todos  los  hijos  de  esta  tierra,  me  he  abstenido  de  tocar  los  nom- 
bres de  contemporáneos  ilustres  y de  sucesos  que  deben  esperar  su  sanción 
de  la  opinión  tranquila  e ilustrada  de  nuestros  venideros.  Cuando  desapa- 
rezcan las  pasiones  y los  intereses  que  ha  creado  la  revolución  para  dar  campo 
a los  fallos  serenos  e imparciales  de  la  historia*  Montevideo  tendrá  muchas 
y bellas  calles  que  ofrecer  a los  nombres  de  los  guerreros,  de  los  magistrados, 
de  los  hombres  públicos  que  han  trabajado  y"  han  consolidado  la  independencia 
y la  libertad  de  la  patria  sin  desertar  su  bandera  en  los  duros  trances  y tribu- 
laciones con  que  la  Providencia  ha  querido  poner  a prueba  la  pureza  y la 
verdad  de  sus  creencias  y de  sus  sacrificios.  Sería  una  injusticia  quitarles  a 
los  hombres  que  realmente  merecen  ese  homenaje  el  derecho  a esperarlo  de 
la  posteridad.» 

El  progresista  Jefe  Político  que  en  tal  forma  colaboraba  en  las  grandes 
fundaciones  sociales  de  la  Defensa  recibió  algún  tiempo  después,  a mediados 
de  18  49,  la  tarea  de  escribir  la  historia  nacional.  Al  resolverlo  así  decía  el 
Gobierno  prosiguiendo  su  obra  educadora: 

«El  estudio  de1  la  historia  de  la  República  que  es  para  todos  sus  hijos 
una  necesidad  de  exigencia  política,  es  también  de  una  importancia  de  primer 
orden  para  los  que  unidos  a ésta  por  vínculos  de  simpatía,  de  comercio,  de 
interés  de  todo  género,  16  tienen  en  su  progreso  y engrandecimiento.  El  cui- 
dado de  que  sea»  escrita  de  un  modo  digno  y conveniente  no  ha  podido  seij 
desatendido  por  el  Gobierno,  que  reconoce  como  su  principal  misión  preparar 
y reunir  todos  los  elementos  que  en  época  de  paz  han  de  colocarla  a la  altura 
a que  es  llamada  por  los  principios  de  civilización  y de  mejora  social  que 
ha  proclamado  siempre  y que  ha  sostenido*  con  tan  constante’  empeño  y a 
costa  de  tan  grandes  sacrificios.» 

No  era  sólo  con  ayuda  de  estos  grandes  decretos  de  interés  general  que 
el  Gobierno  de  la  Defensa  llevaba  a término  su  obra  educadora. 

A fines  de  1845  don  Francisco  Javier  de  Acha  puso  en  escena  un  drama 
que  había  compuesto  con  el  título  de  «Una  víctima  de  Rosas».  Al  día  si- 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


239 


gaiente  de  la  representación  el  Ministro  de  Gobierno  se  dirigía  al  autor  para 
decirle  que  quería  unir  sus  aplausos  a los  del  pueblo  y para  anunciarle  a, 
la  vez  que  el  Gobierno  había  resuelto  costear  la  impresión  de  la  obra. 

Dos  años  más  tarde,  a principios  de  1848,  la  prensa  de  Montevideo  vol- 
vía a ocuparse  de  las  maravillosas  dotes  artísticas  de  Dalmiro  Costa  y en  el 
acto  aparecía  un  decreto  declarando  al  pequeño  pianista  «bajo  la  protección  y 
cuidado  del  Gobierno»,  en  una  forma  amplia  que  contrastaba  con  los  apremios 
del  día.  «Su  educación  y manutención»,  decía  el  decreto,  «serán  costeadas  por 
el  Tesoro  nacional». 

Los  comienzos  de  la  vida  universitaria.  , 

Antes  de  la  creación  efectiva  de  la  Universidad  ya  funcionaban  los 
cursos  preparatorios  de  latín,  matemáticas  y filosofía  y los  superiores  de 
jurisprudencia  y teología.  La  primera  colación  de  grados  pudo  realizarse  por 
eso  a mediados  de  1850,  un  año  después  de  instalada  la  Universidad,  reci- 
biendo en  tal  opotunidad  el  grado  de  doctor  en  jurisprudencia  don  Adolfo, 
Pedralbes,  don  .Adolfo  Rodríguez,  don  Salvador  Tort,  don  Marcelino  Mezquita 
y don  Conrado  Rücker;  el  de  doctor  en  teología  don  Domingo,  Cobos;  y el 
de  bachiller  en  ciencias  y letras  don  Luis  Velazco. 

E'n  esa  ceremonia,  a la  que  asistió  el  Presidente  de  la  República,  dió 
cuenta  el  Rector  don  Lorenzo  A.  Fernández,  de  la  situación  general  de  la 
enseñanza  pública. 

Existían  32  escuelas  primarias  en  Montevideo,  de  las  cuales  22  estaban 
habilitadas  como  públicas.  En  esas  escuelas  recibían  enseñanza  1,000  varo- 
nes y 400  niñas.  Pero  la  estadística  era  incompleta,  por  lo  cual  juzgaba  el 
Rector  que  el  número  efectivo  de  alumnos  era  de  1,600.  A'los  cursos  prepa- 
ratorios de  filosofía  y‘  físico  - matemáticas  concurrían  80  alumnos  y a los  de 
latín  12. 

Un  año  después,,  a mediados  de  1851,  el  nuevo  Rector  don  Manuel  He-' 
rrera  y Obes  suministraba  a la  Sala  de  Doctores  datos  más  circunstanciados 
acerca  de  los  primeros  desenvolvimientos  de  la  Universidad. 

Había  45  7 alumnos  oficiales,  distribuidos  en  la  forma  que  sigue: 


Jurisprudencia 26 

Filosofía  50 

Físico  - Matemáticas 125 

Latín 21 

Francés 60 

Arquitectura  y Dibujo 25 

Enseñanza  primaria 150 


La  enseñanza  privada,  fiscalizada  por  el  Instituto  de  Instrucción  Pública, 
era  atendida  por  nueve  escuelas  de  varones  y cinco  de  niñas  con  una  pobla- 
ción escolar  de  700  alumnos.  De  la  no  fiscalizada  durante  el  año  hacía  caso 
omiso  el  informe.  , j 

Los  alumnos  universitarios  que,  como  se  ve,  formaban  legión  en  las 
postrimerías  del  sitio,  resolvieron  exteriorizar  sus  sentimientos  patrióticos  el 
25  de  mayo  de  18  51  festejando  las  primeras  noticias  de  la  alianza  del 
Gobierno  de  la  Defensa  con  los  de  Entre  Ríos  y Brasil. 

Después  de  hacer  los  honores  a un  refresco  que  fué  presidido  por  el 
general  Enrique  Martínez  y'  de  oir  los  entusiastas  brindis  del  propio  general 
Martínez,  del  doctor  Luis  José  de  la  Peña,  de  don  Francisco  Acuña  de  Figue- 
roa,  de  don  José  Luis  Bustamante,  de  don  Hilario  Ascasubi,  de  don  José  Ga- 
briel Palomeque  y de  don  Fermín  Ferreira  y Artigas,  la  columna  estudiantil 
salió  a la  calle  enarbolando  las  banderas  del  Uruguay,  de  la  Argentina,  de 
Entre  Ríos,  de  Corrientes  y del  Brasil,  y'  fué  a saludar  al  Presidente  de  la’ 
República  y a sus  ministros,  recibiendo  a su  paso  las  aclamaciones  del  pueblo 


240 


ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


Tales  fueron  los  primeros  aleteos  del  vigoroso  organismo  llamado  a 
inmortalizar  la  acción  educadora  del  Gobierno  de  la  Defensa. 

Cómo  respondía  la  plaoa  sitiada  al  impulso  educador  del  Gobiernoi. 

A esa  colaboración  en  los  planes  del  Gobierno  realizada  desde  las  bancas 
escolares  y desde  el  claustro  universitario  agregábase  la  obra  individual  y 
persistente  de  todos  los  que  podían  aportar  algún  concurso  útil  al  progreso 
educacional  de  la  ciudad  sitiada. 

A principios  de  18  44  el  doctor  Martín  de  Moussy,  cirujano  mayor  de  la 
legión  francesa,  instaló  un  observatorio  meteorológico  con  el  propósito  de 
recoger  y publicar  el  aspecto  del  cielo,  el  viento  reinante,  la  cantidad  de  agua 
caída  en  los  días  de  lluvia  y algunos  datos  sobre  la  máxima  y la  mínima  de 
la  temperatura.  La  publicación  de  estados  diarios  y de  resúmenes  semanales 
y'  mensuales  empezó  a hacerse  con  mucha  regularidad  desde  mediados  del 
mismo  año. 

Don.  Jacobo  D.  Varela,  padre  del  futuro  reformador  de  la  enseñanza  en 
el  Uruguay,  publicó  una  traducción  de  la  obra  de  Gregorio  Girard  «La  ense- 
ñanza regular  de  la  lengua  materna  en  las  escuelas  y en  la  familia»,  que 
apareció  primeramente  como  folletín  de  «El  Comercio  del  Plata»  y luego  en 
un  grueso  volumen  aparte. 

Don  Esteban  Echeverría  presentó  al  Instituto  de  Instrucción  Pública  de 
que  formaba  parte  un  «Manual  de  enseñanza  moral  para  las  escuelas  prima- 
rias del  Estado  Oriental»,  en¡  el  que  señalaba  los  deberes  del  hombre  para, 
consigo  mismo,  con  nociones  económicas  relativas  al  trabajo;  los  deberes 
para  con  la  familia  y los  demás;  y'  los  deberes  para  con  la  patria.  Formaba 
parte  del  plan  del  Manual  un  segundo  volumen,  que  no  alcanzó  a publicarse, 
en  el  que  se  proponía,  el  autor  condensar  lo  esencial  de  su  enseñanza  bajo 
forma  de  máximas  en  verso. 

El  doctor  Luis  José  de  la  Peña  redactó  también  con  destino  a las  esi- 
cuelas  de  enseñanza  primaria  sus  «Elementos  de  Lectura»  con  un  silabario  y 
ejercicios  progresivos  inspirados  en  fines  de  educación  moral  y religiosa. 

Don  Juan  Manuel  de  la  Sota  publicó  un  «Catecismo  de  Geografía  e 
Historia  de  la  República  Oriental». 

Besnes  de  Irigoyen  proseguía  sus  trabajos  de  caligrafía.  Admirando  sus 
obras,  decía  el  más  autorizado  de  los  diarios  contemporáneos:  «en  otro  teatro 
habría  figurado  entre  los  primeros  ilustradores  de  esas  magníficas  ediciones 
de  obras,  enriquecidas  con  viñetas  y arabescos  que  es  el  género  en  que  prin- 
cipalmente descuella  nuestro  calígrafo».  Y que  el  elogio  no  era  exagerado, 
sino  muy  merecido,  se  encargó  de  comprobarlo  la  prensa  de  Madrid,  con 
ocasión  de  un  cuadro  que  Besnes  de  Irigoyen  dedicó  a la  Reina  Doña  Isabel  II, 
«una  cosa  verdaderamente  regia,  digna  de  figurar  en  un  Museo»,  decía  el 
diario  «España». 

Don  Francisco  Acuña  de  Figueroa  compuso  cuatro  cantos  religiosos  con 
destino  a las  escuelas  públicas,  que  fueron  adoptados  por  el  Instituto  y en- 
viados por  el  autor,  juntamente  con  otras  composiciones  del  mismo  género, 
al  Papa  Pío  IX,  quien  contestó  en  forma  muy'  expresiva  haciendo  votos  por 
el  restablecimiento  de  la  paz  en  el  Uruguay1. 

De  este  mismo  ambiente  de  fuertes  estímulos  a la  enseñanza  salió  a 
mediados  del  sitio  don  Alejandro  Magariños  Cervantes  con  rumbo  a España, 
para  completar  allá  sus  estudios  literarios  y profesionales.  Cuando  llegaron 
a Montevideo  sus  primeras  publicaciones  dijo  el  poeta  Mármol  que  eran 
«dignas  de  parangonarse  con  las  más  bellas  orientales  de  Hugo  o de  Arólas*. 

«No  habían  transcurrido  — agregaba  — dos  años  de  su  residencia  en 
la  patria  de  Cervantes  cuando  el  joven  americano  se  había  creado  un  nombre 
y ganado  la  estimación  y'  el  respeto  entre  los  primeros  literatos.  La  sociedad 


LA  DEFENSA  DE  MONTEVIDEO 


241 


le  abre  sus  puertas  y su  nombre  se  hace  una  propiedad  de  la  prensa  y del 
buen  gusto.  Los  archivos  públicos  y privados  se  le  facilitan  y'  las  imprentas 
reciben  sus  manuscritos  como  dinero.  Honor  a España!» 

Los  que  terminados  sus  estudios  tenían  que  quedarse  en  la  ciudad  si- 
tiada trabajaban  noblemente  a favor  de  la  pacificación  de  los  espíritus  exal- 
tados por  la  guerra.  A fines  de. 1850  trataron  de  formar  una  sociedad  lite- 
raria y pidieron  y obtuvieron  el  concurso  de  algunos  de  sus  maestros,  espe- 
cialmente el  doctor  Luis  José  de  la  Peña.  Pero  apenas  alcanzaron  a con- 
cretar así  el  programa  de  sus  trabajos  en  el  acta  de  instalación,  único  docu- 
mento que  queda  de  esa  generosa  iniciativa  estudiantil: 

«Demostrar  la  necesidad  de  la  época,  conciliando  los  intereses  de  todos, 
para  arribar  por  medio  de  la  discusión  al  restablecimiento  sincero  de  la  paz. 
Abrir  una  nueva  senda  a la  prensa  periódica,  que  la  aparte  de  la  estrecha, 
senda  de  la  personalidad  y de  la  difamación,  conduciéndola  al  rango  que  ella 
debe  ocupar  entre  las  instituciones  modernas,  como  que  es  la  primera  garantía 
de  libertad  para  los  pueblos,  la  fuente  más  pura  de  verdad  para  los  gobiernos 
y'  el  medio  más  activo  de  desenvolvimiento  para  la  civilización.» 

A principios  del  año  siguiente,  respondiendo  al  mismo  movimiento  de 
ideas,  apareció  un  nuevo  periódico  «El  Porvenir»,  título  que  expresa,  decían 
sus  fundadores,  «la  esperanza  de  que  luzcan  mejores  días  para  nuestra  patria». 

La  reforma  de  la  enseñanza  en  el  campo  sitiador. 

Acerca  del  movimiento  de  la  enseñanza  pública  en  el  campo  sitiador 
sólo  conocemos  el  programa  de  la  escuela  que  dirigía  don  Cayetano  Rivas  en 
el  pueblo  de  la  Restauración,  hoy  Villa  de  la  Unión,  y un  informe  de  la  Co^ 
misión  de  Instrucción  Pública  adjuntando  un  proyecto  de  organización  de  la 
enseñanza  primaria,  secundaria  y’  superior. 

El  programa  del  colegio  de  Rivas  apareció  durante  el  año  1850  en  la 
sección  avisos  generales  de  «El  Defensor»  bajo  el  lema  obligatorio  y nada 
educador  de  «¡Vivan  los  defensores  de  las  leyes!  ¡Mueran  los  salvajes  uni- 
tarios!» Rosas  había  obligado  a maestros  y alumnos  por  su  famoso  decreto 
de  mayo  de  1835,  restablecido  once  años  después,  a llevar  la  divisa  punzó  como 
distintivo  federal. 

«La  educación,  decía  ese  aviso,  envuelve  y’  combina  todos  los  elementos 
necesarios  para  el  mejor  desarrollo  de  la  naturaleza  del  hombre  en  sus  fun- 
ciones físicas,  carácter  moral  y facultades  intelectuales;  su  verdadero  objeto 
es  mejorar  la  condición  humana ...  La  educación  física  requiere  la  como- 
didad, extensión  y aire  libre  del  local  en  que  se  habita  y los  buenos  alimentos. 
Por  esta  razón  el  encargado  ha  procurado  construir  espaciosos  salones  de 
alto  que  sirvan  para  dormitorios.  Los  alimentos  serán  de  los  mejores  y en 
cantidad  tal  que  no  tenga  que  desear  el  cuidado  de  los  padres  en  esta  parte . . . 
El  carácter  moral  se  ennoblece  y’  perfecciona  con  el  celo,  vigilancia,  sana  doc- 
trina y’  máximas  que  a la  vez  de  imbuirlas  a los  alumnos  por  teoría,  vayan 
acompañadas  por  ejemplos  y reflexiones  que  les  demuestren  la  necesidad  de 
ser  honrados  y las  ventajas  que  se  adquieren  por  los  finos  modales  y’  los1 
hábitos  sociales...  Un  sacerdote  estará  encargado  de  dirigir  las  conciencias 
de  los  alumnos,  que  con  el  carácter  de  Capellán  de  la  casa  desempeñará  todo 
lo  que  tenga  relación  con  las  máximas  cristianas.» 

He  aquí  el  plan  de  estudios  de  esa  escuela:  primeras  letras:  caligrafía, 
gramática  castellana,  aritmética  elemental,  doctrina  cristiana,  urbanidad  social. 
Clase  segunda:  latín,  francés,  inglés,  italiano.  Clase  tercera:  lógica,  geografía, 
matemáticas.  Clase  cuarta:  teneduría  de  libros,  física  elemental,  economía 
política.  Clases  de  adornos:  dibujo,  música  y baile. 

El  proyecto  de  la  Comisión  de  Instrucción  Pública,  obra  del  doctor  Eduar- 
do Acevedo,  establecía  que  la  enseñanza  primaria  sería  obligatoria  y gratuita; 
que  el  programa  escolar  comprendería:  lectura,  escritura,  aritmética  elemen- 


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ANALES  HISTÓRICOS  DEL  URUGUAY 


tal,  doctrina  cristiana,  costura  y corte;  que  se  fundaría  una  Escuela  Normal 
para  la  formación  de  maestros;  que  las  escuelas  de  cada  departamento  depen- 
derían de  las  respectivas  Juntas  Económico  - Administrativas  y las  de  todo 
el  país  de  un  Consejo  Nacional  de  Instrucción  Pública;  que  la  enseñanza  pre- 
paratoria abarcaría  el  latín,  el  inglés,  el  francés,  la  filosofía,  la  retórica,  la 
geografía,  la  historia  natural,  las  matemáticas,  la  física,  la  química,  el  dibujo, 
la  economía  industrial  y la  estadística,  en  seis  años  de  estudios;  y la  ¡ense- 
ñanza superior  abarcaría  las  Facultades  de  Jurisprudencia,  de  Medicina,  de 
Matemáticas  y de  Ciencias  Sagradas,  bajo  la  dirección  de  un  Rector  y de  un 
Consejo  de  Enseñanza. 

Un  vasto  plan,  como  se  ve,  que  corría  paralelamente  al  que  en  esos 
mismos  momentos  era  organizado  en  la  plaza  de  Montevideo. 

Medidas  de  higiene  pública. 

Desde  los  primeros  meses  del  sitio  adoptó  la  Policía,  de  acuerdo  con  la 
Junta  de  Higiene  Pública,  diversas  medidas  tendientes  a asegurar  la  salud 
de  la  población.  Por  una  primera  ordenanza  de  abril  de  1843  dispuso  la 
limpieza  de  la  ciudad,  expidió  instrucciones  contra  la  propagación  de  la  disen- 
tería que  empezaba  a extenderse,  habilitó  pozos  de  agua  potable,  organizó  la 
administración  de  la  vacuna  e instaló  Comisiones  de  inspección  de  víveres. 
Y por  otra  del  mismo  año  reglamentó  en  forma  más  eficaz  el  barrido  de  las 
calles  y estimuló  al  vecindario  pudiente  a organizar  cuadrillas  para  el  trans- 
porte de  las  aguas  inmundas  al  mar. 

A fines  de  1845  pidió  permiso  don  Pablo  Duplessis  para  construir  un 
caño  maestro  en  las  calles  de  Colón,  Cerrito  y Pérez  Castellano,  con  desagüe* 
en  el  mar,  para  el  servicio  de  varias  casas  de  su  propiedad.  Fué  acordada  la 
autorización  en  el  acto  y al  comunicar  su  decreto  a la  Policía  hacía  resaltar 
el  Ministerio  la  importancia  considerable  de  esas  obras  del  punto  de  vista  de 
la  salubridad  pública,  e indicaba  la  conveniencia  de  estimularlas  mediante 
el  ofrecimiento  de  todo  el  concurso  que  la  repartición  pudiera  prestar. 

Dos  años  después  era  una  corporación  oficial,  la  Sociedad  de  Caridad, 
la  que  recogía  esa,  palabra  de  estímulo.  Cediendo  al  insistente  empeño  del 
doctor  Fermín  Ferreira  y de  otros  médicos  contrató  la  construcción  de  un 
caño  maestro  de  una  vara  y media  de  alto  por  una  de  ancho  desde  el  Hos- 
pital de  Caridad  hasta  el  mar  en  un  recorrido  de  260  varas  por  las  calles! 
Guaraní  y 25  de  Mayo. 

La  aparición  de  la  fiebre  amarilla  en  Río  de  Janeiro,  a fines  de  1849, 
dió  lugar  a grandes  alarmas,  tanto  más  justificadas  cuanto  que  ya  nadie 
creía  en  la  vuelta  de  la  terrible  epidemia  después  de  un  larguísimo  período! 
de  inmunidad.  Pero  el  contagio  no  se  produjo  y la  ciudad  sitiada  recuperó* 
su  tranquilidad  habitual. 

Los  hospitales  durante  el  sitio. 

Pocas  semanas  después  del  establecimiento  del  sitio  se  dirigió  el  gene- 
ral Paz  a doña  Bernardina  Fragoso  de  Rivera,  pidiéndole  que  tomara  la 
iniciativa  de  una  reunión  de  señoras  para  la  fundación  y sostenimiento  del 
hospital  de  sangre.  De  esa  iniciativa  resultó  la  Sociedad  Filantrópica  de 
Damas  Orientales  bajo  la  presidencia  de  la  propia  señora  de  Rivera,  quien 
en  el  acto  solicitó  el  local  del  Senado  para  asiento  del  hospital,  ofreciendo  en 
cambio  la  sala  de  su  casa  para  las  reuniones  legislativas.  "Su  gestión,  aunque 
apoyada  por  el  Gobierno,  no  prosperó  en  la  Cámara. 

El  general  Paz  daba  con  ello  una  nueva  forma  a la  idea  inspiradora 
de  la  Sociedad  de  Beneficencia  de  Señoras,  la  única  creación  de  Rivadavia, 
decía  «El  Comercio  del  Plata»,  que  por  sus  muchas  y hondas  raíces  en  el 
suelo  argentino  no  había  podido  arrancar  la  mano  exterminador